Provincial
Recauda pero no invierte: Junto a Katopodis, intendentes demandan a Nación por el desvío de fondos afectados para obras viales
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En Luján, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, el intendente local, Leonardo Boto, y otros intendentes de la provincia de Buenos Aires firmaron una presentación judicial contra el Gobierno Nacional por el desvío de fondos y la falta de mantenimiento y obras en rutas nacionales, con sus consecuencias directas sobre el desarrollo productivo de las regiones y la seguridad vial.
Durante la conferencia de prensa que se realizó frente a la Basílica de Luján, el Ministro Katopodis afirmó: “Hoy firmamos una presentación judicial para que el Gobierno Nacional explique qué hizo con los $200 mil millones que recaudó con el Impuesto a los Combustibles que solo eran para las rutas y $1 billón del Impuesto PAIS destinados a obras de infraestructura”.
Y continuó: “Cada vez que cargás combustible en la estación de servicio, un tercio de eso va a una cuenta específica que tiene como único destino, por ley, el arreglo de las rutas, que están en un estado total de abandono”.
Asimismo, aseguró que “Milei es el único presidente de la Nación que en 40 años de democracia no hizo un solo kilómetro de ruta y paralizó todas las obras que estaban en ejecución”, y agregó: “Queremos que la justicia le ordene al Estado Nacional el reinicio urgente de todas estas obras porque lo que está en juego es la vida de la gente”.
“Nosotros por decisión del Gobernador Kicillof vamos a seguir trabajando para que las rutas que pasan por nuestros municipios estén en condiciones porque por ellas pasa gran parte de lo que produce la Argentina”, concluyó.
De la firma participaron jefes comunales de ciudades del interior de la Provincia que son atravesadas por las distintas rutas nacionales cuyas obras fueron paralizadas. Estuvieron presentes el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk; de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni; de Ramallo, Mauro Poletti; de San Andrés de Giles, Miguel Gesualdi; la intendenta Interina de Mercedes, Mariana San Martín; de Carmen de Areco, Iván Villagrán; la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi; de Azul, Nelson Sombra; de Alberti, Germán Lago y de Bolívar, Marcos Pisano.
También, el de Bragado, Sergio Barenghi; de Carlos Casares, Daniel Stadnik; de Chacabuco, Darío Golía; de Las Flores, Alberto Gelené; el intendente Interino de Mar Chiquita, Fabián Jacquet; de Benito Juárez, Julio Marini; de Saavedra, Matías Nebot; de Tornquist, Sergio Bordoni y de General Villegas, Gilberto Alegre.
Obra Pública Cero y desvío de fondos
Todos los meses, la Administración Nacional recauda fondos a través de distintos impuestos que tienen que ser específicamente destinados a obras públicas, entre ellas, al mantenimiento de los 40.000 km de rutas nacionales. En particular, a pesar de estar obligado por ley, durante 2024 el Gobierno no transfirió a Vialidad Nacional $200 mil millones que recaudó con el Impuesto a los Combustibles y, además, se quedó con $1 billón surgido del Impuesto PAIS, que tenía que ser utilizado para ejecutar infraestructura.
Según establece la Ley 23.966, el Gobierno Nacional está obligado a destinar el 28,58% de esa recaudación al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte. A su vez, el 50% de ese fondo corresponde ser asignado al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), a los fines de financiar específicamente las obras de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) en los corredores viales nacionales, incluyendo la construcción, el arreglo y el mantenimiento de las rutas nacionales.
Por otro lado, y de acuerdo a los datos oficiales de ARCA, durante 2024 el Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) recaudó unos $6,27 billones: un 315,3% más respecto del 2023, el triple que el de los combustibles ($2,52 billones) y un 12% más de lo recaudado por el fisco por los derechos de exportación ($5,43 billones).
A través del Decreto 193/24, se dispuso que el 28,2% de lo recaudado con este impuesto debe destinarse a obras de infraestructura ejecutadas por la Secretaría de Obras Públicas. A diciembre de 2024, este organismo debería haber recibido $2,08 billones, pero sólo ejecutó cerca de $38,77 mil millones (1,86% de lo que correspondía por ley) y fue obligada, mediante el Decreto 1104/24 del Ejecutivo Nacional, a constituir un bono a favor del Tesoro Nacional por $1 billón ($1.000.000.000.000).
277 obras viales paralizadas
Desde diciembre de 2023, el Gobierno Nacional dispuso la paralización de más de 2.300 obras públicas que se encontraban en marcha a lo largo y ancho de la Argentina, situación excepcional que se sostiene hasta el día de hoy y que impacta en forma directa en el desarrollo de las ciudades y sus habitantes.
Del total de 277 obras viales en ejecución por parte del ex Ministerio de Obras Públicas, a noviembre de 2023 según el Mapainversiones, 150 fueron frenadas con un avance físico de más del 40%, y de ese grupo, 85 contaban con más del 70% de los trabajos ejecutados, es decir, muy pronto a ser finalizadas.
Los intendentes advierten que el estado de las rutas es de abandono; no hay mantenimiento ni para cortar el pasto en las banquinas, y mucho menos se proyecta infraestructura de transformación en autopistas o autovías en rutas estratégicas que brinden mayor seguridad vial y favorezcan al desarrollo productivo de las regiones.
La Provincia de Buenos Aires cuenta con nueve rutas nacionales que atraviesan 57 municipios sumando más de 4.000 kilómetros y la inversión de Vialidad Nacional en la PBA cayó 85,9% durante 2024 con respecto al año anterior, siendo la provincia más perjudicada por los recortes de todo el país.
Entre las obras estratégicas paralizadas por el gobierno de Milei, se destacan la Autopista Presidente Perón, en sus tres tramos; la transformación en Autopista de la Ruta 7 entre Carmen de Areco y Chacabuco y la Variante Chacabuco; la construcción de la Autopista de la RN 33 y el Paso Urbano El Cholo en Bahía Blanca; y la Autovía de la Ruta 3 entre Cañuelas y Azul.
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Provincial
ARBA ayuda a combatir el contrabando en Salta: estiman pérdidas fiscales por US$2.000 millones al año
Published
10 horas atráson
14 agosto, 2026
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) y el Gobierno de Salta avanzaron en un acuerdo de cooperación para fortalecer el control del transporte de mercaderías y combatir el contrabando. El titular del organismo bonaerense, Cristian Girard, advirtió que el comercio ilegal provoca pérdidas tributarias por unos 2 mil millones de dólares anuales y afecta a la producción y el empleo argentino.
El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, y el ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, encabezaron una serie de jornadas de trabajo destinadas a profundizar el convenio de cooperación entre ambas provincias para intercambiar información, compartir tecnología y fortalecer las tareas de fiscalización tributaria.
Como parte de las actividades, los funcionarios recorrieron el puesto de control de Salvador Mazza, ubicado sobre la Ruta Nacional 34 en la frontera con Bolivia, y sobrevolaron la zona limítrofe hasta Aguas Blancas, sobre el río Bermejo, para conocer el funcionamiento de los operativos destinados a combatir el ingreso ilegal de mercaderías.

Girard: “El contrabando provoca pérdidas por US$2.000 millones”
Durante la visita, el titular de ARBA destacó la inversión realizada por Salta para fortalecer los controles fronterizos y remarcó la necesidad de coordinar acciones entre las provincias.
«A partir de un convenio de colaboración que tenemos para fiscalizar el transporte de mercaderías, vinimos a conocer este nuevo puesto de control fronterizo, una inversión importante que hizo la provincia de Salta para atacar la problemática del contrabando, que provoca una pérdida de recursos fiscales, pero que también tiene un impacto negativo sobre la producción y el empleo argentino», afirmó.
Girard aseguró que el fenómeno viene creciendo en los últimos años y sostuvo que la articulación entre jurisdicciones resulta clave para enfrentarlo.
«El contrabando genera una pérdida de recursos tributarios del orden de los 2.000 millones de dólares en Argentina. En estos últimos años viene creciendo de manera alarmante. Por eso es fundamental que las provincias colaboremos y cooperemos en la gestión para fortalecer las capacidades de fiscalización y, de esa manera, no solo mejorar la recaudación, sino también defender el trabajo y la producción nacional», señaló.
Intercambio de tecnología y controles
El convenio entre ambas provincias contempla la transferencia de conocimientos técnicos y la implementación de herramientas utilizadas por ARBA para el seguimiento del transporte de mercaderías.
Entre ellas se encuentra el Código de Operaciones de Traslado (COT), un sistema que permite informar y controlar el movimiento de bienes dentro de la provincia de Buenos Aires y entre las jurisdicciones adheridas, facilitando la trazabilidad de las cargas y la detección de maniobras de evasión fiscal.
Girard resaltó además «el interés de la provincia de Salta por conocer y aprovechar la experiencia, el conocimiento y la tecnología que tiene ARBA».
«Vamos a sostener estas acciones de transferencia y colaboración, que nos permitan seguir mejorando y construyendo una red federal de control de mercadería en tránsito», afirmó.
Cooperación entre provincias
Por su parte, el ministro salteño Roberto Dib Ashur destacó la importancia del trabajo conjunto entre las administraciones tributarias provinciales.
«Estamos muy agradecidos con el equipo de ARBA y con Cristian Girard por la visita que hicieron a la provincia de Salta. Es muy importante para nosotros la cooperación federal, el intercambio de experiencias, compartir conocimientos y entender que la Argentina puede trabajar junta», expresó.
Además, sostuvo que «la cooperación entre las jurisdicciones es un objetivo fundamental» para potenciar el desarrollo económico del país.
La recorrida también incluyó el proyecto del futuro puesto de control El Potrero, en Colonia Santa Rosa, que recibirá el transporte de mercaderías proveniente de Orán.
Actualmente, además de Salta, ARBA mantiene convenios de cooperación en materia de control tributario con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Catamarca, Tierra del Fuego y Jujuy.
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Provincial
“El industricidio empuja a los bonaerenses a formarse”: Berrueco advirtió sobre el desempleo y perfiló a Ferraresi para 2027
Published
2 días atráson
13 agosto, 2026By
TP
El impacto de la crisis económica y la pérdida de puestos de trabajo se refleja directamente en las aulas bonaerenses. Ezequiel Berrueco, secretario ejecutivo del Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL), confirmó en #TodoprovincialStream que se emite en los Estudios de Área 51, que los 223 Centros de Formación Laboral distribuidos en 129 municipios de la Provincia experimentaron una explosión en su matrícula.
«Tuvimos en 2025 un número de un poco más de 155.000 alumnos, con una terminalidad cercana a los 113.000 egresados. Ya llevamos casi medio millón de alumnos en estos años de gestión», detalló el funcionario de la cartera laboral que conduce Walter Correa.
Para Berrueco, este fenómeno responde a una necesidad urgente de reinserción: «Cuando hay momentos económicos recesivos como en el que estamos, la oferta para el trabajo aumenta porque es donde uno va a buscar la oportunidad de una changa. En el último año y medio, el segmento de entre 35 y 45 años aumentó el doble; es la población que está perdiendo el trabajo producto del industricidio de Javier Milei y busca nuevas herramientas».
Al mismo tiempo, desmintió los estigmas sobre las nuevas generaciones. «Casi un 55% de la matrícula tiene entre 16 y 35 años, lo que nos da cuenta de que es una posverdad decir que la juventud no está interesada en el trabajo o que está perdida», sentenció.
El desfinanciamiento nacional a la educación técnica
Durante la entrevista, el funcionario provincial trazó un duro diagnóstico sobre el accionar del Gobierno Nacional respecto a la educación técnica y profesional, advirtiendo sobre un retiro total de los fondos contemplados históricamente.
«El presupuesto nacional aprobado para el 2026 eliminó toda la erogación presupuestaria para la modalidad técnica. La escuela secundaria técnica, la escuela agraria, los centros de formación profesional y laboral, y los institutos superiores se quedaron sin financiamiento», denunció Berrueco.
Frente a este escenario, contrastó las dos visiones de Estado en pugna: «La Nación profundiza una matriz extraccionista y de reprimarización, mientras que en la provincia de Buenos Aires seguimos pensando en lo estratégico de la industria nacional y apostando a la manufactura argentina, pese a la apertura de importaciones».
El peronismo y el armado electoral para 2027
En el terreno estrictamente político, el dirigente de Lanús analizó el estado de situación del peronismo y apuntó contra quienes apuestan a consolidar «una minoría intensa que vale la pena defender por sobre el hambre y el sufrimiento de millones de trabajadores». En esa línea, pidió dar las discusiones internas sin dramatismos para volver a construir una mayoría.
Pensando en el mapa electoral de 2027, Berrueco fue contundente respecto al futuro de la Gobernación bonaerense y postuló al actual intendente de Avellaneda para suceder a Kicillof.
«Creemos que es tiempo de que quienes han podido transformar sus ciudades se sienten en ese concierto provincial a discutir la continuidad y la profundización de este proceso. Para nosotros, esa persona es Jorge Ferraresi«, aseguró.

Finalmente, respaldó la proyección nacional del actual gobernador bonaerense: «Axel ha gobernado casi 8 años la provincia más importante del país, a la cual le robaron los fondos, y ha mostrado grandes virtudes y fortalezas para poder encarar un proceso de construcción federal en la Argentina».
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Provincial
La Provincia oficializó la creación del Consejo Portuario bonaerense
Published
3 días atráson
12 agosto, 2026
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires formalizó la creación del Consejo Portuario de la Provincia de Buenos Aires, un organismo consultivo destinado a asesorar al Poder Ejecutivo en la planificación y el desarrollo del sistema portuario regional. Según la resolución, los cargos serán ad honorem y tendrán una vigencia de dos años.
La conformación del Consejo fue presentada como una herramienta de articulación entre los distintos actores públicos, privados, productivos y sindicales vinculados a la actividad portuaria bonaerense.
La medida fue ratificada mediante la Resolución N° 8-SSAPMPCEITGP-2026 de la Subsecretaría de Asuntos Portuarios.
Una mesa amplia para el sistema portuario bonaerense
El nuevo organismo será presidido por el subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero, y estará integrado por los titulares de los consorcios de gestión pública de los puertos bonaerenses.
Entre las designaciones figuran Susana Haydee González por La Plata, Mónica Edith Litza por Dock Sud, Cecilia Lorena Comerio por San Nicolás, Santiago Andrés Mandolesi Burgos por Bahía Blanca, Diego Javier Piñero por Coronel Rosales, Marcos Horacio Gutiérrez por Mar del Plata, Hernán Martín Lania por Olivos y Carlos Francisco Casini por San Pedro.
La estructura también incorpora a representantes del sector privado y productivo. En ese marco, fue designada Gabriela Nidia Ardissone, en representación de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, mientras que Sandra Noemí Cipolla y Diego Hernán Kukulanski estarán presentes por la industria naval y el sector automotor, respectivamente.
La actividad pesquera tendrá participación directa dentro del Consejo con Diego García Luchetti, por la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura, y María Fernanda Grimaldi, por el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas. A su vez, el gremio pesquero estará representado por Pablo Trueba, del Sindicato Marítimo de Pescadores.
Participación sindical y productiva
La resolución también prevé una fuerte presencia del sector sindical y de entidades vinculadas con la logística y la actividad marítimo-portuaria. Entre ellas figuran referentes de la CATT, FEMPINRA, FEPA y FESIMAF, además de dirigentes como Juan Carlos Schmid, Roberto Eduardo Coria y Juan Antonio Speroni.
La representación empresarial y productiva se completa con entidades ligadas a la industria automotriz, metalúrgica, alimenticia, aceitera, química y petroquímica, fertilizantes, navegación y cooperativismo, entre otras ramas vinculadas a las cadenas logísticas que operan con los puertos bonaerenses.
Según la resolución, los cargos serán ad honorem y tendrán una vigencia de dos años. El objetivo del Consejo será elaborar propuestas para la gestión logística, formular recomendaciones sobre servicios conexos y promover la capacitación técnica, además de fortalecer el intercambio de información y buenas prácticas entre los distintos actores del sistema portuario provincial.
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