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Ajuste en las Escuelas Técnicas: “Este gobierno se está mirando en el espejo de los 90”, dicen desde UDOCBA

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Gustavo Salcedo, secretario gremial de Udocba cuestionó la reducción de módulos y contenidos en las Escuelas Técnicas bonaerenses y advirtió que pone en riesgo la validez de los títulos a nivel nacional. “Esto ya lo vivimos y no vamos a permitir que se repita”, dijo. También habló de las paritarias y del ajuste en educación: “es un gobierno de sordos que solo piensa en la cuestión monetaria. Cuando dicen que estamos bien, creo que se refieren a ellos mismos y a su tercer círculo de amigos, porque al resto de la ciudadanía la están destruyendo”.

Respecto a la movilización que los docentes protagonizaron este martes al Ministerio de Educación de la Nación en el marco de una huelga general, destacó que fue “contundente”, y que “esto demuestra el rechazo de los trabajadores de la educación a la gestión de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri. En tanto destacó el repudio enérgico que despertó la represión a los docentes de Chubut la semana pasada.

A nivel provincial, en tanto dijo que “las decisiones que toma María Eugenia Vidal son todas en contra de los trabajadores de la educación y en contra de los chicos”. “El único leitmotiv que tiene es cerrar ajustar, achicar, despedir, reducir, no tiene ninguna perspectiva de mejorar las condiciones de trabajo ni de estudio”, afirmó.

Asimismo, denunció que el “ajuste en educación es muy amplio” y que la flexibilización laboral” llegó también a los docentes de artística, inglés y educación física, transformándolo también los equipos de distritos. “De esta manera puede disponer donde trabaja el docente y reducir el gasto con la quita del pago del porcentaje por ruralidad”, dijo.

Además, hizo hincapié en la situación que atraviesan las Escuelas Técnicas bonaerenses donde ya se habla hasta de suprimir el último año y puntualizó: “Hemos podido observar que hay una reducción drástica de la caja de contenidos donde se reduce aproximadamente un 15% de los contenidos y la carga horaria en los 7 años de carrera. También hay versiones de eliminar el séptimo año por lo tanto dejaría de ser escuela técnica y sería un bachillerato común”. En tanto advirtió que la medida “pone en riesgo la validez de los títulos a nivel nacional”.

En total se pretende avanzar con la reducción de 1476 Módulos en los 7 años de Carrera: 324 Módulos menos en el Ciclo Básico, 1.152 Módulos menos en Ciclo Superior. También se eliminan materias como Construcción de la Ciudadanía, y reconvierten Físico- Química y Biología de 2° año en una sola: Ciencias Naturales. Esto implica la reducción de unos mil cargos docentes.

“Creemos que este gobierno se está mirando en el espejo de los 90, donde se destruyó la Escuela Técnica. Pero el miedo se transforma en acciones porque este desastre ya lo vivimos y no vamos a permitir que este gobierno lo repita”, resaltó. “Es lamentable porque no tiene como horizonte, como expectativa, transformar la situación de los estudiantes y mejorar la condición cuando se reciben, sino que lo destruye. Esto se entiende en la mirada que tiene la gobernadora al decir que los pobres no llegan a la universidad”, agregó.

En tanto cuestionó a Vidal que se mantiene “ausente” del conflicto, reusándoce al diálogo con los docentes y que esto quedó demostrado en el marco del conflicto con el achique de los Equipos de Orientación Escolar:

“Este gobierno piensa que una persona sola es un equipo en si mismo, es una contradicción en sí misma. Lamentablemente todas las decisiones giran en torno a la cuestión monetaria, no tienen vocación ni una visión de transformar y mejorar las condiciones en la educación pública. Hablan de calidad, pero se dan vuelta y destruyen todo”, sostuvo.

En ese sentido manifestó que el diálogo con la administración está vedado en todos los sentidos además de la cuestión salarial que no se resuelve. “Nos enteramos por la consecuencia, la resolución, es una relación nula, tienen una actuación verticalista no tienen capacidad de dialogo ni de discusión con los pares”, manifestó, y que esto se sustenta en la “debilidad de los fundamentos” que poseen: “Saben que no sirven por lo tanto deciden no dialogar y no poner en una mesa de discusión sus argumentos”.

En cuanto a la cláusula gatillo que el gobierno debe aplicar de acuerdo con el fallo de la Justicia, informó que aún no se ha concretado y que de acuerdo con el cálculo de un gremio docente, “el estado provincial le debe a un maestro de grado, con un solo cargo una diferencia, con lo que se les dio en concepto de adelantos, de 6500 pesos”.

“La gobernadora está aplastando el sueldo docente y por eso no se entiende cuando con periodistas amigos se victimiza. Ella no puede llorisquear frente a las cámaras y ponerse en víctima porque ella es la responsable de las políticas en la provincia. No puede relatar la realidad, tiene que intervenir, es la primera responsable en la provincia de modificar la vida de los trabajadores y de los ciudadanos en general”, remarcó.

Finalmente se refirió a la cuestión salarial y la nueva oferta que le podría acercar a los docentes en los próximos días: “Debe salir del relato y la burbuja. Es ridículo pensar que puede volver a ofrecer el 15%, y del ridículo no se vuelve”, dijo. “Es una vergüenza que una gobernante esté  tan alejada de la realidad”, remarcó.

“Creo que cuando la gobernadora y el presidente dicen: estamos mejor, habría que ver a quienes se refieren, porque seguramente no debe ir mas allá de su tercer lazo de amigos, porque a los trabajadores y a la ciudadanía en su conjunto los está destruyendo”, concluyó.

 

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Avícola de Granja Tres Arroyos despidió 20 trabajadores en Monte y quiere pagar media indemnización

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avicola wade sa

En los últimos días, al menos 20 trabajadores de Wade S.A, avícola del grupo Granja Tres Arroyos, comenzaron a recibir telegramas de despido, en una medida que confirma un fuerte proceso de reestructuración de personal dentro de la empresa avícola con planta en San Miguel del Monte.

Las notificaciones, fechadas el 7 de agosto y firmadas por el apoderado de la compañía, comunican la extinción de los vínculos laborales y encuadran la decisión en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.

La empresa sostiene que atraviesa una “grave disminución de trabajo no imputable a la empleadora” y fundamenta los despidos en una serie de factores que, según argumenta, escaparon a su voluntad y afectaron severamente la actividad.

Wade S.A. es una empresa dedicada a la faena y procesamiento avícola y está vinculada a Granja Tres Arroyos (Cresta Roja), firma que también atraviesa una profunda crisis, con conflictos laborales, atrasos salariales y protestas de trabajadores.

Qué argumentó Wade para despedir a los trabajadores

En las cartas documento enviadas a los empleados, Wade sostiene que la reducción de personal responde a una situación extraordinaria que provocó una fuerte caída de la actividad.

Entre los motivos mencionados aparecen los brotes de influenza aviar, el cierre y las restricciones de acceso a mercados internacionales, la reducción de las exportaciones y una sobreoferta en el mercado interno.

La empresa también señala como factores determinantes la caída de los precios de los productos avícolas y el aumento sostenido de los costos, además de contingencias operativas y conflictos colectivos que, según afirma, afectaron la producción y los niveles de faena.

Por ese motivo, la compañía afirma que la reducción de personal se volvió “indispensable” para continuar funcionando y conservar las fuentes de trabajo restantes.

Los despidos fueron encuadrados en el artículo 247

Uno de los puntos centrales de las notificaciones es el encuadramiento de los despidos bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Esta norma contempla un régimen indemnizatorio reducido cuando se acredita una situación de fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador en los términos establecidos por la legislación laboral.

En este caso, Wade invocó precisamente una “grave disminución de trabajo” como fundamento de la decisión.

Sin embargo, el encuadramiento legal no implica por sí mismo que la situación quede automáticamente acreditada. Los trabajadores afectados comenzaron a reunir telegramas, recibos de sueldo y comprobantes de pago para analizar las liquidaciones y determinar si corresponde cuestionar la modalidad utilizada por la empresa.

La discusión podría centrarse, entre otros aspectos, en si la crisis invocada por Wade resulta efectivamente ajena al riesgo propio de la actividad y si se cumplieron todos los requisitos laborales necesarios para aplicar este régimen.

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La Suprema Corte bonaerense rechazó un recurso de Pedidos Ya y ratificó una multa millonaria

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Pedidos ya repartidores

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires rechazó el recurso extraordinario federal presentado por Repartos Ya S.A., empresa que opera bajo la plataforma Pedidos Ya, y dejó firme el criterio del Ministerio de Trabajo bonaerense respecto de la situación laboral de 62 repartidores inspeccionados en la provincia.

Con esta decisión, el máximo tribunal provincial cerró la posibilidad de que la empresa lleve este tramo del expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ratificó la actuación de la cartera laboral que conduce Walter Correa.

La Justicia respaldó la actuación del Ministerio de Trabajo

La resolución, fechada el 5 de agosto de 2026, consideró que la empresa no realizó una “crítica eficaz” de las decisiones anteriores y que se limitó a reiterar argumentos ya analizados durante el proceso judicial. Además, descartó que existiera un caso de “gravedad institucional” que justificara la intervención de la Corte Suprema.

La causa se originó en julio de 2020, cuando inspectores del Ministerio de Trabajo realizaron controles en distintas localidades bonaerenses y relevaron la situación laboral de 71 personas que realizaban repartos mediante la aplicación.

Como resultado de esas inspecciones, la empresa fue intimada a presentar la documentación laboral correspondiente.

La empresa reconoció a un solo empleado

Durante el procedimiento, Pedidos Ya reconoció como trabajador en relación de dependencia únicamente a una persona.

Respecto de otros 62 repartidores, sostuvo que se trataba de prestadores autónomos vinculados mediante contratos de locación de servicios, mientras que negó cualquier relación con otras ocho personas relevadas durante las inspecciones.

Tras el proceso administrativo, el Ministerio de Trabajo determinó que existían infracciones y aplicó una multa de $17.690.400.

La sanción fue apelada por la empresa, pero en 2021 el Tribunal del Trabajo N° 1 de La Plata confirmó la decisión al considerar que la firma no logró desvirtuar la presunción de existencia de una relación laboral respecto de los 62 repartidores que reconocía como prestadores.

Aún resta resolver la situación de ocho repartidores

Si bien el fallo de la Suprema Corte bonaerense deja firme el núcleo de la decisión sobre los 62 trabajadores, el expediente todavía no quedó totalmente concluido.

El tribunal ordenó que la situación de las ocho personas cuya vinculación fue negada por la empresa vuelva a ser analizada por un Tribunal del Trabajo con nueva integración.

De esa definición dependerá el monto definitivo de la sanción económica, que podría modificarse una vez resuelta esa parte pendiente del proceso.

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Se renovó el Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata para el período 2026-2029

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La Subsecretaría de Asuntos Portuarios bonaerense designó a los nuevos integrantes del Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata. Susana González continuará al frente del organismo durante el nuevo período.

La Subsecretaría de Asuntos Portuarios de la Provincia de Buenos Aires, a través de su titular Juan Cruz Lucero, oficializó la nueva conformación del Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata (CGPLP) para el período 2026-2029.

La designación se realizó mediante la Resolución N° 6, que establece la integración del órgano directivo encargado de participar en la conducción y el desarrollo de la actividad portuaria.

El Directorio está compuesto por nueve integrantes, que representan a los distintos sectores vinculados con la operatoria y el funcionamiento del Puerto La Plata.

Susana González continuará como presidenta

La nueva conformación estará encabezada por la Dra. Susana González, quien continuará como presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata.

La acompañarán María Laura Brolese D’Adamo, en representación de los concesionarios y/o permisionarios de terminales e instalaciones portuarias, y Pablo Azcárate, como representante de las asociaciones u organismos privados que nuclean a empresas dedicadas a transformar, ensamblar o comercializar insumos de carácter industrial.

Por su parte, Mariano Gendra Gigena fue designado en representación de las empresas armadoras y/o prestatarias de servicios portuarios marítimos.

Representación sindical y municipal

La nueva composición también incluye a representantes de las organizaciones sindicales vinculadas con los trabajadores portuarios.

En este sector fueron designados Alejandro Cachile, por la Unión Ferroviaria, y Guillermo Crivos, por la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos (APDFA).

En representación de los municipios que integran el área de influencia del Puerto La Plata, Martín Fernández renovará su mandato por la Municipalidad de Berisso, mientras que Alejandro Sández continuará representando al Municipio de Ensenada.

En tanto, permanece pendiente la designación del representante correspondiente a la Municipalidad de La Plata.

Reconocimiento a los directores salientes

Desde el Consorcio de Gestión del Puerto La Plata expresaron su agradecimiento a los directores que finalizaron sus mandatos: Susana Giulietti, Dardo Gustavo Rodríguez y Facundo Pennacchioni.

El organismo destacó especialmente el compromiso y los aportes realizados durante sus respectivas gestiones, al tiempo que dio la bienvenida a los integrantes que formarán parte del Directorio durante el período 2026-2029.

La renovación de autoridades se produce en un contexto en el que el Puerto La Plata constituye una pieza estratégica para la actividad productiva, logística y portuaria de la Región Capital bonaerense, con impacto directo sobre Berisso, Ensenada y La Plata.

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