Los trabajadores de Cerro Negro, una de las compañías más grandes del sector ceramista, iniciaron hoy una huelga y llevan adelante un corte de la ruta nacional 226, en Olavarría. Las medidas de fuerza comenzaron esta mañana en rechazo de los 100 despidos que realizó la empresa ni bien venció la conciliación obligatoria que había ordenado el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

“Atento que en el día de la fecha finaliza la conciliación obligatoria, por la presente ratificamos que a partir del 24 de abril de 2025 queda ratificado el despido sin causa”, indicó Cerro Negro en los telegramas que envió al 25% de sus 400 trabajadores.

La empresa, que también tiene plantas en Campana y Córdoba, había tomado la decisión de despedir a sus trabajadores un día después de que el gobierno nacional logró que la Cámara de Diputados apruebe un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a libro cerrado.

“Son empresarios que empiezan a ver que es más conveniente importar que producir, pero el grupo económico ganó más de 65 mil millones de pesos. Tranquilamente podrían apostar a sostener el trabajo en todo el país, pero aunque les hablamos con el corazón, ellos contestan con el bolsillo”, dijo el abogado Carlos Zamboni Siri, asesor de la Federación de Obreros Ceramistas de la República Argentina (FOCRA).

La dueña de Cerro Negro es el holding argentino Sociedad Comercial del Plata SA, que tiene varias empresas con las que opera en los sectores de construcción, energía, agroindustria y negocios inmobiliarios.

En 2024, el holding tuvo ganancias por 66.420,5 millones de pesos. El 9 de diciembre de 2024, firmó con una de sus empresas, Destilería Argentina de Petróleo SA (DAPSA), un acuerdo con YPF para la comercialización de combustibles por 1.130 millones de dólares.

Ferrosur Roca, la empresa ferroviaria concesionada por el Grupo Loma Negra, que es su principal accionista, presentó ante el Ministerio de Trabajo un Procedimiento Preventivo de Crisis y temen que comiencen los despidos.

Según publicó Verte, la medida es idéntica a la que había presentado en abril de 2020, cuando la actividad industrial estaba prácticamente paralizada producto de las medidas restrictivas por la pandemia.

La presentación de la empresa fue realizada en el Ministerio de Trabajo de la Nación con el propósito de abrir un espacio de negociación ante la crisis.

El Procedimiento Preventivo de Crisis está previsto en la Ley de Empleo Nº 24.013 y prevé una negociación entre la empresa, el sindicato y el Gobierno antes de aplicar despidos o suspensiones basados en razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas que afecten a más del 15 por ciento de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores; a más del 10 por ciento en empresas de entre 400 y 1.000 trabajadores, y a más del 5 por ciento en empresas de más de 1.000 trabajadores.

La novedad genera preocupación entre los trabajdores y sus familiares e impacta especialmente en Olavarría, que en las últimas semanas viene sufriendo importantes despidos masivos.

Ferrosur opera desde 1993 la concesión del transporte ferroviario de cargas en más de 3 mil kilómetros de vías de trocha ancha del ex Ferrocarril Roca, que atraviesa las provincias de Neuquén, Río Negro, sur de La Pampa y Buenos Aires.

Las concesiones de estas vías vencieron en 2023 pero el gobierno nacional de ese entonces la extendió en forma preventiva por 18 meses, a pesar de la evidente falta de inversión que provocó un grave deterioro de la infraesctura ferroviaria.

El cierre definitivo de la Fábrica de Bolsas Industriales (FABI) en Hinojo dejó a toda la comunidad de Olavarría en shock. La decisión de la multinacional chilena CPMC implica la pérdida de 100 puestos de trabajo directos y al menos 50 empleos indirectos, según informó Sergio Urrutia, integrante del Sindicato de Papeleros de Olavarría, en diálogo con Todo Provincial.

“Somos como mínimo 150 personas sin trabajo. A los trabajadores de planta hay que sumarles los tercerizados: mantenimiento, limpieza, comedor, talleres externos. Todos quedamos afuera”, lamentó Urrutia.

El cierre fue sorpresivo, sin previo aviso, a pesar de que la planta aún contaba con material disponible para continuar la producción. “En el momento en que nos estaban comunicando el cierre, estaban llegando camiones desde Brasil con bobinas de papel. Ni siquiera les avisaron que no vinieran. Fue intempestivo”, contó.

La decisión fue tomada por el grupo chileno CPMC, uno de los holdings papeleros más grandes de Latinoamérica, con presencia en Chile, Argentina, Brasil, Perú, México y Europa. En Argentina, además de FABI, poseen la Papelera del Plata, con operaciones en Buenos Aires y grandes extensiones forestales en Misiones.

Según Urrutia, la empresa no sólo cerrará FABI sino que desmantelará por completo la planta y trasladará toda la maquinaria a Chile. “Extraoficialmente nos llegó que ofrecieron fabricarles bolsas desde Chile a nuestros principales clientes, como Cementos Avellaneda y Loma Negra. Fabricar afuera y traer el producto a Argentina”, señaló.

El contexto económico nacional, la caída de ventas y la flexibilización de las importaciones serían factores clave en la decisión. “Les sale más barato producir en Chile. Acá no quieren seguir”.

FABI tiene 65 años de historia en Hinojo, localidad que conta con menos de 3 mil habitantes. En su mejor momento llegó a tener 250 empleados y fue durante décadas la principal fuente laboral del pueblo ubicado a 20 kilómetros de Olavarría. “La compró esta empresa chilena en los años 90. Antes eran propietarios de la zona. Hoy somos simplemente un numerito para ellos”, expresó con tristeza.

El golpe no es sólo económico sino también simbólico. El retiro de maquinaria hace suponer que no habrá vuelta atrás. “Lo más probable es que no vuelva a funcionar nunca más”. Además, para Olavarría es el segundo despido masivo en pocos días luego del cierre de la línea de pisos de Cerro Negro.

Desde el sindicato, la situación es frustrante. “Legalmente no podemos hacer nada. Pagan la indemnización completa más un 15% adicional. El Ministerio de Trabajo también nos dijo que, si cumplen con eso, pueden hacer lo que quieran”, detalló Urrutia.

La empresa comenzó a hablar de forma individual con cada trabajador para cerrar acuerdos. Si no se llega a un arreglo, los telegramas de despido llegarán el viernes. “La mayoría ya se dio por vencida. Muchos aceptan porque necesitan el dinero. Hoy no te alcanza para mucho, pero es algo”.

Detrás de cada despido hay una historia. “Hay gente con más de 40 años de fábrica, y chicas que entraron hace un mes. Yo tengo 59 años y 29 trabajados. Me faltaban años para jubilarme. Hay de todo”, relató.

Para cerrar, Urrutia comentó que la empresa contrató una consultora privada que brindará asesoramiento financiero y capacitación para la reinserción laboral. “Es una lavada de culpa disfrazada. Te enseñan cómo gastar tu indemnización y cómo armar un currículum. Pero el daño ya está hecho”.