El próximo jueves 17 de julio, Tornquist será sede de una jornada sobre caza plaguicida de jabalí, en un contexto de creciente alarma por la expansión descontrolada de esta especie invasora en el sudoeste bonaerense. La actividad se desarrollará en la Biblioteca Popular Ernesto Tornquist y estará dirigida a productores, técnicos, instituciones y vecinos en general.

La jornada brindará herramientas prácticas y actualizaciones normativas sobre esta forma de control poblacional, en un marco que integre legislación vigente, gestión ambiental y producción local. Participarán también representantes de las policías rurales, responsables de fiscalizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones.

La preocupación por el avance del jabalí es compartida en distintos distritos de la provincia. En diálogo con Radio Altos, Víctor Antón, secretario de Ambiente y Desarrollo Productivo de Tornquist, advirtió: “Es un animal muy potente que rompe alambrados, que no tiene depredadores, que come todo a su paso y que causa muchos destrozos”. Además, mencionó el riesgo sanitario por la posible transmisión de triquinosis.

Hace un mes, la provincia de Buenos Aires habilitó la caza plaguicida del jabalí en todo su territorio, sin necesidad de adhesión por parte de los municipios, salvo en zonas urbanas, periurbanas o áreas protegidas. Así se explicó en una reciente reunión realizada en Olavarría, organizada por el Ministerio de Desarrollo Agrario con participación de municipios como Azul, Tapalqué, Benito Juárez, Laprida, General Lamadrid, Bolívar, Ayacucho, Rauch, Tandil, Las Flores, Pila y el propio Tornquist.

En diálogo con Todo Provincial, el investigador y guardaparque Bruno Carpinetti, especialista en la expansión del cerdo asilvestrado, explicó que la nueva disposición se enmarca en el Código Rural y apunta a la caza de control, no recreativa ni deportiva, con el objetivo de mitigar los daños ambientales, productivos y sanitarios.

Carpinetti destacó que esta norma “saca a la gente de la ilegalidad” y permite a los productores contar con un respaldo legal ante ataques a sus cultivos. “Antes se condenaba al que quería actuar bien a hacerlo en un limbo normativo”, subrayó.

Para cazar legalmente se requiere tramitar dos permisos: uno es el permiso de caza plaguicida vía web, que exige certificado psicofísico y pago de una tasa mínima (exento para propietarios o arrendatarios), y otro, una autorización firmada del dueño o administrador del campo. No está permitida la caza en caminos ni espacios públicos.

El especialista también alertó que la expansión del jabalí se relaciona con el despoblamiento rural y el aumento de recursos alimenticios, así como con traslados intencionales de animales durante años para criarlos o usarlos en cotos de caza. “No hay país que haya logrado erradicarlo completamente; lo que se puede hacer es mitigar sus efectos”, afirmó.

Además, Carpinetti mencionó el potencial económico de la carne del jabalí, como sucede en otros países que la utilizan para balanceados, harina de carne o incluso exportación.

La jornada en Tornquist se suma a un proceso de coordinación entre municipios, fuerzas de seguridad, universidades y especialistas para abordar una problemática que dejó de ser solo rural para convertirse en una cuestión estratégica ambiental y de salud pública.

Un violento motín en la Unidad Penitenciaria N° 32 de Florencio Varela mantuvo en vilo a las autoridades durante gran parte del jueves. El conflicto se desató en la madrugada, cuando el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) intentó trasladar a ocho detenidos identificados como “pesos pesados”, internos con fuerte liderazgo dentro del penal.

La reacción fue inmediata. A partir de las 5 de la mañana, numerosos internos comenzaron a manifestarse contra los traslados, inicialmente con gritos y protestas.

Hacia las 8, la situación escaló rápidamente: los presos ganaron los techos —algunos a 10 metros de altura—, rompieron pabellones, ventanas, paredes, cocinas y prendieron fuego distintos sectores. Las escenas fueron filmadas por los propios reclusos y compartidas en redes sociales, mostrando el nivel de violencia desatado.

El penal, ubicado sobre la Ruta Provincial 53, kilómetro 15,5, alberga a casi 1.000 internos y forma parte de un complejo penitenciario que también incluye las Unidades 23, 24, 31, 42 y 54. Se trata de una unidad de régimen cerrado-moderado, con mayores restricciones que otras cárceles de la zona.

Para retomar el control, el SPB debió desplegar una intervención intensa y prolongada que incluyó el disparo de más de 500 postas antitumulto, según informó la propia fuerza. “Se pudo recuperar el dominio de la unidad y hacer los traslados previstos”, aseguraron las autoridades. No hubo heridos de gravedad, aunque se reportaron varios lesionados leves.

La fiscalía a cargo de Christian Granados investiga el hecho bajo la carátula de “daño agravado”, debido a la magnitud de los destrozos. “Rompieron totalmente varios sectores de la unidad”, reconocieron desde el SPB, y estiman que pasarán varias semanas hasta poder reparar los daños estructurales provocados por el motín en el penal bonaerense.

Este episodio recuerda el violento levantamiento ocurrido en abril de 2020 en la cercana Unidad N°23, también parte del complejo de Florencio Varela, donde tras la viralización de un audio falso sobre el COVID-19, los internos protagonizaron una revuelta que dejó un saldo trágico de un muerto y 20 heridos.

En la madrugada del martes, se produjo un robo de detonadores en las inmediaciones de Rivadavia y Ruta 226, cuando delincuentes sustrajeron dos cajas con 72 unidades cada una desde un camión que transportaba material explosivo hacia la planta de Enaex, la empresa de fabricación de explosivos.

El camión se encontraba detenido en la zona de la estación de servicio porque su conductor había decidido descansar antes de realizar la descarga. Según informaron fuentes policiales, no se respetaron los protocolos de seguridad obligatorios, como la presencia de custodia, candados o precintos, lo que facilitó que los autores del hecho pudieran abrir el vehículo y llevarse el material.

La policía informó que el material fue recuperado casi en su totalidad. Una de las cajas fue hallada abandonada, aunque con 7 detonadores faltantes, mientras que la segunda fue recuperada durante un allanamiento realizado el miércoles. En el marco de esa intervención, una persona fue imputada por encubrimiento.

Desde la investigación aclararon que los detonadores no pueden ser utilizados sin otros componentes clave, como chips y software de activación que solo poseen dos empresas autorizadas en el país. “Solos son inútiles”, aseguraron fuentes vinculadas al caso.

Tras advertir el robo, el conductor del camión continuó viaje hasta la planta, realizó la descarga del material restante y luego efectuó la denuncia policial, según consta en el acta labrada.

La causa fue caratulada como robo agravado, por tratarse de un material peligroso, y continúa bajo investigación para determinar la responsabilidad de más personas involucradas en el hecho.