La Autoridad del Agua bonaerense (AdA) publicó en el Boletín Oficial las Resoluciones Conjuntas N° 1520 y N° 1521, que establecen una franja de restricción de 150 metros desde la costa y exigen autorización previa para cualquier obra que modifique médanos o riberas. Las medidas apuntan a regular los proyectos inmobiliarios en municipios de la costa atlántica, garantizando el cumplimiento del Código de Aguas y reforzando el control provincial sobre el uso del dominio público hídrico.
La Resolución N° 1520 prohíbe todo loteo o edificación dentro de una franja de 150 metros aledaña al Mar Argentino, ampliando los 100 metros previos que regían en algunas jurisdicciones.
Además, impide construcciones sobre médanos o cadenas de médanos que se extiendan hasta el mar, incluso si se encuentran más alejados. Con esta medida, la Provincia busca alinear la normativa local con el marco provincial de protección ambiental, priorizando la conservación de dunas y recursos naturales.
En tanto, la Resolución N° 1521 dispone que cualquier obra que implique modificaciones materiales o jurídicas sobre riberas marítimas o fluviales deberá contar con la autorización previa de la AdA antes de ser aprobada a nivel municipal. Esto transforma a la autoridad provincial en un filtro excluyente, impidiendo que proyectos con aval local avancen sin el control técnico y ambiental del organismo bonaerense. De esta forma, se busca evitar discrepancias normativas y garantizar la preservación del dominio público hídrico.
En Mar del Plata, las nuevas disposiciones entran en tensión con la Ordenanza 8434/91, que habilitaba construcciones hasta 100 metros del mar. Sin embargo, desarrolladoras como Constructora Cromar S.A., Bosques del Faro S.R.L. y Desarrolladora Baalbek S.A. ya comenzaron a adecuarse a la nueva franja de 150 metros.
Con estas resoluciones, la Provincia busca unificar criterios de protección ambiental y urbanística en toda la costa atlántica bonaerense, consolidando la superioridad normativa provincial sobre la autonomía municipal en materia de ordenamiento territorial costero. La nueva normativa marca un punto de inflexión en la planificación urbanística, estableciendo un equilibrio entre el desarrollo inmobiliario y la conservación de los ecosistemas costeros.