El gobernador Axel Kicillof confirmó que la provincia de Buenos Aires avanzará por la vía cautelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar una deuda millonaria que mantiene la ANSES con el distrito, luego de que fracasara una nueva instancia de conciliación con el Gobierno nacional.

La definición llegó tras la tercera audiencia convocada por el máximo tribunal en el marco de la demanda iniciada por la Provincia por más de $2,3 billones correspondientes a fondos adeudados para el financiamiento del sistema previsional bonaerense.

Kicillof: «Decidimos avanzar por la vía cautelar»

Tras el encuentro, el mandatario bonaerense cuestionó la falta de una propuesta concreta por parte del Ejecutivo nacional.

«El Gobierno nacional se había comprometido a llegar a esta audiencia con una propuesta de adelantos, pero nuevamente dijeron que todavía tenían que realizar una serie de trabajos técnicos. En base a ello, dimos por terminada esta etapa de conciliación y decidimos avanzar por la vía cautelar», afirmó Kicillof.

El Gobernador remarcó además que otras jurisdicciones sí recibieron transferencias, mientras que Buenos Aires continúa esperando una respuesta.

«Si bien a algunas jurisdicciones ya le han transferido, siguen incumpliendo con la provincia de Buenos Aires. Así es como construyen el superávit: no pagándoles a los jubilados, a las universidades y a las provincias», sostuvo.

La Provincia asegura que la deuda supera los $22 billones

Kicillof advirtió que el reclamo vinculado a la ANSES es solo una parte de los recursos que, según la administración bonaerense, dejó de percibir la Provincia.

«En nuestro caso, la deuda de la Nación asciende a más de $22 billones, entre lo que han dejado de transferir y la pérdida de recaudación. No estamos hablando de números pequeños: eso equivale a la mitad del presupuesto anual de nuestra provincia», aseguró.

La demanda presentada por la Provincia busca recuperar los fondos correspondientes al financiamiento del sistema previsional administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS), cuyo déficit históricamente era compensado mediante transferencias nacionales.

Se profundiza la disputa judicial con Nación

Con la decisión de avanzar mediante una medida cautelar, el Gobierno bonaerense busca que la Corte Suprema ordene transferencias mientras continúa la discusión de fondo sobre la deuda reclamada.

Del encuentro participaron también el ministro de Economía bonaerense, Pablo López; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el Fiscal de Estado, Hernán Gómez; la presidenta del IPS, Marina Moretti; y el jefe de Gabinete del Ministerio de Economía provincial, Facundo Bocco Proietti.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, participó del programa Uno Tres Cinco, que se graba en los Estudios de Área 51 en La Plata, donde destacó el protagonismo que buscan tener los intendentes en la construcción de una nueva etapa del peronismo. Además, transmitió un mensaje de confianza hacia la militancia y sostuvo que habrá entendimiento entre Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Axel Kicillof y los principales referentes del espacio.

Granados integra junto a Federico Otermín, Federico Achával y Nicolás Mantegazza el sector conocido mediáticamente como “Grupo AFA”, un espacio que busca ganar influencia en la definición de candidaturas y estrategias de cara a los próximos procesos electorales.

“Todos tenemos que estar en la mesa de discusión, con la intención de ponernos de acuerdo pero, si no ocurre, ir a competir. No hay nada malo en una PASO. Los candidatos tienen que ser los mejores y no tengo dudas de que tienen que ser intendentes. Podemos ser la cuarta pata de la mesa para que no quede chueca”, afirmó durante la entrevista.

En ese sentido, explicó que el grupo atraviesa una etapa de crecimiento con el objetivo de consolidar un espacio propio dentro del peronismo, diferenciado tanto de La Cámpora como del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), aunque manteniendo una buena relación con ambos sectores.

“Queremos formar parte. Lo que viene por delante es con más intendentes, con dirigentes jóvenes como los que conformamos este grupo, con la idea de convocar a más compañeros y hacerles entender que la función de los intendentes es importante”, expresó.

El jefe comunal fue enfático al señalar que no están dispuestos a aceptar decisiones impuestas desde las conducciones partidarias. “No vamos a esperar que nos llamen un día para decirnos quiénes son los candidatos a competir. No vamos a aceptar el dedo de nadie”, sentenció.

Respecto al escenario electoral, consideró que las discusiones más profundas comenzarán una vez finalizado el Mundial de Fútbol y que recién el próximo año se conocerán los precandidatos de cada sector. Sin embargo, reconoció que actualmente el peronismo atraviesa dificultades para presentar una propuesta que genere entusiasmo entre los votantes.

“Hoy no mostramos muchas opciones producto de que internamente no estamos encontrando una alianza estratégica que nos permita entusiasmar a los vecinos”, analizó.

A pesar de las diferencias internas, Granados se mostró confiado en que los principales referentes del espacio lograrán alcanzar consensos. “Soy positivo: el encuentro entre Cristina y Axel, Máximo y Axel, y los actores principales va a estar. No es unidad hasta que duela, pero si no estamos unidos no tenemos posibilidad. Hay que tener una mirada generosa a la hora de planificar estrategias y elegir candidatos”, sostuvo.

Finalmente, evaluó el desdoblamiento electoral de 2025. Consideró que la medida tuvo resultados positivos para los municipios, aunque admitió que el balance cambia cuando se observa el desempeño en la elección nacional. En ese marco, cuestionó la falta de intendentes en las listas y anticipó que en los próximos meses habrá una fuerte presión de los jefes comunales para volver a separar los comicios.

“Lo más lógico sería adelantar la elección y lo máximo posible”, concluyó.

Al cumplirse un año del fallo de la Corte Suprema de Justicia que derivó en la detención de Cristina Fernández de Kirchner, distintos dirigentes del peronismo renovaron sus críticas al proceso judicial y denunciaron una persecución política contra la ex presidenta.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, calificó la condena como «una infamia» y aseguró que se trata de «una condena que venían preparando desde hace años».

En ese sentido, sostuvo que la denominada Causa Vialidad constituye «un fallo profundamente injusto» y cuestionó los fundamentos jurídicos utilizados para responsabilizar a la ex mandataria.

«Con la Causa Vialidad no solo estamos ante un fallo profundamente injusto y una persecución, sino que es absurdo el argumento jurídico», afirmó Kicillof.

El mandatario bonaerense remarcó que «no hay ninguna prueba que muestre ningún tipo de sobreprecios o que las obras no se hicieron» y señaló que «no hay ninguna explicación jurídica con alguna lógica para que recaiga contra Cristina, que era entonces Presidenta».

Además, consideró que el proceso judicial tuvo una motivación política. «Es un caso de estricta persecución: se condenó un delito que no existió», expresó.

Kicillof sostuvo que el objetivo fue «condenar una trayectoria política y tratar de amedrentar y disciplinar a quienes combaten a los sectores de poder», y apuntó contra lo que definió como un «partido judicial» que «protege esos intereses».

«Cristina fue víctima de una larguísima persecución»

Desde distintos sectores del peronismo señalaron que la condena contra Cristina Fernández formó parte de un proceso de persecución política y judicial que se extendió durante años.

«Un año atrás se consumó una enorme infamia a la vista de todos: la condena de Cristina dictada por sectores del Poder Judicial tan alejados de la Justicia como cercanos al poder real», expresaron.

Asimismo, cuestionaron que la sentencia se haya sustentado en el argumento de que la ex presidenta «no podía no saber», al considerar que se trata de un razonamiento «jurídicamente absurdo».

También advirtieron sobre el clima de hostilidad que rodeó a la ex mandataria y recordaron el intento de asesinato sufrido en septiembre de 2022, al tiempo que reclamaron avances en la investigación sobre los autores intelectuales del atentado.

Para el espacio político que conduce Cristina Fernández, la persecución judicial se vincula con un modelo económico que «destruye la industria nacional, pulveriza salarios y jubilaciones, recorta derechos sociales y laborales, y concentra la riqueza en cada vez menos manos».

«A un año de aquel fallo, ratificamos lo que verdaderamente no se puede no saber: Cristina es inocente y continúa injustamente detenida», sostuvieron.

Finalmente, remarcaron que «frente a cada injusticia y cualquier intento de disciplinar al campo popular, tenemos la obligación de defender la democracia y el derecho de nuestro pueblo a vivir dignamente, en una Argentina más justa».