Con fecha del pasado viernes, Vialidad Nacional respondió a la presentación judicial impulsada por la Municipalidad de Azul, en la que el gobierno local reclamaba por el abandono de la traza de la Ruta Nacional 3 a su paso por el distrito.

La contestación, firmada por el apoderado del organismo Leandro Sverdlik, rechaza que la Dirección Nacional de Vialidad “haya decidido el abandono y la falta de servicios de la Ruta Nacional N° 3, particularmente el tramo que atraviesa el Partido de Azul”.

También niega que esa supuesta omisión tenga impacto negativo sobre el Municipio o vulnere derechos constitucionales. “Niego que la Ruta Nacional 3 en el tramo que atraviesa el partido de Azul presente un deterioro significativo y que en su circulación sean frecuentes siniestros viales que hayan provocado la muerte y lesiones de muchas personas”, sostiene el documento.

El escrito argumenta además que la siniestralidad vial se debe “a la negligencia, impericia y/o imprudencia del usuario conductor, y/o a la mala conservación de los vehículos que circulan por la calzada”, y descarta la existencia de “una gran cantidad de roturas y pozos en el pavimento”.

El tramo más llamativo de la respuesta se centra en la discusión sobre el rol del Estado en el mantenimiento de las rutas. El representante de Vialidad afirma: “Niego que el mantenimiento de las vías de circulación corresponda indudablemente de manera exclusiva al Estado Nacional. En todo caso, se trata de una afirmación discutible de un paradigma claramente en crisis de lo que debería ser el Estado”.

Y agrega: “Esta discusión fue zanjada en las últimas elecciones presidenciales, en las que venció la candidatura que propuso la abolición de la obra pública y que planteó que la infraestructura debe ser administrada por el mercado y según las necesidades empresariales del ámbito privado”.

El funcionario incluso recordó que “el candidato que propuso la inhabilitación del Estado para intervenir en rutas nacionales obtuvo en Azul más del 57% de los votos”.

“Niego que actualmente no exista un servicio de mantenimiento, infraestructura y seguridad razonable que permitan una adecuada circulación vehicular”, concluye el texto.

El documento, presentado ante el Juzgado Federal N° 2, avanza también en precisiones sobre el futuro del corredor vial. Sostiene que “no se abandonó el proyecto de autopista” y que existen “expectativas de ejecución en el corto plazo”.

Bajo el título “La verdad de los hechos”, Vialidad argumenta que la actual gestión se encuentra “en una etapa de transición”, pero asegura que pronto “se celebrará un contrato de concesión de obra pública del tramo sur, cuyo proceso está en plena tramitación”.

La respuesta detalla que el tramo comprendido entre la Rotonda de Cañuelas y la intersección con la Ruta 226 integra el Tramo VII, actualmente bajo concesión de Corredores Viales S.A., aunque la sección Km 244 al Km 307 está afectada al Contrato de Obra ORI, a cargo de CV1 Concesionaria Vial S.A.

Ese contrato contemplaba tareas de bacheo profundo, sellado de grietas y microaglomerado en frío, aunque —según reconoce el propio documento—, tras la asunción de Javier Milei, “en cumplimiento de sus propuestas de campaña, la nueva gestión limitó y luego extinguió la inversión en obra pública general y vial en particular”.

Mientras tanto, las tareas de mantenimiento continúan “bajo responsabilidad de la contratista CV1”, hasta que el tramo sea formalmente transferido a Corredores Viales S.A., que deberá garantizar mantenimiento, conservación y seguridad vial.

Finalmente, Vialidad informó que la Secretaría de Transporte de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía, tramita un proceso de licitación para la concesión o privatización de la Red Federal de Concesiones, que abarca cerca del 30% de la red nacional.

Entre los tramos incluidos figura el corredor sur que atraviesa el Partido de Azul, cuyo proceso “ya fue lanzado” y cuya adjudicación y firma de contrato se prevén para fines de este año o principios del próximo.

“Como los candidatos del Gobierno nacional no pueden recorrer la provincia para pedir el voto después de haber ajustado a los que menos tienen, lo hacen extorsionando a nuestro pueblo desde Estados Unidos: sepan que el 26 de octubre nadie se va a asustar y vamos a votar a Fuerza Patria con la cabeza en alto, pensando en el desarrollo y en el futuro”, afirmó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al encabezar este miércoles un acto junto al dirigente Jorge Taiana en el municipio de Ezeiza.

Participaron también la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y de Trabajo, Walter Correa; el intendente Gastón Granados; y la presidenta del Concejo Deliberante local, Dulce Granados.

“Javier Milei recorre el exterior para poner la Argentina en venta: nada de lo que busca es para mejorar la situación de las familias que tanto están sufriendo las consecuencias de sus políticas”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Al contrario, nuestra gestión siempre fue estar en el territorio para dar respuestas: no cambio ni un minuto en los barrios junto a los trabajadores y los empresarios pymes de la provincia por ningún flash ni abrazo de presidentes extranjeros”.

Por su parte, Taiana remarcó: “Milei tiene el objetivo de destruir la industria, el empleo, la educación y hambrear a jubilados y trabajadores para convertir a la Argentina en un país dócil para las potencias extranjeras”. “Los candidatos de Fuerza Patria no lo vamos a permitir, tenemos el compromiso de que jamás votaremos algo que perjudique al pueblo: creemos en un Estado presente y cercano a la comunidad para mejorar sus condiciones de vida”, señaló.

Durante la jornada, las autoridades recorrieron los avances de obra de la Casa de la Provincia ubicada en el Parque Central de Ezeiza. A partir de una inversión de $3.545 millones, el nuevo edificio permitirá brindar una atención más eficiente al centralizar los trámites y prestaciones de ARBA, IOMA, el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Trabajo en un solo lugar.

“El 7 de septiembre las y los vecinos de Ezeiza decidieron seguir por el camino del progreso, del trabajo y de la defensa a la educación pública que encabeza el Gobernador: el próximo 26 de octubre vamos a terminar de frenar al Gobierno nacional que tanto daño le está haciendo al pueblo bonaerense”, sostuvo Granados.

Por último, Kicillof concluyó: “Venimos a Ezeiza con la tranquilidad de saber que, aún en las condiciones más difíciles, llevamos adelante políticas a favor del pueblo y de que en octubre contamos con los mejores candidatos para seguir defendiendo la salud, la educación y el trabajo de los y las bonaerenses”.

Estuvieron presentes también el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard; los subsecretarios de Gestión Operativa de la Jefatura de Asesores, Juan Pablo Cusa; y de Relaciones del Trabajo, Andrés Rodríguez Reveles; el presidente de Provincia Net, Juan Ignacio Balasini; y los dirigentes Jorge Devoto y Pedro Wasiejko.

La abogada Valeria Carreras presentó una denuncia penal contra el Presidente tras sus dichos en una entrevista con Luis Majul, en los que habría reconocido una injerencia política en la condena a la exmandataria. “Esto confirma que Cristina fue condenada por una decisión política”, sostuvo Carreras en diálogo con Cueste lo que Cueste.

“Anoche, al ver la entrevista, dije: ‘No, esta es la confesión de que Cristina fue condenada por una decisión política’. Esto corrobora que se trató de una persecución para proscribirla”, señaló Carreras, quien denunció en el escrito la confesión del delito de “abuso de autoridad”, según el artículo 248 del Código Penal, ya que “él no es juez ni poder judicial, y se está arrogando atribuciones que no le competen”.

En este sentido, remarcó que los dichos de Milei “atentan directamente contra la división de poderes”, y recordó que el mandatario “desde que asumió viene ninguneando al Congreso, vetando leyes y anunciando que no acatará decisiones legislativas”.

La letrada detalló además que en la presentación judicial pidió copias para tramitar la nulidad de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, y que envió la documentación al abogado defensor de la expresidenta, Carlos Beraldi. “Con esto queda probado que los jueces no decidieron en base a la prueba ni al derecho, sino por una orden política, como lo dice Milei en la entrevista”, aseguró.

Respecto al impacto institucional de los dichos del Presidente, sostuvo que “no sólo hay una responsabilidad social, sino penal”. “Yo pido que se convoque a los miembros de la Corte Suprema a rendir explicaciones. Durante el macrismo vivimos lo que era la mesa judicial, pero nunca nadie lo había dicho tan abiertamente”, afirmó.

“El caso de Cristina se resolvió en menos de 40 días. En cambio, el recurso de Cavallo lleva 24 años. Eso muestra las reglas claras que tenemos”, ironizó, al comparar la celeridad del fallo contra la exmandataria y la lentitud en otras causas.

En la nota, la abogada puso en evidencia el papel que debe asumir la justicia frente a la evidencia y lo que debe manifestar si es que está libre de culpa y cargo.