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Tignanelli, Bozzano y González Santalla pidieron por la aprobación de la Ley de Asociaciones Civiles

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Bozzano y Tignanelli

Fue en el marco de la actividad que se hizo para presentar el proyecto ante instituciones de la ciudad de Maipú y otras localidades de la quinta sección electoral. Los tres legisladores bonaerenses del Frente de Todos interpelaron al bloque de senadores provinciales de Juntos por el Cambio para que el proyecto -que ya cuenta con la sanción de Diputados- sea tratado en la próxima sesión de la Cámara alta. También participó la directora de Asociaciones Civiles y Mutuales de la Provincia de Buenos Aires, Maite Alvado.

 

Los jefes de los dos bloques del Frente de Todos en la Legislatura bonaerense -el diputado Facundo Tignanelli y el senador Gervasio Bozzano- más el senador Emmanuel González Santalla y la directora de Asociaciones Civiles y Mutuales de la Provincia de Buenos Aires, Maite Alvado, participaron de la presentación de la Ley de Asociaciones Civiles y Mutuales que se hizo ante más de 40 instituciones de la ciudad de Maipú y otras localidades de la quinta sección electoral.

 

En su exposición, Tignanelli remarcó que, como legisladores bonaerenses, “estamos para colaborar y llevar adelante todos y cada uno de los compromisos que hemos asumido en la campaña de 2019”. En esa línea, reconoció que “hay una deuda histórica del Estado provincial en el modo de abordar a las asociaciones civiles, porque son contempladas de la misma manera que las instituciones con fines de lucro”. El diputado subrayó la injusticia que esa situación representa, “ya que los requisitos no pueden ser los mismos para unas y otras”. Luego de hacer un pormenorizado recorrido por el texto del proyecto, Tignanelli explicó que, “el espíritu de la ley es diferenciar el tratamiento que reciben las asociaciones civiles y las sociedades comerciales” porque “ambas tienen objetivos totalmente distintos”.

 

Finalmente, tras repasar el estado desastroso en que la ex gobernadora María Eugenia Vidal dejó a la Provincia de Buenos Aires y aseverar que “la única política que tuvo el gobierno anterior para los clubes de barrio fueron los tarifazos”, el legislador de La Matanza denunció que “ya llevamos dos meses desde que el proyecto fue sancionado en la Cámara de Diputados de la Provincia, pero el bloque de senadores de Juntos por el Cambio aún no lo pone en tratamiento”. Por eso, insistió, “es muy importante la aprobación de este proyecto de ley, ya que da soluciones prácticas a muchos problemas concretos”.

 

Por su parte, Emmanuel González Santalla resaltó que “ya hemos hablado con más de 5.000 instituciones a lo largo de diferentes reuniones” y enfatizó que el proyecto de ley en cuestión “es un reconocimiento al trabajo que vienen haciendo los y las bonaerenses en las instituciones de toda la Provincia”.

 

En ese sentido, el senador oriundo de Avellaneda remarcó que “es un proyecto de ley de y para las instituciones, que viene a saldar una deuda que tiene el Estado provincial con las mismas” y expresó que “quienes más necesidad tienen de que sea aprobado son los y las que ponen el cuerpo, el compromiso, el trabajo y el amor a todas las instituciones”. Para González Santalla, “si bien este proyecto ya era importante antes de la pandemia, hoy se ha vuelto urgente e imprescindible”.

 

A su turno, Maite Alvado insistió en la necesidad de que el proyecto sea votado en el Senado la próxima sesión y expresó su deseo de que “los senadores y senadoras de Juntos por el Cambio piensen ante todo en mejorar la situación de los vecinos y vecinas”.  Además, indicó que “nuestra intención desde el Ejecutivo provincial es que una vez que se haya aprobado la ley, podamos reglamentarla haciendo cumplir su espíritu”, es decir, “haciendo un trabajo integral en todas las tareas que las instituciones llevan adelante”. En la misma dirección, Alvado explicó la necesidad de normalizar y revitalizar a las asociaciones civiles, “porque el rol de las mismas va a ser fundamental de cara a los desafíos de la pospandemia”.

 

A modo de cierre, Bozzano evaluó que “se trata de una ley muy importante y es imperioso aprobarla lo antes posible”. Al respecto, manifestó que “hace dos meses que estamos pidiendo que sea debatida en el Senado” y le pidió al bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara alta que habilite su tratamiento ya que “las instituciones barriales no pueden seguir esperando”.

 

La Ley de Asociaciones Civiles y Mutuales declara de Interés Público Provincial tanto a las Asociaciones Civiles de bajos recursos -y a las que estén constituidas como clubes de barrio, centros de jubilados, centros culturales, sociedades de fomento, jardines comunitarios- como a las mutuales de organizaciones de comunidades migrantes, entre otras.

 

En función de eso, las asociaciones y mutuales abarcadas podrán acceder a beneficios tales como tarifa cero en el servicio público de agua, gas ,electricidad, internet y telefonía para las de bajos recursos y pago por consumo real para el resto (mientras dure la emergencia sanitaria provincial); prórroga de plazos para presentar la documentación anual; exención del Impuesto Inmobiliario; condonación de deudas documentales; asesoramiento técnico gratuito; la inembargabilidad e inejecutabilidad de los inmuebles de las asociaciones de primer grado; y la eliminación de los gastos para el proceso de constitución de nuevas asociaciones, entre otras cuestiones.

 

La emergencia sanitaria ha puesto de relieve la importancia de las asociaciones civiles, que han brindado a la comunidad los recursos con los que cuentan con el sólo propósito de manifestar su solidaridad en la lucha contra la pandemia de COVID-19. A partir de esto, es imperioso el reconocimiento formal y jurídico del interés público provincial de estas instituciones, que en el marco de la emergencia, se han convertido en intermediarias imprescindibles entre el Estado y la ciudadanía, garantizando así el acceso a múltiples derechos y dando respuesta diversas necesidades de la sociedad.

 

De la actividad participaron los presidentes de ambos bloques de concejales de Maipú –Facundo Coudannes por el Frente de Todos y Carlos Ayastuy por Juntos por el Cambio-, el concejal maipuense Tomás Bozzano y directivos y representantes de más de 40 instituciones de Maipú y otras localidades de la zona.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Fernando Gray pidió que ABSA compita por la compra de AySA

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tanque de Aysa

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, solicitó al gobernador Axel Kicillof que la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) participe como oferente en la licitación para la venta del 90% del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), en el marco del proceso de privatización impulsado por el Gobierno nacional.

El jefe comunal advirtió que, de concretarse la privatización, existe el riesgo de que se reduzcan las inversiones destinadas a ampliar las redes de agua potable y cloacas, priorizando únicamente el mantenimiento de la infraestructura existente.

“Me preocupa que, en caso de privatizarse AySA, no se realicen las obras necesarias para ampliar la cobertura y garantizar el acceso al agua potable y las cloacas a todos los bonaerenses, teniendo en cuenta que las principales inversiones históricamente fueron realizadas por el Estado nacional. Esteban Echeverría todavía necesita infraestructura para acompañar su crecimiento y mejorar las condiciones de vida de miles de familias”, expresó Gray.

Actualmente, AySA brinda el servicio de agua potable a más de 11,4 millones de personas y el de desagües cloacales a más de 9,6 millones en un área de concesión que abarca 26 municipios bonaerenses y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según la presentación elevada por el intendente al Gobierno provincial, el plan de inversiones previsto para los primeros diez años de la futura concesión pone el foco en el mantenimiento y la renovación de las instalaciones existentes, relegando la expansión de las redes.

Además, Gray advierte que las principales obras estructurales quedarían postergadas para etapas posteriores y que la universalización del servicio no figura entre los objetivos previstos durante los 30 años de concesión.

El intendente remarcó que esta situación impactaría especialmente en municipios como Esteban Echeverría, donde aún existen sectores que requieren la extensión de las redes de agua y cloacas para acompañar el crecimiento urbano y mejorar la calidad de vida de la población.

Frente a ese escenario, el intendente propuso que ABSA participe en la licitación como oferente, con el objetivo de que la Provincia tenga un rol activo en la gestión de un servicio considerado estratégico.

En ese sentido, planteó que la presencia de la empresa provincial permitiría priorizar la planificación de nuevas obras, ampliar la cobertura y avanzar hacia la universalización del acceso al agua potable y al saneamiento en los municipios bonaerenses.

Por ese motivo, Gray solicitó formalmente al gobernador Axel Kicillof que instruya al directorio de ABSA para que se presente en el proceso licitatorio impulsado por el Gobierno nacional.

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Kicillof apunta a una agenda del conocimiento, trabajo y producción de cara al 2027

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Es un espacio de articulación entre la Provincia y el ecosistema del conocimiento, destinado a fortalecer la innovación, el desarrollo productivo y el empleo de calidad en el sector.

El gobernador Axel Kicillof encabezó este martes la presentación del nuevo Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC), un espacio destinado al diseño de políticas públicas para fortalecer la innovación, el desarrollo productivo y el empleo de calidad. Fue en el municipio de Vicente López, junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y el presidente del COPEC e intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk.

En ese marco, Kicillof afirmó: «La economía del conocimiento es una rama de enorme relevancia dentro de la matriz productiva bonaerense: este es un sector estratégico que, aun en medio de las dificultades económicas que atravesamos, sigue invirtiendo en el país y generando empleo de calidad”. “Con la creación de este Consejo apuntamos a consolidar una agenda de desarrollo y a promover un espacio permanente de articulación y consenso que reúna las voces del sector privado, el sistema científico, las universidades y los trabajadores», añadió.

«En un contexto de inmensos cambios tecnológicos en todo el mundo, aquí tenemos un Gobierno nacional que está desfinanciando áreas enteras vinculadas a la ciencia y la tecnología: estamos perdiendo capacidades construidas durante muchos años y sufriendo día a día la fuga de cerebros”, sostuvo el Gobernador, y agregó: “Están provocando un daño inédito: cortar recursos para la investigación, maltratar a los investigadores y abandonar la ciencia inflige un daño incalculable al futuro de la Argentina».

El COPEC funciona como un espacio permanente de articulación entre el Estado provincial y el ecosistema del conocimiento, con el fin de diseñar una agenda estratégica de políticas públicas que fortalezcan al sector. Del mismo, participan más de 500 representantes de organismos de Ciencia y Tecnología, de empresas, de universidades, de cámaras y asociaciones empresarias, de sindicatos y de municipios bonaerenses.

Por su parte, Costa sostuvo: “Este nuevo ámbito nuclea a los diversos actores de la Economía del Conocimiento, para que juntos podamos pensar, implementar e impulsar al sector”. “Responde a la necesidad de contar con un ámbito de escucha, de búsqueda de puntos en común, porque a partir de propuestas, debates y el diseño de políticas públicas, nuestra sociedad podrá aprovechar las oportunidades y enfrentar los desafíos que impone esta revolución tecnológica que vive el mundo”, añadió.

La economía del conocimiento representa una de las mayores oportunidades de desarrollo económico para la Argentina y la provincia de Buenos Aires. Comprende áreas como la biotecnología, nanotecnología e ingeniería genética; software y servicios informáticos; industria aeroespacial y satelital; e inteligencia artificial y robótica, entre otras.

En tanto, Sujarchuk subrayó: “Este Consejo es una gran novedad en un país donde falta diálogo: por decisión de nuestro Gobernador, sentamos en una misma mesa a grandes empresas, pymes bonaerenses, universidades, científicos, municipios y especialistas para debatir el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías”. “Desde la provincia de Buenos Aires caminamos hacia el futuro con políticas de Estado que desarrollen y potencien a la economía del conocimiento”, agregó.

Por último, Kicillof remarcó: «El COPEC nace en la provincia bajo la premisa de que gobernar es crear trabajo: en los países que son protagonistas de la revolución tecnológica actual se ve una intervención crucial del Estado para planificar y acompañar a quienes están dispuestos a invertir”. “Nuestro país merece un lugar estratégico y protagónico, y no lo va a alcanzar si destruye sus universidades y su entramado científico y tecnológico: el único camino al desarrollo es con más ciencia, producción y soberanía”, concluyó.

Durante la jornada, expusieron el presidente Polo IT La Plata, Gastón Menvielle; la rectora de la Universidad Nacional de Quilmes, Alejandra Zinni; y su par de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Greco; la presidenta de Bedson S.A, Alicia Romero de Colusi; el presidente de ARGENCON, Sebastián Mocorrea; el CEO de Crux Aerospace, Pablo Hollar; y el director ejecutivo de la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT), Pablo Wisznia.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; de Salud, Nicolás Kreplak; los subsecretarios de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar y de Ciencia, Tecnología e Innovación, Federico Agüero; sus pares de Industria y Pymes, Mariela Bembi; de Gobierno Digital, Sandra D’Agostino; de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo de la Jefatura de Asesores, Ayelén Borda; y de Políticas Culturales, Victoria Onetto; el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Roberto Salvarezza. Además, el senador Germán Lago; los diputados provinciales Mariano Cascallares y Diego Nanni; los intendentes de Florencio Varela, Andrés Watson; de La Matanza, Fernando Espinoza; de San Martín, Fernando Moreira; de Ituzaingó, Pablo Descalzo; de General Alvarado, Sebastián Ianantuony; los dirigentes Jorge Ferraresi y Alberto Descalzo.

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ARBA ayuda a combatir el contrabando en Salta: estiman pérdidas fiscales por US$2.000 millones al año

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La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) y el Gobierno de Salta avanzaron en un acuerdo de cooperación para fortalecer el control del transporte de mercaderías y combatir el contrabando. El titular del organismo bonaerense, Cristian Girard, advirtió que el comercio ilegal provoca pérdidas tributarias por unos 2 mil millones de dólares anuales y afecta a la producción y el empleo argentino.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, y el ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, encabezaron una serie de jornadas de trabajo destinadas a profundizar el convenio de cooperación entre ambas provincias para intercambiar información, compartir tecnología y fortalecer las tareas de fiscalización tributaria.

Como parte de las actividades, los funcionarios recorrieron el puesto de control de Salvador Mazza, ubicado sobre la Ruta Nacional 34 en la frontera con Bolivia, y sobrevolaron la zona limítrofe hasta Aguas Blancas, sobre el río Bermejo, para conocer el funcionamiento de los operativos destinados a combatir el ingreso ilegal de mercaderías.

Girard: “El contrabando provoca pérdidas por US$2.000 millones”

Durante la visita, el titular de ARBA destacó la inversión realizada por Salta para fortalecer los controles fronterizos y remarcó la necesidad de coordinar acciones entre las provincias.

«A partir de un convenio de colaboración que tenemos para fiscalizar el transporte de mercaderías, vinimos a conocer este nuevo puesto de control fronterizo, una inversión importante que hizo la provincia de Salta para atacar la problemática del contrabando, que provoca una pérdida de recursos fiscales, pero que también tiene un impacto negativo sobre la producción y el empleo argentino», afirmó.

Girard aseguró que el fenómeno viene creciendo en los últimos años y sostuvo que la articulación entre jurisdicciones resulta clave para enfrentarlo.

«El contrabando genera una pérdida de recursos tributarios del orden de los 2.000 millones de dólares en Argentina. En estos últimos años viene creciendo de manera alarmante. Por eso es fundamental que las provincias colaboremos y cooperemos en la gestión para fortalecer las capacidades de fiscalización y, de esa manera, no solo mejorar la recaudación, sino también defender el trabajo y la producción nacional», señaló.

Intercambio de tecnología y controles

El convenio entre ambas provincias contempla la transferencia de conocimientos técnicos y la implementación de herramientas utilizadas por ARBA para el seguimiento del transporte de mercaderías.

Entre ellas se encuentra el Código de Operaciones de Traslado (COT), un sistema que permite informar y controlar el movimiento de bienes dentro de la provincia de Buenos Aires y entre las jurisdicciones adheridas, facilitando la trazabilidad de las cargas y la detección de maniobras de evasión fiscal.

Girard resaltó además «el interés de la provincia de Salta por conocer y aprovechar la experiencia, el conocimiento y la tecnología que tiene ARBA».

«Vamos a sostener estas acciones de transferencia y colaboración, que nos permitan seguir mejorando y construyendo una red federal de control de mercadería en tránsito», afirmó.

Cooperación entre provincias

Por su parte, el ministro salteño Roberto Dib Ashur destacó la importancia del trabajo conjunto entre las administraciones tributarias provinciales.

«Estamos muy agradecidos con el equipo de ARBA y con Cristian Girard por la visita que hicieron a la provincia de Salta. Es muy importante para nosotros la cooperación federal, el intercambio de experiencias, compartir conocimientos y entender que la Argentina puede trabajar junta», expresó.

Además, sostuvo que «la cooperación entre las jurisdicciones es un objetivo fundamental» para potenciar el desarrollo económico del país.

La recorrida también incluyó el proyecto del futuro puesto de control El Potrero, en Colonia Santa Rosa, que recibirá el transporte de mercaderías proveniente de Orán.

Actualmente, además de Salta, ARBA mantiene convenios de cooperación en materia de control tributario con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Catamarca, Tierra del Fuego y Jujuy.

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