Tal como lo encomendó el presidente Javier Milei en un reciente encuentro de La Libertad Avanza, el flamante jefe de Gabinete Diego Santilli negocia en el Senado para convertir en ley la reforma al Régimen de Zona Fría que reduce los subsidios al gas. La modificación que ya obtuvo media sanción en Diputado afectaría a 94 municipios en la provincia de Buenos Aires.

Mientras gran parte de la provincia de Buenos Aires atraviesa una de las olas polares más intensas de los últimos años, el Gobierno de Javier Milei acelera en el Senado el tratamiento del proyecto que modifica el régimen de Zona Fría, una iniciativa que podría dejar a 1.240.000 hogares bonaerenses sin los descuentos actuales en las tarifas de gas.

El encargado de reunir los apoyos legislativos es el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien mantuvo un encuentro con bloques aliados de La Libertad Avanza junto a Patricia Bullrich para intentar destrabar la aprobación de la iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

«Tengo confianza en que se va a convertir en ley», aseguró Santilli tras la reunión, aunque el oficialismo todavía no tendría asegurados los votos necesarios en la Cámara Alta.

Qué cambia con la reforma de la Zona Fría

Actualmente, los usuarios incluidos en el régimen reciben bonificaciones del 30% o del 50% sobre el total de la factura de gas.

La reforma impulsada por el Gobierno modifica ese esquema: el descuento dejaría de aplicarse sobre la factura completa y pasaría a calcularse únicamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que representa apenas una parte del monto final que pagan los usuarios.

En consecuencia, aun quienes continúen dentro del régimen recibirán un beneficio mucho menor y afrontarán aumentos en sus facturas.

Para los 94 municipios bonaerenses alcanzados por la modificación, el descuento efectivo podría reducirse a alrededor de un 15% del total de la boleta, muy por debajo de los beneficios actuales.

La iniciativa busca generar un ahorro fiscal cercano a 250 mil millones de pesos.

Ola polar y rechazo de intendentes

El avance del proyecto coincide con temperaturas bajo cero en buena parte del territorio bonaerense.

Durante las últimas horas se registraron mínimas de -4,8°C en Coronel Suárez, -4,5°C en Bolívar, -3,3°C en Las Flores, -2,2°C en Azul, además de registros negativos en Benito Juárez, 9 de Julio, Junín, Trenque Lauquen y La Plata, entre otras ciudades.

En ese contexto, intendentes de distintos distritos, entre ellos Olavarría, Bahía Blanca, Tres Arroyos, Coronel Suárez, Pehuajó, Saladillo, Villa Gesell y Castelli, reclamaron que no se eliminen los beneficios del régimen.

A su vez, en numerosas ciudades bonaerenses se impulsaron campañas de recolección de firmas encabezadas por las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) y organizaciones de defensa de usuarios para rechazar la modificación.

La negociación en el Senado

El principal obstáculo para el oficialismo pasa por conseguir el respaldo de senadores vinculados a los gobernadores del Norte Grande.

Esos legisladores plantearon la necesidad de crear una «zona cálida» que contemple subsidios a la electricidad durante el verano para las provincias del norte, aunque ese reclamo todavía no fue incorporado al proyecto.

Mientras tanto, también surgieron resistencias desde provincias tradicionalmente incluidas en el régimen, como Mendoza, donde incluso dirigentes del radicalismo cuestionaron la iniciativa al considerar que provocaría fuertes aumentos en las facturas de gas.

La nueva concesionaria Corresur comenzó a operar los corredores que incluyen las rutas nacionales 3, 205 y 226. Su primer anuncio se limita a trabajos de mantenimiento y a la digitalización de los peajes, sin mencionar autopistas, autovías o ampliaciones de calzada en corredores con alta siniestralidad.

La empresa Corresur asumió este 1° de julio la concesión de uno de los principales corredores viales del país, integrado por las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas y Jorge Newbery, además de las rutas nacionales 3, 205 y 226, que atraviesan buena parte de la provincia de Buenos Aires.

La compañía difundió un comunicado para presentar el inicio de la concesión, pero el contenido terminó confirmando una de las principales preocupaciones que venían planteando especialistas en infraestructura vial: las primeras inversiones estarán destinadas únicamente a tareas de conservación y mantenimiento, sin anuncios de obras estructurales que permitan mejorar la seguridad de rutas donde los choques frontales continúan cobrando vidas cada año.

Según informó Corresur, desde el primer día se pusieron en marcha nueve frentes de trabajo para ejecutar bacheo superficial y profundo, sellado de grietas, reparación de banquinas, reposición de cartelería, demarcación horizontal, limpieza de alcantarillas, semaforización y recambio de defensas metálicas.

Es decir, las obras anunciadas corresponden al mantenimiento básico que cualquier concesión debería garantizar, pero no incluyen la construcción de autopistas, autovías, terceros carriles, variantes o intervenciones que modifiquen la infraestructura actual de los corredores.

Más tecnología para cobrar peajes que para mejorar las rutas

Paradójicamente, el aspecto al que Corresur dedica mayor desarrollo en su presentación oficial no son las obras viales sino la modernización del sistema de cobro.

La empresa confirmó que desde el inicio de la concesión desaparece el pago en efectivo en las estaciones de peaje de Agüero, Tristán Suárez, Uribelarrea, Cañuelas e Hinojo. Los usuarios deberán utilizar TelePASE, tarjetas contactless, códigos QR o billeteras virtuales, mientras que quienes no cuenten con esos medios deberán regularizar el pago posteriormente a través de internet.

La decisión acelera la digitalización del sistema, pero también deja en evidencia cuál parece ser la prioridad de la nueva etapa: modernizar la recaudación antes que transformar la infraestructura vial.

Una privatización con más interrogantes que certezas

El Gobierno nacional presentó estas concesiones como el inicio de una nueva etapa para la red vial nacional. Sin embargo, el primer comunicado de la empresa no menciona inversiones de gran escala, pese a que las rutas concesionadas arrastran desde hace décadas reclamos por obras que nunca llegaron.

La Ruta Nacional 3 continúa esperando la extensión de la autovía hacia el sur bonaerense; la Ruta 226 mantiene numerosos tramos con alto riesgo de siniestros y la 205 también presenta sectores donde distintos municipios reclaman mejoras estructurales.

Nada de eso aparece entre las prioridades difundidas por Corresur.

Privatización de las rutas: «Volver a los ’90 pero peor»

Meses atrás, el coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), Ricardo Lasca, había anticipado a Todo Provincial que el nuevo esquema de concesiones implicaba «volver a los ’90, pero peor».

Su principal advertencia apuntaba justamente a lo que ahora quedó plasmado en el primer anuncio de la concesionaria.

«Lo único previsto es corte de pasto, bacheo y mantenimiento. No hay autopistas, no hay autovías ni obras que reduzcan los accidentes frontales. Es maquillaje vial«, había señalado.

Lasca también cuestionó que el sistema avance hacia una expansión del cobro de peajes sin exigir inversiones equivalentes en infraestructura.

Mientras tanto, el Estado nacional continúa recaudando miles de millones de pesos a través del Impuesto a los Combustibles, creado originalmente para financiar obras viales.

Con este escenario, la nueva privatización comienza con una certeza: habrá mantenimiento, habrá peajes más modernos y completamente electrónicos, pero las grandes obras que desde hace años reclaman los usuarios de las rutas nacionales siguen sin aparecer.

El gobernador Axel Kicillof encabezó este viernes una reunión con referentes del Movimiento Derecho al Futuro en la sede de La Patria es el Otro, en la ciudad de La Plata, donde convocó a fortalecer la construcción política del espacio y aseguró que el desafío es ofrecer una alternativa frente al actual escenario nacional.

“Nuestras tareas principales son muy claras: tenemos la obligación de gobernar, cuidar a nuestro pueblo y darle cuerpo a la construcción de una alternativa política que esté en condiciones de recuperar la Nación”, afirmó el mandatario bonaerense durante el encuentro.

Kicillof sostuvo que el espacio debe adaptarse al nuevo contexto sin perder sus principios. “El desafío es innovar, reinterpretar y reconfigurar nuestras mejores experiencias para ofrecerle a la sociedad una alternativa real frente a la compleja coyuntura que estamos atravesando”, señaló.

«Tenemos que volver a entusiasmar a la sociedad»

Durante la reunión, el gobernador cuestionó las políticas del Gobierno nacional y advirtió sobre el impacto que tienen en la provincia de Buenos Aires.

“Nos enfrentamos a una política que recorta los fondos de nuestra provincia y amenaza la democracia: frente a ello, debemos oponer un profundo trabajo de reflexión, participación y militancia”, expresó.

En el cierre de su intervención, Kicillof llamó a reconstruir la confianza de la ciudadanía.

“Tenemos que volver a entusiasmar a la sociedad y ganar su confianza con sensatez, coherencia y trayectoria, demostrando que es con justicia social, soberanía e independencia como vamos a sacar al país adelante”, concluyó.

Del encuentro participaron integrantes del Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF) y referentes de las áreas de Producción, Universidad y Ciencia, Educación, Internacional, Salud, Trabajadores, Mujeres y Diversidades, Cultura, Deportes, Derechos Humanos, Organizaciones y Juventudes.