La familia de Raúl Alfonsín decidió donar al Municipio de Chascomús la histórica casona que perteneciera al expresidente y que forma parte de la memoria viva de la ciudad que suma un hito histórico al “KM 0 de la Democracia”.

Los hijos del expresidente, Raúl, Ana María, Ricardo, Marcela, Inés y Javier Alfonsín, con la voluntad de que el inmueble permanezca vinculado a la comunidad y al legado democrático de quien fuera uno de los principales protagonistas de la recuperación de la democracia argentina.

Se trata de la casona ubicada en el casco histórico de Chascomús, donde Alfonsín transitó momentos de su vida y recibió a numerosas figuras del ámbito político e institucional del país. La emblemática vivienda ha sido, durante décadas, un punto de referencia para vecinos y turistas que buscan acercarse a la historia del expresidente y a una etapa fundamental de la vida democrática argentina.

Con esta donación, la familia expresa de manera concreta su voluntad de preservar la memoria histórica y la función pública del inmueble, incorporándolo al patrimonio de la ciudad y poniéndolo al servicio de las generaciones presentes y futuras.

La iniciativa adquiere una dimensión aún mayor al inscribirse en el programa municipal “Chascomús, Km 0 de la Democracia”, una política pública destinada a poner en valor la historia, el pensamiento y los principios democráticos vinculados a la figura de Raúl Alfonsín, proyectando a Chascomús como un centro de referencia cívica, educativa, cultural y de memoria institucional.

La Casa de Raúl será patrimonio de todos

De acuerdo con la voluntad expresada por la familia, la donación contempla un cargo institucional y permanente para preservar la memoria histórica y la función pública del inmueble y destinarlo al desarrollo de la Casa Alfonsín – Espacio Cultural y Patrimonial.

El espacio será concebido como un ámbito público de carácter histórico, patrimonial, cultural, artístico y educativo, orientado a la conservación, investigación, interpretación y difusión del legado del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín.

La propuesta busca promover también el conocimiento de la historia contemporánea argentina, los valores democráticos, la participación ciudadana, el pensamiento crítico y el desarrollo de las artes y la cultura como herramienta de encuentro y construcción colectiva.

En este marco, el inmueble podrá albergar una casa museo, un centro de interpretación, una biblioteca especializada, un archivo documental y salas para exposiciones permanentes y temporarias. También podrá ser sede de actividades artísticas, culturales, educativas, académicas y de investigación, conferencias, seminarios, presentaciones editoriales, conciertos, representaciones escénicas y programas educativos, entre otras iniciativas compatibles con los fines de preservación, difusión y puesta en valor del patrimonio histórico, cultural y democrático.

Un nuevo espacio para la memoria democrática

La incorporación de la vivienda al programa “Chascomús, Km 0 de la Democracia” suma una pieza insustituible para consolidar un recorrido histórico y cultural único.

Para otorgar plena eficacia jurídica y administrativa, la donación queda supeditada a su aprobación mediante Ordenanza Municipal, en los términos que establece la Ley Orgánica de las Municipalidades. Junto con la presentación que hicieron lo hijos e hijas de Raúl Alfonsín, fueron acompañadas copias del título de propiedad, del Reglamento de Copropiedad y Administración y de las declaratorias de herederos.

En los próximos días, el Departamento Ejecutivo enviará al Honorable Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza correspondiente para avanzar con la institucionalización formal de la recepción del inmueble y garantizar su preservación para las futuras generaciones.

La casa de Raúl Alfonsín se proyecta como patrimonio de todos los chascomunenses y como un nuevo símbolo de una ciudad que asume con orgullo su identidad de ser el “Km 0 de la Democracia”.

El traslado de una familia en situación de vulnerabilidad desde Azul hacia Tandil desató un fuerte conflicto entre ambos municipios. El intendente tandilense Miguel Lunghi envió una nota formal a su par de Azul, Nelson Sombra, para exigir explicaciones sobre el procedimiento y reclamar que la comuna de origen regularice la situación de la familia y asuma la asistencia correspondiente. El jefe comunal azuleño respondió con dureza.

Según explicó el Municipio de Tandil, el episodio ocurrió el pasado 13 de agosto, cuando una familia integrada por once personas fue trasladada desde Azul en un vehículo oficial y dejada en la estación de trenes de Tandil sin comunicación previa ni articulación entre las áreas sociales de ambas comunas.

Desde el gobierno de Lunghi calificaron como «grave» el procedimiento, especialmente porque entre los integrantes del grupo había menores de edad. Además, remarcaron que el municipio debió intervenir de manera inmediata para brindar alojamiento, asistencia alimentaria y atención sanitaria.

En la nota enviada a Sombra, el intendente solicitó que, en un plazo de 48 horas hábiles, Azul remita un informe detallado con los antecedentes de la familia, las intervenciones realizadas por las distintas áreas municipales y los fundamentos que motivaron el traslado.

También pidió identificar a los funcionarios que autorizaron el operativo, coordinar el retorno de la familia a Azul y reconocer los gastos que Tandil afrontó para asistirla desde su llegada.

Lunghi advirtió además que, en caso de no obtener una respuesta satisfactoria, el Municipio evaluará iniciar acciones administrativas, civiles e incluso penales.

La respuesta de Azul

La respuesta del intendente Nelson Sombra no tardó en llegar y fue contundente. En una extensa nota, rechazó las acusaciones y aseguró que los planteos formulados por Tandil «carecen de sustento fáctico y jurídico».

El jefe comunal explicó que la familia recibió asistencia municipal durante más de cuatro años y forma parte del programa de Emergencia Habitacional por Contaminación, destinado a familias asentadas en el sector conocido como Los Piletones.

Sombra sostuvo que el traslado no fue una decisión impuesta por el Municipio sino un pedido de los propios adultos del grupo familiar, quienes manifestaron su intención de radicarse en Tandil ante la posibilidad de conseguir trabajo y alojamiento.

En ese sentido, aclaró que la comuna únicamente facilitó el traslado mediante un vehículo oficial y rechazó que pueda hablarse de una «expulsión» o «deportación municipal».

El intendente también negó que se hayan vulnerado derechos de los menores y afirmó que el Servicio Local no registraba intervenciones que justificaran medidas especiales, ya que la responsabilidad parental era ejercida normalmente por los padres.

Asimismo, rechazó el reclamo económico formulado por Tandil para afrontar los gastos derivados de la asistencia brindada a la familia, al considerar que no existe base legal para trasladar esos costos entre municipios.

Propuso una mesa de trabajo conjunta

En el cierre de su respuesta, Sombra propuso conformar una mesa de trabajo entre ambos municipios para escuchar directamente a la familia y conocer cuál es su voluntad respecto del lugar donde desea residir.

Finalmente, sostuvo que cualquier decisión sobre el futuro del grupo familiar debe respetar su autonomía y el derecho de sus integrantes a elegir libremente dónde vivir, reafirmando el compromiso del Municipio de Azul de continuar acompañándolos si así lo requieren.

El Enduro del Invierno 2026 se correrá el 29 y 30 de agosto en Pinamar sobre un circuito de 3,2 kilómetros construido en plena playa pública entre los balnearios El Pájaro y Rada Beach. Ambientalistas denuncian que el municipio aprobó el evento sin estudio de impacto ambiental y advierten sobre daños irreversibles en uno de los sectores más frágiles del ecosistema costero. El organizador tiene vínculos estrechos con la familia Yeza.

La realización del Enduro del Invierno 2026 en Pinamar desató una fuerte polémica ambiental. A diferencia de lo que ocurría en Villa Gesell, donde la competencia se desarrollaba en un predio privado con acceso desde la ruta, el municipio autorizó la construcción de una pista de 3,2 kilómetros sobre una playa pública, en pleno sector urbano de la ciudad.

El circuito se extiende entre los balnearios El Pájaro y Rada Beach, paralelo a la Avenida del Mar, y demandó el ingreso de maquinaria pesada para modificar el relieve de la playa.

En diálogo con Todo Provincial, la presidenta de la Fundación Ecológica de Pinamar, Jenifer Pezzo, cuestionó duramente la decisión del gobierno de Juan Ibarguren.

«A diferencia de Villa Gesell, donde había un circuito privado autorizado, acá la pista se hizo en una playa pública ubicada en una zona urbana donde está prohibido circular con vehículos. Es el sector más vulnerable de todo el ecosistema costero», aseguró.

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Denuncian que no hubo estudio de impacto ambiental

La técnica oceánica con orientación en geología de costas sostuvo que el proyecto fue aprobado por el Concejo Deliberante la semana pasada sin contar con el estudio de impacto ambiental exigido para este tipo de intervenciones.

Según explicó, el director de Ecología municipal reconoció que la autorización se basó en un informe presentado por la propia empresa organizadora.

«De ningún modo lo presentado puede considerarse un estudio de impacto ambiental como corresponde», remarcó.

La especialista también cuestionó uno de los argumentos utilizados por el municipio para justificar el diseño del circuito.

«Dijeron que pidieron afectar solamente la playa frontal y no la playa distal donde están los médanos. Eso es una barbaridad porque justamente la playa frontal es la más frágil y donde existe mayor biodiversidad.»

«No es una intervención que después se acomoda sola»

Las obras comenzaron con el ingreso de tres palas mecánicas y una retroexcavadora para modelar el trazado que recorrerán cientos de motos y cuatriciclos durante el evento previsto para el 29 y 30 de agosto.

Para Pezzo, el impacto no desaparecerá cuando termine la competencia.

«Esto no se vuelve a acomodar. La compactación del suelo y la circulación de unos 500 vehículos generan un daño muy importante.»

Explicó que la compactación modifica la estructura natural de la arena y acelera los procesos erosivos.

«Si después rellenan la playa, la arena ya no recupera su esponjosidad. Con la primera sudestada se pierde gran parte del material.»

Además recordó que en Pinamar existen ordenanzas que prohíben remover arena y modificar la altimetría de las playas.

«Es contradictorio que después les pidan a los concesionarios cuidar los médanos cuando el propio municipio mete maquinaria pesada en una playa pública.»

Cuestionamientos a la política ambiental del municipio

La presidenta de la Fundación Ecológica también apuntó contra el discurso ambiental de la gestión local.

«Esta administración habla permanentemente de sustentabilidad y de proteger las playas frente a la erosión. Autorizar esta intervención no tiene ninguna lógica.»

A ello sumó otra preocupación vinculada a la seguridad sanitaria.

«En este tipo de competencias suele haber accidentes y el hospital de Pinamar no está preparado para atender casos de trauma de alta complejidad.»

Un organizador vinculado a la familia Yeza

La competencia desembarcará este año en Pinamar luego de que la empresa EDV Entertainment S.A. no lograra renovar el acuerdo que mantenía con el municipio de General Pueyrredón para organizar el Enduro del Invierno en Mar del Plata.

Según pudo averiguar Todo Provincial, al frente de la firma organizadora se encuentra Rodrigo Allue, quien durante años fue propietario de la cervecería Pinta junto al concejal Alejo Yeza, hermano del diputado nacional Martín Yeza, principal referente político del intendente Juan Ibarguren.

Mientras avanzan las obras para terminar el circuito, desde organizaciones ambientalistas advierten que la autorización podría sentar un precedente preocupante al habilitar la utilización de una playa pública protegida para un evento masivo con vehículos motorizados.