El intendente de Miramar, Sebastián Ianantuony, afirmó que la política del gobierno nacional “está malogrando la articulación del municipio y la Provincia con el sector privado” y advirtió del impacto que tendrá en la Costa Atlántica el tipo de cambio favorable para los destinos de otros países de la región.

En diálogo con Radio Provincia AM1270, el jefe comunal advirtió: “Más allá del trabajo que podamos hacer a partir de la articulación del municipio y la Provincia con el sector privado, hay una sintonía gruesa que tiene que ver con las decisiones macroeconómicas del gobierno nacional que malogran esos esfuerzos”.

En ese marco, subrayó que “el tipo de cambio tiene una incidencia feroz sobre esta temporada”, debido a que “a las familias de clase media les resulta más económico ir a Brasil, Uruguay o Chile, que vacacionar en la Costa Atlántica”.

El jefe comunal explicó que “estamos caros en dólares” y lamentó que la administración de Javier Milei no vaya a modificar el tipo de cambio para beneficiar al turismo.

En ese marco, consideró: “Tenemos que sentarnos alrededor de una mesa para tomar decisiones que nos permitan compensar esta realidad. Una demanda del sector privado era la cuotificación para financiar todo lo vinculado al entretenimiento. Es muy bueno que el Banco Provincia haya salido a ofrecer 15 cuotas”.

Por otra parte, Ianantuony apuntó contra Daniel Scioli al cuestionar “la inacción de la secretaría de Turismo de la Nación”, al tiempo que advirtió que “muchas decisiones del gobierno nacional van en contra del turismo doméstico”.

“Daniel Scioli no puede desconocer esto porque fue Gobernador de la Provincia, pero evidentemente sigue el lineamiento de Milei, que poco tiene que ver con lo que necesitamos”, lamentó.

Así mismo, criticó la eliminación de programas como el Pre-viaje, al que calificó como “una de las mejores políticas públicas que se ha llevado adelante en el último mandato porque movilizó el turismo doméstico”.

Luego, agregó que “no conforme con eso, el gobierno nacional tampoco le permitió a la Provincia desarrollar su gestión” y reprochó que “le quitó recursos que están garantizados por ley, por lo que no se pudo seguir con los viajes de egresados, que garantizaba un derecho a los estudiantes y fue importantísimo para la preparación de los prestadores privados de cara a la temporada alta sin necesidad de recurrir a créditos”.

Por otra parte, Sebastián Ianantuony denunció la paralización de obras pública y mencionó que en su distrito quedaron frenadas 31 viviendas con “importante grado de avance”, y detalló: “Las familias que realizaron un anticipo financiero están esperando que el Gobierno tome una decisión”.

“También tenemos parado un Centro de Desarrollo Infantil al 90% y lo vamos a continuar con fondos de la Provincia. Es casi criminal dejar una obra en ese nivel de avance”, concluyó.

A un día de cumplirse un mes del derrumbe del hotel Dubrovnik en Villa Gesell, falleció María Bonazza la única sobreviviente de la tragedia que sacudió al país.

A las ocho víctimas fatales del derrumbe, ahora se sumó la muerte de María Josefa Bonazza, la única sobreviviente del derrumbe que enlutó al país.

El pasado 29 de octubre, el edificio de diez pisos colapsó en forma sorpresiva y cayó sobre un edificio contiguo donde Bonazza, de 79 años, y su esposo, Federico Ciocchini, se encontraban durmiendo.

Ciocchini fue la primera víctima fatal en ser encontrada sin vida, mientras que Bonazza fue rescatada tras pasar más de diez horas bajo los escombros. Casi un mes después murió en el Hospital Municipal de Balcarce, donde había quedado internada tras sufrir una descompensación a pesar de haber recibido el alta luego del rescate.

La mujer había sido inicialmente trasladada al Hospital Municipal de Villa Gesell y, posteriormente, al Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata para recibir tratamiento especializado por lesiones óseas y politraumatismos.

De regreso en Balcarce pudo brindar algunas entrevistas en las que contó: «Utilicé técnicas de yoga para controlar mi respiración. También hice sonidos en código Morse y golpes para que me encontraran».

El derrumbe se cobró la vida de ocho personas, entre ellas trabajadores y residentes del Apart Hotel Dubrovnik. Además del esposo de Bonazza, las víctimas incluyeron a María Rosa Stefanic, exdueña del hotel, su sobrino Nahuel Stefanic, Dana Desimone, y los obreros Mariano Troiano, Ezequiel Matu, Matías Chaspman y Fabián Gutiérrez.

La Municipalidad de Ayacucho enfrenta un fallo judicial adverso en un litigio por 111 hectáreas ubicadas en Udaquiola, pueblo de menos de 100 habitantes. El litigio fue iniciado por el propietario de un campo que fue expropiado en 1959 con el objetivo de ampliar el centro urbano. Como el Estado nunca avanzó en ese propósito, esta familia mantuvo el usufructo de las tierras y ahora ganó un juicio por 200 millones de pesos que deberá pagar el municipio.

El intendente de Ayacucho, Emilio Cordonnier, explicó que la sentencia ratifica la titularidad de las tierras a favor del ocupante original. Según publicó el portal Urgente Ayacucho, el caso se inició cuando la Provincia de Buenos Aires expropió tierras al propietario original, pero nunca tomó posesión efectiva.

En 1988, el Estado provincial transfirió las tierras al municipio de Ayacucho, que tampoco procedió a ocuparlas. Esto permitió que el antiguo propietario mantuviera la posesión, lo que le sirvió para acreditar la titularidad efectiva sobre el campo por la Ley de Usucapión.

“La justicia determinó que el propietario ocupó, usufructuó y mantuvo las tierras entre 1980 y 2000, demostrando un uso continuo por más de 20 años, requisito clave para la titularidad. La sentencia es clara: el propietario tiene derecho sobre el terreno porque el Estado nunca lo ocupó”, explicó Cordonnier.

El intendente destacó que el municipio ya destinó la partida presupuestaria específica para afrontar este pago, aunque aún se espera la regulación de honorarios legales.

“Estamos hablando de un juicio que implica alrededor de $200 millones, un monto significativo que podría haberse destinado a obras como pavimientación o infraestructura urbana», subrayo.

La ley 6.200 sancionada el 28 de octubre de 1959 durante la gobernación del desarrollista Oscar Alende declaró de utilidad pública y en consecuencia sujetas a expropiación dos fracciones de campo ubicadas en la circunscripción XIV del partido de Ayacucho, ubicadas a ambos lados de la estación Udaquiola del ferrocarril Nacional General Roca. Las tierras debían ser destinadas a la formación de un centro urbano en la localidad.

La ley estaba inspirada en una finalidad claramente social pero diversas dificultades impidieron la concreción de la voluntad de aquellos legisladores. Esta situación se manifestó principalmente con las tierras ubicadas al este de la estación Udaquiola que originaron largas tramitaciones judiciales que fueron seguidas por una actitud de evidente desidia de los diferentes gobiernos.