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Histórico diario del interior atraviesa una grave crisis, los trabajadores no cobran y temen una «maniobra de vaciamiento»

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El Popular Olavarría

Los trabajadores del diario El Popular de Olavarría realizaron una masiva movilización de la que participaron dirigentes del arco sindical local, referentes del Frente de Todos y vecinos. Supuestamente, el histórico multimedio fundado en 1899 que incluye un canal de televisión y una radio FM fue vendido meses atrás pero el nuevo dueño asegura que la operación no se concretó y responsabiliza a la gerencia anterior. Temen que detrás de esta maniobra se intente avanzar con un proceso de vaciamiento.

La movilización por el centro de Olavarría culminó en la delegación local del Ministerio de Trabajo bonaerense. Allí estaba convocada una audiencia entre las partes, pero por tercera vez, el sector patronal no se presentó. Ante esta situación, los sindicatos Satsaid, Prensa y Gráficos se declararon en “estado de alerta, movilización y asamblea permanente”.

«La parte empresarial no se presentó, pero se esperaba que así sucediera. Necesitamos que haya diálogo y una solución para los más de 50 trabajadores que hace tres meses que no cobran», aseguró a Todo Provincial Florencia Pendás secretaria General del Sindicato de Prensa de Tandil.

Los retrasos en el pago de sueldos en el diario El Popular de Olavarría comenzaron hace varios años, pero en el último tiempo se agravaron. En septiembre, la familia propietaria del multimedio desde su creación (Pagano – Botta) vendió la empresa a Lucas Torres, un empresario sin antecedentes en medios de comunicación.

Con la llegada del nuevo accionista se repitieron los problemas y ante la escalada del conflicto, este lunes Torres brindó una conferencia de prensa en la que aseguró que la venta todavía no se había concretado, responsabilizó a los históricos dueños y adelantó un plan para despedir a la mitad de los empleados.

Mientras tanto, los trabajadores siguen sin cobrar sus salarios de noviembre, diciembre más el medio aguinaldo, y el diario está siendo editado por pasantes de la Facultad de Periodismo de la UNICEN.

Caída la audiencia en el Ministerio de Trabajo, el secretario de Interior de Satsaid, Horacio Dri, expresó: «Lamentamos que una vez más la empresa no se haya hecho presente, es una falta de respeto. Las tres organizaciones gremiales (Satsaid – Prensa – Gráficos) nos declaramos en estado de alerta, movilización y asamblea permanente”.

Y advirtió: “Necesitamos tomar una decisión fuerte y encarar este conflicto con todo el apoyo de nuestros gremios. Les vamos a dar lucha, en nuestro caso con los compañeros de televisión tenemos una bala más porque hay responsabilidad solidaria de Telecom pero no vamos a abandonar a los compañeros del diario. Queremos defender las fuentes de trabajo, eso es lo más importante”.

El dirigente remarcó que durante la audiencia recibieron un mensaje del ministro de Trabajo de la provincia, Walter Correa, que “se puso a disposición”, y también destacaron la presencia de concejales del bloque Frente de Todos que adelantaron la intención de llamar a una sesión extraordinaria por este conflicto. “Nuestra intención es que el diario El Popular no reciba pauta de Nación, Provincia y el Municipio hasta que no les pague a los trabajadores”, anticipó Dri.

Y apuntó: “Haremos todas las gestiones posibles para acorralarlos económicamente y exponerlos ante toda la sociedad olavarriense. Parte de los impuestos se está yendo para un grupo empresario que no les paga a sus trabajadores y eso no puede ser”.

 

Crisis en El Popular de Olavarría: «Queremos atacar los ingresos de este grupo empresario»

Entrevistado por Todo Provincial, el dirigente de Satsaid amplió: “Los dueños de este medio son una familia reconocida de Olavarría. Aparentemente hay un proceso de venta del paquete accionario y un nuevo empresario se atribuye facultades para manejar el diario, pero en realidad no hay certezas. Hasta ahora, para nosotros los dueños siguen siendo los mismos de siempre”.

“No sabemos cuál es el objetivo, pareciera una maniobra de vaciamiento y por eso queremos atacar los ingresos de este grupo empresario. Si hay pauta estatal como puede ser que los trabajadores no estén cobrando”, reprochó.

Por su parte, Andrés Pellegrini, referente de la APO y Fatpren, criticó: “Nuevamente vemos el desprecio del sector patronal, ni siquiera se presentan a las audiencias, siguen sin pagar los salarios y siguen estafando a toda la ciudad de Olavarría”.

“Debemos profundizar la lucha si queremos lograr que nos paguen y mantener las fuentes laborales. Generar acciones para torcerles el brazo y hacerles sentir que los trabajadores unidos podemos mucho más que ellos”, concluyó.

 

 

 

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Avícola de Granja Tres Arroyos despidió 20 trabajadores en Monte y quiere pagar media indemnización

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avicola wade sa

En los últimos días, al menos 20 trabajadores de Wade S.A, avícola del grupo Granja Tres Arroyos, comenzaron a recibir telegramas de despido, en una medida que confirma un fuerte proceso de reestructuración de personal dentro de la empresa avícola con planta en San Miguel del Monte.

Las notificaciones, fechadas el 7 de agosto y firmadas por el apoderado de la compañía, comunican la extinción de los vínculos laborales y encuadran la decisión en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.

La empresa sostiene que atraviesa una “grave disminución de trabajo no imputable a la empleadora” y fundamenta los despidos en una serie de factores que, según argumenta, escaparon a su voluntad y afectaron severamente la actividad.

Wade S.A. es una empresa dedicada a la faena y procesamiento avícola y está vinculada a Granja Tres Arroyos (Cresta Roja), firma que también atraviesa una profunda crisis, con conflictos laborales, atrasos salariales y protestas de trabajadores.

Qué argumentó Wade para despedir a los trabajadores

En las cartas documento enviadas a los empleados, Wade sostiene que la reducción de personal responde a una situación extraordinaria que provocó una fuerte caída de la actividad.

Entre los motivos mencionados aparecen los brotes de influenza aviar, el cierre y las restricciones de acceso a mercados internacionales, la reducción de las exportaciones y una sobreoferta en el mercado interno.

La empresa también señala como factores determinantes la caída de los precios de los productos avícolas y el aumento sostenido de los costos, además de contingencias operativas y conflictos colectivos que, según afirma, afectaron la producción y los niveles de faena.

Por ese motivo, la compañía afirma que la reducción de personal se volvió “indispensable” para continuar funcionando y conservar las fuentes de trabajo restantes.

Los despidos fueron encuadrados en el artículo 247

Uno de los puntos centrales de las notificaciones es el encuadramiento de los despidos bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Esta norma contempla un régimen indemnizatorio reducido cuando se acredita una situación de fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador en los términos establecidos por la legislación laboral.

En este caso, Wade invocó precisamente una “grave disminución de trabajo” como fundamento de la decisión.

Sin embargo, el encuadramiento legal no implica por sí mismo que la situación quede automáticamente acreditada. Los trabajadores afectados comenzaron a reunir telegramas, recibos de sueldo y comprobantes de pago para analizar las liquidaciones y determinar si corresponde cuestionar la modalidad utilizada por la empresa.

La discusión podría centrarse, entre otros aspectos, en si la crisis invocada por Wade resulta efectivamente ajena al riesgo propio de la actividad y si se cumplieron todos los requisitos laborales necesarios para aplicar este régimen.

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La Suprema Corte bonaerense rechazó un recurso de Pedidos Ya y ratificó una multa millonaria

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Pedidos ya repartidores

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires rechazó el recurso extraordinario federal presentado por Repartos Ya S.A., empresa que opera bajo la plataforma Pedidos Ya, y dejó firme el criterio del Ministerio de Trabajo bonaerense respecto de la situación laboral de 62 repartidores inspeccionados en la provincia.

Con esta decisión, el máximo tribunal provincial cerró la posibilidad de que la empresa lleve este tramo del expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ratificó la actuación de la cartera laboral que conduce Walter Correa.

La Justicia respaldó la actuación del Ministerio de Trabajo

La resolución, fechada el 5 de agosto de 2026, consideró que la empresa no realizó una “crítica eficaz” de las decisiones anteriores y que se limitó a reiterar argumentos ya analizados durante el proceso judicial. Además, descartó que existiera un caso de “gravedad institucional” que justificara la intervención de la Corte Suprema.

La causa se originó en julio de 2020, cuando inspectores del Ministerio de Trabajo realizaron controles en distintas localidades bonaerenses y relevaron la situación laboral de 71 personas que realizaban repartos mediante la aplicación.

Como resultado de esas inspecciones, la empresa fue intimada a presentar la documentación laboral correspondiente.

La empresa reconoció a un solo empleado

Durante el procedimiento, Pedidos Ya reconoció como trabajador en relación de dependencia únicamente a una persona.

Respecto de otros 62 repartidores, sostuvo que se trataba de prestadores autónomos vinculados mediante contratos de locación de servicios, mientras que negó cualquier relación con otras ocho personas relevadas durante las inspecciones.

Tras el proceso administrativo, el Ministerio de Trabajo determinó que existían infracciones y aplicó una multa de $17.690.400.

La sanción fue apelada por la empresa, pero en 2021 el Tribunal del Trabajo N° 1 de La Plata confirmó la decisión al considerar que la firma no logró desvirtuar la presunción de existencia de una relación laboral respecto de los 62 repartidores que reconocía como prestadores.

Aún resta resolver la situación de ocho repartidores

Si bien el fallo de la Suprema Corte bonaerense deja firme el núcleo de la decisión sobre los 62 trabajadores, el expediente todavía no quedó totalmente concluido.

El tribunal ordenó que la situación de las ocho personas cuya vinculación fue negada por la empresa vuelva a ser analizada por un Tribunal del Trabajo con nueva integración.

De esa definición dependerá el monto definitivo de la sanción económica, que podría modificarse una vez resuelta esa parte pendiente del proceso.

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Se renovó el Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata para el período 2026-2029

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La Subsecretaría de Asuntos Portuarios bonaerense designó a los nuevos integrantes del Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata. Susana González continuará al frente del organismo durante el nuevo período.

La Subsecretaría de Asuntos Portuarios de la Provincia de Buenos Aires, a través de su titular Juan Cruz Lucero, oficializó la nueva conformación del Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata (CGPLP) para el período 2026-2029.

La designación se realizó mediante la Resolución N° 6, que establece la integración del órgano directivo encargado de participar en la conducción y el desarrollo de la actividad portuaria.

El Directorio está compuesto por nueve integrantes, que representan a los distintos sectores vinculados con la operatoria y el funcionamiento del Puerto La Plata.

Susana González continuará como presidenta

La nueva conformación estará encabezada por la Dra. Susana González, quien continuará como presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata.

La acompañarán María Laura Brolese D’Adamo, en representación de los concesionarios y/o permisionarios de terminales e instalaciones portuarias, y Pablo Azcárate, como representante de las asociaciones u organismos privados que nuclean a empresas dedicadas a transformar, ensamblar o comercializar insumos de carácter industrial.

Por su parte, Mariano Gendra Gigena fue designado en representación de las empresas armadoras y/o prestatarias de servicios portuarios marítimos.

Representación sindical y municipal

La nueva composición también incluye a representantes de las organizaciones sindicales vinculadas con los trabajadores portuarios.

En este sector fueron designados Alejandro Cachile, por la Unión Ferroviaria, y Guillermo Crivos, por la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos (APDFA).

En representación de los municipios que integran el área de influencia del Puerto La Plata, Martín Fernández renovará su mandato por la Municipalidad de Berisso, mientras que Alejandro Sández continuará representando al Municipio de Ensenada.

En tanto, permanece pendiente la designación del representante correspondiente a la Municipalidad de La Plata.

Reconocimiento a los directores salientes

Desde el Consorcio de Gestión del Puerto La Plata expresaron su agradecimiento a los directores que finalizaron sus mandatos: Susana Giulietti, Dardo Gustavo Rodríguez y Facundo Pennacchioni.

El organismo destacó especialmente el compromiso y los aportes realizados durante sus respectivas gestiones, al tiempo que dio la bienvenida a los integrantes que formarán parte del Directorio durante el período 2026-2029.

La renovación de autoridades se produce en un contexto en el que el Puerto La Plata constituye una pieza estratégica para la actividad productiva, logística y portuaria de la Región Capital bonaerense, con impacto directo sobre Berisso, Ensenada y La Plata.

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