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Municipales de La Plata en Estado de Alerta y Movilización contra el 15% de aumento

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El mismo representa unos 250 pesos de aumento por cuatrimestre para un ingresante. “Demás está decir que es insuficiente, por eso rechazamos este acuerdo amistoso que el intendente dice que va a firmar con los gremios STM y UPCN”, sostuvo el titular del SOEMLP, Gustavo Hernández. “Asimismo el Ejecutivo desconoce la resolución del Ministerio de Trabajo que indica que nuestro gremio está habilitado para participar de la discusión salarial”, agregó

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de La Plata, adherido a la Fesimubo emitió este viernes un comunicado donde expresa que se encuentra en “Estado de Alerta y Movilización” ante el inminente acuerdo que habría establecido el ejecutivo municipal con dos de los tres gremios habilitados para la discusión salarial: el sindicato UPCN de Carlos Quintana y el STM de Darío Alfano y que podría sellarse este lunes.

En este sentido, Hernández, expresó que el municipio desconoce la ley impulsada  por la Fesimubo de Paritarias y Negociación Colectiva para el sector (14656) y la resolución del Ministerio de Trabajo que habilitó en 2017 al SOEMLP a participar de la negociación salarial.

Por esto Gustavo Hernández no desestima que se tomen medidas de acción directa ya que como sostuvo “El Ejecutivo hizo caso omiso de una resolución del Ministerio y se prepara para un “acuerdo amistoso” con dos gremios, y que está muy lejos de satisfacer las necesidades de un trabajador municipal.

En esa línea remarcó además que el acuerdo del 15% al que se pretende arribar este lunes es insuficiente, ya que llevado al sueldo de un ingresante representa apenas unos 250 pesos de aumento por cuatrimestre. «Tal vez si   pudiéramos darle ese dinero a los dirigentes que se sientan a pactar nuestro salario o al mismo intendente para que pueda vivir con eso, quizás nos puedan explicar cómo se puede hacer”, remarcó.

En tanto señaló: “Desde el Ejecutivo nos dijeron que era una decisión tomada. Nosotros consideramos que no se está respetando la ley que nos ampara como trabajadores municipales y que se deben tener en cuenta dos cuestiones fundamentales. Primero, que hay una resolución ministerial y que la comuna debe acatar más allá de las disidencias que tengamos o la minoría”, sostuvo.

“En segundo lugar, creemos que por algún contrato espurio pretenden colocar al trabajador municipal en condición de empleado provincial en el tratamiento paritario, cuando no es así. Los estatales tienen una ley que es la 10430 y los municipales desde 2015 tenemos nuestra propia ley de negociación colectiva que es la ley 14656, una ley que impulsó y luchó la Fesimubo por más de 20 años y que desde 2015 se encuentra en plena vigencia”, agregó.

“Curiosamente de esa ley no se habla porque es la que no permitiría que esos dos gremios se junten para tratar la paritaria municipal”, remarcó. En tanto recordó que se encuentra pendiente el dictamen del Ministerio de Trabajo que intima al municipio a convocar nuevamente a las partes a debatir un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo, luego de que fuera derogado el acuerdo alcanzado con estos dos mismos gremios a mediados de 2017.

“Esto es algo que el intendente patea hacia adelante porque no nos quiere en la misma mesa de discusión porque sabe que nosotros vamos a estar para defender los intereses reales del trabajador municipal y fundamentalmente por el sinceramiento de nuestro salario que ha permanecido relegado por años de desidia”, remarcó.

En cuanto al techo del 15% impuesto por el gobierno nacional en un primer momento y que ahora, de acuerdo con los dichos del propio ministro de Trabajo, se tendría que rever de acuerdo a las nuevas mediciones de inflación, Hernández manifestó: “Esto se debe a que el gobierno siempre aplicó la política del tero, decir una cosa y hacer otra, y a la ausencia de un plan económico homogéneo que pueda favorecer al conjunto. El plan era que lluevan las inversiones, pero esto nunca sucedió y la inflación está por las nubes y los trabajadores como siempre estamos presos de la presión impositiva”.

“Creo que en lugar de hablar del 15%, debemos hablar de la presión tributaria, los tarifazos, del precio de la canasta básica, que el propio gobierno admite que tiene que ser de 42 mil pesos para poder subsistir una familia”, concluyó.

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Avícola de Granja Tres Arroyos despidió 20 trabajadores en Monte y quiere pagar media indemnización

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avicola wade sa

En los últimos días, al menos 20 trabajadores de Wade S.A, avícola del grupo Granja Tres Arroyos, comenzaron a recibir telegramas de despido, en una medida que confirma un fuerte proceso de reestructuración de personal dentro de la empresa avícola con planta en San Miguel del Monte.

Las notificaciones, fechadas el 7 de agosto y firmadas por el apoderado de la compañía, comunican la extinción de los vínculos laborales y encuadran la decisión en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.

La empresa sostiene que atraviesa una “grave disminución de trabajo no imputable a la empleadora” y fundamenta los despidos en una serie de factores que, según argumenta, escaparon a su voluntad y afectaron severamente la actividad.

Wade S.A. es una empresa dedicada a la faena y procesamiento avícola y está vinculada a Granja Tres Arroyos (Cresta Roja), firma que también atraviesa una profunda crisis, con conflictos laborales, atrasos salariales y protestas de trabajadores.

Qué argumentó Wade para despedir a los trabajadores

En las cartas documento enviadas a los empleados, Wade sostiene que la reducción de personal responde a una situación extraordinaria que provocó una fuerte caída de la actividad.

Entre los motivos mencionados aparecen los brotes de influenza aviar, el cierre y las restricciones de acceso a mercados internacionales, la reducción de las exportaciones y una sobreoferta en el mercado interno.

La empresa también señala como factores determinantes la caída de los precios de los productos avícolas y el aumento sostenido de los costos, además de contingencias operativas y conflictos colectivos que, según afirma, afectaron la producción y los niveles de faena.

Por ese motivo, la compañía afirma que la reducción de personal se volvió “indispensable” para continuar funcionando y conservar las fuentes de trabajo restantes.

Los despidos fueron encuadrados en el artículo 247

Uno de los puntos centrales de las notificaciones es el encuadramiento de los despidos bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Esta norma contempla un régimen indemnizatorio reducido cuando se acredita una situación de fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador en los términos establecidos por la legislación laboral.

En este caso, Wade invocó precisamente una “grave disminución de trabajo” como fundamento de la decisión.

Sin embargo, el encuadramiento legal no implica por sí mismo que la situación quede automáticamente acreditada. Los trabajadores afectados comenzaron a reunir telegramas, recibos de sueldo y comprobantes de pago para analizar las liquidaciones y determinar si corresponde cuestionar la modalidad utilizada por la empresa.

La discusión podría centrarse, entre otros aspectos, en si la crisis invocada por Wade resulta efectivamente ajena al riesgo propio de la actividad y si se cumplieron todos los requisitos laborales necesarios para aplicar este régimen.

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La Suprema Corte bonaerense rechazó un recurso de Pedidos Ya y ratificó una multa millonaria

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Pedidos ya repartidores

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires rechazó el recurso extraordinario federal presentado por Repartos Ya S.A., empresa que opera bajo la plataforma Pedidos Ya, y dejó firme el criterio del Ministerio de Trabajo bonaerense respecto de la situación laboral de 62 repartidores inspeccionados en la provincia.

Con esta decisión, el máximo tribunal provincial cerró la posibilidad de que la empresa lleve este tramo del expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ratificó la actuación de la cartera laboral que conduce Walter Correa.

La Justicia respaldó la actuación del Ministerio de Trabajo

La resolución, fechada el 5 de agosto de 2026, consideró que la empresa no realizó una “crítica eficaz” de las decisiones anteriores y que se limitó a reiterar argumentos ya analizados durante el proceso judicial. Además, descartó que existiera un caso de “gravedad institucional” que justificara la intervención de la Corte Suprema.

La causa se originó en julio de 2020, cuando inspectores del Ministerio de Trabajo realizaron controles en distintas localidades bonaerenses y relevaron la situación laboral de 71 personas que realizaban repartos mediante la aplicación.

Como resultado de esas inspecciones, la empresa fue intimada a presentar la documentación laboral correspondiente.

La empresa reconoció a un solo empleado

Durante el procedimiento, Pedidos Ya reconoció como trabajador en relación de dependencia únicamente a una persona.

Respecto de otros 62 repartidores, sostuvo que se trataba de prestadores autónomos vinculados mediante contratos de locación de servicios, mientras que negó cualquier relación con otras ocho personas relevadas durante las inspecciones.

Tras el proceso administrativo, el Ministerio de Trabajo determinó que existían infracciones y aplicó una multa de $17.690.400.

La sanción fue apelada por la empresa, pero en 2021 el Tribunal del Trabajo N° 1 de La Plata confirmó la decisión al considerar que la firma no logró desvirtuar la presunción de existencia de una relación laboral respecto de los 62 repartidores que reconocía como prestadores.

Aún resta resolver la situación de ocho repartidores

Si bien el fallo de la Suprema Corte bonaerense deja firme el núcleo de la decisión sobre los 62 trabajadores, el expediente todavía no quedó totalmente concluido.

El tribunal ordenó que la situación de las ocho personas cuya vinculación fue negada por la empresa vuelva a ser analizada por un Tribunal del Trabajo con nueva integración.

De esa definición dependerá el monto definitivo de la sanción económica, que podría modificarse una vez resuelta esa parte pendiente del proceso.

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Se renovó el Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata para el período 2026-2029

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La Subsecretaría de Asuntos Portuarios bonaerense designó a los nuevos integrantes del Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata. Susana González continuará al frente del organismo durante el nuevo período.

La Subsecretaría de Asuntos Portuarios de la Provincia de Buenos Aires, a través de su titular Juan Cruz Lucero, oficializó la nueva conformación del Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata (CGPLP) para el período 2026-2029.

La designación se realizó mediante la Resolución N° 6, que establece la integración del órgano directivo encargado de participar en la conducción y el desarrollo de la actividad portuaria.

El Directorio está compuesto por nueve integrantes, que representan a los distintos sectores vinculados con la operatoria y el funcionamiento del Puerto La Plata.

Susana González continuará como presidenta

La nueva conformación estará encabezada por la Dra. Susana González, quien continuará como presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata.

La acompañarán María Laura Brolese D’Adamo, en representación de los concesionarios y/o permisionarios de terminales e instalaciones portuarias, y Pablo Azcárate, como representante de las asociaciones u organismos privados que nuclean a empresas dedicadas a transformar, ensamblar o comercializar insumos de carácter industrial.

Por su parte, Mariano Gendra Gigena fue designado en representación de las empresas armadoras y/o prestatarias de servicios portuarios marítimos.

Representación sindical y municipal

La nueva composición también incluye a representantes de las organizaciones sindicales vinculadas con los trabajadores portuarios.

En este sector fueron designados Alejandro Cachile, por la Unión Ferroviaria, y Guillermo Crivos, por la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos (APDFA).

En representación de los municipios que integran el área de influencia del Puerto La Plata, Martín Fernández renovará su mandato por la Municipalidad de Berisso, mientras que Alejandro Sández continuará representando al Municipio de Ensenada.

En tanto, permanece pendiente la designación del representante correspondiente a la Municipalidad de La Plata.

Reconocimiento a los directores salientes

Desde el Consorcio de Gestión del Puerto La Plata expresaron su agradecimiento a los directores que finalizaron sus mandatos: Susana Giulietti, Dardo Gustavo Rodríguez y Facundo Pennacchioni.

El organismo destacó especialmente el compromiso y los aportes realizados durante sus respectivas gestiones, al tiempo que dio la bienvenida a los integrantes que formarán parte del Directorio durante el período 2026-2029.

La renovación de autoridades se produce en un contexto en el que el Puerto La Plata constituye una pieza estratégica para la actividad productiva, logística y portuaria de la Región Capital bonaerense, con impacto directo sobre Berisso, Ensenada y La Plata.

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