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Fesimubo decretó el Estado de Alerta y Movilización contra la reforma de la Ley de Paritarias y Negociación Colectiva y el techo del 23%

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El titular de la Federación y de la CTM, Rubén Cholo García apuntó contra la vieja estructura y los intendentes que hasta ahora se mostraron reticentes a firmar Convenios Colectivos de Trabajo. También se rechazó el techo del 23% a las paritarias al tiempo que exigirán la cláusula gatillo para todos los acuerdos. Durante el encuentro se diagramó además una intensa agenda de actividades que incluye un debate en la UNLP sobre la ley 14656 valorada internacionalmente por la OIT y la ISP y un encuentro en la sede de la CGT.

Este martes se llevó a cabo en el camping del Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda un Plenario de la Fesimubo que convocó a los secretarios Generales de más de cien sindicatos adheridos de toda la provincia de Buenos Aires. El encuentro tuvo varios ejes, comenzando por la postura que mantendrá el gremio que conduce Rubén García de cara al debate salarial para el sector durante el presente año.

En diálogo con la prensa el también dirigente de la CTM expresó que se puso a votación el “Estado de Alerta y Movilización” en rechazo al techo del 23% impuesto por los gobiernos nacional y provincial a la discusión salarial para 2019. Asimismo, sostuvo que ninguno de los gremios de la Fesimubo firmará por ese monto, al tiempo que solo admitirán “acuerdos por seis meses y con cláusula gatillo”.

Por otra parte, planteó que el “Estado de Alerta y Movilización”, rige además ante el surgimiento del proyecto de reforma de la Ley 14656 de Paritarias y Negociación Colectiva impulsada por la Fesimubo durante más de quince años y que finalmente fue sancionada en 2014. Con el proyecto en mano del senador Gustavo Soos, García expresó que “ahora se entiende por qué los intendentes peronistas se resisten a firmar Convenios Colectivos y sentarse a discutir de igual a igual”. Asimismo, sostuvo que este proyecto atenta contra el espíritu de la normativa. “La reforma está en contra de los trabajadores y a favor de la política. Por eso vamos a hacer todas las acciones que tengamos que hacer”, dijo.

Luego fue el abogado laboralista Enrique Espínola Vera, creador de la norma junto al entonces diputado Hernán Doval, quien se ocupó de desglosar el proyecto presentado en la Cámara Alta por dirigentes de FSTMPBA tras una reunión con Soos en diciembre. “De la resistencia pasaron a la acción y ahora nos encontramos ante un proyecto que aniquila buena parte nuestro avance en el reconocimiento como sujetos de nuestro propio destino y no como objetos”, comenzó diciendo.

“No puedo afirmar que esto haya sido el resultado de una conspiración donde se sentaron representantes de los intendentes, de la vieja federación y del gobierno provincial, no lo puedo afirmar, pero si me guío por el papel puedo decir que esa reunión debe haber existido porque acá son los tres los que obtienen beneficios en perjuicio de los trabajadores”, agregó Espínola Vera. No obstante, es preciso aclarar que de acuerdo con una nota publicada por el portal El Correo Gráfico de diciembre último, fueron dirigentes de la FSTMPBA quienes se atribuyen la autoría de dicha reforma tras fotografiarse con el senador de Unidad y Renovación.

En cuanto al contenido del proyecto de reforma de la ley 14656, Espínola Vera brindó detalles sobre las contradicciones que contiene y que los llevará a liderar una nueva batalla en el recinto para mantener el espíritu de la norma.

En esa línea manifestó que, si bien el tiempo para alcanzar la estabilidad bajaría a los seis meses, el costo es muy alto. En primer lugar se elimina el ingreso por concurso, mientras que será el intendente quien decidirá quién entra y quién no. “Una cosa es la decisión unipersonal de alguien y otra cosa es el modelo democrático del concurso”, expresó.

Asimismo, con respecto a la estabilidad, señaló: “La estabilidad es un derecho constitucional establecido en el Artículo 14 bis para los empleados públicos. La Ley 14656 en línea con lo que dice la Constitución establece que solamente se puede perder por las causales establecidas en la 14656. Este proyecto permite que la estabilidad la podamos perder por causales incorporadas en el CCT. Se incorpora a través del CCT la disponibilidad de la estabilidad”, advirtió.

“La estabilidad no se puede perder por ningún acuerdo porque es de orden público y está establecida en la Constitución y solamente admite las causales establecidas en la ley. Esto hace al tronco de la 14656. A la naturaleza de la norma que llevamos adelante”, agregó.

En tanto aclaró que el anteproyecto del senador Gustavo Soos y de la FSTMPBA, incorpora en su articulado “todo el decreto reglamentario de la Ley 14656 (Nro. 784) impugnado en 25 de sus 26 artículos por la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, al comprobarse que “el Ejecutivo Provincial se adjudicaba facultades modificatorias de la norma y que no puede hacer”. “Todo el decreto reglamentario declarado inconstitucional está dentro del proyecto de ley. Tal cual”, dijo dando cuenta del descalabro administrativo.

Entre otros puntos, el abogado de la Fesimubo enumeró que el proyecto va en contra de la ley 23551 de Asociaciones Profesionales dejando en manos de cada Ejecutivo local la elección de los gremios admitidos para la discusión de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) ya que a partir de esta reforma “podrá firmar o a discutir convenios la Federación que tenga personería en aquellos lugares donde el sindicato no tiene inscripción gremial.” “Si no tiene inscripción, no es sindicato”, dijo. “Es decir que se puede armar un sindicato en función de lo que ellos quieren, y en función de ello sentarse a negociar”, alertó.

Otra de las contradicciones se centra en los afiliados cotizantes: “La ley habla del 10% de los afiliados cotizantes para determinar el mínimo para sentarse a la negociación colectiva, de acuerdo a la ley se calcula del total de trabajadores del municipio. Este proyecto lo dice, pero también dice que se va a calcular como el 10% de los afiliados cotizantes de los sindicatos, es decir en el propio artículo esta la contradicción, porque esto es lo que dice el decreto reglamentario y lo incorporaron completo sin si quiera analizar lo que estaban haciendo”, destacó.

En ese marco, Rubén García cuestionó que a cuatro años de sancionada la ley 14656 sólo se hayan firmado 60 CCT de los 135 municipios que tiene la provincia. “La ley se creó para terminar con el abuso de los intendentes.  Antes, con la Ley 11757 no teníamos paritarias, los intendentes te llamaban te ofrecían, lo rechazabas y cuando empezaban las medidas de fuerza te echaban 200 trabajadores, que venían con 25 o 30 años de contratos basura. Tenían ese sistema, por eso hay muchos intendentes que se resisten como el intendente que se dice Nacional y Popular Jorge Ferraresi en Avellaneda, y el caso de La Plata que llama a los sindicatos amigos”, cuestionó.

En tanto sostuvo que las mayores resistencias a igualar condiciones en la discusión del salario y las condiciones de trabajo “se dan en los municipios grandes, donde es imposible contar cuantos son los que trabajan”. “En Avellaneda hay 5800 sueldos que salen todos los meses con diferentes montos, pero los trabajadores que tenemos registrados son 3200”, ejemplificó.

Debate en la UNLP: Para los académicos la ley 14656 es un cambio de paradigma

Paradójicamente, y a contramano del proyecto de reforma, la ley 14656, sentó un precedente a nivel internacional, y ya la OIT la presentó en 2018 como modelo de gestión del empleo municipal para varios países de Europa. En la provincia de Buenos Aires, la norma será debatida en la casa de Altos Estudios en La Plata, y contará con la presencia del Ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, magistrados, referentes sindicales y académicos laboralistas. El abogado del SOEMLP Fesimubo Roberto Bradley destacó que se trata de un cambio de paradigma y que el objetivo es “humanizar, visualizar a quienes alcanza esta ley”. El encuentro, impulsado por el instituto IDEMS y la Fesimubo, se desarrollará en la sede de la UNLP el próximo 12 de abril de 14 a 18 horas y será transmitido al interior.

Congreso en Mar del Plata de la Fesimubo y la CTM

Por otra parte, se ratificó el llamado a los congresos de Memoria y Balance de la Confederación de Trabajadores Municipales y la Fesimubo. Asimismo, se renovarán autoridades del Consejo Directivo. El encuentro se desarrollará en la localidad de General Pueyrredón donde la Fesimubo acompañó a fines de 2018 un arduo reclamo salarial que duró 29 días. “Mar del Plata fue una caja de resonancia, y los trabajadores con Antonio Gilardi consiguieron la devolución de la Bonificación a los docentes municipales y demostraron la importancia del trabajo municipal”, sostuvo García.

En Mar del Plata también tendrá lugar el 4to. Encuentro de Mujeres Trabajadoras Municipales de la Fesimubo, según lo anunció la Secretaria de Género, Igualdad de Oportunidades y Trato, María José Lacoste. El encuentro que convocará a mujeres de toda la provincia será entre los días 29 y 30 de marzo.

Renovación de autoridades de la CONTRAM y un cierre en el Felipe Vallese

Posteriormente en el mes de junio entre los días 19 y 21 de junio se desarrollará un encuentro internacional que contará con la presencia de la presidenta de la Internacional de Servidores Públicos, Rosa Pavanelli, que representa a más de 20 millones de trabajadores. En ese marco, Oscar Canteros, informó que el debate se centrará en la problemática del empleo y el futuro del trabajo en medio del desarrollo tecnológico.

Asimismo, Rubén García irá por la renovación al frente del directorio de la CONTRAM ISP AMERICAS. El acto de cierre será en el Salón Felipe Vallese de la CGT. “Es un encuentro muy importante para el mundo del trabajo y nos parece que el cierre se debe hacer en este lugar emblemático”, sostuvo el dirigente al cierre del plenario.

 

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Avícola de Granja Tres Arroyos despidió 20 trabajadores en Monte y quiere pagar media indemnización

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avicola wade sa

En los últimos días, al menos 20 trabajadores de Wade S.A, avícola del grupo Granja Tres Arroyos, comenzaron a recibir telegramas de despido, en una medida que confirma un fuerte proceso de reestructuración de personal dentro de la empresa avícola con planta en San Miguel del Monte.

Las notificaciones, fechadas el 7 de agosto y firmadas por el apoderado de la compañía, comunican la extinción de los vínculos laborales y encuadran la decisión en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.

La empresa sostiene que atraviesa una “grave disminución de trabajo no imputable a la empleadora” y fundamenta los despidos en una serie de factores que, según argumenta, escaparon a su voluntad y afectaron severamente la actividad.

Wade S.A. es una empresa dedicada a la faena y procesamiento avícola y está vinculada a Granja Tres Arroyos (Cresta Roja), firma que también atraviesa una profunda crisis, con conflictos laborales, atrasos salariales y protestas de trabajadores.

Qué argumentó Wade para despedir a los trabajadores

En las cartas documento enviadas a los empleados, Wade sostiene que la reducción de personal responde a una situación extraordinaria que provocó una fuerte caída de la actividad.

Entre los motivos mencionados aparecen los brotes de influenza aviar, el cierre y las restricciones de acceso a mercados internacionales, la reducción de las exportaciones y una sobreoferta en el mercado interno.

La empresa también señala como factores determinantes la caída de los precios de los productos avícolas y el aumento sostenido de los costos, además de contingencias operativas y conflictos colectivos que, según afirma, afectaron la producción y los niveles de faena.

Por ese motivo, la compañía afirma que la reducción de personal se volvió “indispensable” para continuar funcionando y conservar las fuentes de trabajo restantes.

Los despidos fueron encuadrados en el artículo 247

Uno de los puntos centrales de las notificaciones es el encuadramiento de los despidos bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Esta norma contempla un régimen indemnizatorio reducido cuando se acredita una situación de fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador en los términos establecidos por la legislación laboral.

En este caso, Wade invocó precisamente una “grave disminución de trabajo” como fundamento de la decisión.

Sin embargo, el encuadramiento legal no implica por sí mismo que la situación quede automáticamente acreditada. Los trabajadores afectados comenzaron a reunir telegramas, recibos de sueldo y comprobantes de pago para analizar las liquidaciones y determinar si corresponde cuestionar la modalidad utilizada por la empresa.

La discusión podría centrarse, entre otros aspectos, en si la crisis invocada por Wade resulta efectivamente ajena al riesgo propio de la actividad y si se cumplieron todos los requisitos laborales necesarios para aplicar este régimen.

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La Suprema Corte bonaerense rechazó un recurso de Pedidos Ya y ratificó una multa millonaria

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Pedidos ya repartidores

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires rechazó el recurso extraordinario federal presentado por Repartos Ya S.A., empresa que opera bajo la plataforma Pedidos Ya, y dejó firme el criterio del Ministerio de Trabajo bonaerense respecto de la situación laboral de 62 repartidores inspeccionados en la provincia.

Con esta decisión, el máximo tribunal provincial cerró la posibilidad de que la empresa lleve este tramo del expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ratificó la actuación de la cartera laboral que conduce Walter Correa.

La Justicia respaldó la actuación del Ministerio de Trabajo

La resolución, fechada el 5 de agosto de 2026, consideró que la empresa no realizó una “crítica eficaz” de las decisiones anteriores y que se limitó a reiterar argumentos ya analizados durante el proceso judicial. Además, descartó que existiera un caso de “gravedad institucional” que justificara la intervención de la Corte Suprema.

La causa se originó en julio de 2020, cuando inspectores del Ministerio de Trabajo realizaron controles en distintas localidades bonaerenses y relevaron la situación laboral de 71 personas que realizaban repartos mediante la aplicación.

Como resultado de esas inspecciones, la empresa fue intimada a presentar la documentación laboral correspondiente.

La empresa reconoció a un solo empleado

Durante el procedimiento, Pedidos Ya reconoció como trabajador en relación de dependencia únicamente a una persona.

Respecto de otros 62 repartidores, sostuvo que se trataba de prestadores autónomos vinculados mediante contratos de locación de servicios, mientras que negó cualquier relación con otras ocho personas relevadas durante las inspecciones.

Tras el proceso administrativo, el Ministerio de Trabajo determinó que existían infracciones y aplicó una multa de $17.690.400.

La sanción fue apelada por la empresa, pero en 2021 el Tribunal del Trabajo N° 1 de La Plata confirmó la decisión al considerar que la firma no logró desvirtuar la presunción de existencia de una relación laboral respecto de los 62 repartidores que reconocía como prestadores.

Aún resta resolver la situación de ocho repartidores

Si bien el fallo de la Suprema Corte bonaerense deja firme el núcleo de la decisión sobre los 62 trabajadores, el expediente todavía no quedó totalmente concluido.

El tribunal ordenó que la situación de las ocho personas cuya vinculación fue negada por la empresa vuelva a ser analizada por un Tribunal del Trabajo con nueva integración.

De esa definición dependerá el monto definitivo de la sanción económica, que podría modificarse una vez resuelta esa parte pendiente del proceso.

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Se renovó el Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata para el período 2026-2029

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La Subsecretaría de Asuntos Portuarios bonaerense designó a los nuevos integrantes del Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata. Susana González continuará al frente del organismo durante el nuevo período.

La Subsecretaría de Asuntos Portuarios de la Provincia de Buenos Aires, a través de su titular Juan Cruz Lucero, oficializó la nueva conformación del Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata (CGPLP) para el período 2026-2029.

La designación se realizó mediante la Resolución N° 6, que establece la integración del órgano directivo encargado de participar en la conducción y el desarrollo de la actividad portuaria.

El Directorio está compuesto por nueve integrantes, que representan a los distintos sectores vinculados con la operatoria y el funcionamiento del Puerto La Plata.

Susana González continuará como presidenta

La nueva conformación estará encabezada por la Dra. Susana González, quien continuará como presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata.

La acompañarán María Laura Brolese D’Adamo, en representación de los concesionarios y/o permisionarios de terminales e instalaciones portuarias, y Pablo Azcárate, como representante de las asociaciones u organismos privados que nuclean a empresas dedicadas a transformar, ensamblar o comercializar insumos de carácter industrial.

Por su parte, Mariano Gendra Gigena fue designado en representación de las empresas armadoras y/o prestatarias de servicios portuarios marítimos.

Representación sindical y municipal

La nueva composición también incluye a representantes de las organizaciones sindicales vinculadas con los trabajadores portuarios.

En este sector fueron designados Alejandro Cachile, por la Unión Ferroviaria, y Guillermo Crivos, por la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos (APDFA).

En representación de los municipios que integran el área de influencia del Puerto La Plata, Martín Fernández renovará su mandato por la Municipalidad de Berisso, mientras que Alejandro Sández continuará representando al Municipio de Ensenada.

En tanto, permanece pendiente la designación del representante correspondiente a la Municipalidad de La Plata.

Reconocimiento a los directores salientes

Desde el Consorcio de Gestión del Puerto La Plata expresaron su agradecimiento a los directores que finalizaron sus mandatos: Susana Giulietti, Dardo Gustavo Rodríguez y Facundo Pennacchioni.

El organismo destacó especialmente el compromiso y los aportes realizados durante sus respectivas gestiones, al tiempo que dio la bienvenida a los integrantes que formarán parte del Directorio durante el período 2026-2029.

La renovación de autoridades se produce en un contexto en el que el Puerto La Plata constituye una pieza estratégica para la actividad productiva, logística y portuaria de la Región Capital bonaerense, con impacto directo sobre Berisso, Ensenada y La Plata.

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