La empresa Alijor, dedicada a la producción de tapas de tarta y empanadas en su planta de Garín, Escobar, atraviesa un fuerte conflicto laboral luego de que sus 160 trabajadores denunciaran el pago de salarios en hasta 8 cuotas, además de deudas acumuladas por vacaciones y el cierre del comedor de la planta.

“Durante un mes y medio incluso, no nos depositaron nada y después de que marchamos a la casa del dueño, recién ahí nos pagaron lo adeudado”, denunció Nicolás Viñas, trabajador de la firma y delegado congresal ante el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).

“Nos están pagando salarios en 8 cuotas, nos deben las vacaciones y hace un año y medio que nos cerraron el comedor”, agregó el delegado, al describir el deterioro de las condiciones laborales.

Según explicó Viñas, la situación se fue agravando de manera progresiva: “Este problema empezó hace dos años cuando comenzaron a pagar los salarios en dos partes, después pagaron en 4, en 5 y hasta en 6 veces. A partir de marzo de este año ese fraccionamiento se fue ampliando hasta llegar a la situación actual, en la que cobramos en 8 cuotas el salario. Así es imposible hacerse cargo de las deudas, el alquiler y todas las obligaciones que tenemos”.

La empresa, ubicada en Garín y con más de 40 años de trayectoria, no solo produce productos bajo su propia marca sino que también elabora panificados para La Salteña.

Viñas, que lleva 22 años en la empresa, advirtió que la situación impacta de lleno en la vida cotidiana de los trabajadores y sus familias, en un contexto donde los ingresos llegan de manera fragmentada e imprevisible.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó un nuevo esquema de recalificación docente que establece restricciones para aquellos trabajadores afectados por enfermedades vinculadas al uso de la voz, con el objetivo de preservar su salud laboral y garantizar su continuidad en el sistema educativo.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Conjunta 1750/2026, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a docentes que hayan atravesado procesos de recalificación profesional por patologías vocales.

Qué cargos quedan restringidos y cómo impacta en la actividad

La normativa determina qué funciones serán consideradas de “sobrecarga en el uso de la voz”, es decir, aquellas que implican un uso forzoso y continuo.

En ese marco, los docentes recalificados no podrán desempeñarse en esos cargos, aunque sí podrán continuar en otras tareas que no impliquen ese riesgo, siempre que exista una evaluación favorable de aptitud laboral residual.

Además, se fijaron límites específicos para su participación en actividades de continuidad pedagógica. Estas solo podrán realizarse en situaciones excepcionales y no deberán superar las seis horas semanales ni doce horas mensuales.

También se estableció que las autoridades jerárquicas deberán respetar estas condiciones en todas las instancias laborales y administrativas.

Evaluaciones médicas y condiciones para nuevas designaciones

Las evaluaciones estarán a cargo de la Dirección de Salud Ocupacional, dependiente de la Secretaría General bonaerense.

Para acceder a las mismas, los docentes deberán presentar DNI, recibo de sueldo, estudios médicos actualizados y el acta de recalificación emitida por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

La resolución contempla que, luego de seis meses, los trabajadores podrán solicitar una nueva evaluación para revisar su aptitud y eventualmente acceder a otros cargos que no representen riesgo.

Asimismo, quienes aspiren a nuevas designaciones deberán realizar un examen psicofísico que acredite sus condiciones laborales.

Una medida orientada a la salud laboral docente

Desde el Ejecutivo bonaerense señalaron que la iniciativa busca proteger la salud laboral docente y garantizar la reinserción de quienes hayan visto afectada su capacidad psicofísica por enfermedades profesionales.

En ese sentido, se remarcó que la reubicación en nuevos cargos no afectará la continuidad de los tratamientos médicos derivados de estas patologías.

La normativa se apoya en criterios de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que reconoce a la docencia como una actividad especialmente expuesta a problemas derivados del uso intensivo de la voz.

En medio de la crisis financiera que atraviesan los municipios bonaerenses por la caída de la recaudación y la coparticipación, se abrió un fuerte conflicto sindical por el sistema de recolección de residuos en la provincia de Buenos Aires. FESIMUBO pidió que el servicio sea «re municipalizado» y el Sindicato de Camioneros salió al cruce.

El secretario general de FESIMUBO, Hernán Doval, planteó la necesidad de “remunicipalizar” el servicio en los 135 municipios bonaerenses y aseguró que, cuando la tarea es realizada por trabajadores municipales, el costo se reduce “a un tercio” respecto de las concesiones privadas.

“La mayor parte de la plata de los municipios se va en las empresas privadas de recolección de residuos”, sostuvo Doval, quien además cuestionó que muchos intendentes argumenten falta de recursos mientras continúan tercerizando servicios.

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Doval pidió “reestatizar” el servicio de residuos

El dirigente municipal señaló que desde la Internacional de Municipales vienen impulsando la “reestatización” de distintos servicios públicos y aseguró que la recolección de residuos es uno de los sectores donde más podrían ahorrar los municipios.

“En los municipios donde se municipalizó la recolección y la hacen trabajadores propios baja un tercio el gasto. Ahí los intendentes tienen una forma de conseguir más recursos”, afirmó.

Doval remarcó además que la caída de la coparticipación está vinculada al derrumbe de la actividad económica y la baja recaudación tributaria. “No puede ser que solo digan que no tienen plata y que los trabajadores municipales sigan cobrando salarios de miseria”, expresó.

Actualmente, la mayoría de los municipios medianos y grandes de la provincia tienen el servicio de recolección concesionado, aunque algunas han avanzado con esquemas mixtos y otras lo realizan de manera totalmente municipal como Ensenada.

Pablo Moyano salió al cruce: “No lo vamos a permitir”

Las declaraciones generaron una inmediata respuesta del secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, quien acusó a Doval de impulsar una reforma laboral encubierta.

“Este personaje quiere achicarles el salario casi un 50% a los trabajadores de recolección. No lo vamos a permitir”, lanzó Moyano.

El dirigente camionero aseguró que pasar el servicio a la órbita municipal implicaría precarizar las condiciones laborales del sector y comparó la postura de Doval con las políticas del gobierno nacional. La municipalización del servicio implicaría que sus trabajadores dejen de estar encuadrados en el convenio del Sindicato de Camioneros.

“¿Qué diferencia hay entre Caputo, Sturzenegger, Adorni y Jorge Macri con este señor Doval?”, cuestionó.

Además, advirtió que el gremio defenderá cada puesto de trabajo y llamó a los delegados sindicales a movilizarse contra cualquier intento de municipalización del servicio.

“No vamos a permitir que ningún trabajador de recolección y barrido pase a ser municipal y quede debajo de la línea de pobreza”, sostuvo.

El debate por el costo de la basura en los municipios

Según un informe del Centro de Estudios para el Cambio Estructural (CECE), el gasto en recolección de residuos representa entre el 6% y el 20% de los presupuestos municipales bonaerenses, dependiendo del distrito.

El estudio señaló además que varios municipios avanzaron en procesos de estatización del servicio para reducir costos frente a los elevados valores de las concesiones privadas y las diferencias salariales con el convenio de Camioneros.