La desregulación del servicio de practicaje y pilotaje impulsada por el Gobierno nacional ya comenzó a tener un fuerte impacto sobre la actividad portuaria. La entrada en vigencia del Decreto 690/2026 desató una medida de fuerza de prácticos, pilotos y baqueanos que mantiene paralizado el ingreso y egreso de buques en los principales puertos del país y pone en riesgo el normal funcionamiento del comercio exterior.
El conflicto afecta especialmente a los puertos de los ríos Paraná-Paraguay, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones e importaciones argentinas, aunque también alcanza a Puerto Quequén, Bahía Blanca, Dock Sud, Zárate-Campana y Puerto La Plata.
Mientras los buques que ya estaban amarrados continúan, en algunos casos, con las tareas de carga, la falta de prácticos impide concretar las maniobras de ingreso y salida de nuevas embarcaciones, generando una creciente preocupación entre operadores portuarios, exportadores y toda la cadena logística.
El Gobierno intimó a más de 500 trabajadores
Ante la continuidad de la protesta, el Gobierno nacional publicó un edicto en el Boletín Oficial mediante el cual intimó a más de 500 trabajadores del servicio de practicaje y pilotaje a retomar inmediatamente sus funciones, al considerar que se trata de un servicio público esencial.
La Prefectura Naval Argentina comenzó a distribuir cédulas de intimación advirtiendo que los profesionales deberán reanudar sus tareas bajo apercibimiento de las sanciones previstas por la ley.
Sin embargo, los trabajadores ratificaron el lock-out iniciado el pasado 1 de agosto y únicamente mantienen excepciones para asistir a buques petroleros y de gas licuado, con el objetivo de evitar problemas de abastecimiento energético y eventuales riesgos ambientales.
Qué cambia con el nuevo decreto
El conflicto comenzó tras la publicación del Decreto 690/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
La norma reemplaza el régimen vigente desde 1991 y modifica profundamente el funcionamiento del sistema de practicaje. Entre otros cambios, crea un registro abierto de profesionales habilitados, elimina restricciones de ingreso al mercado, permite la contratación directa de prácticos y faculta a la Prefectura para autorizar, en determinadas circunstancias, que capitanes con experiencia naveguen sin contratar este servicio.
El Gobierno sostiene que la reforma busca incrementar la competencia, reducir los costos logísticos y eliminar lo que considera barreras de ingreso que encarecen el comercio exterior.
Los trabajadores denuncian riesgos para la seguridad
Desde la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante rechazaron la reforma al calificarla de «abusiva e inconstitucional» y anunciaron que presentarán una acción de amparo ante la Justicia Federal, además de una denuncia penal contra los funcionarios que impulsaron la normativa.
Los profesionales sostienen que el problema no pasa únicamente por los costos sino por la seguridad de la navegación, especialmente en canales de acceso y puertos donde las maniobras requieren un profundo conocimiento local.
Desde distintos sectores vinculados con la actividad portuaria advirtieron que flexibilizar los requisitos para realizar estas maniobras podría incrementar el riesgo de accidentes, varaduras, colisiones o incidentes ambientales.
Preocupación por la situación en Puerto Quequén
Uno de los puertos donde la preocupación crece es Puerto Quequén, donde la medida de fuerza ya impide el ingreso y la salida de embarcaciones.
Fuentes del sector privado señalaron que se trata de un puerto particularmente complejo desde el punto de vista operativo, donde las maniobras requieren una coordinación permanente entre prácticos, remolcadores y capitanes.
«No es un puerto sencillo para entrar ni para salir«, explicaron operadores consultados, quienes remarcaron que las características del canal de acceso obligan a extremar las medidas de seguridad, especialmente cuando operan buques de gran porte como los Panamax.
En caso de prolongarse el conflicto, los barcos que actualmente cargan cereales podrían quedar imposibilitados de abandonar las terminales y las nuevas embarcaciones no podrían ingresar, afectando toda la programación portuaria.
También hay demoras en Bahía Blanca y La Plata
Las consecuencias de la protesta ya comenzaron a sentirse también en otros puertos bonaerenses.
En Bahía Blanca, el buque HL White Marlin, que transporta equipamiento destinado al proyecto Vaca Muerta Oil Sur, permanece fondeado sin poder iniciar las maniobras de descarga.
En tanto, en Puerto La Plata también quedaron condicionadas operaciones vinculadas con hidrocarburos debido a las dificultades para organizar los movimientos de embarcaciones.
Críticas al modelo de desregulación
El ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, Horacio Tettamanti, cuestionó duramente la decisión del Gobierno y planteó que existe un «doble estándar» en la política portuaria.
Según sostuvo, mientras el practicaje —prestado por empresas y trabajadores argentinos— queda sujeto a precios máximos, el dragado continúa bajo esquemas que favorecen a compañías multinacionales.
También desde la Asamblea Popular por la Soberanía de Puerto Quequén-Necochea cuestionaron la reforma al considerar que la eliminación de regulaciones podría incluso incrementar los costos de los seguros marítimos y afectar la seguridad de la navegación.
Mientras continúan las negociaciones y avanza la vía judicial anunciada por los trabajadores, la actividad permanece condicionada en los principales puertos del país y crece la incertidumbre sobre el impacto que el conflicto podría tener sobre las exportaciones argentinas.
