En diciembre se vence la concesión de la principal terminal del Puerto Quequén que fue privatizada hace 30 años durante el menemismo. El año pasado, el gobernador Axel Kicillof la extendió por un año más mientras se resuelve su licitación. Desde el consorcio aseguran que se volvería a prorrogar hasta el 2024 pero una asamblea vecinal de Necochea reclama que el Estado provincial retome su control.

«El año pasado tuvimos una audiencia con Axel Kicillof que destacó nuestra intención pero dijo que para avanzar habría que modificar la Ley de Puertos. Sin embargo, nosotros lo refutamos porque la provincia es la propietaria de la terminal y eso le otorga derechos», explicó a Todo Provincial Miguel Ángel Bayón, referente de la Asamblea por la Soberanía del Puerto de Quequén.

La concesión original venció el 30 de noviembre del 2022. En ese entonces, el presidente del Consorcio del Puerto Quequén, Jorge Álvaro, había adelantado que ya estaban los pliegos para concesionarla por 30 años más pero luego el gobierno provincial prorrogó la concesión a Terminal Quequén Sociedad Anónima por un año más. En las últimas semanas trascendió que la provincia daría una segunda prórroga hasta fines del 2024.

«Cuando Kicillof revalidó su mandato hizo un discurso en el que dijo que necesitábamos que Massa sea presidente para avanzar con la obra del Canal Magdalena y recuperar los puertos«, expresó Bayón y agregó: «Si bien el triunfo de Massa no se dio, nosotros creemos que la provincia de Buenos Aires, que estará particularmente acosada por el gobierno de Milei, debe responder con decisiones valientes».

Desde la asamblea vecinal destacan que la propia ley menemista de 1992 que provincializó los puertos y estableció la creación de consorcios establece en en su artículo 13 que los mismos pueden ceder la administración mediante licitación a entidades públicas, privadas o mixtas.

«El Estado provincial se puede presentar a la licitación y tiene grandes ventajas porque es el dueño de la licitación», apuntó Miguel Ángel Bayón.

En lo que va del año, el puerto de Quequén exportó más de 5 millones toneladas de granos en 220 buques. La terminal en cuestión acapara el 40% de las operaciones, mientras que las restantes dos se reparten el 60% restante.

«Terminal Quequén SA» está conformada por un conglemorado de cerealeras como Dreyfus, Cargill, Cofco y ADM. También tienen acciones la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

«Argentina no tiene una sola exportadora. Recuperar la terminal de servicio permitiría ganar más de 2 mil millones de dólares al año», aseguró Bayón y profundizó: «Pero si además se constituye una exportadora, además de prestar el servicio de carga, descarga, acondicionamiento y almacenamiento de cereales, también permitiría tener una empresa testigo para comparar con las declaraciones juradas del resto de las exportadoras».

En ese sentido, el referente de la asamblea apuntó: «Las exportadoras no pagan IVA ni Ingresos Brutos a las provincias, solo pagan derecho a la exportación y Ganancias en base a declaraciones juradas en las que mienten en las calidades, cantidades y precios de lo que exportan».

El impulsor de esta iniciativa aseguró que para garantizarse granos para operar, el Estado provincial podría establecer una «política de precio preferencial» o dar incentivos a través del Banco Provincia. Sobre los potenciales clientes consideró que «la provincia tiene relaciones directas con los principales países importadores de cereales como India y China».

En el actual panorama político, Miguel Ángel Bayón consideró que «la provincia será hostigada por lo que necesitará generar nuevos recursos propios», y opinó: «Por más que la iniciativa termine siendo boicoteada, el hecho de enfrentar con medidas estructurales serviría para marcar la plataforma de un nuevo proyecto político nacional y popular».

Tiene el objetivo de recomponer la relación entre recursos y financiamiento prevista en la Ley de Presupuesto 2023.

El Ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, expuso ante integrantes de las comisiones de Presupuesto de las cámaras de senadores y diputados acerca de los principales lineamientos del proyecto de Ley de financiamiento, que tiene el objetivo de recomponer la relación entre recursos y financiamiento prevista en la Ley de Presupuesto 2023, para que vuelva a alcanzar el 2,5% en términos relativos frente a los recursos totales.

Al respecto, el Ministro aseguró que: “Desde el inicio de nuestra gestión, hemos mantenido una política de financiamiento responsable que nos ha permitido dar respuesta a las necesidades de las y los bonaerenses a través de organismos que otorgan crédito a tasas bajas y plazos largos. El financiamiento previsto para este año está en niveles históricamente bajos; a lo que se agregó una evolución de las principales variables macroeconómicas por encima de todas las previsiones, provocando que, en relación a los recursos actuales, represente sólo el 1,9%.”

“Como está especificado en el proyecto de ley, desde el Gobierno de la Provincia solicitamos una autorización adicional de financiamiento por $53.000 M que planificamos contraer en el mercado local y en moneda local, con el sólo objetivo de recomponer la relación entre financiamiento e ingresos provinciales”, concluyó.

El proyecto de ley incluye también la autorización para que los municipios reprogramen para el año entrante la devolución de las deudas contraídas con la Provincia en concepto de los Fondos Especiales de “Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal” y “para el pago de la suma fija a empleados municipales”; deudas que, de otra forma, deberían empezar a pagar en diciembre de 2023.

Además, se incluye la solicitud de prórroga de la ley de emergencia de la Provincia; junto con otras adecuaciones que permitan garantizar fluidez en la gestión administrativa provincial.

El gobernador Axel Kicillof recibió a los 84 intendentes de Unión por la Patria (UxP) en La Plata para abordar el panorama político y económico que se abre con el triunfo de Javier Milei a nivel nacional. Se prevé una caída de la actividad, baja de la coparticipación, disminución de giros discrecionales y paralización de la obra pública.

Los intendentes bonaerenses de todos los partidos miran con gran preocupación el futuro inmediato, ante el desfinaciamiento que se prevé del gobierno nacional bajo la presidencia de Milei.

El mandatario provincial estuvo acompañado por la vicepresidenta Verónica Magario; los ministros Pablo López (Hacienda y Finanzas); Julio Alak (Justicia); Cristina Álvarez Rodríguez (Gobierno) y Andrés Larroque, de Desarrollo de la Comunidad, además del jefe de Asesores, Carlos Bianco.

Uno de los jefes comunales que habló luego del encuentro con Axel fue Ricardo Moccero de Coronel Suárez quien planteó: “Ya sabemos que por el impuesto a las ganancias el gobernador va a tener 60.000 millones menos de coparticipación, lo que repercute en todos los intendentes».

Sobre la paralización total de la obra pública, Moccero manifestó: «Nos preocupa porque tenemos muchos proyectos en marcha, que no se pueden cortar y esa preocupación también la comparte el gobernador, porque sabe perfectamente que todos los intendentes tenemos obras públicas de la Nación”.

«Tenemos que estar unidos los 84 intendente de Unión por la Patria y presentarles la problemática a los legisladores también”, planteó.

El gobernador detalló que solicitó al futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, un aumento de 3 puntos de la participación bonaerense en la la masa coparticipable, ya que actualmente aporta el 37% de los recursos nacionales y recibe tan sólo 22%. Esos 3 puntos, la provincia los recibía con giros discrecionales, algo que Milei buscaría recortar.

Por su parte, el intendente de Ensenada, Mario Secco, resaltó a Kicillof como conductor del peronismo en el lugar que ocurpará de oposición y afirmó que “los 84 intendentes de Unión por la Patria estamos en columna más atrás del gobernador”.

El viernes último, Kicillof envió a la Legislatura un proyecto de ley en el que solicita una autorización para que la provincia tome una deuda en pesos por hasta el equivalente a 150 millones de dólares.

De acuerdo al texto de ese proyecto, el objetivo es «financiar la ejecución e proyectos y/o programas sociales y/o de inversión pública actualmente en desarrollo o que se prevea iniciar, incluyendo aquellas en materia ambiental y de desarrollos sustentable, atender el déficit financiero, regularizar atrasos de Tesorería, otorgar avales, fianzas y/u otras garantías, afrontar la cancelación o renegociación de deudas, como así también tender a mejorar el perfil de vencimientos y/o las condiciones financieras de la deuda pública».

También establece que el Ministerio de Hacienda podrá modificar «los cronogramas de devolución de las deudas vigentes en el marco del ‘Fondo Especial Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal y del Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales para Municipios'».

Asimismo, se busca, entre otros aspectos, «prorrogar por dos años más las emergencias en materia de seguridad pública, política y salud penitenciaria, infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos, administrativa y tecnológica y social, económica, productiva, y energética».