Quinta Sección
Detuvieron a cuatro policías por secuestrar, torturar y simular el fusilamiento de dos menores en Mar del Plata
Cuatro policías fueron detenidos por la detención ilegal y tortura de dos menores de 14 y 16 años en Mar del Plata. Luego de varios vejámenes, los policías simularon el fusilamiento de los adolescentes en un descampado y les dispararon con balas de goma.
La justicia dispuso la detención de los oficiales Ariel Marcelo Estévez Pitrau, Sandra Vanesa Cano, Jonathan Elías Cabrera y Micaela Agustina Estigarribia. Además, la Auditoría General de Asuntos Internos ya ordenó su desafectación de los efectivos imputados por los delitos de “privación ilegal de la libertad, agravado y torturas, concurriendo ambos materialmente entre sí”.
Policías acusados de tortura en Mar del Plata: un relato escalofriante
El hecho investigado ocurrió el pasado 17 de septiembre en el barrio Libertad de Mar del Plata. Tras un llamado al 911, efectivos de la Comisaría Sexta arribaron a una casa donde una mujer denunció que su hijo de 14 años estaba herido tras haber sido golpeado por policías.
El episodio había ocurrido en inmediaciones de las calles 210 y Berutti, donde los menores de 14 y 16 años fueron interceptados por el oficial de policía Ariel Estévez y la sargento Vanesa Cano, a bordo del móvil N° 27841. Con la excusa de identificarlos, les ordenaron poner las manos contra el capot del patrullero.
En ese momento se hizo presente un segundo patrullero (móvil N° 27381) con los oficiales Jonathan Cabrera y Micaela Estigarribia a bordo.
Según reconstruyó la investigación del fiscal Juan Pablo Lódola, Cabrera le propinó un golpe de puño en la cara a al adolescente de 14 años, mientras que Estévez le apoyó el arma reglamentaria a ese mismo menor en las costillas y le ordenó no gritar porque, de lo contrario, lo mataría. Luego se la puso al adolescente en la cabeza y gatilló varias veces.
A estos tormentos también se sumó la oficial Estigarribia, quien le puso su pistola en la boca del chico. Luego le pusieron esposas a ambos, ajustadas de una manera violenta.
Luego, los policías subieron a los menores al patrullero N° 27381 (en el que iban Cabrera y Estigarribia) y los trasladaron hasta un descampado ubicado en Strobel al 10000.
“Ahora van a ver como los matamos y nadie se entera, como yo tengo un montón de muertos y nadie se enteró, dos más no van a hacer nada”, les dijo Estigarribia.
De noche y prácticamente en total oscuridad, los policías hicieron descender a al adolescente de 14 años, lo obligaron a ponerse de rodillas y a que le pidiera perdón a Estévez, mientras él le ponía el arma en la sien izquierda y gatillaba.
Luego, el oficial Estévez y la sargento Cano lo trasladaron al móvil N° 27481 y le pegaron patadas. “Esto te pasa por andar con este, la próxima vez que te vea no te vamos a perdonar».
Finalmente, los policías hicieron descender al joven del patrullero y lo pusieron de rodillas al lado del otro adolescente. Los hicieron levantarse y Estévez, armado con una escopeta antidisturbios, les indicó que empiecen a correr y les dijo: “Tienen tres segundos, tres, dos, uno…”. Luego les dispararon.
Los adolescentes sufrieron heridas en las muñecas por las esposas, en las rodillas, en la cara, la nuca, las orejas y piernas. Heridas que según el cuerpo médico quedarán curadas en un plazo de 30 días.
“Con ese mecanismo tortuoso, el personal policial interviniente en un procedimiento ilegítimo por donde se lo mire, procedieron a aplicarle tormentos físicos y sufrimientos psíquicos de gravedad a los menores“, concluyó el juez de Garantías que ordenó las detenciones y allanamientos.
Los policías obligaron a la víctimas a mirar el suelo, le golpeaban la nuca y le daban cachetadas en la cara, mientras que Estigarribia filmaba toda la secuencia.
El fiscal de turno Alejandro Pellegrinelli dispuso una serie de medidas, entre ellas realizar el reconocimiento médico legal a los menores, cuyo resultó arrojo concordancia con los dichos de las víctimas.
Este martes, la Justicia de Garantías la detención de los policías. Del operativo participaron personal del CATI junto a efectivos de DDI y la Departamental. Secuestraron armas reglamentarias, teléfonos y una escopeta.
Los efectivos fueron trasladados a la Unidad Penal 44 de Batán y las mujeres policías al Destacamento femenino.
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El intendente de Miramar dijo que “estamos muy caros en dólares” y criticó duramente la “inacción” de Scioli en Turismo
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Udaquiola, el pueblo que no pudo crecer y que ahora genera un juicio millonario para Ayacucho
La Municipalidad de Ayacucho enfrenta un fallo judicial adverso en un litigio por 111 hectáreas ubicadas en Udaquiola, pueblo de menos de 100 habitantes. El litigio fue iniciado por el propietario de un campo que fue expropiado en 1959 con el objetivo de ampliar el centro urbano. Como el Estado nunca avanzó en ese propósito, esta familia mantuvo el usufructo de las tierras y ahora ganó un juicio por 200 millones de pesos que deberá pagar el municipio.
El intendente de Ayacucho, Emilio Cordonnier, explicó que la sentencia ratifica la titularidad de las tierras a favor del ocupante original. Según publicó el portal Urgente Ayacucho, el caso se inició cuando la Provincia de Buenos Aires expropió tierras al propietario original, pero nunca tomó posesión efectiva.
En 1988, el Estado provincial transfirió las tierras al municipio de Ayacucho, que tampoco procedió a ocuparlas. Esto permitió que el antiguo propietario mantuviera la posesión, lo que le sirvió para acreditar la titularidad efectiva sobre el campo por la Ley de Usucapión.
“La justicia determinó que el propietario ocupó, usufructuó y mantuvo las tierras entre 1980 y 2000, demostrando un uso continuo por más de 20 años, requisito clave para la titularidad. La sentencia es clara: el propietario tiene derecho sobre el terreno porque el Estado nunca lo ocupó”, explicó Cordonnier.
El intendente destacó que el municipio ya destinó la partida presupuestaria específica para afrontar este pago, aunque aún se espera la regulación de honorarios legales.
“Estamos hablando de un juicio que implica alrededor de $200 millones, un monto significativo que podría haberse destinado a obras como pavimientación o infraestructura urbana», subrayo.
La ley 6.200 sancionada el 28 de octubre de 1959 durante la gobernación del desarrollista Oscar Alende declaró de utilidad pública y en consecuencia sujetas a expropiación dos fracciones de campo ubicadas en la circunscripción XIV del partido de Ayacucho, ubicadas a ambos lados de la estación Udaquiola del ferrocarril Nacional General Roca. Las tierras debían ser destinadas a la formación de un centro urbano en la localidad.
La ley estaba inspirada en una finalidad claramente social pero diversas dificultades impidieron la concreción de la voluntad de aquellos legisladores. Esta situación se manifestó principalmente con las tierras ubicadas al este de la estación Udaquiola que originaron largas tramitaciones judiciales que fueron seguidas por una actitud de evidente desidia de los diferentes gobiernos.
