Plantean que las capacitaciones no otorgan incumbencias profesionales y reclaman una revisión de la normativa vigente

El Colegio de Ingenieros manifestó su preocupación por el dictado de diplomaturas vinculadas a la medición de sistemas de puesta a tierra impulsadas desde el ámbito de la Higiene y Seguridad, al considerar que dichas actividades podrían generar confusión respecto de las incumbencias profesionales establecidas por la legislación nacional.

Según señalaron desde la entidad, las especialidades de la Ingeniería vinculadas a la electricidad y la electromecánica poseen formación específica para intervenir en el diseño, construcción y verificación de instalaciones eléctricas, incluyendo los sistemas de puesta a tierra, considerados fundamentales para la protección de las personas y los bienes frente a eventuales riesgos eléctricos.

Alcances profesionales establecidos por la ley

Desde el Colegio recordaron que la Ley de Educación Superior distingue claramente las actividades reservadas a las profesiones comprendidas en el artículo 43, entre ellas las distintas ramas de la Ingeniería, de aquellas alcanzadas por el artículo 42, donde se encuentran las licenciaturas que no cuentan con atribuciones para desarrollar determinadas tareas técnicas.

En ese marco, remarcaron que los ingenieros tienen reservadas actividades tales como diseñar, calcular, proyectar y dirigir la construcción de obras, instalaciones y sistemas, por lo que consideran que las mallas de puesta a tierra forman parte de ese conjunto de competencias exclusivas.

Asimismo, sostuvieron que las diplomaturas no generan nuevas incumbencias profesionales y que el ejercicio de actividades fuera del ámbito habilitado por la ley podría derivar en responsabilidades civiles y penales para quienes las realicen.

Debate sobre la Resolución 900/15

El planteo también apunta a la Resolución 900/15 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), normativa que establece la obligatoriedad de efectuar mediciones anuales de puesta a tierra en los ambientes laborales y exige que los protocolos sean firmados por un profesional con incumbencias en la materia.

Para el Colegio de Ingenieros, la medición no constituye un simple trámite administrativo, sino que requiere la interpretación de parámetros eléctricos, cálculos técnicos y la validación de condiciones de seguridad que forman parte de la formación específica de la Ingeniería.

En ese sentido, argumentaron que determinar si una instalación resulta adecuada, definir modificaciones, calcular la incorporación de nuevas jabalinas, diseñar tratamientos para reducir la resistividad del suelo o dimensionar conductores de enlace son tareas que exigen conocimientos propios de la disciplina.

Pedido de modificación normativa

Finalmente, la institución consideró necesario que la Resolución 900/15 sea revisada para explicitar que las tareas vinculadas al diseño, evaluación y certificación técnica de sistemas de puesta a tierra sean realizadas exclusivamente por profesionales de la Ingeniería habilitados y matriculados.

Desde el Colegio sostuvieron que el objetivo es preservar la seguridad de las instalaciones eléctricas y garantizar que cada profesión actúe dentro de las competencias que le asigna el marco legal vigente, en resguardo de la población y de los propios profesionales involucrados.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes la inauguración formal del nuevo edificio de la Escuela Primaria N°6 en el municipio de San Vicente. La actividad contó con la presencia de la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi; el intendente local, Nicolás Mantegazza; y la directora de la institución, Triana Fernández. Es el edificio escolar 314 creado durante la gestión actual.

Durante el acto, Kicillof contrastó la política educativa provincial con la del Gobierno nacional y apuntó contra la paralización de obras escolares. “Hoy estamos viendo el reflejo de dos modelos totalmente diferentes: mientras inauguramos este nuevo edificio para una escuela primaria, a pocos metros podemos observar las obras de la secundaria que fueron paralizadas por decisión del Gobierno nacional”, sostuvo.

El mandatario provincial agregó: “Desde que asumió, Javier Milei interrumpió más de mil obras en el territorio bonaerense: es realmente una actitud criminal dejar a los pibes y las pibas sin las escuelas que se merecen”.

Una inversión de casi $2 mil millones

La nueva infraestructura escolar fue ejecutada mediante una inversión de $1.941 millones y permitirá mejorar las condiciones de aprendizaje de unos 500 alumnos del nivel primario. El edificio cuenta con seis aulas, laboratorio, biblioteca, sala de multimedios, SUM y oficinas destinadas a docentes y auxiliares.

En el mismo predio, permanece paralizada la obra correspondiente a las nuevas instalaciones de la Escuela Secundaria N°12, cuya ejecución dependía del Gobierno nacional.

“Por eso, a pesar de la asfixia económica a la que nos quieren someter cuando nos quitan los recursos que nos corresponden, en la Provincia hacemos un gran esfuerzo para terminar todos los proyectos que iniciamos y, al mismo tiempo, reactivar muchos de los que paró Milei”, expresó Kicillof.

Además, remarcó que “este es el edificio escolar Nº314 que inauguramos y no va a ser el último”, y aseguró que la gestión provincial continuará trabajando “para mejorar las condiciones de aprendizaje y construir las escuelas que necesitan las y los bonaerenses”.

“Más y mejores escuelas”

Por su parte, Terigi afirmó que desde el inicio de la gestión provincial se puso “el foco en mejorar la educación pública con la construcción de nuevos edificios y obras de ampliación y refacción en establecimientos ya existentes”.

“Ese es el objetivo de nuestra gestión: trabajar para que haya más y mejores escuelas para los pibes y pibas de nuestra provincia”, señaló la titular de la cartera educativa bonaerense.

En tanto, Mantegazza destacó el trabajo conjunto entre el municipio y la Provincia y cuestionó la falta de inversión nacional en materia educativa. “Mientras el Gobierno nacional abandona la inversión educativa, la Provincia sigue apostando a la escuela pública como herramienta de desarrollo e igualdad”, afirmó.

El jefe comunal agregó que “gracias al trabajo en conjunto, este edificio es una realidad para San Vicente y un nuevo derecho concretado para nuestros chicos y chicas”.

Acuerdo con Provincia Leasing

Durante la jornada también se firmó un acuerdo de leasing por $427 millones para que el municipio incorpore dos excavadoras sobre orugas. El convenio fue rubricado con la participación del presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

Además, estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la presidenta de Provincia Leasing, Valeria Dallera; la jefa de gabinete del Ministerio de Trabajo bonaerense, Cecilia Cecchini; el subsecretario de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat; y funcionarios locales.

Los médicos de cabecera de PAMI, nucleados en la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), iniciaron este lunes un paro nacional de 72 horas en rechazo a la Resolución 1107/2026, que modifica el esquema de pagos y reduce de manera drástica sus ingresos. La medida cuenta con el respaldo de la CGT y se enmarca en un conflicto que escala en todo el país.

“Los médicos de cabecera cobrarán exactamente la mitad”, aseguró la doctora Fernanda Scoccia, secretaria de género del gremio. Según explicaron, la resolución elimina la consulta presencial como fuente de ingreso, incorpora más prestaciones dentro de un pago fijo y suprime incentivos económicos vinculados a la formación profesional. Además, denuncian que fue implementada de forma unilateral, inconsulta y con carácter retroactivo a abril.

“Más trabajo, menos ingresos”: fuerte rechazo a la resolución de PAMI

De acuerdo con APPAMIA, el impacto económico es inmediato: los profesionales pasarían de percibir alrededor de 2.100.000 pesos mensuales a unos 1.400.000, en un esquema que consideran inviable para sostener la actividad.

“El resultado es claro: más trabajo, menos ingresos y menor reconocimiento al ejercicio médico, afectando de manera directa la sostenibilidad del consultorio y la calidad de atención».

La carga laboral, además, es elevada. “Un médico de cabecera tiene una dedicación full time: tiene que atender un paciente cada 20 minutos y validarlo en tiempo real. Como el sistema generalmente se cae, tienen que validar la consulta después de las 10 de la noche. Tiene que ser antes de las 12 de ese mismo día para que no entre fuera de rango y no se lo descuenten», detalló Scoccia.

A esto se suman múltiples tareas: recetas, derivaciones, pedidos de internación y atención domiciliaria. Sin embargo, por cada afiliado cobrarán apenas 2.100 pesos mensuales. “Con el doble, el gasto ya daba pérdida. Sin previo aviso, te lo reducen a la mitad. A los médicos les va a ser imposible afrontar los gastos fijos del consultorio con la mitad de lo que están ganando», advirtió la dirigente.

Crisis también en odontología y advertencia de profundización del conflicto

El conflicto se extiende a otras áreas. En odontología, la situación es aún más crítica: los profesionales denuncian atrasos en los pagos —con deudas desde diciembre— y honorarios extremadamente bajos. Según indicaron, perciben unos 374 pesos por paciente, cuando solo un insumo básico como un cartucho de anestesia cuesta cerca de mil pesos.

“Así es imposible sostener la atención odontológica”, señalaron. Muchos profesionales venían cubriendo los costos de su propio bolsillo, pero advierten que esa situación ya no es sostenible, por lo que iniciaron medidas de retención de tareas.

Desde APPAMIA sostienen que los valores actuales “tornan inviable el sostenimiento de la actividad en condiciones dignas” y presentaron una contrapropuesta que fija una cápita mínima de 6.500 pesos por paciente, basada en los costos reales del ejercicio profesional.

Entre los reclamos, exigen la derogación inmediata de la resolución 1107, la recomposición de los honorarios y la reincorporación de médicos cesanteados. Además, no descartan avanzar por la vía judicial al considerar que existen condiciones de “relación laboral encubierta”.

“Sin retribuciones dignas, no hay salud de calidad”, advirtieron, y anticiparon que, de no haber una respuesta urgente, las medidas de fuerza podrían profundizarse por tiempo indeterminado.