Un informe técnico elaborado por trabajadores de Vialidad nucleados en la Federación de Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) advierte sobre la situación crítica de varias rutas nacionales y dedica un capótulo a rutas que atraviesan la provincia de Buenos Aires, con foco en la Ruta Nacional 5, la Ruta Nacional 3 y la Ruta Nacional 7, donde se combinan obras inconclusas, bajo ritmo de ejecución, deterioro del pavimento y altos niveles de siniestralidad vial.
El documento señala que se trata de corredores estratégicos para la producción, el transporte y la conectividad regional, pero que presentan serias deficiencias en capacidad, mantenimiento y seguridad, lo que incrementa los riesgos para los usuarios y eleva los costos logísticos.
Ruta Nacional 5: obra lenta, congestión y una emergencia vial vigente
La Ruta Nacional 5, que conecta Luján con Santa Rosa (La Pampa), es una de las arterias más transitadas del oeste bonaerense. En el tramo Mercedes – Variante Suipacha, se ejecuta una obra de autopista financiada con un préstamo de la CAF, destinada a mejorar la seguridad vial, la conectividad y la infraestructura del corredor.
Sin embargo, el informe de FEPEVINA advierte que la obra, iniciada en 2022, avanza a un ritmo muy bajo, lo que mantiene al tramo con insuficiente capacidad vehicular, congestión permanente y baja calidad del servicio vial. En las condiciones actuales, no se pueden desarrollar velocidades promedio superiores a los 80 km/h, lo que incrementa el tiempo y el costo de viaje.
La problemática no es nueva. En 2015, el Congreso Nacional sancionó la Ley de Emergencia Vial para todo el trazado de la RN 5 entre Luján y Pellegrini, reconociendo los graves problemas de seguridad vial. La norma creó además el programa “Autovía Luján – Carlos Casares”, con el objetivo de reducir accidentes mediante obras, señalización y aumento de capacidad.
Los fundamentos de la ley se apoyaron en reclamos históricos de comunidades de la región por la falta de zonas de sobrepaso, el ahuellamiento del pavimento producto del tránsito pesado y la necesidad de una doble vía para evitar el colapso del corredor. Según datos de Tránsito Medio Diario Anual (TMDA) proyectados a 2026, por la RN 5 circulan 10.749 vehículos diarios, de los cuales el 30,2% corresponde a tránsito pesado.
Si bien la obra fue reactivada en 2025, el avance es mínimo. Agrupaciones vecinales como “Autovía Ya” observan con cautela el regreso de maquinaria, marcadas por años de promesas incumplidas. La autopista sigue siendo una deuda pendiente.
Ruta Nacional 3 y Ruta Nacional 7: alto tránsito, siniestros y obras paralizadas
La Ruta Nacional 3, en su tramo bonaerense entre Cañuelas y Azul, registra altos niveles de congestión y un elevado porcentaje de vehículos pesados, que alcanzan el 57,4% del tránsito total. Se trata de un corredor clave para el transporte de granos, cemento, cal y agregados pétreos, tanto hacia el Área Metropolitana como hacia los puertos de Bahía Blanca y Rosario.
En el tramo San Miguel del Monte – acceso Gorchs, incluido también en el programa financiado por la CAF, el informe señala que la obra debería estar finalizada, pero presenta demoras similares a las de la RN 5, con problemas de capacidad y alta siniestralidad vial. En mayo de 2025, un choque frontal entre un micro y un camión dejó 4 muertos y 16 heridos, reavivando los reclamos por la paralización de obras.
Por su parte, la Ruta Nacional 7, entre Junín y Chacabuco, muestra un estado mixto. Si bien el tramo principal fue transformado en autopista, persisten problemas de mantenimiento, baches, falta de señalización e iluminación, y colectoras deterioradas, lo que genera riesgos constantes, especialmente para el tránsito pesado.
Vecinos y usuarios denuncian baches profundos en pasos a nivel, ausencia de demarcación, pastizales en banquinas y obras paralizadas, como la variante de Chacabuco y la extensión hacia Carmen de Areco, que quedaron detenidas o canceladas en 2025 pese a avances previos. El pavimento evidencia fatiga estructural por un tránsito estimado en 7.000 vehículos diarios.
El informe remarca que tanto la RN 5 como la RN 3 habían sido incluidas en el esquema de Participación Público-Privada (PPP), luego paralizado, y que actualmente forman parte del sistema de concesiones, pero advierte que la obligación institucional es continuar las obras para evitar un aumento de los siniestros viales.