¿Hay paro docente este miércoles? quiénes convocan a medidas de fuerza y qué dice la provincia
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Aunque el Gobierno de la provincia de Buenos Aires alcanzó un acuerdo paritario con los gremios docentes para otorgar un aumento salarial del 7%, este miércoles 15 de julio habrá medidas de fuerza impulsadas por sectores minoritarios del sindicalismo docente.
Por un lado, el Suteba Multicolor, sector opositor a la conducción provincial e identificado con el Partido Obrero, convocó a un paro de 24 horas para el martes 14 de julio y a una «acción distrital» para el miércoles 15, acompañada de una constancia gremial destinada tanto a afiliados como a no afiliados.
En tanto, la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA) llamó a un paro de 48 horas para los días 14 y 15 de julio. Se trata de una organización que recientemente obtuvo la inscripción gremial por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación, aunque no cuenta con personería gremial ni integra el Frente de Unidad Docente Bonaerense.
Para este miércoles, además, AMPBA convocó a una movilización que comenzará a las 10 de la mañana frente a la Gobernación bonaerense y continuará hacia la sede de la Dirección General de Cultura y Educación.
Desde esa organización aseguraron haber realizado todas las presentaciones administrativas correspondientes y afirmaron haber notificado la medida tanto al Ministerio de Trabajo como a la cartera educativa provincial.
Qué dice la Provincia sobre el paro docente
Frente a estas convocatorias, la Dirección General de Cultura y Educación emitió una circular dirigida a las jefaturas regionales y distritales, consejos escolares y secretarías de asuntos docentes.
En el documento, el organismo sostiene que «no se registra notificación alguna de convocatoria al ejercicio del derecho a huelga para las fechas 14 y 15 de julio por parte de asociaciones sindicales, con o sin personería gremial, que ejerzan la representación del personal docente debidamente constituidas».
Además, recordó que las medidas de fuerza deben ajustarse a la normativa vigente y a los estatutos de cada organización sindical.
En ese marco, el Gobierno bonaerense anticipó que las inasistencias serán consideradas faltas injustificadas, por lo que quienes adhieran a las medidas convocadas por estas organizaciones sufrirán el descuento de los días no trabajados.
Cabe recordar que los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense aceptaron la última propuesta salarial del Gobierno de Axel Kicillof, que contempla un incremento del 7% escalonado, con un 5% en julio y un 2% en agosto, calculado sobre los haberes de junio.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció este lunes un nuevo aumento salarial para las fuerzas de seguridad, que consistirá en una suba escalonada del 7%, distribuida en un 5% en julio y un 2% en agosto, ambos calculados sobre los salarios de junio. Además, se dispuso un incremento del 30% en las asignaciones familiares.
El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa encabezada por los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, y de Economía, Pablo López.
“Al igual que con los trabajadores docentes y con los estatales, las fuerzas de seguridad de la Provincia recibirán un incremento salarial del 7% que se hará efectivo en dos tramos: un 5% en julio y un 2% en agosto. También hemos contemplado un incremento de las asignaciones familiares en un 30%”, explicó López.
El funcionario remarcó que la actualización salarial se da en un contexto económico complejo y destacó el esfuerzo financiero que realiza la administración bonaerense.
“Como todo el país, estamos en un momento muy difícil: las vías de recaudación caen, la actividad se derrumba, el consumo disminuye y el endeudamiento de las familias está en niveles récord. En este contexto, es doblemente meritorio el esfuerzo que hace la Provincia para fortalecer la gestión y, a la vez, sostener el poder adquisitivo de todos los trabajadores y trabajadoras bonaerenses”, sostuvo.
La decisión extiende a la Policía bonaerense el mismo esquema salarial que días atrás fue acordado con los gremios docentes y con los trabajadores comprendidos en la Ley 10.430, quienes aceptaron un incremento del 7% escalonado sobre los haberes de junio.
En el caso de esos sectores, el acuerdo también incorporó una serie de mejoras laborales. Para los docentes, se sumó una adenda al acuerdo de prevención y erradicación de la violencia y el acoso, con la creación de una mesa específica para abordar casos complejos y el lanzamiento de la campaña “Cuidemos a quienes enseñan”.
Por su parte, para los trabajadores de la Ley 10.430 se acordó el pase a planta permanente del personal incorporado entre 2024 y 2025, modificaciones en los mecanismos de selección de cargos jerárquicos y la conformación de mesas técnicas para avanzar en la discusión de convenios colectivos y la carrera administrativa.
Con este anuncio, el Gobierno de Axel Kicillof completa la actualización salarial para los principales sectores de trabajadores de la administración provincial, en medio de un escenario de caída de la recaudación y retracción de la actividad económica.
El presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico (APYMEP), Jorge Metri, expresó su preocupación por el crecimiento de las importaciones de bolsas plásticas desde China y advirtió que, sin controles adecuados, podrían afectar seriamente a la industria nacional.
Durante una entrevista en el programa “Serrucho Económico” del streaming Ahora Play, el dirigente sostuvo que la apertura comercial debe desarrollarse bajo reglas que garanticen una competencia equitativa.
“Están empezando a traer bolsas de China. No pasaba ni en la época de Menem”, afirmó.
Metri aclaró que no está en contra de las importaciones, aunque consideró que el Estado debe establecer mecanismos para evitar una competencia desleal.
“Si vos dejás entrar cualquier cosa sin una pequeña protección para el productor argentino, entonces sí fundís toda la industria argentina”, advirtió.
Al mismo tiempo, el titular de APYMEP manifestó su respaldo al rumbo económico del Gobierno nacional y aseguró que el sector continúa acompañando las reformas impulsadas por la gestión de Javier Milei.
En ese marco, también se mostró a favor de avanzar con una reforma laboral, aunque aclaró que no debería implicar una pérdida de derechos para los trabajadores.
“Los empresarios no queremos sacarle derechos al trabajador”, sostuvo.
Respecto de la competitividad, Metri señaló que las empresas necesitan invertir en tecnología para afrontar el incremento de las importaciones y consideró que la incorporación de nueva maquinaria resulta fundamental para mejorar la productividad.
Además, insistió en la necesidad de una reforma tributaria y cuestionó la presión impositiva que enfrentan las empresas argentinas frente a otros países de la región.
Por último, reclamó mayores controles sobre los productos importados y pidió verificar los valores con los que ingresan al país.
“Por lo menos hay que controlar a qué precio entran, para que no fundan a toda la industria”, concluyó.
La tensión en el conflicto de Fate volvió a escalar este viernes. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) denunció que la empresa intentó ingresar camiones para retirar maquinaria y otros elementos de la planta de San Fernando, a pocos días de una audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense y cuando la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo debe resolver un fallo que podría dejar sin efecto los 920 despidos dispuestos tras el cierre de la fábrica.
En diálogo con Todo Provincial, el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, aseguró que la situación fue desactivada luego de comunicarse con el dirigente camionero Pablo Moyano.
«Metieron camiones en la planta con la amenaza de retirar máquinas y otros elementos de la fábrica. Hablé con el compañero Pablo Moyano y los camiones se retiraron«, relató.
El dirigente también denunció que la empresa pretende colocar un alambrado para impedir el ingreso de los trabajadores que mantienen una permanencia dentro del predio desde el 18 de febrero.
«Quieren poner un alambrado para evitar el ingreso de los compañeros que están haciendo permanencia. También hay camionetas que circulan a gran velocidad dentro del predio«, advirtió.
«Buscan provocar un hecho de violencia»
Según Crespo, las decisiones de la empresa se producen en un momento clave del conflicto.
«El martes habrá una audiencia y estamos en las vísperas de un fallo judicial de la Cámara de Apelaciones que puede invalidar definitivamente los despidos«, explicó.
En ese contexto, sostuvo que la patronal intenta generar un escenario de tensión.
«Creemos que buscan generar un hecho de violencia, pero vamos a evitar todo tipo de provocaciones«, afirmó.
«No es un cierre, es un lock out patronal»
El titular del SUTNA insistió en que Fate no atraviesa una situación de quebranto económico y calificó la decisión empresarial como un lock out patronal.
«La audiencia demuestra que es una cuestión laboral, no es un cierre, es un lock out. La empresa de Madanes está recibiendo distintos fallos que indican que no tiene razón«, sostuvo.
Crespo recordó que la permanencia de los trabajadores cuenta con respaldo judicial.
«Tenemos fallos favorables que respaldan la huelga y el acampe. Además, hay resoluciones laborales que ordenan el pago de salarios porque consideran ilegales los despidos«, señaló.
También indicó que aún resta la resolución de un amparo relacionado con un acuerdo previo mediante el cual la empresa se había comprometido a no despedir personal a cambio de beneficios fiscales.
Gaspar Benegas cayó al festival de FATE para bancar a los trabajadores despedidos y se tocó unos temazos.
— Resistencia Nacional (@ResistenciaNac_) July 10, 2026
«Las máquinas están listas para producir»
El dirigente rechazó que la empresa atraviese una crisis que justifique el cierre de la planta.
«Estamos hablando de una fábrica con más de 80 años y trabajadores con más de 30 años de antigüedad. Nunca mostraron balances con pérdidas«, aseguró.
En esa línea, sostuvo que el objetivo sería reabrir la planta con otras condiciones laborales.
«Los tipos no pierden dinero. Hacen este lock out, echan a la gente y después reabren la fábrica con trabajadores precarizados y en otro contexto. Esto ya pasó en los ’90«, advirtió.
Respecto a la venta de una parte del predio a Aluar, Crespo consideró que no implicó un desmantelamiento de la producción.
«Solo se vendió un sector del parque y no se tocó nada del área productiva. Incluso hay una cláusula que permitiría recuperar ese terreno. Claramente no fue una venta sino un montaje para aumentar la presión en el marco del lock out«, expresó.
Por último, el dirigente aseguró que el conflicto continúa sumando respaldo social.
«Ayer hubo un festival con Gaspar de Los Fundamentalistas con miles de personas. Esta lucha no se está apagando, sino todo lo contrario«, concluyó.
