La ARBA puso en marcha un operativo para facilitar el acceso a exenciones impositivas destinadas a jubilados y pensionados que registran deudas en el Impuesto Inmobiliario en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa se articula con el IPS y municipios bonaerenses, a partir de cruces de datos y acciones territoriales para identificar a quienes cumplen con los requisitos pero aún no accedieron al beneficio.

Según se informó, el organismo detectó inicialmente a unas 17.000 personas con beneficios previsionales que acumulan alrededor de $798 millones en deudas, pese a que podrían estar alcanzadas por la exención.

El esquema contempla a contribuyentes con ingresos familiares de hasta dos haberes mínimos, titulares de una única propiedad con valuación fiscal inferior a $6 millones y que no estén inscriptos en Ingresos Brutos.

Operativos casa por casa y trámite simplificado

Para agilizar el acceso, la ARBA realizará operativos casa por casa junto a los municipios y organizará jornadas especiales de atención para gestionar de manera simple la exención.

El beneficio abarca tanto deudas de hasta cinco años como obligaciones futuras, lo que representa un alivio importante para quienes se encuentran en mora.

En paralelo, el organismo solicitará a la ANSES una nómina de jubilados y pensionados con domicilio en la provincia, con el objetivo de analizar su situación fiscal y facilitar el acceso al beneficio a quienes no lo están utilizando.

“Es clave garantizar el acceso a la exención”

El director de ARBA, Cristian Girard, aseguró: “Estamos trabajando para simplificar trámites y garantizar que quienes tienen derecho a una exención puedan acceder sin obstáculos. En un contexto económico complejo, donde las políticas de Milei impactan con fuerza sobre los ingresos, es fundamental acompañar a un sector que históricamente ha demostrado un alto compromiso con el cumplimiento tributario”.

Además, remarcó que “las jubiladas y jubilados pertenecen a una generación que culturalmente tiene incorporado el cumplimiento fiscal como un valor, por lo que adeudar impuestos representa para ellos una carga moral y económica significativa”.

La medida forma parte de una estrategia más amplia orientada a mejorar la equidad tributaria y evitar que sectores vulnerables acumulen deudas por falta de información o dificultades para realizar trámites.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, la nueva sala de tomografía del Hospital Rossi de La Plata y el depósito del programa Medicamentos Bonaerenses, desde donde se distribuyen fármacos a los 135 municipios.

“Esta política está orientada a garantizar el acceso a tratamientos esenciales y a sostener la asistencia sanitaria en los municipios frente al vaciamiento del programa Remediar”, explicaron desde el Gobierno provincial.

Durante la jornada también supervisaron los avances de la nueva guardia bioquímica, que permitirá ampliar y mejorar el funcionamiento del laboratorio del hospital.

Duro cruce con Nación por el recorte de medicamentos

Luego, la comitiva visitó el depósito central ubicado en el Hospital “Dr. Alejandro Korn”, desde donde se abastece a centros de salud y hospitales de toda la provincia. Allí, Kicillof cuestionó con dureza al Gobierno nacional por la reducción del programa Remediar.

“El Gobierno de Javier Milei creó una crisis sin precedentes en nuestro sistema de salud: después de desregular los precios, decidió avanzar con un ajuste cruel para vaciar el programa Remediar y dejar sin asistencia a más de 20 millones de personas”, afirmó.

“Es criminal que el Gobierno nacional corte los medicamentos para las enfermedades más comunes: hace 24 años estaban disponibles en la Argentina para quien no podía pagarlos”, agregó.

Según datos oficiales, el vademécum de Remediar se redujo de más de 100 medicamentos a un esquema con proyección de apenas tres insumos, mientras que las unidades distribuidas cayeron un 55% respecto de 2023.

La Provincia amplía la cobertura con inversión millonaria

Frente a este escenario, la Provincia sostiene el acceso a medicamentos a través del programa Medicamentos Bonaerenses, que cubre 45 de los 74 fármacos destinados a personas con cobertura pública exclusiva. Estos tratamientos abarcan enfermedades crónicas como afecciones cardiovasculares, pulmonares, reumáticas, infecciones agudas, autoinmunes, anemia, osteoporosis, Parkinson e hipercolesterolemia.

“Como respuesta, desde la Provincia estamos redoblando los esfuerzos para ampliar la inversión y la logística del programa Medicamentos Bonaerenses y asistir a cada uno de los 135 municipios”, sostuvo Kicillof.

Y remarcó: “Aunque la producción pública nos permite abaratar costos y realizar envíos masivos desde nuestro centro logístico, no podemos sustituir por completo la ausencia del Estado nacional: el único responsable de esta calamidad es el presidente Milei”.

En total, la política sanitaria implica una inversión de $24.500 millones, sumando 74 medicamentos del programa bonaerense y otros 91 entregados por distintas iniciativas provinciales.

Kreplak: “Con menos recursos damos más respuestas”

Por su parte, Nicolás Kreplak señaló: “Mientras el Estado nacional nos redujo un 62% las transferencias vinculadas a insumos y a remedios, desde la Provincia nos esforzamos doblemente por fortalecer las políticas en esta área”.

“Medicamentos Bonaerenses es una estrategia de planificación, compras centralizadas, producción pública y distribución que garantiza el acceso a los fármacos esenciales. Aún en un contexto crítico, y con muchos menos recursos, el Gobierno provincial está dando más respuestas a su población”, concluyó.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires llevó adelante un encuentro de trabajo interministerial para abordar los episodios de violencia en las escuelas, amenazas y mensajes intimidatorios, en el marco de una estrategia integral para contener una problemática en crecimiento.

La reunión fue encabezada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, junto a los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Seguridad, Javier Alonso; y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi. También participaron autoridades del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA), encabezado por su directora ejecutiva Andrea Cáceres.

El encuentro se desarrolló en la sede del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, en el ámbito de la Comisión Interministerial para la Promoción y Protección de los Derechos del Niño, y forma parte de un abordaje multidisciplinario impulsado por la gestión de Axel Kicillof frente a la creciente conflictividad en el ámbito educativo.

Respuesta provincial ante la violencia en las escuelas

Durante la jornada, Larroque planteó la necesidad de articular respuestas frente a un fenómeno que definió como “novedoso y desconocido” y remarcó el rol del Estado en la contención social. “Ante un fenómeno novedoso y desconocido que se da a nivel mundial, y particularmente en la Argentina con el flagelo de un modelo liberal, el deber de la Provincia es tratar de cuidar aquel lugar de contención y desarrollo natural de niños, niñas, adolescentes y familias”, afirmó.

En ese sentido, agregó: “Sabemos que la salida a esta situación no es con la deserción del Estado como promueve Milei, sino acompañando a los jóvenes, a sus familias y fortaleciendo los lazos comunitarios en los territorios”.

Por su parte, Bianco vinculó estos episodios con el contexto social y económico actual: “tienen que ver con un clima de época, producto de la deserción del Estado nacional de sus obligaciones”, sostuvo, y advirtió que los jóvenes son “una de las poblaciones más afectadas por la falta de perspectiva a futuro”.

Además, destacó que el gobierno bonaerense viene implementando políticas específicas orientadas a las juventudes, incluyendo acciones para abordar problemáticas emergentes como la ludopatía adolescente.

El encuentro se enmarca en una serie de acciones coordinadas entre distintas áreas del gobierno provincial que buscan fortalecer la prevención, el acompañamiento y la intervención ante situaciones de violencia en las escuelas, con foco en la protección de derechos y el sostenimiento de los vínculos comunitarios.