Lo que comenzó como una oportunidad de desarrollo terminó convirtiéndose en una pesadilla judicial y económica para una familia de Tres Arroyos, que hoy enfrenta la pérdida total de sus bienes tras un prolongado litigio contra Walmart Argentina.
Todo se remonta a 2013, cuando la familia firmó un contrato con la empresa para la construcción de un supermercado en un terreno propio. El acuerdo contemplaba el alquiler del predio por un plazo de 30 años, en lo que parecía una inversión segura y a largo plazo. Sin embargo, el proyecto nunca se concretó.
Según trascendió, la firma ocupó el terreno durante casi cuatro años sin abonar alquiler y luego se retiró del país, dejando trunca la iniciativa. A partir de allí comenzó una disputa judicial que, lejos de resolverse a favor de los propietarios, terminó agravando su situación.
Un fallo inesperado y una deuda millonaria
La demanda iniciada por la familia fue rechazada por la Justicia bajo el argumento de un “mal encuadre jurídico”. Pero lo más impactante llegó después: se les impusieron honorarios a favor de dos abogados de la empresa por un total de 56.993 UMAs, lo que equivale a más de $5.270 millones a valores actualizados a febrero de 2026.
El monto fue convalidado por la Cámara Civil Nacional, pese a que la familia no fue condenada a pagar ninguna indemnización. El resultado fue devastador: los integrantes del grupo —una mujer de 87 años, su hija (fallecida en 2025) y un hijo con discapacidad motriz— fueron declarados en quiebra, y sus bienes comenzaron a ser ejecutados y subastados en la provincia de Buenos Aires.
El caso sumó además denuncias penales contra el titular del Juzgado Civil y Comercial N°1 de Tres Arroyos por presunto prevaricato, abuso de autoridad y tráfico de influencias. También se señalaron conductas irregulares por parte de uno de los abogados beneficiarios de los honorarios, quien habría intimidado a un juez de Zárate-Campana, situación que derivó en una denuncia formal.
En diciembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso extraordinario mediante el artículo 280, aunque aclaró que esa decisión no implicaba avalar la justicia del fallo.
Lejos de cerrarse, el conflicto continúa: actualmente se tramitan planteos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte bonaerense y el caso podría escalar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los denunciantes sostienen que existen similitudes con el antecedente “Cantos vs. Argentina”, donde se cuestionaron sanciones económicas desproporcionadas que afectan el acceso a la Justicia.