Luego de 20 días de paro, se logró un acuerdo en torno a la tarifa de referencia para el transporte de cereales y oleaginosas. Transportistas, productores y acopiadores acordaron un incrementó del 16%. Se comenzó a reactivar la actividad en Puerto Quequén.

Además del aumento del 16%, de la tarifa de referencia se establecieron reducción de gastos administrativos para la descarga y la creación de una mesa tarifaria local con participación de una universidad para el análisis de costos.

El entendimiento se logró este viernes en el Consorcio, luego de una reunión entre representantes del transporte, el sector agropecuario y autoridades provinciales que duró más de 5 horas.

El conflicto entre transportistas y dadores de carga mantuvo paralizado a Puerto Quequén durante más de dos semanas. Camioneros autoconvocados se apostaron a la vera de las rutas e impidieron el paso de camiones cargados con cereales.

Durante este plazo, las terminales de carga del Puerto Quequén se mantuvieron sin actividad, mientras que unos 19 barcos quedaron varados a la espera de cereales para completar su carga.

El acuerdo contempla una actualización del 16% en la tarifa para el hinterland, en función del aumento en el costo del gasoil, además de una reducción del 5% al 2% en gastos administrativos.

Por otra parte se agrega como novedad la creación de una mesa tarifaria local —con participación de una universidad a convenir por el Consorcio— que tendrá como objetivo elaborar un índice mensual de costos del transporte para evitar nuevas escaladas del conflicto.

El conflicto también mantuvo paralizado el Puerto de Bahía Blanca aunque en dicha terminal el paro ya se había levantado una semana antes.

Inicialmente los transportistas pedían un aumento del 25% de la tarifa de referencia y los dadores de carga ofrecían un 10%. Finalmente acordaron en un 16%.

El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) manifestó su profunda preocupación ante el vacío legal generado por recientes medidas del Poder Ejecutivo Nacional que eliminan controles técnicos clave que ejercía el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), especialmente en la cadena de producción de alimentos y bebidas.

Desde la entidad que preside Jorge Castellano señalaron que la decisión no implica una simplificación administrativa, sino un debilitamiento directo de la salud pública y de la soberanía tecnológica. En ese sentido, advirtieron que la eliminación de estos controles sin la incorporación de organismos alternativos para la fiscalización técnica pone en riesgo la trazabilidad de los productos que consumen los ciudadanos.

El CIPBA remarcó que la metrología legal —que garantiza que el contenido de un producto coincida con lo declarado— es un elemento central en la protección del consumidor. La ausencia de controles sobre balanzas, medidores y procesos de envasado, sostienen, puede derivar en un aumento de irregularidades en el mercado.

Asimismo, alertaron sobre el impacto en el ejercicio profesional. La falta de un organismo certificador deja a los ingenieros que se desempeñan en la industria sin un marco regulatorio de referencia, trasladando toda la responsabilidad técnica a los profesionales, muchas veces bajo presión y sin herramientas adecuadas para garantizar estándares mínimos.

Otro de los puntos señalados es el efecto negativo en la competitividad

Según el Colegio, la desregulación perjudica especialmente a las PyMEs que invierten en calidad, ya que fomenta una competencia desleal al “igualar hacia abajo” y dificulta el acceso a mercados internacionales que exigen certificaciones técnicas.

Finalmente, desde el CIPBA subrayaron que la ingeniería constituye un pilar del desarrollo productivo seguro y advirtieron sobre las consecuencias de desarticular instituciones clave sin generar alternativas que sostengan los estándares de calidad.

“Sin controles técnicos rigurosos, no hay industria competitiva; y sin seguridad alimentaria, no hay bienestar social posible”, concluyeron desde el Consejo Superior del Colegio.

El conflicto de los transportistas con productores y acopiadores de granos por la tarifa de referencia continúa sin resolverse y mantiene completamente paralizado al Puerto Quequén. Los transportistas llevan 20 días en las rutas pero las negociaciones se encuentran completamente cortadas. El presidente de la Asociación de Transportistas de Cereales y Afines por sus Derechos (ATCADe), Miguel Aguilar, habló con Todo Provincial y pidió la intervención del ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci.

“El Puerto Quequén continúa totalmente parado, con 19 barcos esperando para cargar cereal”, aseguró Aguilar y agregó: “Hemos pedido que se convoque la mesa a la brevedad, pero no tuvimos ninguna novedad”.

La semana pasada, transportistas y dadores de carga parecían haber llegado a un acuerdo que contemplaba un aumento de la tarifa de referencia del 17%. Sin embargo, los acopiadores se opusieron y las negociaciones se cayeron. Desde ese momento no hubo más diálogo.

Mientras tanto, los transportistas asociados ATCADE y otros autoconvocados se mantienen a la vera de la ruta para impedir el paso de camiones cargados con granos rumbo al puerto Quequén.  Hay protestas en Tres Arroyos, Tandil, Benito Juárez, Orense, Azul, Ayacucho, Balcarce, Otamendi y Lobería.

«Los camioneros sabemos que con la tarifa que pretenden pagar no solventamos los costos por lo que no podemos trabajar. Si salimos nos fundimos porque no hay rentabilidad”, advirtió Aguilar.

El Ministerio de Transporte bonaerense Buenos Aires cuenta con una comisión Asesora del Transporte del Agro. En la última reunión, tres asociaciones (FATRAC, la Asociación de Camioneros y CATAC) aceptaron una suba del 14% pero ATCADE la rechazó y se mantuvieron las protestas en las rutas bonaerenses.

“El puerto de Bahía Blanca está trabajando pero hay rumores de que los camioneros volverán a las rutas porque no están cumpliendo lo que firmaron que fue el 14% de aumento que tampoco fue convalidado”, apuntó Aguilar.

El titular de ATCADE reclamó la intervención del ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, para que se reactiven las negociaciones. “Me resulta extraño que en todo este tiempo de negociaciones no se haya acercado el ministro”, expresó.

En simultáneo, los transportistas sospechan que las entidades que nuclean a productores y acopiadores están utilizando este conflicto para presionar al gobierno nacional por una baja de las retenciones.

“Creo que detrás de todo esto hay algo político. He visto que CONINAGRO le plantea al gobierno que si no baja las retenciones no puede aumentar nuestra tarifa. Creo que nos están usando”, aseguró Aguilar en una entrevista anterior.

Mientras tanto, el Puerto Quequén continúa completamente paralizado con 4 barcos amarrados y otros 15 afuera esperando para poder cargar cereal. De acuerdo con estimaciones iniciales, el impacto económico por el retraso en los embarques y los costos adicionales de logística asciende a 280 millones de dólares.