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Presentaron la Guía de actuación frente a la violencia de las fuerzas de seguridad y Zaffaroni lanzó «A la policía de la provincia no la maneja nadie»

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La Red Provincial de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, constituida por diversas agrupaciones de todo el territorio bonaerense, presentó la Guía de actuación frente a la violencia de las fuerzas de seguridad, en el Salón “Nunca Más” del Anexo de la Cámara de Senadores provincial.

El panel de presentación estuvo integrado por la presidenta del bloque de diputados de Unidad Ciudadana – FpV – PJ de la provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout; su par en el bloque de senadores provinciales, Teresa García; el diputado nacional Horacio Pietragalla; el jurista Eugenio Raúl Zaffaroni; el padre “Paco” Olveira y el integrante de la Mesa por los Derechos Humanos de La Plata, Matías Moreno.

“Hay violencias posibles porque se crean los mecanismos que las naturalizan; culturas donde las relaciones son de opresión, que se construyen particularmente con la creación de un enemigo”, evaluó Florencia Saintout. En ese sentido, consideró que hay que trabajar contra la legitimación de la violencia con las que actúan las fuerzas de seguridad: “Este protocolo es una herramienta para poder visibilizar la violencia. Las víctimas de esas violencias tiene nombres y apellidos, tienen historias. Hay que combatir esa violencia desde cada uno de nuestros lugares”.

La diputada bonaerense recordó cómo Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner impulsaron políticas de justicia social que enfrentaron la violencia institucional desde áreas específicas del Estado y que fueron pensadas desde una perspectiva de derechos humanos. Asimismo, rememoró cómo las fuerzas de seguridad cumplieron un papel fundamental para distribuir la ayuda solidaria en la inundación del 2 de abril de 2013 en La Plata.

Seguidamente, Saintout contrastó dichas políticas con las del gobierno actual: “Solamente pensar en Santiago Maldonado, en Rafael Nahuel. Hay que trabajar para que no tengamos esas fuerzas de seguridad siniestras”, y concluyó: “Nosotros sabemos qué tipo de fuerzas de seguridad queremos en nuestro proyecto político y sabemos que tienen que estar al servicio del pueblo”.

El diputado nacional Horacio Pietragalla consideró que “estamos volviendo a ver cosas que nunca pensamos que íbamos a volver a ver” y que la situación en el vecino país de Brasil nos alerta sobre lo importante que es la organización. “No vinieron para estar cuatro años e irse, como algunos creen, porque vemos cómo están actuando la embajada, los poderes concentrados de comunicación, los CEOS y los poderes económicos trasnacionales”, evaluó el nieto recuperado.

Por su parte, el padre “Paco” Olveira advirtió sobre el “alarmarte recorte que se viene implementando en la políticas públicas destinadas a la primera infancia: hay una reducción presupuestaria superior a un 19% entre 2017 y 2018 y una nueva reducción propuesta para el 2019, que por lo visto se va a aprobar, de más de un 66%, sin tener en cuenta las proyecciones inflacionarias”.

“Se pasó de un presidente -por Néstor Kirchner- que decía que no se reprime a la protesta social a la doctrina Chocobar”, sintetizó el cura del colectivo Opción por los Pobres, y valoró que, en este contexto, “esta Guía es más necesaria que nunca”.

Teresa García fue muy crítica con el Gobierno de Cambiemos, al asegurar que “luego de 35 años de democracia no debería existir una Guía para la actuación frente a los casos de violencia institucional, esa discusión debería estar saldada. Pero siempre estos programas económicos cierran con el temor. Macri y de Vidal necesitan de la violencia de las fuerzas de seguridad porque la única forma de sostener este modelo con con palos”.

El Juez Eugenio Zaffaroni se refirió a los graves problemas que atraviesan las Fuerzas de Seguridad y dijo que “a la Policía de la Provincia de Buenos Aires no la controla nadie. En primer lugar porque es una fuerza demasiado grande, de 70 mil personas, que son lanzadas a las calles con un entrenamiento precario y en un sistema policial autoritario. Por supuesto, la mayoría son personas de trabajo, pero nunca falta un loco que, exacerbado por la irresponsabilidad de la conducción política, produce casos de violencia y gatillo fácil”.

El material, realizado por esta coalición, es el producto del trabajo y seguimiento en el territorio de los diferentes actores que integran la Red Provincial, que en en los últimos tres años advirtieron una serie de avasallamientos a los derechos de la población, principalmente en cuanto a violencia de las fuerzas de seguridad.

Con un lenguaje sencillo y desprovisto de demasiados tecnicismos, este manual pretende hacer llegar herramientas y conocimientos para el accionar ante casos de violencia institucional (como una guía práctica de actuación y cartas para presentar en casos de violencia institucional, así como también un modelo de habeas corpus).

Este trabajo, realizado de manera colectiva, también contiene aportes de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (PROCUVIN) del Ministerio Público Fiscal, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ).

A la presentación asistieron referentes de organismos de derechos humanos y de movimientos sindicales, familiares de víctimas de violencia institucional, militantes sociales, concejales de la región La Plata, Berisso y Ensenada y los legisladores provinciales Miguel Funes, Susana González, Lucía Portos y José Ignacio “Cote” Rossi.

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ARBA ayuda a combatir el contrabando en Salta: estiman pérdidas fiscales por US$2.000 millones al año

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La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) y el Gobierno de Salta avanzaron en un acuerdo de cooperación para fortalecer el control del transporte de mercaderías y combatir el contrabando. El titular del organismo bonaerense, Cristian Girard, advirtió que el comercio ilegal provoca pérdidas tributarias por unos 2 mil millones de dólares anuales y afecta a la producción y el empleo argentino.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, y el ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, encabezaron una serie de jornadas de trabajo destinadas a profundizar el convenio de cooperación entre ambas provincias para intercambiar información, compartir tecnología y fortalecer las tareas de fiscalización tributaria.

Como parte de las actividades, los funcionarios recorrieron el puesto de control de Salvador Mazza, ubicado sobre la Ruta Nacional 34 en la frontera con Bolivia, y sobrevolaron la zona limítrofe hasta Aguas Blancas, sobre el río Bermejo, para conocer el funcionamiento de los operativos destinados a combatir el ingreso ilegal de mercaderías.

Girard: “El contrabando provoca pérdidas por US$2.000 millones”

Durante la visita, el titular de ARBA destacó la inversión realizada por Salta para fortalecer los controles fronterizos y remarcó la necesidad de coordinar acciones entre las provincias.

«A partir de un convenio de colaboración que tenemos para fiscalizar el transporte de mercaderías, vinimos a conocer este nuevo puesto de control fronterizo, una inversión importante que hizo la provincia de Salta para atacar la problemática del contrabando, que provoca una pérdida de recursos fiscales, pero que también tiene un impacto negativo sobre la producción y el empleo argentino», afirmó.

Girard aseguró que el fenómeno viene creciendo en los últimos años y sostuvo que la articulación entre jurisdicciones resulta clave para enfrentarlo.

«El contrabando genera una pérdida de recursos tributarios del orden de los 2.000 millones de dólares en Argentina. En estos últimos años viene creciendo de manera alarmante. Por eso es fundamental que las provincias colaboremos y cooperemos en la gestión para fortalecer las capacidades de fiscalización y, de esa manera, no solo mejorar la recaudación, sino también defender el trabajo y la producción nacional», señaló.

Intercambio de tecnología y controles

El convenio entre ambas provincias contempla la transferencia de conocimientos técnicos y la implementación de herramientas utilizadas por ARBA para el seguimiento del transporte de mercaderías.

Entre ellas se encuentra el Código de Operaciones de Traslado (COT), un sistema que permite informar y controlar el movimiento de bienes dentro de la provincia de Buenos Aires y entre las jurisdicciones adheridas, facilitando la trazabilidad de las cargas y la detección de maniobras de evasión fiscal.

Girard resaltó además «el interés de la provincia de Salta por conocer y aprovechar la experiencia, el conocimiento y la tecnología que tiene ARBA».

«Vamos a sostener estas acciones de transferencia y colaboración, que nos permitan seguir mejorando y construyendo una red federal de control de mercadería en tránsito», afirmó.

Cooperación entre provincias

Por su parte, el ministro salteño Roberto Dib Ashur destacó la importancia del trabajo conjunto entre las administraciones tributarias provinciales.

«Estamos muy agradecidos con el equipo de ARBA y con Cristian Girard por la visita que hicieron a la provincia de Salta. Es muy importante para nosotros la cooperación federal, el intercambio de experiencias, compartir conocimientos y entender que la Argentina puede trabajar junta», expresó.

Además, sostuvo que «la cooperación entre las jurisdicciones es un objetivo fundamental» para potenciar el desarrollo económico del país.

La recorrida también incluyó el proyecto del futuro puesto de control El Potrero, en Colonia Santa Rosa, que recibirá el transporte de mercaderías proveniente de Orán.

Actualmente, además de Salta, ARBA mantiene convenios de cooperación en materia de control tributario con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Catamarca, Tierra del Fuego y Jujuy.

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“El industricidio empuja a los bonaerenses a formarse”: Berrueco advirtió sobre el desempleo y perfiló a Ferraresi para 2027

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El impacto de la crisis económica y la pérdida de puestos de trabajo se refleja directamente en las aulas bonaerenses. Ezequiel Berrueco, secretario ejecutivo del Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL), confirmó en #TodoprovincialStream que se emite en los Estudios de Área 51, que los 223 Centros de Formación Laboral distribuidos en 129 municipios de la Provincia experimentaron una explosión en su matrícula.

«Tuvimos en 2025 un número de un poco más de 155.000 alumnos, con una terminalidad cercana a los 113.000 egresados. Ya llevamos casi medio millón de alumnos en estos años de gestión», detalló el funcionario de la cartera laboral que conduce Walter Correa.

Para Berrueco, este fenómeno responde a una necesidad urgente de reinserción: «Cuando hay momentos económicos recesivos como en el que estamos, la oferta para el trabajo aumenta porque es donde uno va a buscar la oportunidad de una changa. En el último año y medio, el segmento de entre 35 y 45 años aumentó el doble; es la población que está perdiendo el trabajo producto del industricidio de Javier Milei y busca nuevas herramientas».

Al mismo tiempo, desmintió los estigmas sobre las nuevas generaciones. «Casi un 55% de la matrícula tiene entre 16 y 35 años, lo que nos da cuenta de que es una posverdad decir que la juventud no está interesada en el trabajo o que está perdida», sentenció.

El desfinanciamiento nacional a la educación técnica

Durante la entrevista, el funcionario provincial trazó un duro diagnóstico sobre el accionar del Gobierno Nacional respecto a la educación técnica y profesional, advirtiendo sobre un retiro total de los fondos contemplados históricamente.

«El presupuesto nacional aprobado para el 2026 eliminó toda la erogación presupuestaria para la modalidad técnica. La escuela secundaria técnica, la escuela agraria, los centros de formación profesional y laboral, y los institutos superiores se quedaron sin financiamiento», denunció Berrueco.

Frente a este escenario, contrastó las dos visiones de Estado en pugna: «La Nación profundiza una matriz extraccionista y de reprimarización, mientras que en la provincia de Buenos Aires seguimos pensando en lo estratégico de la industria nacional y apostando a la manufactura argentina, pese a la apertura de importaciones».

El peronismo y el armado electoral para 2027

En el terreno estrictamente político, el dirigente de Lanús analizó el estado de situación del peronismo y apuntó contra quienes apuestan a consolidar «una minoría intensa que vale la pena defender por sobre el hambre y el sufrimiento de millones de trabajadores». En esa línea, pidió dar las discusiones internas sin dramatismos para volver a construir una mayoría.

Pensando en el mapa electoral de 2027, Berrueco fue contundente respecto al futuro de la Gobernación bonaerense y postuló al actual intendente de Avellaneda para suceder a Kicillof.

«Creemos que es tiempo de que quienes han podido transformar sus ciudades se sienten en ese concierto provincial a discutir la continuidad y la profundización de este proceso. Para nosotros, esa persona es Jorge Ferraresi«, aseguró.

Finalmente, respaldó la proyección nacional del actual gobernador bonaerense: «Axel ha gobernado casi 8 años la provincia más importante del país, a la cual le robaron los fondos, y ha mostrado grandes virtudes y fortalezas para poder encarar un proceso de construcción federal en la Argentina».

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La Provincia oficializó la creación del Consejo Portuario bonaerense

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Juan Cruz Lucero

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires formalizó la creación del Consejo Portuario de la Provincia de Buenos Aires, un organismo consultivo destinado a asesorar al Poder Ejecutivo en la planificación y el desarrollo del sistema portuario regional. Según la resolución, los cargos serán ad honorem y tendrán una vigencia de dos años.

La conformación del Consejo fue presentada como una herramienta de articulación entre los distintos actores públicos, privados, productivos y sindicales vinculados a la actividad portuaria bonaerense.

La medida fue ratificada mediante la Resolución N° 8-SSAPMPCEITGP-2026 de la Subsecretaría de Asuntos Portuarios.

Una mesa amplia para el sistema portuario bonaerense

El nuevo organismo será presidido por el subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero, y estará integrado por los titulares de los consorcios de gestión pública de los puertos bonaerenses.

Entre las designaciones figuran Susana Haydee González por La Plata, Mónica Edith Litza por Dock Sud, Cecilia Lorena Comerio por San Nicolás, Santiago Andrés Mandolesi Burgos por Bahía Blanca, Diego Javier Piñero por Coronel Rosales, Marcos Horacio Gutiérrez por Mar del Plata, Hernán Martín Lania por Olivos y Carlos Francisco Casini por San Pedro.

La estructura también incorpora a representantes del sector privado y productivo. En ese marco, fue designada Gabriela Nidia Ardissone, en representación de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, mientras que Sandra Noemí Cipolla y Diego Hernán Kukulanski estarán presentes por la industria naval y el sector automotor, respectivamente.

La actividad pesquera tendrá participación directa dentro del Consejo con Diego García Luchetti, por la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura, y María Fernanda Grimaldi, por el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas. A su vez, el gremio pesquero estará representado por Pablo Trueba, del Sindicato Marítimo de Pescadores.

Participación sindical y productiva

La resolución también prevé una fuerte presencia del sector sindical y de entidades vinculadas con la logística y la actividad marítimo-portuaria. Entre ellas figuran referentes de la CATT, FEMPINRA, FEPA y FESIMAF, además de dirigentes como Juan Carlos Schmid, Roberto Eduardo Coria y Juan Antonio Speroni.

La representación empresarial y productiva se completa con entidades ligadas a la industria automotriz, metalúrgica, alimenticia, aceitera, química y petroquímica, fertilizantes, navegación y cooperativismo, entre otras ramas vinculadas a las cadenas logísticas que operan con los puertos bonaerenses.

Según la resolución, los cargos serán ad honorem y tendrán una vigencia de dos años. El objetivo del Consejo será elaborar propuestas para la gestión logística, formular recomendaciones sobre servicios conexos y promover la capacitación técnica, además de fortalecer el intercambio de información y buenas prácticas entre los distintos actores del sistema portuario provincial.

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