Finalmente, luego de varios idas y vueltas, el titular de YPF, Horacio Marín, descartó la construcción de una gran planta de Gas Natural Licuado en la localidad rionegrina de Punta Colorada. Se trata del megaproyecto entre YPF y la malaya Petronas que originalmente iba a construirse en el puerto de Bahía Blanca, pero finalmente fue trasladado a la vecina por decisión política de Javier Milei.

Marín explicó que sigue en pie el proyecto de transportar gas desde Vaca Muerta hasta Punta Colorada, pero que el procesamiento se hará mediante buques regasificadores. De este modo, Argentina se pierde una inversión estimada en 40 mil millones de pesos.

El titular de YPF destacó que, de este modo, “los tiempos son mucho más rápidos que los de construcción de una planta terrestre, y son todos llave en mano, en donde vos sabés exactamente lo que te va a costar”.

Al incorporar estas iniciativas flotantes, el proyecto alcanzaría un total estimado de 28 MTPA (toneladas métricas anuales).

El cambio de Bahía Blanca por la pequeña localidad rionegrina se produjo en el marco de las negociaciones del gobierno nacional para la aprobación de Ley Bases que finalmente fue acompañada por los legisladores de Alberto Weretilneck.

YPF y Petronas habían reservado tierras portuarias en el Puerto de Bahía Blanca y realizaron numerosas visitas técnicas a la ciudad para definir cada paso. Luego del cambio de ubicación, la empresa malaya se bajó del proyecto.

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, cuestionó con dureza la eliminación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), una medida impulsada por el gobierno nacional que habilita la entrada de maquinaria agrícola y equipamiento usado sin mayores restricciones.

Durante reuniones con representantes de astilleros, fabricantes de maquinaria y empresarios de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), Rodríguez recogió una profunda preocupación por los efectos de la medida. “La eliminación del CIBU es un golpe tremendo a la industria de maquinaria agrícola y a los astilleros bonaerenses”, afirmó el ministro, quien estuvo acompañado por el titular del BAPRO.

Además de subrayar el impacto sobre la producción local, el funcionario puso el foco en los riesgos sanitarios y la falta de controles: “La maquinaria agrícola podría ingresar con residuos de cultivos de otros países”, advirtió.

Rodríguez también denunció el carácter ideológico de la política de apertura comercial del gobierno de Javier Milei. “Hay una sobreideologización del gobierno; que además está completamente a contramano del mundo. Todos protegen, pero en Argentina estamos abriendo indiscriminadamente sin cuidar el trabajo nacional”, sostuvo, al tiempo que destacó la incertidumbre del sector: “Estas empresas están pensando en cómo sostenerse, y por supuesto han descartado todo plan de inversión productiva”.

Para el ministro, esta preocupación no es aislada, sino que se replica en distintos sectores productivos del país. “Esto que inquieta a las empresas, a los fabricantes de maquinarias y a los astilleros, está alineado con la misma preocupación que venimos recibiendo en encuentros con otros representantes”, explicó.

El panorama se torna aún más complejo con un mercado interno deprimido y un Ejecutivo Nacional que, según Rodríguez, desconoce las necesidades del sector productivo. “Todas las necesidades, los pedidos, quedan postergados en espera de una mejora económica; pero eso no se va a dar si los sectores productivos no son acompañados”, sentenció. Y cerró con una advertencia contundente: “Cuando el clima acompaña, pero igual se reduce la superficie sembrada, hay que prender una alarma”.

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, se reunió con el diputado provincial Gustavo Pulti para evaluar la presentación de un proyecto en la Legislatura bonaerense que permita rever la decisión del Gobierno Nacional de no trasladar el feriado del 12 de octubre, una medida que, según advirtieron, afecta directamente a la Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural y a la economía regional.

Desde que el Ejecutivo nacional eliminó el fin de semana largo de octubre, tradicional marco de la fiesta más emblemática y masiva de Villa Gesell —que este año celebrará su 44° edición—, el municipio insiste en la necesidad de recuperar esa fecha clave para el turismo.

“Para nosotros y para toda la región, un fin de semana largo significa trabajo”, afirmó Barrera, quien manifestó que la decisión de no trasladar el feriado impacta negativamente en la ciudad y en los destinos turísticos del corredor atlántico. La Fiesta de la Diversidad Cultural no solo tiene un profundo valor simbólico, sino que representa una fuente concreta de empleo y actividad económica para miles de personas.

Durante el encuentro, Barrera y Pulti coincidieron en la importancia de que el feriado del 12 de octubre se traslade al lunes, tal como ha ocurrido históricamente, permitiendo así el desarrollo del tradicional fin de semana largo. En esa línea, avanzaron en la posibilidad de presentar un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de que la Secretaría de Turismo de la Nación reconsidere su postura.

No es la primera vez que Barrera alerta sobre el impacto de la eliminación de los fines de semana largos. El año pasado ya había solicitado una audiencia al entonces secretario de Turismo, Daniel Scioli, para discutir la necesidad de trasladar el feriado del 17 de agosto al lunes 19, buscando sostener una de las fechas más fuertes del calendario turístico nacional.

La preocupación del intendente no es aislada. Diversos municipios costeros, así como empresarios del sector hotelero y gastronómico, advierten sobre las consecuencias económicas de limitar los fines de semana largos, que funcionan como motores clave para las economías locales en temporada baja.

El proyecto, que será elevado en los próximos días, busca no solo defender una tradición profundamente arraigada en Villa Gesell, sino también preservar el circuito económico que se activa con cada fin de semana turístico. La expectativa es que el reclamo conjunto logre abrir un canal de diálogo con Nación y se revierta una medida que, según sostienen, atenta contra el desarrollo local.