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Municipales de La Plata en Estado de Alerta y Movilización contra el 15% de aumento

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El mismo representa unos 250 pesos de aumento por cuatrimestre para un ingresante. “Demás está decir que es insuficiente, por eso rechazamos este acuerdo amistoso que el intendente dice que va a firmar con los gremios STM y UPCN”, sostuvo el titular del SOEMLP, Gustavo Hernández. “Asimismo el Ejecutivo desconoce la resolución del Ministerio de Trabajo que indica que nuestro gremio está habilitado para participar de la discusión salarial”, agregó

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de La Plata, adherido a la Fesimubo emitió este viernes un comunicado donde expresa que se encuentra en “Estado de Alerta y Movilización” ante el inminente acuerdo que habría establecido el ejecutivo municipal con dos de los tres gremios habilitados para la discusión salarial: el sindicato UPCN de Carlos Quintana y el STM de Darío Alfano y que podría sellarse este lunes.

En este sentido, Hernández, expresó que el municipio desconoce la ley impulsada  por la Fesimubo de Paritarias y Negociación Colectiva para el sector (14656) y la resolución del Ministerio de Trabajo que habilitó en 2017 al SOEMLP a participar de la negociación salarial.

Por esto Gustavo Hernández no desestima que se tomen medidas de acción directa ya que como sostuvo “El Ejecutivo hizo caso omiso de una resolución del Ministerio y se prepara para un “acuerdo amistoso” con dos gremios, y que está muy lejos de satisfacer las necesidades de un trabajador municipal.

En esa línea remarcó además que el acuerdo del 15% al que se pretende arribar este lunes es insuficiente, ya que llevado al sueldo de un ingresante representa apenas unos 250 pesos de aumento por cuatrimestre. «Tal vez si   pudiéramos darle ese dinero a los dirigentes que se sientan a pactar nuestro salario o al mismo intendente para que pueda vivir con eso, quizás nos puedan explicar cómo se puede hacer”, remarcó.

En tanto señaló: “Desde el Ejecutivo nos dijeron que era una decisión tomada. Nosotros consideramos que no se está respetando la ley que nos ampara como trabajadores municipales y que se deben tener en cuenta dos cuestiones fundamentales. Primero, que hay una resolución ministerial y que la comuna debe acatar más allá de las disidencias que tengamos o la minoría”, sostuvo.

“En segundo lugar, creemos que por algún contrato espurio pretenden colocar al trabajador municipal en condición de empleado provincial en el tratamiento paritario, cuando no es así. Los estatales tienen una ley que es la 10430 y los municipales desde 2015 tenemos nuestra propia ley de negociación colectiva que es la ley 14656, una ley que impulsó y luchó la Fesimubo por más de 20 años y que desde 2015 se encuentra en plena vigencia”, agregó.

“Curiosamente de esa ley no se habla porque es la que no permitiría que esos dos gremios se junten para tratar la paritaria municipal”, remarcó. En tanto recordó que se encuentra pendiente el dictamen del Ministerio de Trabajo que intima al municipio a convocar nuevamente a las partes a debatir un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo, luego de que fuera derogado el acuerdo alcanzado con estos dos mismos gremios a mediados de 2017.

“Esto es algo que el intendente patea hacia adelante porque no nos quiere en la misma mesa de discusión porque sabe que nosotros vamos a estar para defender los intereses reales del trabajador municipal y fundamentalmente por el sinceramiento de nuestro salario que ha permanecido relegado por años de desidia”, remarcó.

En cuanto al techo del 15% impuesto por el gobierno nacional en un primer momento y que ahora, de acuerdo con los dichos del propio ministro de Trabajo, se tendría que rever de acuerdo a las nuevas mediciones de inflación, Hernández manifestó: “Esto se debe a que el gobierno siempre aplicó la política del tero, decir una cosa y hacer otra, y a la ausencia de un plan económico homogéneo que pueda favorecer al conjunto. El plan era que lluevan las inversiones, pero esto nunca sucedió y la inflación está por las nubes y los trabajadores como siempre estamos presos de la presión impositiva”.

“Creo que en lugar de hablar del 15%, debemos hablar de la presión tributaria, los tarifazos, del precio de la canasta básica, que el propio gobierno admite que tiene que ser de 42 mil pesos para poder subsistir una familia”, concluyó.

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Se renovó el Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata para el período 2026-2029

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La Subsecretaría de Asuntos Portuarios bonaerense designó a los nuevos integrantes del Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata. Susana González continuará al frente del organismo durante el nuevo período.

La Subsecretaría de Asuntos Portuarios de la Provincia de Buenos Aires, a través de su titular Juan Cruz Lucero, oficializó la nueva conformación del Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata (CGPLP) para el período 2026-2029.

La designación se realizó mediante la Resolución N° 6, que establece la integración del órgano directivo encargado de participar en la conducción y el desarrollo de la actividad portuaria.

El Directorio está compuesto por nueve integrantes, que representan a los distintos sectores vinculados con la operatoria y el funcionamiento del Puerto La Plata.

Susana González continuará como presidenta

La nueva conformación estará encabezada por la Dra. Susana González, quien continuará como presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata.

La acompañarán María Laura Brolese D’Adamo, en representación de los concesionarios y/o permisionarios de terminales e instalaciones portuarias, y Pablo Azcárate, como representante de las asociaciones u organismos privados que nuclean a empresas dedicadas a transformar, ensamblar o comercializar insumos de carácter industrial.

Por su parte, Mariano Gendra Gigena fue designado en representación de las empresas armadoras y/o prestatarias de servicios portuarios marítimos.

Representación sindical y municipal

La nueva composición también incluye a representantes de las organizaciones sindicales vinculadas con los trabajadores portuarios.

En este sector fueron designados Alejandro Cachile, por la Unión Ferroviaria, y Guillermo Crivos, por la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos (APDFA).

En representación de los municipios que integran el área de influencia del Puerto La Plata, Martín Fernández renovará su mandato por la Municipalidad de Berisso, mientras que Alejandro Sández continuará representando al Municipio de Ensenada.

En tanto, permanece pendiente la designación del representante correspondiente a la Municipalidad de La Plata.

Reconocimiento a los directores salientes

Desde el Consorcio de Gestión del Puerto La Plata expresaron su agradecimiento a los directores que finalizaron sus mandatos: Susana Giulietti, Dardo Gustavo Rodríguez y Facundo Pennacchioni.

El organismo destacó especialmente el compromiso y los aportes realizados durante sus respectivas gestiones, al tiempo que dio la bienvenida a los integrantes que formarán parte del Directorio durante el período 2026-2029.

La renovación de autoridades se produce en un contexto en el que el Puerto La Plata constituye una pieza estratégica para la actividad productiva, logística y portuaria de la Región Capital bonaerense, con impacto directo sobre Berisso, Ensenada y La Plata.

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Toledo vendió un supermercado en Mar del Plata y remata otra sucursal para pagar sueldos

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sucursal de toledo vendida

En medio de la caída sostenida del consumo masivo, la cadena de supermercados Toledo enfrenta una grave crisis financiera. En las últimas horas trascendió que la empresa vendió una sucursal en Mar del Plata para poder abonar el sueldos de sus empleados que habían cobrado sólo el 40% del mismo.

Según trascendió, Supermercados Toledo se desprendió de la sucursal ubicada en Avenida 39 y Luis Agote de Mar del Plata. Sin embargo, la firma informó al Sindicato de Empleados de Comercio que en las próximas semanas concretará la venta de otra de sus 43 sedes.

El secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y la Zona Atlántica, Esteban Fraysse, habló con Radio Provincia y detalló: “Llegamos a una situación compleja con decisiones empresariales que no son las mejores teniendo en cuenta que el supermercado Toledo tiene 43 sucursales, emplea a 1800 trabajadores y tiene alrededor de 3000 proveedores”.

Desde el sindicato mayoritario critican la decisión que se toma y denuncian que “la empresa no se ha profesionalizado en ningún momento ni tampoco tuvo una mirada más allá. No hay un plan estratégico para encarar una crisis como ésta. Ni hay otra vocación, más allá de vender”.

Vender unidades para pagar sueldos es terrible porque el consumo masivo no toca piso. Y la decisión dejó a la ciudad en jaque», apuntó el dirigente sindical.

Gracias a la intervención del ministerio de Trabajo encabezado por Walter Correa, el supermercado garantizó la continuidad de los 25 trabajadores de la sucursal vendida que serán reubicados en otros supermercados de la cadena. Sin embargo, Fraysse expresó su temor de que si continúan las ventas se termine generando un “cuello de botella”.

“El dueño manifestó que hay otra sucursal en venta y la operación se concretará en estos días”, precisó el dirigente gremial.

Además, consideró que luego del fallecimiento de Antonio Toledo, fundador de la cadena, la empresa se quedó sin una conducción estratégica que permita encarar una crisis como la actual. “No vemos una reacción para mitigar la situación ante esta situación de caída del consumo que es responsabilidad del gobierno nacional”, apuntó.

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Astillero Río Santiago: la Provincia justificó el despido de dos trabajadoras y rechazó que haya discriminación

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astillero rio santiago

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires salió a responder por la situación de dos ex trabajadoras del Astillero Río Santiago que fueron desvinculadas en enero y mayo de 2026 y aseguró que los despidos estuvieron vinculados a “ausencias injustificadas y reiteradas”.

A través de un comunicado, la Provincia sostuvo que ambas trabajadoras registraron durante períodos de entre tres y cuatro años un promedio de ausentismo del 64% de los días laborables y que habían recibido sanciones disciplinarias antes de las desvinculaciones.

Según la explicación oficial, el Astillero Río Santiago actuó dentro del marco de la legislación vigente y del régimen establecido por la Ley de Contrato de Trabajo y el Convenio Colectivo N.º 91/75E.

La Provincia habló de ausentismo y sanciones disciplinarias

El Gobierno bonaerense señaló que las dos trabajadoras fueron sancionadas previamente mediante el régimen de progresividad previsto en la normativa laboral.

Al mismo tiempo, remarcó que, durante los períodos en los que existieron licencias vigentes, la empresa justificó alrededor de 100 días laborales por año en cada caso.

“Lo que da sobrada cuenta de la disposición y el acompañamiento brindado por la empresa”, sostuvo la Provincia al referirse a las licencias otorgadas.

El Ejecutivo bonaerense planteó así que las desvinculaciones no estuvieron relacionadas con las situaciones de violencia de género denunciadas por las ex trabajadoras, sino con el nivel de ausentismo y los antecedentes disciplinarios.

Qué dijo la Provincia sobre las denuncias de violencia de género

Las dos ex trabajadoras habían planteado situaciones vinculadas a violencia de género durante 2022 y 2023.

Frente a esas situaciones, la Provincia aseguró que el Astillero Río Santiago intervino junto a su Equipo Interdisciplinario de Género y adoptó medidas de atención y acompañamiento.

Según el comunicado oficial, después de esas intervenciones transcurrieron tres años y medio en uno de los casos y dos años en el otro hasta que se produjeron las desvinculaciones.

Durante ese período, el Gobierno bonaerense aseguró que no existieron nuevos requerimientos vinculados con cuestiones de género por parte de las ex trabajadoras o de su entorno.

Además, señaló que el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires revisó la actuación del Equipo Interdisciplinario de Género y concluyó que se había ajustado a la normativa y al protocolo vigente.

Qué resolvió el Ministerio de Trabajo

La Provincia también hizo referencia a la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense, que convocó a una audiencia conciliatoria y analizó las actuaciones incorporadas a los expedientes.

De acuerdo con el Gobierno, el organismo emitió los dictámenes correspondientes, aunque no se pronunció sobre la existencia o no de discriminación.

En cambio, remitió la cuestión a las vías administrativas o judiciales correspondientes al régimen de empleo público.

La explicación oficial apunta a que el Ministerio de Trabajo no tiene competencia para resolver el fondo del conflicto debido a la naturaleza jurídica del Astillero Río Santiago.

El organismo es un ente autárquico de derecho público, por lo que, según la Provincia, se trata de un conflicto individual correspondiente al régimen de empleo público.

De esta manera, el Gobierno bonaerense buscó dejar asentada su posición frente a los cuestionamientos por los despidos y sostuvo que las desvinculaciones estuvieron fundamentadas en antecedentes de ausentismo y sanciones disciplinarias, mientras que las actuaciones relacionadas con violencia de género habían sido abordadas previamente por los organismos correspondientes.

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