Trabajadoras y trabajadores de la Universidad Nacional de Luján se expresaron masivamente este martes frente a la Sede Central de la UNLu, reclamando al gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso hace 224 días.

Las y los Nodocentes se manifestaron sobre los carriles centrales del enlace entre las rutas 5 y 7. Con banderas del sindicato ATUNLu, bombos, y carteles pidieron Presupuesto para Educación. En el Puente Control, una gran banderola sintetizó la exigencia: “Milei cumplí con la Ley”.

Las y los automovilistas, que debieron circular por las dársenas laterales, se sumaron en gran medida a la protesta universitaria, haciendo sonar sus bocinas. De buen grado, recibieron volantes en los que se les detallaban las razones de la lucha y la solicitud a la Corte para que se expida al respecto.

En el cierre de la potente actividad de visibilización, el secretario general de ATUNLu, Juan Ramos, se dirigió mediante un megáfono a sus compañeras y compañeros: “Estoy muy orgulloso de la capacidad de movilización de nuestro sindicato, unidos vamos a ganar esta pelea”, exclamó.

El conflicto tendrá su continuidad con un paro de 48 horas dispuesto por la Federación del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) para el miércoles 3 y el jueves 4 de junio, sin asistencia a los lugares de trabajo.

El diputado bonaerense de Unión por la Patria, Ariel Archanco, presentó un proyecto para modificar el Código Penal con el objetivo de establecer criterios más estrictos para las excarcelaciones de imputados por violencia de género, especialmente en aquellos casos donde existan antecedentes de incumplimiento de restricciones de acercamiento.

El legislador explicó que la iniciativa no surgió a raíz de un caso puntual reciente, sino que venía siendo trabajada a partir de los reclamos de mujeres víctimas de violencia en la ciudad de La Plata, quienes denunciaban reiteradas violaciones de las medidas perimetrales por parte de sus agresores.

“Recibimos planteos de mujeres violentadas que hicieron las denuncias, los victimarios tenían la perimetral pero las seguían acosando”, señaló Archanco al fundamentar la propuesta.

Según explicó, el proyecto busca brindar nuevas herramientas a la Justicia mediante la modificación de dos artículos del Código Penal para que los jueces deban contemplar determinados criterios antes de conceder una excarcelación en causas vinculadas a violencia de género.

Entre los aspectos que se pretenden incorporar figuran la existencia de antecedentes de violencia contra la misma víctima, el incumplimiento de medidas de restricción de acercamiento y la evaluación de riesgo realizada por los equipos técnicos correspondientes.

De acuerdo con datos citados por el legislador, durante el año pasado la Justicia bonaerense registró más de 146 mil denuncias por violencia de género, de las cuales unas 18 mil estuvieron relacionadas con la violación de restricciones de acercamiento.

“La Justicia recibe la denuncia, la procesa, pero después no hay un aparato que pueda contener la medida impuesta y un sistema que le garantice a la víctima la protección necesaria”, advirtió.

La iniciativa apunta a unificar criterios para que los magistrados evalúen el riesgo que representa el agresor antes de otorgarle la libertad durante el proceso judicial, especialmente cuando existan antecedentes de incumplimiento de medidas de protección dictadas en favor de la víctima.

De avanzar en la Legislatura bonaerense, el proyecto incorporaría nuevas condiciones para analizar las excarcelaciones en causas de violencia de género, poniendo el foco en la protección de las víctimas y en la prevención de situaciones de riesgo.

El Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén resolvió extender por 18 meses la concesión de Terminal Quequén S.A., la empresa encargada de operar los elevadores del puerto, una decisión que generó fuertes cuestionamientos por parte de la Asamblea Popular por la Soberanía de Puerto Quequén, que reclamó la intervención del organismo y la recuperación estatal de las instalaciones.

La medida fue aprobada por mayoría agravada del Directorio y permitirá que la firma continúe al frente de la terminal a partir del 1 de junio, cuando vencía la prórroga vigente. La nueva extensión regirá hasta fines de 2027, hasta el final del segundo mandato de Axel Kicillof como gobernador bonaerense.

El presidente interino del Consorcio, Mariano Carrillo, confirmó la decisión y explicó que la prórroga responde a la necesidad de realizar obras de recuperación en instalaciones que presentan un importante deterioro.

“Era necesaria una prórroga porque todos sabemos que hubo un derrumbe meses atrás y porque se trata de instalaciones prácticamente centenarias, con más de 80 años de antigüedad, que necesitan una intervención urgente”, sostuvo.

Terminal Quequén: prórroga antes de una licitación por 30 años

Carrillo explicó que dentro del Directorio existieron distintas posiciones respecto al plazo de extensión. Según señaló, tanto él como sectores vinculados al gobierno provincial impulsaban una prórroga más breve para acelerar el proceso licitatorio.

“Entendíamos que tenía que ser un plazo más corto para poder agilizar y asegurar la licitación pública internacional de una concesión por 30 años. Pero la mayoría del Directorio consideró que hacía falta más tiempo y finalmente se terminó aprobando una extensión de 18 meses”, indicó.

El titular del ente portuario aclaró que la continuidad de Terminal Quequén estará sujeta al cumplimiento de un cronograma obligatorio de inversiones por parte del conglomerado de grandes agroexportadoras que maneja el elevador desde los ’90.

“No es una gracia que da el directorio. La empresa tiene que cumplir con un plan de obras muy importante porque estamos hablando prácticamente de una puesta nueva de las instalaciones”, remarcó.

Además, aseguró que el objetivo sigue siendo avanzar hacia una licitación pública internacional que otorgue una concesión de largo plazo y termine con el esquema de sucesivas prórrogas.

“En el medio debe haber licitación. No es que puede haber. Tiene que haber”, enfatizó.

Preparan una concesión por 30 años

Carrillo confirmó que ya existen avances técnicos para la elaboración de los futuros pliegos licitatorios, aunque aún resta definir aspectos económicos centrales vinculados al canon, las inversiones iniciales y la ecuación financiera del proyecto.

“Los pliegos están confeccionados desde lo técnico. Ahora falta evaluar el corazón del proceso, que es la parte económica y financiera. Estamos hablando de inversiones millonarias y de una concesión por 30 años”, explicó.

Según estimó, durante los próximos meses el expediente será evaluado por organismos locales y provinciales antes de autorizar el llamado a licitación.

También señaló que, debido a su condición de presidente interino, necesitará autorización expresa del gobierno bonaerense para encabezar un proceso licitatorio de esa magnitud.

“Una licitación por 30 años excede claramente el marco de una presidencia interina. La Provincia deberá decidir si designa un presidente permanente o si me autoriza formalmente para avanzar con ese proceso”, afirmó.

La Asamblea Popular pidió intervenir el Consorcio

Tras conocerse la decisión, la Asamblea Popular por la Soberanía de Puerto Quequén que viene luchando por la re-estatización de la principal terminal de granos del puerto difundió un duro documento en el que cuestionó la extensión de la concesión y reclamó la intervención inmediata del Consorcio.

La organización sostuvo que la prórroga constituye un reconocimiento implícito de que la empresa no cumplió adecuadamente con las tareas de mantenimiento durante las más de tres décadas que lleva al frente de la terminal.

Además, consideró que la extensión beneficia a intereses privados en detrimento del patrimonio público y advirtió que el nuevo plazo excede el mandato del actual gobierno provincial.

La Asamblea reclamó al gobernador Axel Kicillof la intervención del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, la remoción de sus actuales autoridades y el inicio de un proceso de recuperación estatal de las instalaciones y de la operatoria comercial.

Según plantearon, las instalaciones portuarias constituyen un recurso estratégico para la soberanía económica y el comercio exterior de la provincia y del país.