El intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, aseguró que el distrito atraviesa la inundación más grande de su historia, superando incluso a las registradas en 1973, 2001 y 2012. En diálogo con Todo Provincial RADIO, explicó que el fenómeno dejó registros de entre 1600 y 1900 milímetros de lluvia interanual, el doble de la media histórica de 850 mm.

“Estamos claramente con el doble de la cantidad de agua que debería llover en un año”, subrayó el jefe comunal, destacando que se trata de un evento climático sin precedentes. No obstante, remarcó que gracias a las obras hidráulicas y pluviales realizadas en los últimos 14 años, la planta urbana de la ciudad no sufrió anegamientos ni fue necesario evacuar familias. “Hoy barrios que siempre se inundaban no tuvieron ningún problema”, valoró.

Stadnik resaltó el impacto de obras como los conductos subterráneos, defensas perimetrales, dragados y un canal de 55 kilómetros que mejoró el drenaje de unas 70 mil hectáreas. También señaló los 40 km de alteo de caminos rurales que permitieron mantener la conexión de las localidades del distrito.

Daniel Stadnik: “La única ayuda que estamos recibiendo es de la Provincia”

El intendente agradeció el apoyo del gobierno bonaerense, que dispuso un helicóptero para llevar medicamentos, provisiones y asistencia sanitaria a los parajes más aislados.

“La única ayuda que estamos recibiendo es de la Provincia”, afirmó, y destacó la “humanidad” del gobernador Axel Kicillof, que se mostró preocupado por la situación de familias de la zona rural.

En contraste, cuestionó duramente al gobierno nacional por su ausencia en la emergencia: “En otras inundaciones siempre estuvo, hoy directamente no tenemos ni un teléfono donde llamar. Nos cortaron fondos, frenaron obras y no hay ayuda de ningún tipo”.

Consultado por el malestar del sector agropecuario, Stadnik expresó comprensión: “No justifico reacciones violentas, pero sí las entiendo. Hay productores que no pueden sembrar y viven de eso. Esto es un fenómeno climático que no hay obras que lo puedan resolver totalmente”. Además, advirtió que la falta de continuidad en la obra del río Salado agrava los problemas de escurrimiento.

Finalmente, consideró que la carga tributaria que soportan los productores debe volcarse a obras hidráulicas y caminos rurales. “El 58% de los impuestos que pagan queda en manos de Nación. Si no los destinan a infraestructura, las provincias y los municipios solos no podemos”, advirtió.

La localidad bonaerense de 9 de Julio vivió este lunes una jornada de alta tensión cuando un grupo de productores agropecuarios, transportistas y vecinos se movilizó al Palacio Municipal para exigir soluciones a la crisis hídrica que mantiene anegados los campos y cortados los caminos rurales desde hace siete meses. La protesta incluyó quema de cubiertas y tablones en la puerta del edificio.

En medio de los incidentes, un manifestante logró ingresar hasta el despacho del Secretario de Gobierno para pedir obras de emergencia que permitan la salida de la producción agrícola y el drenaje de los sectores rurales.

La manifestación, que comenzó de manera pacífica, estalló tras la acumulación de reclamos sin respuesta. En un video que se viralizó, el productor Pedro Marra se enfrentó a un funcionario con un grito desesperado: «¡NO JUEGUEN CON LA VIDA DE LOS HUMANOS!».

Otro de los momentos de mayor tensión ocurrió dentro de la municipalidad, cuando un productor, ofuscado por la falta de medidas, lanzó: «Les pido con respeto que se vayan a la mierda».

Denuncia penal y paro municipal

La crisis de gestión en 9 de Julio se agrava con varios frentes abiertos. La intendenta María José Gentile enfrenta una denuncia penal por estrago por inundación e incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco de su rol en el Comité de Cuenca del río Salado.

En paralelo, los trabajadores municipales iniciaron un paro de 72 horas por reclamos salariales, lo que deja a la administración en una situación de virtual parálisis frente al conflicto social.

Qué reclaman los productores inundados de 9 de Julio

Los productores y vecinos plantearon tres demandas concretas:

• Reparación y saneamiento urgente de los caminos rurales.
• Drenajes y obras para evitar que campos y vías queden anegados.
• Respuestas rápidas que permitan sacar la producción de los distritos afectados.

Los organizadores advirtieron que, de no obtener compromisos concretos, las protestas continuarán hasta que se inicien las obras necesarias. La crisis afecta no solo a Carlos María Naón, sino también a La Niña, French y Morea, donde la producción permanece atrapada por el agua.

Junín y la Región se encuentran sumidas en la conmoción tras el incendio devastador ocurrido en el geriátrico Nuevo Amanecer, en Nahuel Payún al 300, que dejó un saldo de tres residentes fallecidos y seis personas en estado crítico.

Las víctimas fueron identificadas como Daniel Héctor Crespo (91), quien murió en el Hospital Interzonal; Luis Oscar Barri (87), que falleció en la Clínica La Pequeña Familia; y Edgar Oviedo (82), en la Clínica Centro. El siniestro provocó una emergencia sanitaria sin precedentes en la ciudad, con 25 heridos evacuados de urgencia, uno de ellos trasladado en vuelo sanitario a Esteban Echeverría.

El fuego se desató entre las 6.30 y las 7 de la mañana, cuando la mayoría de los adultos mayores se encontraban en máxima vulnerabilidad. Las deficientes condiciones del lugar, que operaba sin habilitación legal pese a advertencias previas, favorecieron la rápida propagación del humo. Bomberos, policías y decenas de ambulancias desplegaron un operativo de magnitud inédita en Junín.

La Justicia confirmó la aprehensión de la propietaria del geriátrico, de 43 años, y de una empleada, en el marco de la investigación caratulada como “homicidio culposo”. El fiscal Martín Laius explicó que la hipótesis inicial es un incendio accidental —presumiblemente por un termotanque—, pero que la clandestinidad del establecimiento y la desobediencia a intimaciones municipales y provinciales agravan la responsabilidad penal.

“El fallecimiento de los abuelos concurre con las lesiones culposas graves de los otros residentes. La dueña tenía un deber de cuidado incumplido”, señaló el fiscal. Además, adelantó que se investigará si hubo incumplimiento de deberes de funcionario público por no haber clausurado el lugar pese a antecedentes.

La tragedia puso en jaque al sistema sanitario local, con derivaciones a clínicas privadas y refuerzos enviados por el Ministerio de Salud bonaerense. Diecinueve pacientes quedaron en observación por inhalación de humo y shock.

Este caso revive un antecedente de 2022, cuando otro geriátrico clandestino en Junín fue clausurado tras la muerte de una residente y sus responsables condenados por abandono de persona seguido de muerte. Pese a aquel precedente judicial, la muerte de Crespo, Barri y Oviedo vuelve a exponer la falta de controles efectivos sobre establecimientos que albergan a la población más vulnerable.

La investigación judicial busca determinar responsabilidades no solo de los operadores del hogar, sino también del rol de los organismos de control. La tragedia del Nuevo Amanecer ya se convirtió en un nuevo y doloroso llamado de atención para que se refuercen las políticas de fiscalización y protección de adultos mayores en la Provincia.