La Confederación General del Trabajo (CGT) comenzó a delinear un plan de lucha escalonado frente al avance de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La estrategia será debatida la próxima semana en una reunión del Consejo Directivo de la central obrera, luego de una serie de encuentros con las principales confederaciones sindicales y las dos CTA. Las medidas de fuerza llegarían recién después de la finalización del Mundial de Fútbol.

El triunvirato que conduce la CGT mantuvo reuniones con representantes de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Confederación Argentina de Trabajadores de Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (CATHEDA), sectores especialmente afectados por la crisis económica y laboral.

Según trascendió, el objetivo es coordinar una respuesta común ante la reglamentación de la ley de modernización laboral, que acelera la revisión de cientos de convenios colectivos de trabajo y modifica aspectos centrales de las relaciones laborales.

La CGT analiza un plan de lucha escalonado

Tras los encuentros, las organizaciones emitieron un comunicado conjunto en el que advirtieron sobre el «deterioro de las condiciones de trabajo, el retroceso de la actividad económica y el avance sobre derechos históricos del movimiento obrero».

En ese marco, plantearon la necesidad de evitar respuestas aisladas y avanzar en mecanismos de coordinación que desemboquen en un plan de lucha «sostenido, escalonado y con capacidad de involucrar al conjunto de las organizaciones».

El cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, anticipó que la central podría acompañar conflictos sectoriales y luego avanzar hacia una medida de alcance nacional.

Además, la conducción cegetista se reunió con los titulares de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y de la CTA Autónoma, Hugo «Cachorro» Godoy, con quienes acordó comenzar a construir un plan de acción conjunto.

La reforma laboral acelera la revisión de convenios

Por el momento, la CGT descarta la convocatoria inmediata a un nuevo paro general. Las medidas de carácter nacional quedarían para después del Mundial de Fútbol.

Sin embargo, la preocupación sindical crece por los plazos establecidos en la reglamentación de la ley de modernización laboral. El Gobierno fijó para el 1° de noviembre la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral y otorgó 30 días para iniciar la renegociación de convenios colectivos afectados por el fin de la ultraactividad.

Mientras inicialmente se hablaba de unos 150 convenios alcanzados por la medida, posteriormente el Ministerio de Capital Humano informó que existen 446 convenios vencidos. No obstante, fuentes oficiales señalaron que ya se promovieron cerca de 800 convocatorias que incluyen acuerdos por actividad y también por empresa.

Desde el sindicalismo advierten que el Ejecutivo busca trasladar la negociación al ámbito empresarial, fragmentando las discusiones colectivas y debilitando la capacidad de representación de los gremios.

Preocupación por la pérdida de derechos laborales

Entre los aspectos más cuestionados por la CGT figuran la posibilidad de implementar bancos de horas, que habilitarían jornadas de hasta 12 horas diarias, y la incorporación de esquemas de salario dinámico vinculados a la productividad.

Los dirigentes sindicales sostienen que estas modificaciones implican una pérdida de derechos laborales históricos y una mayor flexibilización en favor de las empresas.

Por otra parte, la conducción cegetista continúa apostando a la vía judicial. La central mantiene presentaciones para que se declare la inconstitucionalidad de distintos artículos de la reforma laboral.

«Hay una gran inseguridad jurídica porque la Justicia todavía no resolvió nuestro planteo. Cualquier empleador que avance corre el riesgo de que después la norma sea declarada inconstitucional», sostuvo Jorge Sola al referirse a la situación actual.

Mientras tanto, la CGT busca consolidar consensos internos y ampliar la coordinación con otras centrales sindicales para enfrentar uno de los cambios laborales más profundos impulsados por el gobierno nacional.

Plantean que las capacitaciones no otorgan incumbencias profesionales y reclaman una revisión de la normativa vigente

El Colegio de Ingenieros manifestó su preocupación por el dictado de diplomaturas vinculadas a la medición de sistemas de puesta a tierra impulsadas desde el ámbito de la Higiene y Seguridad, al considerar que dichas actividades podrían generar confusión respecto de las incumbencias profesionales establecidas por la legislación nacional.

Según señalaron desde la entidad, las especialidades de la Ingeniería vinculadas a la electricidad y la electromecánica poseen formación específica para intervenir en el diseño, construcción y verificación de instalaciones eléctricas, incluyendo los sistemas de puesta a tierra, considerados fundamentales para la protección de las personas y los bienes frente a eventuales riesgos eléctricos.

Alcances profesionales establecidos por la ley

Desde el Colegio recordaron que la Ley de Educación Superior distingue claramente las actividades reservadas a las profesiones comprendidas en el artículo 43, entre ellas las distintas ramas de la Ingeniería, de aquellas alcanzadas por el artículo 42, donde se encuentran las licenciaturas que no cuentan con atribuciones para desarrollar determinadas tareas técnicas.

En ese marco, remarcaron que los ingenieros tienen reservadas actividades tales como diseñar, calcular, proyectar y dirigir la construcción de obras, instalaciones y sistemas, por lo que consideran que las mallas de puesta a tierra forman parte de ese conjunto de competencias exclusivas.

Asimismo, sostuvieron que las diplomaturas no generan nuevas incumbencias profesionales y que el ejercicio de actividades fuera del ámbito habilitado por la ley podría derivar en responsabilidades civiles y penales para quienes las realicen.

Debate sobre la Resolución 900/15

El planteo también apunta a la Resolución 900/15 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), normativa que establece la obligatoriedad de efectuar mediciones anuales de puesta a tierra en los ambientes laborales y exige que los protocolos sean firmados por un profesional con incumbencias en la materia.

Para el Colegio de Ingenieros, la medición no constituye un simple trámite administrativo, sino que requiere la interpretación de parámetros eléctricos, cálculos técnicos y la validación de condiciones de seguridad que forman parte de la formación específica de la Ingeniería.

En ese sentido, argumentaron que determinar si una instalación resulta adecuada, definir modificaciones, calcular la incorporación de nuevas jabalinas, diseñar tratamientos para reducir la resistividad del suelo o dimensionar conductores de enlace son tareas que exigen conocimientos propios de la disciplina.

Pedido de modificación normativa

Finalmente, la institución consideró necesario que la Resolución 900/15 sea revisada para explicitar que las tareas vinculadas al diseño, evaluación y certificación técnica de sistemas de puesta a tierra sean realizadas exclusivamente por profesionales de la Ingeniería habilitados y matriculados.

Desde el Colegio sostuvieron que el objetivo es preservar la seguridad de las instalaciones eléctricas y garantizar que cada profesión actúe dentro de las competencias que le asigna el marco legal vigente, en resguardo de la población y de los propios profesionales involucrados.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes la inauguración formal del nuevo edificio de la Escuela Primaria N°6 en el municipio de San Vicente. La actividad contó con la presencia de la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi; el intendente local, Nicolás Mantegazza; y la directora de la institución, Triana Fernández. Es el edificio escolar 314 creado durante la gestión actual.

Durante el acto, Kicillof contrastó la política educativa provincial con la del Gobierno nacional y apuntó contra la paralización de obras escolares. “Hoy estamos viendo el reflejo de dos modelos totalmente diferentes: mientras inauguramos este nuevo edificio para una escuela primaria, a pocos metros podemos observar las obras de la secundaria que fueron paralizadas por decisión del Gobierno nacional”, sostuvo.

El mandatario provincial agregó: “Desde que asumió, Javier Milei interrumpió más de mil obras en el territorio bonaerense: es realmente una actitud criminal dejar a los pibes y las pibas sin las escuelas que se merecen”.

Una inversión de casi $2 mil millones

La nueva infraestructura escolar fue ejecutada mediante una inversión de $1.941 millones y permitirá mejorar las condiciones de aprendizaje de unos 500 alumnos del nivel primario. El edificio cuenta con seis aulas, laboratorio, biblioteca, sala de multimedios, SUM y oficinas destinadas a docentes y auxiliares.

En el mismo predio, permanece paralizada la obra correspondiente a las nuevas instalaciones de la Escuela Secundaria N°12, cuya ejecución dependía del Gobierno nacional.

“Por eso, a pesar de la asfixia económica a la que nos quieren someter cuando nos quitan los recursos que nos corresponden, en la Provincia hacemos un gran esfuerzo para terminar todos los proyectos que iniciamos y, al mismo tiempo, reactivar muchos de los que paró Milei”, expresó Kicillof.

Además, remarcó que “este es el edificio escolar Nº314 que inauguramos y no va a ser el último”, y aseguró que la gestión provincial continuará trabajando “para mejorar las condiciones de aprendizaje y construir las escuelas que necesitan las y los bonaerenses”.

“Más y mejores escuelas”

Por su parte, Terigi afirmó que desde el inicio de la gestión provincial se puso “el foco en mejorar la educación pública con la construcción de nuevos edificios y obras de ampliación y refacción en establecimientos ya existentes”.

“Ese es el objetivo de nuestra gestión: trabajar para que haya más y mejores escuelas para los pibes y pibas de nuestra provincia”, señaló la titular de la cartera educativa bonaerense.

En tanto, Mantegazza destacó el trabajo conjunto entre el municipio y la Provincia y cuestionó la falta de inversión nacional en materia educativa. “Mientras el Gobierno nacional abandona la inversión educativa, la Provincia sigue apostando a la escuela pública como herramienta de desarrollo e igualdad”, afirmó.

El jefe comunal agregó que “gracias al trabajo en conjunto, este edificio es una realidad para San Vicente y un nuevo derecho concretado para nuestros chicos y chicas”.

Acuerdo con Provincia Leasing

Durante la jornada también se firmó un acuerdo de leasing por $427 millones para que el municipio incorpore dos excavadoras sobre orugas. El convenio fue rubricado con la participación del presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

Además, estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la presidenta de Provincia Leasing, Valeria Dallera; la jefa de gabinete del Ministerio de Trabajo bonaerense, Cecilia Cecchini; el subsecretario de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat; y funcionarios locales.