La decisión del Municipio de Olavarría de crear una categoría específica dentro de la Tasa de Seguridad e Higiene (TISH) para los parques eólicos despertó una campaña mediática en contra bajo el falso título de “impuesto al viento”. Sin embargo, se trata del mismo tributo que pagan todos los comercios y empresas aplicado a un sector dominado por grandes empresas.

En diálogo con Todo Provincial STREAM, el concejal de Fuerza Patria Federico Aguilera aseguró que el debate «está bastante forzado» y consideró que se intentó instalar una interpretación errónea sobre el alcance de la ordenanza.

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«Es un debate bastante forzado porque lo que se propone en Olavarría no sale de lo habitual en cualquier municipio y sus facultades de aplicar una tasa a una actividad comercial», afirmó.

El edil del oficialismo local cuestionó especialmente la denominación con la que se difundió la iniciativa: «Le impusieron ese falso nombre de ‘impuesto al viento’ y es algo ridículo. Hay que aclarar que es la Tasa de Seguridad e Higiene que se cobra en todos los municipios a todas las actividades comerciales. Claramente no se grava el viento sino la generación de energía a través de una fuente eólica».

La iniciativa impulsada por el municipio será tratada este jueves por el Concejo Deliberante de Olavarría. Desde el bloque PRO ya adelantaron su rechazo y el ex intendente Ezequiel Galli presentó un proyecto para eximir al sector del pago de cualquier tributo municipal durante 10 años.

Cabe aclarar que en Olavarría, los parques eólicos ya estaban alcanzados por un tributo que grava la generación de energía. Con la creación de una tasa específica dentro de la TISH, el gobierno municipal busca facilitar su cobrabilidad.

«Los parques ya tenían la obligación de tributar por la tasa de generación de energía. Pero ante la novedad que implica esta actividad se decidió generar una categoría específica para fuentes eólicas para que sea más factible su cobro«, señaló.

Tasa a los parques eólicos: «No es cierto que espanta inversiones»

Uno de los principales argumentos de quienes cuestionan la medida es que podría desalentar futuras inversiones en energías renovables. Sin embargo, Aguilera rechazó esa posibilidad y aseguró que las empresas continúan expandiendo sus proyectos en Olavarría.

«Las empresas de parques eólicos siguen apostando a Olavarría y continúan con la instalación de aerogeneradores. No es cierto que se espante la inversión porque en todos lados deben pagar tasas y además eligen nuestra ciudad porque tenemos condiciones climáticas, geográficas y de infraestructura ideales para la actividad. Ninguna empresa se irá por el cobro de la Tasa de Seguridad e Higiene», afirmó.

Los fondos fortalecerán al sector productivo

El concejal también destacó que, en Olavarría, una parte de la recaudación de la Tasa de Seguridad e Higiene tiene un destino específico vinculado al desarrollo productivo.

«La TISH la pagan todas las actividades comerciales y de servicios en todos los municipios del país. En Olavarría existe además una ordenanza que destina parte de esa recaudación al sector productivo, algo que se define en conjunto con el sector industrial», explicó.

En ese sentido, sostuvo que los recursos provenientes de los parques eólicos se incorporarán a ese fondo: «Lo recaudado con la tasa a parques eólicos contribuirá a ese fondo y permitirá generar mejores condiciones para las pymes e industrias de Olavarría».

Para finalizar, Aguilera insistió en que la polémica se construyó sobre un concepto que, según remarcó, no tiene sustento jurídico.

«Con ese título falso se intentó confundir a la opinión pública para que la gente crea que le cobrarán el viento, pero está claro que eso no existe. A nadie se le ocurre llamarle ‘impuesto al agua’ a los tributos que pagan las centrales hidroeléctricas. Es la Tasa de Seguridad e Higiene por una actividad comercial rentable, igual que la que paga cualquier vecino que vende bienes o presta servicios«, concluyó.

El intendente de 25 de Mayo Ramiro Egüen firmó un convenio de colaboración institucional con Camuzzi. A través de este acuerdo, el partido de 25 de Mayo se convierte en el primer municipio de la provincia en implementar esta metodología de sinergia público-privada para extender la red de gas natural en el ejido urbano.

“Hemos volcado en un convenio lo que habíamos anunciado: la implementación de una metodología donde la empresa aporta los materiales y la asistencia técnica, y el Municipio pone su operatividad. Tenemos el orgullo de ser los primeros elegidos por la empresa para llevar adelante esta metodología colaborativa”, destacó Egüen.

La iniciativa establece un esquema colaborativo en el cual la empresa prestataria aporta los materiales, el asesoramiento técnico y la supervisión operativa, mientras que el Municipio dispone de la mano de obra, las herramientas —incluyendo una zanjeadora adquirida recientemente— y la logística operativa. Las tareas darán inicio entre el 15 y el 20 de septiembre.

Inicialmente diagramada sobre 7 trayectos de extensión urbana, la primera fase se amplió a 9 tramos prioritarios a pedido de la gestión local. A su vez, el entendimiento contempla una fuerte impronta social mediante la ejecución de las conexiones para la Escuela N° 32, el Centro de Educación Física (CEF) N° 7 y el Estadio Municipal, asegurando infraestructura básica para el desarrollo educativo y deportivo.

Respecto al alcance de las obras y el trabajo de las cuadrillas, el jefe comunal explicó: “Estamos acostumbrados a hacer obras de agua y cloacas; ahora nos sumamos al gas natural, algo tan solicitado por la gente. Dispondremos de nuestros trabajadores municipales y herramientas para llevar adelante estos trabajos. Ya sumamos este proyecto como un nuevo Plan Director a los que ya venimos ejecutando en pavimento, cordón cuneta, alumbrado, agua y cloacas”.

En cuanto a los criterios de cobertura técnica e impacto directo en la economía familiar, Egüen precisó: “En esta primera instancia seleccionamos trayectos acotados a modo de prueba piloto para adaptarnos y evaluar la metodología. La elección prioriza los sectores con mayor densidad de viviendas en tramos más cortos para llegar de forma inmediata al vecino, sabiendo lo que representa la red para abaratar los costos del gas envasado. En una segunda etapa encararemos proyectos más amplios. La idea es llegar a cada rincón donde haya una vivienda cercana”.

El traslado de una familia en situación de vulnerabilidad desde Azul hacia Tandil desató un fuerte conflicto entre ambos municipios. El intendente tandilense Miguel Lunghi envió una nota formal a su par de Azul, Nelson Sombra, para exigir explicaciones sobre el procedimiento y reclamar que la comuna de origen regularice la situación de la familia y asuma la asistencia correspondiente. El jefe comunal azuleño respondió con dureza.

Según explicó el Municipio de Tandil, el episodio ocurrió el pasado 13 de agosto, cuando una familia integrada por once personas fue trasladada desde Azul en un vehículo oficial y dejada en la estación de trenes de Tandil sin comunicación previa ni articulación entre las áreas sociales de ambas comunas.

Desde el gobierno de Lunghi calificaron como «grave» el procedimiento, especialmente porque entre los integrantes del grupo había menores de edad. Además, remarcaron que el municipio debió intervenir de manera inmediata para brindar alojamiento, asistencia alimentaria y atención sanitaria.

En la nota enviada a Sombra, el intendente solicitó que, en un plazo de 48 horas hábiles, Azul remita un informe detallado con los antecedentes de la familia, las intervenciones realizadas por las distintas áreas municipales y los fundamentos que motivaron el traslado.

También pidió identificar a los funcionarios que autorizaron el operativo, coordinar el retorno de la familia a Azul y reconocer los gastos que Tandil afrontó para asistirla desde su llegada.

Lunghi advirtió además que, en caso de no obtener una respuesta satisfactoria, el Municipio evaluará iniciar acciones administrativas, civiles e incluso penales.

La respuesta de Azul

La respuesta del intendente Nelson Sombra no tardó en llegar y fue contundente. En una extensa nota, rechazó las acusaciones y aseguró que los planteos formulados por Tandil «carecen de sustento fáctico y jurídico».

El jefe comunal explicó que la familia recibió asistencia municipal durante más de cuatro años y forma parte del programa de Emergencia Habitacional por Contaminación, destinado a familias asentadas en el sector conocido como Los Piletones.

Sombra sostuvo que el traslado no fue una decisión impuesta por el Municipio sino un pedido de los propios adultos del grupo familiar, quienes manifestaron su intención de radicarse en Tandil ante la posibilidad de conseguir trabajo y alojamiento.

En ese sentido, aclaró que la comuna únicamente facilitó el traslado mediante un vehículo oficial y rechazó que pueda hablarse de una «expulsión» o «deportación municipal».

El intendente también negó que se hayan vulnerado derechos de los menores y afirmó que el Servicio Local no registraba intervenciones que justificaran medidas especiales, ya que la responsabilidad parental era ejercida normalmente por los padres.

Asimismo, rechazó el reclamo económico formulado por Tandil para afrontar los gastos derivados de la asistencia brindada a la familia, al considerar que no existe base legal para trasladar esos costos entre municipios.

Propuso una mesa de trabajo conjunta

En el cierre de su respuesta, Sombra propuso conformar una mesa de trabajo entre ambos municipios para escuchar directamente a la familia y conocer cuál es su voluntad respecto del lugar donde desea residir.

Finalmente, sostuvo que cualquier decisión sobre el futuro del grupo familiar debe respetar su autonomía y el derecho de sus integrantes a elegir libremente dónde vivir, reafirmando el compromiso del Municipio de Azul de continuar acompañándolos si así lo requieren.