La crisis desatada en la planta de Cargill de Arribeños, partido de General Arenales, podría escalar a nivel provincial. El Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina (SIUNFLETRA) anunció que profundizará las medidas gremiales y convocará a asambleas permanentes en todos los puertos de la provincia de Buenos Aires, luego de que la empresa decidiera reanudar sus operaciones sin resolver el conflicto que ya supera los 63 días.

La decisión del gremio se conoció tras la reciente intervención de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC) por parte de la Inspección General de Justicia (IGJ), que desplazó a toda su comisión directiva y designó un nuevo interventor.

Desde el sindicato señalaron que la conducción desplazada de la CATAC, encabezada por Ramón Jatip y Sergio Larovere, mantenía una relación directa con la Unión de Transportistas de Arribeños (UTA), organización señalada por los camioneros en el origen del conflicto.

«Ante la inminente reanudación de las actividades de la planta Cargill de Arribeños, donde se originó el conflicto que lleva 63 días, este sindicato intensificará las medidas gremiales de acción directa, que se traducirán en asambleas permanentes en la totalidad de los puertos de la provincia de Buenos Aires«, advirtió la organización en un comunicado.

El gremio aseguró que las medidas se mantendrán hasta que las nuevas autoridades de la CATAC convoquen a una mesa de diálogo que permita encontrar una solución definitiva.

Un conflicto que comenzó por presuntas comisiones ilegales

La disputa comenzó a principios de julio cuando un grupo de aproximadamente 30 fleteros independientes denunció el supuesto cobro de una comisión del 3% en negro para acceder a los viajes de carga desde la planta de Cargill.

Según los transportistas, la operatoria estaba vinculada a un intermediario que no prestaba un servicio efectivo y exigía ese porcentaje sobre cada flete.

Tras realizar las denuncias, los camioneros sostienen que fueron desplazados de la operatoria y reemplazados por otros transportistas.

Desde la conducción nacional de la CATAC siempre rechazaron esas acusaciones y aseguraron que los fleteros abandonaron voluntariamente el sistema de trabajo.

La intervención de CATAC suma tensión

La reciente resolución de la IGJ, que intervino la CATAC y removió a su conducción, reavivó el conflicto.

Para el Sindicato de Fleteros, la decisión del organismo nacional refuerza la necesidad de revisar lo ocurrido en Arribeños y avanzar en una instancia de negociación antes de que Cargill normalice completamente su actividad.

Mientras tanto, la empresa anunció que retomará las operaciones de la planta, aunque el conflicto con los transportistas continúa sin resolverse.

Si las medidas gremiales se concretan, el conflicto podría dejar de afectar únicamente a General Arenales y extenderse a la actividad portuaria de toda la provincia de Buenos Aires.

El ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto laboral generado por los 19 despidos en la cantera Galasur de Olavarría. La empresa que quiere pagar media indemnización pretende llevarse el conflicto a Nación, donde presume un trato más amigable.

En diálogo con Todo Provincial, el secretario General de AOMA Olavarría, Alejandro Santillán, detalló: «El ministerio de Trabajo bonaerense llamó a una audiencia conciliatoria para sentar a ambas partes y buscar una solución. Sin embargo, la empresa no se presentó y después su abogado planteó que había una reunión en Nación».

El conflicto en la cantera ubicada en la localidad olavarriense de Sierra Chica se desató el pasado viernes cuando la empresa suspendió a sus 80 trabajadores para realizar presuntos trabajos de mantenimiento pero horas despúes envío telegramas de despido a 19 empleados.

La firma pretende aplicar el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo para pagar solamente el 50% de las indemnizaciones, aduciendo que atraviesa una severa crisis por la caída de la demanda de piedra en el marco de la paralización de la obra pública. Además reclama por una deuda de más de 1800 millones de pesos por parte del gobierno nacional por material vendido a Ferrocarriles Argentinos.

A pesar de estas denuncias contra el gobierno nacional incluídas en los telegramas de despidos, la empresa propiedad de la familia Embón pretende llevar el conflicto ante la Secretaría de Trabajo de la Nación donde presume un trato más amistoso hacia su intento de despedir sin pagar lo que corresponde.

“Ellos saben que los expedientes están en el Ministerio de Trabajo de la provincia que está interviniendo en este conflicto. Esto demuestra que no buscan iniciar ninguna conversación”, aseguró el titular de AOMA.

Ante la ausencia de la parte empresaria en la audiencia, la cartera laboral bonaerense a cargo de Wálter Correa decidió actuar de oficio y dictar la conciliación obligatoria por 15 días que deja sin efecto los despidos.

“En asamblea, los trabajadores decidieron acatar la conciliación así que se presentarán a trabajar en sus turnos correspondientes. Veremos cómo actúa ahora la empresa”, señaló Santillán.

El dirigente sindical además advirtió que Galasur le debe 160 millones de pesos a AOMA y más de 40 millones a la obra social en concepto de aportes que sigue descontando a los trabajadores.

“Los dueños de Galasur son del tipo de empresarios que se quedan con el dinero de sus trabajadores, realmente se viene portando muy mal”, cuestionó.

Los dueños de cantera Galasur de Olavarría despidieron 19 trabajadores y pretenden pagar media indemnización aduciendo una deuda millonaria de Nación en la compra de piedra balasto para Ferrocarriles Argentinos. También reportan una caída de la actividad por el parate de la obra pública.

El conflicto por los despidos en la cantera Galasur continúa generando tensión en Olavarría. Tras el envío de 19 telegramas de cesantía, el secretario general de AOMA Olavarría, Alejandro Santillán, aseguró que el gremio busca abrir una instancia de negociación con la empresa para evitar la pérdida de más puestos de trabajo y cuestionó la forma en que se llevaron adelante las desvinculaciones. Los empresarios culpan al gobierno nacional por la caída de la obra pública y una deuda de 1.800 millones de Ferrocarriles Argentinos.

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En diálogo con Todo Provincial, Alejandro Santillán explicó que los trabajadores realizaron una asamblea y resolvieron manifestarse de manera pacífica frente a la cantera.

“Pudimos hacer una asamblea en la que resolvimos no ingresar a trabajar y permanecer en las inmediaciones, sin impedir el paso, para visibilizar el conflicto en Galasur”, señaló.

Santillán recordó que el conflicto comenzó la semana pasada, cuando la empresa propiedad de la familia Embón comunicó una suspensión de actividades por supuestas tareas de mantenimiento.

“Los delegados nos informaron sobre una nota de suspensión desde el jueves hasta el sábado, pero durante ese período empezaron a llegar los telegramas de despido”, relató.

El dirigente destacó la rápida intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que convocó a una audiencia con la empresa el viernes. Sin embargo, aseguró que la firma mantuvo la misma postura expresada en las notificaciones enviadas a los trabajadores.

“Buscamos una instancia de diálogo para encontrar alternativas que no sean los despidos y mucho menos que se pretenda pagar las indemnizaciones al 50%, argumentando la caída de la obra pública y una deuda superior a los 1.800 millones de pesos que mantienen empresas estatales nacionales, principalmente Ferrocarriles Argentinos por la compra de piedra balasto”, sostuvo.

Para AOMA, la prioridad es sostener el empleo en un sector que atraviesa una profunda crisis. “Queremos preservar las fuentes laborales”, remarcó Santillán.

El dirigente sindical también cuestionó la actitud de la empresa y aseguró que existían conversaciones previas sobre la difícil situación económica.

“Hace dos meses nos reunimos con el dueño porque veíamos que el panorama era complicado. Nos dijo que iba a hablar con los trabajadores para explicarles la situación, pero finalmente los suspendieron por un supuesto mantenimiento y aprovecharon ese contexto para empezar a enviar los telegramas”, afirmó.

En medio del conflicto, Santillán destacó la solidaridad de los trabajadores que conservaron sus puestos.

“Nos llena de orgullo que, pese a este momento tan difícil, los compañeros que no fueron despedidos también estén reclamando junto a nosotros para que se abra una instancia de diálogo. Hay trabajadores que quieren seguir en la empresa y otros que, si finalmente no continúan, al menos pretenden cobrar la totalidad de la indemnización que les corresponde”, expresó.

Santillán señaló además que entre los despedidos hay empleados con casi dos décadas de antigüedad.

“Hay compañeros con más de 19 años en esta cantera, personas que trabajaron con el padre de los actuales dueños y que no merecen terminar en la calle de esta manera”, manifestó.

Finalmente, advirtió que la situación de Galasur refleja una crisis mucho más amplia que afecta a toda la actividad minera en Olavarría.

“En Olavarría ya perdimos más de 400 puestos de trabajo en la minería y hay varias canteras que atraviesan una situación muy complicada”, concluyó.