El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) manifestó su profunda preocupación ante el vacío legal generado por recientes medidas del Poder Ejecutivo Nacional que eliminan controles técnicos clave que ejercía el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), especialmente en la cadena de producción de alimentos y bebidas.

Desde la entidad que preside Jorge Castellano señalaron que la decisión no implica una simplificación administrativa, sino un debilitamiento directo de la salud pública y de la soberanía tecnológica. En ese sentido, advirtieron que la eliminación de estos controles sin la incorporación de organismos alternativos para la fiscalización técnica pone en riesgo la trazabilidad de los productos que consumen los ciudadanos.

El CIPBA remarcó que la metrología legal —que garantiza que el contenido de un producto coincida con lo declarado— es un elemento central en la protección del consumidor. La ausencia de controles sobre balanzas, medidores y procesos de envasado, sostienen, puede derivar en un aumento de irregularidades en el mercado.

Asimismo, alertaron sobre el impacto en el ejercicio profesional. La falta de un organismo certificador deja a los ingenieros que se desempeñan en la industria sin un marco regulatorio de referencia, trasladando toda la responsabilidad técnica a los profesionales, muchas veces bajo presión y sin herramientas adecuadas para garantizar estándares mínimos.

Otro de los puntos señalados es el efecto negativo en la competitividad

Según el Colegio, la desregulación perjudica especialmente a las PyMEs que invierten en calidad, ya que fomenta una competencia desleal al “igualar hacia abajo” y dificulta el acceso a mercados internacionales que exigen certificaciones técnicas.

Finalmente, desde el CIPBA subrayaron que la ingeniería constituye un pilar del desarrollo productivo seguro y advirtieron sobre las consecuencias de desarticular instituciones clave sin generar alternativas que sostengan los estándares de calidad.

“Sin controles técnicos rigurosos, no hay industria competitiva; y sin seguridad alimentaria, no hay bienestar social posible”, concluyeron desde el Consejo Superior del Colegio.

El conflicto de los transportistas con productores y acopiadores de granos por la tarifa de referencia continúa sin resolverse y mantiene completamente paralizado al Puerto Quequén. Los transportistas llevan 20 días en las rutas pero las negociaciones se encuentran completamente cortadas. El presidente de la Asociación de Transportistas de Cereales y Afines por sus Derechos (ATCADe), Miguel Aguilar, habló con Todo Provincial y pidió la intervención del ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci.

“El Puerto Quequén continúa totalmente parado, con 19 barcos esperando para cargar cereal”, aseguró Aguilar y agregó: “Hemos pedido que se convoque la mesa a la brevedad, pero no tuvimos ninguna novedad”.

La semana pasada, transportistas y dadores de carga parecían haber llegado a un acuerdo que contemplaba un aumento de la tarifa de referencia del 17%. Sin embargo, los acopiadores se opusieron y las negociaciones se cayeron. Desde ese momento no hubo más diálogo.

Mientras tanto, los transportistas asociados ATCADE y otros autoconvocados se mantienen a la vera de la ruta para impedir el paso de camiones cargados con granos rumbo al puerto Quequén.  Hay protestas en Tres Arroyos, Tandil, Benito Juárez, Orense, Azul, Ayacucho, Balcarce, Otamendi y Lobería.

«Los camioneros sabemos que con la tarifa que pretenden pagar no solventamos los costos por lo que no podemos trabajar. Si salimos nos fundimos porque no hay rentabilidad”, advirtió Aguilar.

El Ministerio de Transporte bonaerense Buenos Aires cuenta con una comisión Asesora del Transporte del Agro. En la última reunión, tres asociaciones (FATRAC, la Asociación de Camioneros y CATAC) aceptaron una suba del 14% pero ATCADE la rechazó y se mantuvieron las protestas en las rutas bonaerenses.

“El puerto de Bahía Blanca está trabajando pero hay rumores de que los camioneros volverán a las rutas porque no están cumpliendo lo que firmaron que fue el 14% de aumento que tampoco fue convalidado”, apuntó Aguilar.

El titular de ATCADE reclamó la intervención del ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, para que se reactiven las negociaciones. “Me resulta extraño que en todo este tiempo de negociaciones no se haya acercado el ministro”, expresó.

En simultáneo, los transportistas sospechan que las entidades que nuclean a productores y acopiadores están utilizando este conflicto para presionar al gobierno nacional por una baja de las retenciones.

“Creo que detrás de todo esto hay algo político. He visto que CONINAGRO le plantea al gobierno que si no baja las retenciones no puede aumentar nuestra tarifa. Creo que nos están usando”, aseguró Aguilar en una entrevista anterior.

Mientras tanto, el Puerto Quequén continúa completamente paralizado con 4 barcos amarrados y otros 15 afuera esperando para poder cargar cereal. De acuerdo con estimaciones iniciales, el impacto económico por el retraso en los embarques y los costos adicionales de logística asciende a 280 millones de dólares.

La crisis de la industria automotriz ya golpea de lleno a las pequeñas localidades bonaerenses. En Jeppener, un pueblo de apenas 2.400 habitantes del partido de Brandsen, la empresa autopartista Clapp que produce para Peugeot despedirá a la mitad de su personal en los próximos días, lo que genera una fuerte preocupación por el impacto social y económico en la comunidad.

La firma, que cuenta con una larga trayectoria de más de 50 años en el país, despedirá 35 de sus 70 empleados en un contexto marcado por la caída de la producción de Stellantis, su único cliente. El ajuste incluye 28 despidos acordados con la UOM y otros 7 puestos jerárquicos.

En una localidad chica como Jeppener, cada puesto de trabajo tiene un efecto multiplicador. La pérdida de más de 30 empleos implica una reducción significativa de ingresos en el pueblo, con impacto directo en comercios, servicios y la vida cotidiana.

“Al bajar allá, bajan acá”, resumió un trabajador sobre la situación, en referencia a los más de 500 despidos en la planta de Peugeot en El Palomar. La caída de la producción en esa fábrica repercute de manera inmediata en toda la cadena autopartista.

Actualmente, la mayoría de los trabajadores de Clapp se encuentran suspendios, con apenas una decena de empleados cumpliendo tareas mínimas. Además, denuncian que la empresa intentó pagar indemnizaciones por debajo de lo acordado con el gremio.

El escenario es aún más complejo por las versiones sobre un posible traslado de la producción de Stellantis a Brasil. De concretarse, dejaría sin sustento a la autopartista, que depende exclusivamente de esa terminal.

Según relataron trabajadores, desde la empresa ya deslizaron que la planta podría cerrar antes de fin de año, lo que significaría un golpe devastador para Jeppener.

La situación refleja el impacto de la caída de la actividad automotriz en toda la cadena productiva. En pueblos pequeños, donde las oportunidades laborales son limitadas, este tipo de recortes no sólo afecta a las familias directamente involucradas, sino que compromete el entramado económico y social de toda la comunidad.