Gustavo Menéndez, intendente de Merlo y presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires afronta un juicio en Mar del Plata por un faltante de 600 mil pesos registrado cuando se desempeñaba como director provincial de Casinos. El fiscal pidió 2 años y medio de prisión, y su inhabilitación a ejercer cargos públicos.
En su alegato, el fiscal Fernando Berlingeri pidió la condena de 2 años y 6 meses para Menéndez por el delito de fraude a la administración pública, presuntamente cometido entre 2006 y 2007, cuando ocupaba el cargo de director de los casinos Central y Del Mar. Además, solicitó su inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
El presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense e intendente del partido de Merlo, Gustavo Menéndez, está imputado por fraude a la administración pública, por un faltante de $600.000 registrado cuando se desempeñaba como director provincial de Casinos.
Menéndez está imputado en la causa conocida como “Mochila verde”, que investiga una serie de movimientos de dinero detectados en el Casino Central marplatense en 2007, cuando él estaba al frente de la Zona I, que tiene bajo su órbita las salas de juego de la localidad balnearia.
El actual jefe presidente del PJ provincial está acusado como coautor del delito de “defraudación agravada en perjuicio de la Administración Pública”, por un monto de $600.000. En la causa también está imputado Enrique Daniel De Luca, ex jefe de Administración del Casino Central marplatense.
El proceso se llevará a cabo en el Juzgado Correccional 3 marplatense, a cargo del juez Jorge Luis Rodríguez, con la intervención del fiscal Fernando Berlingeri.
“Abusando del poder jerárquico que ostentaban, pese a que no tenían la custodia formal de los fondos resguardados en el Casino Central de Mar del Plata, retiraron en forma reiterada de manera ilegítima e indebida dinero en efectivo del tesoro de la referida casa de juegos, ascendiendo el monto de estas extracciones a la suma de seiscientos mil pesos”, acusó el fiscal.
La defensa de los imputados, Wenceslao Méndez en el caso de Menéndez y César Sivo en el de De Luca, alegaron por la absolución de los acusados, argumentando que no existió perjuicio económico para las arcas de la provincia de Buenos Aires y que, en el hipotético caso de existir un fraude, no se podía demostrar sin dudas la autoría.
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