La sentencia judicial contra Cristina Fernández de Kirchner activó una ola de protestas en la región metropolitana. Como respuesta, organizaciones sociales y sindicales adoptaron una nueva estrategia de cortes sorpresivos, con el objetivo de evadir la represión y sostener la visibilidad del reclamo. Las entidades aseguran que los piquetes se multiplicarán en los próximos días.

Desde el martes se registraron cuatro cortes clave en las autopistas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano, y este miércoles se sumó un nuevo bloqueo total en la Autopista Buenos Aires – La Plata, a la altura de Wilde, donde el tránsito quedó completamente interrumpido desde las 15 horas.

Las interrupciones del tránsito se vienen replicando desde que se conoció el fallo contra la expresidenta. Las manifestaciones ya se posicionaron en distintos tramos, entre Quilmes y Villa Domínico, generando serias complicaciones en la circulación vehicular.

Las agrupaciones UTEP, Territorios en Lucha, y el Frente Barrial CTA, entre otras, anunciaron una nueva jornada de movilizaciones para este viernes bajo la consigna “Defensa de la democracia y contra la proscripción de Cristina”.

El plan prevé bloqueos simultáneos desde las 16 hasta las 19 horas, con puntos de concentración en distintos accesos del AMBA:

• Zona Sur: Cruce Varela y Autopista Buenos Aires – La Plata (altura Quilmes)
• Zona Oeste: Acceso Oeste y Ruta 23; Autopista 25 de Mayo y General Paz; Km 35 (monumento a la memoria)
• Zona Norte: Universidad de San Martín y Panamericana con Ruta 197

Previo a las manifestaciones de la tarde, un incidente vial alteró el tránsito en sentido contrario. A la altura del km 5,5 de la Autopista Buenos Aires – La Plata, un semirremolque se desprendió de un camión y quedó atravesado sobre la calzada. El vehículo fue removido tras algunas horas, pero el episodio complicó la circulación en la mañana del miércoles.

La empresa Kimberly-Clark cerró de forma definitiva su planta ubicada en el Parque Industrial de Pilar y notificó el despido de 220 trabajadores. La información fue confirmada por el sindicato de Papeleros, que adelantó que se organizará un plan de acción gremial para abordar la situación. El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria pero la empresa no acata.

La planta de Pilar estaba dedicada a la producción de toallitas húmedas y protectores diarios de marcas como Huggies, Kleenex, Scott y Plenitud. Durante el fin de semana, la actividad había sido interrumpida bajo el argumento de realizar tareas de mantenimiento.

El secretario regional del sindicato de Papeleros, Diego Lijo, indicó: “Los directivos me convocaron a una reunión donde nos informaron el cierre. Después comenzaron a llamar a todos los trabajadores para comunicarles que el lunes se depositará la liquidación final”. Y agregó: “Hay mucha angustia. Son 220 familias que se quedan sin su fuente de trabajo”.

Lijo señaló además que “la decisión parece difícil de revertir por tratarse de una firma multinacional. Lo que buscamos ahora es resistir y, en todo caso, mejorar las condiciones de desvinculación”.

El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria y ordenó retrotraer los 220 despidos. Sin embargo, la empresa no acató la resolución y los trabajadores realizan un acampe en el Parque Industrial.

En paralelo, se analiza la posibilidad de realizar una movilización con apoyo de la Federación de Papel y otros gremios del sector. “Queremos visibilizar lo que está pasando con los trabajadores despedidos”, explicó el dirigente sindical.

A través de un comunicado, Kimberly-Clark informó que la medida se enmarca en una política de “optimización y crecimiento sostenible”. En ese sentido, anunció que concentrará toda su producción nacional en la planta ubicada en la provincia de San Luis, donde prevé invertir 15 millones de dólares durante los próximos tres años.

“Nos adaptamos a la estrategia global de optimización de la huella operativa”, expresó la compañía.

En el comunicado, la empresa agradeció “el compromiso” del personal de la planta cerrada y comunicó que ya comenzó el proceso de liquidación final para los trabajadores afectados.

El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires emitió un dictamen favorable a los trabajadores mercantiles en relación al Art. 10 del acuerdo paritario del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), que establece el pago de montos no remunerativos. La medida fue tomada tras el requerimiento del SECLA (Sindicato de Lanús y Avellaneda) y busca resolver la situación generada por la falta de homologación del acuerdo nacional.

En los hechos, algunas empresas aprovecharon la demora en la homologación por parte del Gobierno nacional para no cumplir con lo pactado, a pesar de que las distintas cámaras empresariales ya habían suscripto el acuerdo salarial. Frente a esta situación, la intervención del Ministerio provincial resultó clave para garantizar el derecho de los trabajadores.

El dictamen exige que se pague lo pactado

De acuerdo al dictamen, corresponde abonar el pago a cuenta hasta que se produzca la homologación definitiva del acuerdo, despejando así la incertidumbre de miles de empleados y empleadas del sector comercial que aún no habían recibido los aumentos estipulados. Además, el Ministerio aclaró que los montos no remunerativos pueden ser abonados sin necesidad de esperar la homologación, siempre que se haya pactado en la mesa paritaria.

Desde la cartera laboral señalaron que esta resolución “brinda tranquilidad a los trabajadores que no estaban percibiendo ese pago debido a la falta de homologación”, y destacaron que la decisión se tomó en defensa de los acuerdos laborales y de la paz social.

Rechazo al cepo a la negociación colectiva

Cabe remarcar que, mientras el Gobierno nacional mantiene un cepo sobre la negociación colectiva, impidiendo la homologación de acuerdos firmados entre sindicatos y cámaras empresarias, la administración bonaerense se mostró decidida a sostener los derechos laborales en el territorio provincial.

En ese sentido, el subsecretario de Relaciones del Trabajo, Andrés Reveles, expresó: “El pronunciamiento del Ministerio es una clara demostración de que en la Provincia de Buenos Aires se cumple con la Constitución provincial, que garantiza la defensa de los principios del derecho del trabajo tales como progresividad, irrenunciabilidad de derechos y justicia social”.

El dictamen del Ministerio que conduce Walter Correa se da en un contexto de creciente tensión entre los sindicatos y el Gobierno nacional, y representa una herramienta clave para que las organizaciones gremiales puedan hacer valer los acuerdos alcanzados sin quedar sujetos a decisiones políticas que paralicen la negociación colectiva.