El Senado de la provincia de Buenos Aires designó a los nuevos representantes del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de la selección, nombramiento y control disciplinario de jueces y fiscales. En ese marco, el senador Sergio Berni fue designado como integrante titular en representación del bloque Fuerza Patria, mientras que Fernando Coronel ocupará el lugar de suplente.

Por su parte, la senadora María Luz Bambaci fue elegida para representar a los bloques de la oposición dentro del organismo.

La sesión estuvo encabezada por la vicegobernadora Verónica Magario y también incluyó la aprobación de diversos proyectos legislativos y declaraciones de interés institucional.

El Senado repudió los cambios al régimen de Zona Fría

Uno de los puntos más destacados de la jornada fue la aprobación de una declaración de repudio al proyecto impulsado por el Gobierno nacional que propone modificar la Ley 27.637 de Zona Fría.

Según manifestaron desde la Cámara Alta bonaerense, la iniciativa busca restringir los subsidios aplicados a las tarifas de gas y podría afectar a 95 municipios bonaerenses que actualmente reciben ese beneficio.

Los legisladores provinciales expresaron su preocupación por el impacto que tendría la medida sobre miles de usuarios residenciales en distintas regiones de la provincia.

Registro genético para identificar personas desaparecidas

Durante la sesión también obtuvo media sanción un proyecto para crear un Registro Provincial de Datos Genéticos de cadáveres o restos cadavéricos no identificados, que funcionará en el ámbito del Banco de Datos Genéticos de la Suprema Corte de Justicia.

La iniciativa apunta a centralizar la información genética de restos humanos no identificados con el objetivo de facilitar su identificación y colaborar en la búsqueda de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas.

Más accesibilidad en el transporte y beneficios para excombatientes

Los senadores también aprobaron una modificación normativa para establecer la colocación obligatoria de pictogramas en las empresas de transporte público, una medida destinada a mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad.

Además, avanzó un proyecto que modifica el régimen previsional especial para excombatientes de Malvinas, incorporando a quienes no pudieron continuar sus carreras dentro de las Fuerzas Armadas debido a secuelas físicas o psicológicas derivadas del conflicto bélico.

Por otra parte, se aprobó la prórroga de las licencias extraordinarias de Florencia Saintout, quien continuará al frente del Instituto Cultural bonaerense, y de Gabriel Katopodis, que seguirá desempeñándose como ministro de Infraestructura y Servicios Públicos.

Al inicio de la sesión, los legisladores también rindieron homenaje a Taty Almeida, histórica referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, fallecida el pasado 14 de junio.

La Confederación General del Trabajo (CGT) comenzó a delinear un plan de lucha escalonado frente al avance de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La estrategia será debatida la próxima semana en una reunión del Consejo Directivo de la central obrera, luego de una serie de encuentros con las principales confederaciones sindicales y las dos CTA. Las medidas de fuerza llegarían recién después de la finalización del Mundial de Fútbol.

El triunvirato que conduce la CGT mantuvo reuniones con representantes de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Confederación Argentina de Trabajadores de Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (CATHEDA), sectores especialmente afectados por la crisis económica y laboral.

Según trascendió, el objetivo es coordinar una respuesta común ante la reglamentación de la ley de modernización laboral, que acelera la revisión de cientos de convenios colectivos de trabajo y modifica aspectos centrales de las relaciones laborales.

La CGT analiza un plan de lucha escalonado

Tras los encuentros, las organizaciones emitieron un comunicado conjunto en el que advirtieron sobre el «deterioro de las condiciones de trabajo, el retroceso de la actividad económica y el avance sobre derechos históricos del movimiento obrero».

En ese marco, plantearon la necesidad de evitar respuestas aisladas y avanzar en mecanismos de coordinación que desemboquen en un plan de lucha «sostenido, escalonado y con capacidad de involucrar al conjunto de las organizaciones».

El cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, anticipó que la central podría acompañar conflictos sectoriales y luego avanzar hacia una medida de alcance nacional.

Además, la conducción cegetista se reunió con los titulares de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y de la CTA Autónoma, Hugo «Cachorro» Godoy, con quienes acordó comenzar a construir un plan de acción conjunto.

La reforma laboral acelera la revisión de convenios

Por el momento, la CGT descarta la convocatoria inmediata a un nuevo paro general. Las medidas de carácter nacional quedarían para después del Mundial de Fútbol.

Sin embargo, la preocupación sindical crece por los plazos establecidos en la reglamentación de la ley de modernización laboral. El Gobierno fijó para el 1° de noviembre la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral y otorgó 30 días para iniciar la renegociación de convenios colectivos afectados por el fin de la ultraactividad.

Mientras inicialmente se hablaba de unos 150 convenios alcanzados por la medida, posteriormente el Ministerio de Capital Humano informó que existen 446 convenios vencidos. No obstante, fuentes oficiales señalaron que ya se promovieron cerca de 800 convocatorias que incluyen acuerdos por actividad y también por empresa.

Desde el sindicalismo advierten que el Ejecutivo busca trasladar la negociación al ámbito empresarial, fragmentando las discusiones colectivas y debilitando la capacidad de representación de los gremios.

Preocupación por la pérdida de derechos laborales

Entre los aspectos más cuestionados por la CGT figuran la posibilidad de implementar bancos de horas, que habilitarían jornadas de hasta 12 horas diarias, y la incorporación de esquemas de salario dinámico vinculados a la productividad.

Los dirigentes sindicales sostienen que estas modificaciones implican una pérdida de derechos laborales históricos y una mayor flexibilización en favor de las empresas.

Por otra parte, la conducción cegetista continúa apostando a la vía judicial. La central mantiene presentaciones para que se declare la inconstitucionalidad de distintos artículos de la reforma laboral.

«Hay una gran inseguridad jurídica porque la Justicia todavía no resolvió nuestro planteo. Cualquier empleador que avance corre el riesgo de que después la norma sea declarada inconstitucional», sostuvo Jorge Sola al referirse a la situación actual.

Mientras tanto, la CGT busca consolidar consensos internos y ampliar la coordinación con otras centrales sindicales para enfrentar uno de los cambios laborales más profundos impulsados por el gobierno nacional.

Plantean que las capacitaciones no otorgan incumbencias profesionales y reclaman una revisión de la normativa vigente

El Colegio de Ingenieros manifestó su preocupación por el dictado de diplomaturas vinculadas a la medición de sistemas de puesta a tierra impulsadas desde el ámbito de la Higiene y Seguridad, al considerar que dichas actividades podrían generar confusión respecto de las incumbencias profesionales establecidas por la legislación nacional.

Según señalaron desde la entidad, las especialidades de la Ingeniería vinculadas a la electricidad y la electromecánica poseen formación específica para intervenir en el diseño, construcción y verificación de instalaciones eléctricas, incluyendo los sistemas de puesta a tierra, considerados fundamentales para la protección de las personas y los bienes frente a eventuales riesgos eléctricos.

Alcances profesionales establecidos por la ley

Desde el Colegio recordaron que la Ley de Educación Superior distingue claramente las actividades reservadas a las profesiones comprendidas en el artículo 43, entre ellas las distintas ramas de la Ingeniería, de aquellas alcanzadas por el artículo 42, donde se encuentran las licenciaturas que no cuentan con atribuciones para desarrollar determinadas tareas técnicas.

En ese marco, remarcaron que los ingenieros tienen reservadas actividades tales como diseñar, calcular, proyectar y dirigir la construcción de obras, instalaciones y sistemas, por lo que consideran que las mallas de puesta a tierra forman parte de ese conjunto de competencias exclusivas.

Asimismo, sostuvieron que las diplomaturas no generan nuevas incumbencias profesionales y que el ejercicio de actividades fuera del ámbito habilitado por la ley podría derivar en responsabilidades civiles y penales para quienes las realicen.

Debate sobre la Resolución 900/15

El planteo también apunta a la Resolución 900/15 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), normativa que establece la obligatoriedad de efectuar mediciones anuales de puesta a tierra en los ambientes laborales y exige que los protocolos sean firmados por un profesional con incumbencias en la materia.

Para el Colegio de Ingenieros, la medición no constituye un simple trámite administrativo, sino que requiere la interpretación de parámetros eléctricos, cálculos técnicos y la validación de condiciones de seguridad que forman parte de la formación específica de la Ingeniería.

En ese sentido, argumentaron que determinar si una instalación resulta adecuada, definir modificaciones, calcular la incorporación de nuevas jabalinas, diseñar tratamientos para reducir la resistividad del suelo o dimensionar conductores de enlace son tareas que exigen conocimientos propios de la disciplina.

Pedido de modificación normativa

Finalmente, la institución consideró necesario que la Resolución 900/15 sea revisada para explicitar que las tareas vinculadas al diseño, evaluación y certificación técnica de sistemas de puesta a tierra sean realizadas exclusivamente por profesionales de la Ingeniería habilitados y matriculados.

Desde el Colegio sostuvieron que el objetivo es preservar la seguridad de las instalaciones eléctricas y garantizar que cada profesión actúe dentro de las competencias que le asigna el marco legal vigente, en resguardo de la población y de los propios profesionales involucrados.