Los trabajadores de Granja Tres Arroyos iniciaron este lunes 22 de septiembre una medida de fuerza en la planta ubicada en el barrio Pinazo, localidad de La Lonja, partido de Pilar. El conflicto se originó por el incumplimiento en el pago de la quincena y se profundizó ante la versión de que la empresa cerraría sus puertas este martes.

“Ya les dijeron que se vayan a la casa y supuestamente mañana cierran la planta”, relató un allegado a uno de los operarios que participa del paro.

No es la primera vez que la compañía enfrenta reclamos en esta sede. En diciembre de 2024, los empleados rechazaron un esquema de pago en cuotas del aguinaldo que preveía fraccionarlo en cuatro partes. En aquel momento también realizaron un paro en reclamo del pago completo.

La situación se enmarca en un contexto complejo: a principios de diciembre pasado, Granja Tres Arroyos obtuvo autorización del Gobierno nacional para iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), con el objetivo de reducir costos y evaluar posibles despidos, alegando dificultades cambiarias para exportar.

Consultada por la prensa, la empresa reconoció la protesta de este lunes pero no brindó precisiones sobre la continuidad de la planta ni confirmó los rumores de cierre.

La planta de La Lonja, emplazada en el kilómetro 42 de la ruta 8, es una de las cuatro sedes que la firma posee en la provincia de Buenos Aires. En total, emplea a unas 7.000 personas entre Argentina y Uruguay. A fines de octubre de 2024 ya había cerrado la planta 1 de Tristán Suárez, con unos 100 despidos.

El establecimiento de La Lonja tiene una historia particular: funcionó originalmente como la avícola San Sebastián, que llegó a tener 400 trabajadores. Tras su quiebra en 2006, los empleados intentaron conformar una cooperativa y solicitaron la expropiación, pero la iniciativa no prosperó. Finalmente, en 2010 fue adquirido por Granja Tres Arroyos.

Cerámica Cortines de Luján despidió 130 trabajadores en dos tandas de 65. La empresa realizó los cesanteos bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo para pagar la mitad de las indemnizaciones pero ni siquiera pagó ese monto. Este lunes, los despedidos iniciaron un bloqueo frente a la fábrica para que los dueños cumplan sus obligaciones.

“Estamos reclamando por nuestras indemnizaciones porque no tienen la voluntad de pagar. Ni siquiera reclamamos por puestos de trabajo sino para que nos paguen lo que nos corresponde”, reclamó un trabajador despedido al portal local Ladran Sancho.

En julio, Cortines realizó una primera tanda de 65 despidos utilizando la causal del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo que habilita a la empresa a pagar las indemnizaciones al 50% por tratarse de despidos realizados pro «fuerza mayor, disminución o falta de trabajo». La semana pasada, la firma concretó otros 65 despidos.

Ante esta situación, los trabajadores afectados iniciaron un bloqueo en el ingreso principal de la fábrica. En el lugar se había montado un operativo con fuerte presencia policial.

En abril de este año, la empresa había presentado ante el Ministerio de Trabajo bonaerense un procedimiento preventivo de crisis por 180 días, que incluye retiros voluntarios, pago de indemnizaciones en cuotas y una reducción del 40% de su personal.

“Estos tipos nos estafaron, estamos todos en la misma situación. Algunos compañeros tuvieron que venir a arreglar y aceptar el acuerdo de miseria que está ofreciendo la empresa”, lamentó el trabajador despedido.

Cerámica Cortines justificó los despidos en una fuerte caída de sus ventas y en la acumulación de pérdidas desde hace más de un año.

Según documentos internos, la producción pasó de 11.175.000 metros de cerámicos en 2021 a 4.840.000 en 2024, lo que representa una baja de casi el 57% en tres años. Además, en los primeros meses de 2025 apenas salieron del depósito 850.000 metros, lo que anticipa un panorama aún más crítico para el resto del año.

La situación generó un fuerte impacto social en la localidad de Cortines, partido de Luján, donde la fábrica ha sido durante más de medio siglo un pilar económico y social. Comercios, prestadores de servicios y familias enteras viven momentos de angustia e incertidumbre ante el temor de un cierre definitivo de la planta.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, mantuvo este jueves una reunión con el nuevo secretario General de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), Hernán Doval, para dialogar sobre el “Consejo del Empleo Municipal”. Durante el encuentro, Kicillof se comprometió a convocar antes de fin de año a este órgano consultivo que tiene como objetivo avanzar en el cumplimiento de la Ley 14.656 de Paritarias Municipales.

En diálogo con Todo Provincial, Hernán Doval aseguró: “Estuvimos hablando con el gobernador sobre este tema planteado por nuestra Federación desde hace mucho tiempo y asumió el compromiso de convocar al Consejo del Empleo Municipal antes de fin de año”.

La Ley 14.656 sancionada en 2014 establece la creación del Consejo del Empleo Municipal. Se trata de un “órgano consultivo y asesor de carácter no vinculante” que se debe conformar con 11 representantes de los intendentes divididos por las secciones electorales y 11 representantes de entidades gremiales con personería gremial e inscripción vigente. Hasta el momento nunca fue convocado.

“Acordamos que una vez que comience a funcionar, el Consejo realice un análisis pormenorizado de la situación de los trabajadores municipales en cada uno de los distritos”, detalló Doval.

Durante el encuentro que duró cerca de una hora, también estuvieron presentes Rubén «Cholo» García, dirigente histórico de FESIMUBO, y Walter Correa, titular del Ministerio de Trabajo bonaerense que oficia como autoridad de aplicación del Consejo del Empelo Municipal.

Uno de los planteos de FESIMUBO es que este órgano sirva para garantizar una suerte de piso salarial y de derechos para los trabajadores municipales de toda la provincia de Buenos Aires.

“Planteamos la necesidad de introducir el tema salarial, ver como se puede discutir, sobre todo la cuestión de los trabajadores que están en muy mala situación y la precarización existente mediante falsos monotributos que también afecta la recaudación del IPS y del IOMA”, expresó Doval.

La situación de los trabajadores municipales es muy disímil de acuerdo al distrito. Mientras que en algunos se pagan salarios por encima de la Canasta Familiar, otros municipios abonan salarios básicos que apenas superan los 100 mil pesos.

“Para nosotros es un gran gesto que el gobernador nos haya convocado y se haya comprometido en empezar a trabajar en cuestiones que venían muy frenadas”, aseguró el titular de FESIMUBO y subrayó: “Lo más importante ahora es que existe la voluntad de la Provincia de cumplir con la Ley y convocar al Consejo”.