Gremios
Trabajadores Municipales de San Martín firmaron Convenio Colectivo de Trabajo
Con este acuerdo ya son 66 los municipios que adhirieron a la Ley de Paritarias impulsada por la Fesimubo a fines de 2014 y que pone en pié de igualdad a los trabajadores con el Ejecutivo a la hora de discutir salarios y condiciones de trabajo.
El intendente Fernando Moreira y representantes de las entidades sindicales firmaron el Convenio Colectivo de Trabajo para los Trabajadores Municipales de San Martín. En representación del Sindicato de Trabajadores Municipales estuvieron: el Secretario General José María Carosio, Jorge del Viso, y el Secretario de Estadísticas, Capacitación y Formación Profesional de la Fesimubo Gustavo Seva.
Tras el acuerdo, Seva destacó las negociaciones llevadas adelante por el gremio local para que la comuna adhiera finalmente a la ley provincial 14656 impulsada por la Fesimubo y que fue sancionada en 2014. “Lo que nos parecía un ideal, se va haciendo realidad, ya son 66 convenios firmados en la provincia”, destacó y agregó: “Si bien a seis años de su sanción todos los intendentes deberían cumplir con esta ley, nos parece importante que sigamos avanzando y casi la mitad de los municipios ya cuenten con el Convenio Colectivo de Trabajo”.
En ese sentido, remarcó que a pesar de la pandemia, las negociaciones hayan proseguido. La Fesimubo viene de firmar Convenios con los municipios de Hurlingham y Esteban Echeverría mientras que las tratativas continúan avanzando en otros dos municipios.
Asimismo, destacó que en la localidad de San Martín son más de 5 mil los trabajadores que dependen de la comuna y que a partir de este acuerdo van a tener paritarias. En esa línea informó que el lunes próximo las partes vuelven a reunirse para discutir el seguimiento del CCT, el escalafón y el ajuste salarial.
En cuanto a la recomposición salarial para el sector, el dirigente de la Fesimubo manifestó que la Ley 14656 establece que debe “equiparse al SMVM en forma proporcional”, pero que en la mayoría de los municipios no se cumple. “Lamentablemente tengo que decir que solo en algunos municipios se da esa equiparación, a la memoria me vienen cuatro o cinco de los 135 que tiene la provincia”, dijo al tiempo que destacó el reclamo que la Fesimubo viene llevando a cabo ante los intendentes: “Hoy los sueldos municipales en su mayoría no alcanzan a cubrir la mitad de la canasta básica, cercana a los 58 mil pesos”, alertó.
En ese marco Seva destacó la importancia de este acuerdo, ya que como sostuvo “Los CCT prevén un ámbito exigible de negociación que es la paritaria que antes no lo teníamos”. “Antes se fijaba la partida que el intendente estimaba, lo que nos transformaba en trabajadores de segunda, porque en el resto del país los trabajadores estatales tenían paritarias, un ámbito de negociación y los municipales los veíamos de costado”, dijo.
“Con esta ley nos convertimos en trabajadores de primera, y exigimos los mismos derechos que tiene el resto de los trabajadores en la actividad tanto pública y estatal como en la privada. Es sentarnos en igualdad de condiciones con quienes representan al sector empleador”, completó.
Finalmente, señaló: “Dejamos asentado que nos complace que todos los trabajadores gocen de los beneficios de esta ley pero siempre reafirmamos que fue la Fesimubo la que la consiguió y lamentamos que la otra estructura federativa la haya impugnado ante la Corte Suprema de Justicia”. “Tuvo un resultado adverso pero es lamentable que un sector que se dice representativo de los trabajadores impugne una ley que permite que sus representados tengan paritarias”, agregó.
En ese sentido cabe mencionar que a menos de un año de sancionada la ley en la Legislatura bonaerense el gremio liderado por Oscar Ruggiero hizo un pedido de inconstitucionalidad de la normativa, que fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia Bonaerense en diciembre de 2015.
También, que años más tarde y luego de que la Corte hiciera lugar a una cautelar presentada por la Fesimubo ante el Decreto reglamentario 784 de María Eugenia Vidal al considerar que atentaba contra el espíritu de la norma, el gremio de Ruggiero volvió a ir en contra de la norma forjada por los trabajadores municipales para erradicar aquella otra sancionada en los ’90 y que flexibilizaba el empleo municipal.
Fue en 2019 cuando integrantes de la vieja estructura se reunieron con el senador Gustavo Soos, quien venía de presentar un proyecto de reforma de la Ley 14656 y que entre otros puntos habilitaba el ingreso discrecional de trabajadores, reinstalaba la disponibilidad laboral, y permitía al intendente disponer aumentos salariales en forma unilateral.
Para cerrar, Gustavo Seva reafirmó: “La Fesimubo no va a descansar hasta que los 135 distritos tengan sus Convenios Colectivos y también desde la Confederación de Trabajadores Municipales (CTM) vamos a seguir exigiendo la conformación del Consejo del Empleo Municipal Decente para unificar criterios laborales en todo el ámbito nacional”.
Una histórica planta industrial de Belén de Escobar cerrará sus puertas después de más de 50 años de actividad. Se trata de DIN S.A., una empresa dedicada a la fabricación de estructuras metálicas que llegó a producir alrededor de 1.000 toneladas mensuales y participó en más de 600 obras en Argentina y otros países.
La decisión fue comunicada en el marco de una reorganización de las operaciones del Grupo GOVAN, al que DIN se incorporó en junio de 2024. En aquel momento, la empresa había presentado su incorporación como una nueva etapa, asociada a la renovación de su imagen, su evolución y su compromiso con la ingeniería metálica.
Dos años después, el grupo decidió discontinuar las actividades de DIN en Escobar y concentrar sus recursos en otras operaciones.
Según explicaron desde GOVAN, DIN había sido adquirida con la expectativa de desarrollar nuevos proyectos, principalmente vinculados al sector minero. Sin embargo, esos emprendimientos no alcanzaron los niveles de actividad previstos y la compañía resolvió avanzar con su paralización.
Como parte del proceso, el grupo señaló que buscó reubicar a la mayor cantidad posible de trabajadores en otras plantas y empresas de GOVAN. Quienes no pudieron ser trasladados accedieron a acuerdos de retiro voluntario.
“Todo el proceso se está llevando adelante de manera ordenada y consensuada, con el objetivo de acompañar a cada trabajador y reducir al mínimo el impacto de la decisión”, señalaron desde la compañía.
El cierre se produce en un escenario de preocupación por la actividad industrial argentina, con distintos sectores afectados por la caída de la demanda y las dificultades para sostener los niveles de producción.
DIN S.A: una fábrica con más de 600 obras
DIN fue fundada en 1970 y durante más de cinco décadas desarrolló estructuras metálicas para grandes proyectos industriales y de infraestructura.
Entre sus trabajos destacados aparecen la Central Termoeléctrica Genelba, la Terminal B de Aeropuertos Argentina 2000 y el hangar de Aerolíneas Argentinas en Ezeiza. También participó en obras vinculadas a proyectos como Pascua-Lama y Veladero, entre otros emprendimientos de gran escala.
La planta de Escobar llegó a alcanzar una capacidad de producción cercana a las 1.000 toneladas de estructuras metálicas por mes, pero finalmente dejará de funcionar.
El cierre generó tristeza entre quienes trabajaron durante años en la fábrica. Uno de ellos, Alex Morales, ingresó hace una década y compartió una extensa despedida en la que puso el foco en el impacto que tiene la pérdida de un lugar de trabajo más allá de los números de una empresa.
“Hoy se cierra una puerta. Pero detrás de esa puerta quedan más de 50 años de historia”, escribió.
Morales recordó que DIN fue su primer trabajo y que ingresó “con la hoja en blanco”, para luego aprender un oficio y construir allí vínculos que trascendieron el ámbito laboral.
“Le pueden poner el nombre que quieran. ‘Retiro voluntario’, ‘reestructuración’, ‘reorganización’. Pero cuando no hay trabajo y la única opción es aceptar e irse, de voluntario tiene muy poco”, expresó.
El trabajador también cuestionó la situación de una industria que durante décadas tuvo capacidad para desarrollar grandes obras.
“Tenemos trabajadores que saben hacer. Tenemos gente que sabe producir. Tenemos una empresa que demostró durante décadas que puede hacerlo. Entonces, ¿qué nos está faltando?”, planteó.
Y dejó una reflexión sobre el impacto que tiene el cierre de una planta sobre quienes trabajan en ella: “Porque detrás de cada persona que se va hay una familia. Hay cuentas. Hay proyectos. Hay hijos. Hay años de experiencia”.
Después de más de medio siglo, la actividad de DIN en Escobar llega así a su fin, mientras parte de sus trabajadores será reubicada y otros dejarán la empresa mediante acuerdos de retiro.
La crisis desatada en la planta de Cargill de Arribeños, partido de General Arenales, podría escalar a nivel provincial. El Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina (SIUNFLETRA) anunció que profundizará las medidas gremiales y convocará a asambleas permanentes en todos los puertos de la provincia de Buenos Aires, luego de que la empresa decidiera reanudar sus operaciones sin resolver el conflicto que ya supera los 63 días.
La decisión del gremio se conoció tras la reciente intervención de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC) por parte de la Inspección General de Justicia (IGJ), que desplazó a toda su comisión directiva y designó un nuevo interventor.
Desde el sindicato señalaron que la conducción desplazada de la CATAC, encabezada por Ramón Jatip y Sergio Larovere, mantenía una relación directa con la Unión de Transportistas de Arribeños (UTA), organización señalada por los camioneros en el origen del conflicto.
«Ante la inminente reanudación de las actividades de la planta Cargill de Arribeños, donde se originó el conflicto que lleva 63 días, este sindicato intensificará las medidas gremiales de acción directa, que se traducirán en asambleas permanentes en la totalidad de los puertos de la provincia de Buenos Aires«, advirtió la organización en un comunicado.
El gremio aseguró que las medidas se mantendrán hasta que las nuevas autoridades de la CATAC convoquen a una mesa de diálogo que permita encontrar una solución definitiva.
Un conflicto que comenzó por presuntas comisiones ilegales
La disputa comenzó a principios de julio cuando un grupo de aproximadamente 30 fleteros independientes denunció el supuesto cobro de una comisión del 3% en negro para acceder a los viajes de carga desde la planta de Cargill.
Según los transportistas, la operatoria estaba vinculada a un intermediario que no prestaba un servicio efectivo y exigía ese porcentaje sobre cada flete.
Tras realizar las denuncias, los camioneros sostienen que fueron desplazados de la operatoria y reemplazados por otros transportistas.
Desde la conducción nacional de la CATAC siempre rechazaron esas acusaciones y aseguraron que los fleteros abandonaron voluntariamente el sistema de trabajo.
La intervención de CATAC suma tensión
La reciente resolución de la IGJ, que intervino la CATAC y removió a su conducción, reavivó el conflicto.
Para el Sindicato de Fleteros, la decisión del organismo nacional refuerza la necesidad de revisar lo ocurrido en Arribeños y avanzar en una instancia de negociación antes de que Cargill normalice completamente su actividad.
Mientras tanto, la empresa anunció que retomará las operaciones de la planta, aunque el conflicto con los transportistas continúa sin resolverse.
Si las medidas gremiales se concretan, el conflicto podría dejar de afectar únicamente a General Arenales y extenderse a la actividad portuaria de toda la provincia de Buenos Aires.
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