La aplicación de agroquímicos en los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires está generando diferencias de criterios y preocupación ante la contaminación de aguas que son para el consumo humano, o en muchos casos la fumigación muy cercana a las zonas urbanas. En Benito Juárez se aprobó por unanimidad, tras un largo trabajo con ingenieros agrónomos y especialistas la ordenanza que regula la aplicación de agroquímicos. En algunas zonas se podrá aplicar a 500 metros y en otras a 1000 metros de zona urbana.

«Luego de más de año y medio de trabajo y otro año de idas y vueltas en el ámbito legislativo municipal, quedó aprobada la norma que regula la aplicación de agroquímicos en el territorio juarense. Se abre ahora una nueva etapa en la cual la participación comunitaria será tan importante como lo fue durante el proceso participativo que se llevó a cabo durante su construcción», expresaron desde el municipio a TODOPROVINCIAL.

Conflicto territorial
La cuestión de aplicación de agroquímicos es un nuevo conflicto que nace de políticas globales que se han instalado en los territorios de manera sostenida en las últimas dos décadas. Los municipios con sus normas de ordenamiento territorial en su mayoría desactualizadas no contemplan esta nueva situación. Asimismo, los gobiernos provincial y nacional tampoco han podido avanzar en la materia, siempre vista desde perspectivas diferentes pero sin una orientación global.

Participación colectiva
Desde el ejecutivo municipal a cargo del intendente Julio César Marini, a partir del 2014, se inicia en forma conjunta con la Dirección Provincial de Ordenamiento Territorial y el INTA un proceso de análisis diagnóstico que puso en marcha un mecanismo nuevo de participación organizada, dentro del Plan de Ordenamiento Territorial urbano rural (POT) a través de un grupo motor.
Durante este proceso, mediante talleres se pusieron en relieve conflictos y demandas territoriales a partir de los propios vecinos y su visión sobre su actualidad y su futuro. Desde esta iniciativa, se pudo evidenciar no sólo el conflicto sobre agroquímicos, sino también la oportunidad de transitar participativamente un camino hacia un acercamiento que permitiera una aproximación a una solución posible.

Dos posturas
En este camino, que duró un poco más de dos años, se convocaron talleres en donde tuvieron la oportunidad de ser parte, representantes de las dos posturas más radicales sobre el tema. Expusieron en nuestro territorio referentes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, actores que intervienen en los procesos y vecinos.

Posteriormente se pusieron en marcha una serie de reuniones abiertas en las que se analizaron todos los puntos en los que se debía involucrar la ordenanza a nivel local exponiendo cada uno su postura. Estos encuentros no fueron fáciles ni distendidos, pero si fueron sostenidos y convocantes, dando cuenta de la importancia que significa su tratamiento. Finalmente se arriba a un proyecto que lejos de conformar a las posturas, actuó como primer acuerdo para afrontar la problemática que parece exceder los límites de los intereses locales por la magnitud y las diferentes aristas que toca.

Tratamiento legislativo
Como se dice por estos lados, el proyecto de ordenanza “subió” al Honorable Concejo Deliberante en el cual el oficialismo no tenía mayoría y con una marcada oposición del en ese entonces llamado Bloque del partido Cambiemos, que principalmente tenía estrecha relación con la producción extensiva vinculada al uso de agroquímicos. Tras meses de pasar por las comisiones internas y con sólo dos días de anticipación, sorpresivamente esta oposición, la cual había participado en el proceso, pone a discusión un proyecto totalmente reformado y posteriormente aprobado aprovechando la ventaja de la mayoría sin hacer valer todo el proceso participativo y complejo que tuvo lugar.

Veto del intendente

El intendente municipal decide vetar esta norma quedando nuevamente sin herramientas para poder avanzar sobre un mejor control, agudizando el conflicto existente del que ahora la comunidad no sólo tenía mayor conocimiento sino también más convencimiento de la necesidad de contar con herramientas para la regulación a nivel local.

Durante este período, el gobierno provincial de la gestión anterior pone en marcha la resolución 246/18 que permite fumigaciones en casi todo el territorio bonaerense sin siquiera tener en cuenta las ordenanzas municipales existentes o como es el caso en consideración por los municipios, yendo a contramano además de la potestad municipal de gestión del territorio. Una nueva resolución la suspende y arroja más confusión al tema.

Resoluciones nuevas a conflictos nuevos
Este año el ejecutivo, eleva una nueva versión de la ordenanza original que pone a discusión, atravesada por el aislamiento que pone en jaque mundial el Corona Virus. Esta versión incorpora nuevos avances y son puestos a consideración en el ámbito legislativo que finalmente la aprueba. La aprobación por unanimidad en forma general da cuenta de es posible transitar este camino, complejo pero concreto.

Se cumple una primera etapa, pero se inicia un nuevo desafío, no menor y más complejo aún que es la implementación y evaluación de las herramientas propuestas. Para ello, se propone una nueva instancia participativa de seguimiento y control en la que los mismos actores y seguramente nuevos se incorporen.

Sin dudas es un avance en el tema específico pero también lo es su modo de resolución que abre las puertas a nuevas formas a problemas tan complejos que no sólo necesitan de la interdisciplinariedad sino la apertura a los actores territoriales que se ven involucrados no sólo en el conflicto sino también en su resolución y evaluación periódica que hoy demandan las nuevas democracias.