Luego de dos años de prórroga, el gobierno bonaerense se dispone a licitar la concesión de la principal terminal del Puerto Quequén que fue privatizada durante el menemismo. La presidenta del Consorcio de Gestión, Jimena López, adelantó que la intención es que el contrato incluya una «reserva de granos» del 30% para el Estado provincial. Sectores del agro salieron a acusar al gobierno de querer «entrometerse» en un mercado dominado por grandes multinacionales. Del otro lado, una asamblea vecinal que evitó la privatización del puerto en los 90 pelea por la estatización.
Por: Martín Mazzoleni
En diálogo con Todo Provincial, el referente de la «Asamblea por la Soberanía del Puerto de Quequén», Miguel Ángel Bayón, relató: “Hace dos años durante una visita del gobernador Axel Kicillof a Necochea conseguimos una audiencia en la que presentamos nuestro proyecto para que el Estado provincial recupere la terminal del Puerto Quequén que estaba a punto de vencer”.
Esta asamblea vecinal cuenta con el pergamino de haber logrado en 1989 frenar la privatización del puerto cuando estaba muy avanzado su traspaso a la empresa Socma de la familia Macri. Ahora lucha por la restatización de la planta concesionada desde hace más de 30 años por Terminal Quequén SA, una empresa conformada por un conglemorado de cerealeras como Dreyfus, Cargill, Cofco y ADM, junto a la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
«Aunque la Ley de Puertos fue nefasta en muchos aspectos contempla en su artículo 13 la posibilidad de que el Estado participe de las concesiones«, aclara Bayón.
Ante el primer vencimiento de la concesión en 2022, el gobierno provincial decidió prorrogar la concesión en forma temporaria por un año y luego la extendió por un año más a fines del 2023. Sin embargo, en las últimas semanas hubo novedades.
«Hace un mes y medio vino Carlos Bianco a Necochea y anunció que se avanzará con la licitación pero adelantó que la provincia solicitará una reserva de carga del 30% de la capacidad de almacenamiento de la terminal», precisó Bayón.
Días atrás, esa iniciativa fue ratificada en una entrevista por la presidenta del Consorcio del Puerto Quequén, Jimina López, y distintos sectores vinculadas al agro comenzaron a manifestar su rechazo, denunciando una «intromisión» indebida en el mercado de granos que actualmente concentran grandes exportadoras extranjeras.
Del otro lado, desde la «Asamblea por la Soberanía del Puerto de Quequén» consideran que la «reserva de carga» es insuficiente.
«Pudimos charlar en forma privada con Bianco y le planteamos que esta iniciativa significa un paso adelante pero que resultaba insuficiente ante lo que podía hacer. Este es el momento justo para recuperar la terminal, sin ningún peligro legal ya que se produce el fin de la concesión”, apuntó Miguel Ángel Bayón.
Otro grupo de defensores del puerto, plantea que, al menos, la provincia se debería quedar con el 51% y licitar el restante 49%, pero integrando la sociedad, algo que la reserva de carga no otorga.
La reserva de carga implicaría que el concesionario deje al Estado un 30% de las instalaciones disponibles para que la Provincia coloque granos. Al respecto, Jimena López describió: “Axel pide este 30% como una forma de que si en algún momento la provincia pudiera avanzar en alguna lógica de empresa del Estado que pueda comercializar o comprar los granos tener disponible un lugar de acopio, es una posibilidad, que obviamente tiene que respetar toda la lógica del negocio que es trabajar con calendario con previsión”.
«Nosotros planteamos que la Provincia recupere la terminal y en paralelo cree una sociedad del Estado que sea exportadora», planteó el referente de la «Asamblea por la Soberanía del Puerto de Quequén» y apuntó: «Integrar la sociedad permitiría tener conocimiento del negocio internacional granario, analizar las ganancias y probar si existe evasión en el resto de las terminales».
Sobre los beneficios que tendría que el Estado provincial tenga su propia terminal y empresa exportadora de granos, Bayón destacó: «La provincia podría pagar mejores precios a pequeños productores, hacer una segmentación por escala o por distancia del puerto para compensar el costo del flete. Con los recursos que generaría la exportadora también se podría establecer un precio sostén en épocas de baja muy pronunciadas».
Además, señaló que para el comercio exterior de granos «no se requiere tecnología desconocida, ni hacer inversiones porque las instalaciones ya están».
La licitación se debatirá por el directorio del Consorcio conformado por representantes de los productores, instituciones intermedias, agroexportadores y el Estado. La concesión vence el próximo 11 de noviembre.
Sobre el rechazo manifestado por parte del agro, Bayón manifestó: «Estos sectores se van a oponer por más que la provincia solicite una reserva del 1% porque es una declaración de principios y una cuestión meramente ideológica en defensa de los sectores más concentrados».