El trágico episodio ocurrió en el ingreso al Jardín de Infantes N° 901, de la localidad de Ranchos, ciudad cabecera del partido de General Paz. Una nena de salita de 4 cayó de la bicicleta que conducía su padre por un desperfecto en la sillita y fue atropellada por un camión recolector de residuos.

“Con profunda tristeza les informamos el fallecimiento de una querida estudiante de nuestra institución, Amma Uribarri de 2da sección”, expresaron las autoridades del jardín 901 de Ranchos.

Y agregaron: “Es un momento extremadamente difícil y doloroso para nuestra comunidad educativa, por eso queremos comunicarles que el jardín mantendrá sus puertas abiertas para brindar contención y acompañamiento a las familias, docentes y comunidad ampliada. Nuestras condolencias y más afectuoso saludo a la familia y allegados”.

Según trascendió, la tragedia se desató cuando la sillita que transportaba a la niña se desprendió de la bicicleta en la que su padre la llevaba al jardín este martes por la mañana.

La mala fortuna hizo que la niña cayera al asfalto justo en el momento en que un camión de recolección de residuos de la Municipalidad de General Paz pasaba frente al jardín. La niña fue arrollada por el vehículo y falleció.

Por la muerte de Amma Uribarri el municipio de General Paz declaró tres días de duelo.

“Acompañamos en este difícil momento a toda la familia, que se encuentra vinculada a esta Municipalidad desde hace mucho tiempo, a sus allegados y a toda la comunidad educativa”, indicaron desde la comuna.

Tras declararse en quiebra y quedar en manos de una sindicatura judicial, la histórica confitería Boston en Mar del Plata baja sus persianas en forma definitiva a pesar de que los trabajadores habían logrado recuperarla. Más de 40 personas se quedan sin empleo.

Este lunes fue un día triste para muchos en Mar del Plata porque se produjo el cierre definitivo de la dos sucursales que quedaben en pie de la emblemática confitería Boston fundada en 1958.

Este cierre es consecuencia de un acuerdo que en tribunales lograron los actuales dueños de la firma, acusados de quiebra fraudulenta. La justicia penal exigió a los trabajadores que venían explotando el local bajo la tutela de una sindicatura que entregasen las llaves el 1 de octubre.

A pesar de que parecía que la quiebra de la Bostón iría a juicio oral, en agosto los propietarios acusados de llevar la empresa a la ruina se comprometieron a pagar un 80% de deudas pendientes y la justicia los habilitó para recuperar su conducción.

“Tenemos un fuero Civil y Comercial que nos ayudó a recuperar la empresa, hacerla rentable y estar al día, y una justicia Penal que les dio todas las ventajas a los dueños para pagar deudas a valores de 2018″, contó una de las empleadas y destacó: “Recibimos una empresa en ruinas y la entregamos funcionando, estabilizada y con clientes”.

En este contexto, la Justicia determinó que este fin de mes los trabajadores de la confitería marplatense Boston deberán entregar la llave de los locales del centro y de avenida Constitución que durante seis años estuvieron intervenidos judicialmente, tras un polémico pedido de quiebra y un fracasado anuncio de expansión de capitales austríacos en 2016.

«Hoy nos toca despedirnos. Después de 60 años compartiendo momentos, sabores y tradiciones con ustedes, y 6 años de lucha, queremos agradecerles desde lo más profundo de nuestro corazón por haber sido parte de esta historia», compartieron los empleados de la confitería.

Con más de 60 años haciendo las medialunas y los «borrachitos» más famosos de Mar del Plata, para «La Boston» comenzó a evidenciar serios problemas luego del 2016, cuando la confitería pasó a manos de un grupo empresario que anunciaba una fuerte inversión para multiplicar las sucursales, aunque el objetivo real era su vaciamiento.

En aquel momento, eran cuatro los locales de la Boston: Boulevard Marítimo y Urquiza el de Paseo Diagonal ya cerraron.

La Justicia de Delitos Económicos de Mar del Plata imputó a los hermanos Juan Manuel y Pablo Lotero y los austríacos Carl Ludwig y Aston Schonfeldt por “quiebra fraudulenta, defraudación agravada por vaciamiento de empresa, e insolvencia fraudulenta”. Sin embargo, ahora volvieron a tener el poder de la empresa.

El gobierno municipal de Tandil busca avanzar con la venta de un inmueble ubicado en Avenida Santamarina 450 donde funcionaba la Dirección General de Servicios. Los más de 4 millones de dólares que obtendría por la operación serían utilizados por la gestión de Miguel Lunghi para la compra de dos plantas de pavimento y la generación de suelo urbano. El proyecto debe ser tratado por el Honorable Concejo Deliberante.

Dos plantas de pavimento; una de hormigón y otra de asfalto y la generación de suelo para viviendas son los principales proyectos del Ejecutivo luego de la venta del predio de avenida Santamarina.

El Municipio de Tandil, a través del Departamento Ejecutivo, respondió a las consultas elevadas por la Comisión de Economía y Presupuesto del Honorable Concejo Deliberante (HCD), relativo a la propuesta de enajenación del inmueble municipal ubicado en la avenida Santamarina 450, antiguo predio de la Dirección General de Servicios.

En el texto, el Gobierno subrayó que los fondos obtenidos por la venta del predio serán capitalizados en tres grandes proyectos: la creación de dos plantas de pavimento; una de hormigón y otra de asfalto y la generación de suelo con infraestructura para el desarrollo de viviendas con servicios básicos.

El predio cuenta con 6.748,81 metros cuadrados, tasados en 612 dólares por unidad de medida, lo que arrojó una base de 4.130.271,72 dólares. El Ejecutivo pretende ese monto libre de gastos y en billetes de la moneda extranjera.

“Estos proyectos buscan mejorar la infraestructura de la ciudad y ofrecer soluciones habitacionales accesibles para los tandilenses”, argumentaron desde el Ejecutivo mientras que desde la Jefatura de Gabinete se resaltó que la propuesta se enmarca en «la proyección urbanística de la ciudad de la próxima década».

Por otra parte, el Ejecutivo destacó que las tasaciones del predio se han realizado conforme a lo establecido por la Ley Orgánica de Municipalidades de la provincia de Buenos Aires, que exige la tasación oficial de inmuebles en procesos de enajenación.