El Senado de la Nación debatirá este jueves un proyecto impulsado por el Gobierno nacional que elimina las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El peronismo denuncia que la iniciativa favorece la extranjerización de territorios estratégicos y compromete la soberanía nacional.
En medio de la expectativa por la final del Mundial 2026, el Senado de la Nación debatirá este jueves uno de los proyectos más polémicos impulsados por el Gobierno de Javier Milei. Se trata de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que elimina los límites para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y que genera una fuerte resistencia en la oposición.
El oficialismo llega a la sesión con el respaldo de sus aliados del PRO, la UCR y bloques provinciales, luego de varios meses de negociaciones. Entre los cambios introducidos durante ese proceso se otorgó a las provincias la facultad de autorizar o rechazar las operaciones de compra, una modificación que permitió sumar apoyos para alcanzar la mayoría necesaria.
El principal cuestionamiento apunta a que la reforma elimina las restricciones establecidas por la Ley de Tierras sancionada en 2011, que fijó un límite del 15% de la superficie rural en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental.
Según un informe del Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del CONICET y la UBA, actualmente los extranjeros poseen más de 13 millones de hectáreas en Argentina, una superficie equivalente al territorio de Inglaterra. Aunque ese porcentaje representa cerca del 5% del país, el estudio advierte que el fenómeno está lejos de distribuirse de manera uniforme.
De hecho, existen 36 departamentos donde la participación de propietarios extranjeros ya supera el límite previsto por la legislación vigente. En algunos casos, como Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y los departamentos salteños de Molinos y San Carlos, la extranjerización supera el 50% de la superficie. También aparecen situaciones de fuerte concentración en zonas estratégicas vinculadas a recursos hídricos, minería y logística, entre ellas Campana, sobre la hidrovía del Paraná.
Los investigadores sostienen que la derogación de los límites no responde a la necesidad de promover inversiones productivas, sino que facilita la apropiación de territorios con recursos estratégicos, como agua dulce, minerales y corredores de exportación.
Uno de los principales opositores al proyecto es el senador Eduardo «Wado» de Pedro, quien cuestionó la oportunidad elegida para tratar la iniciativa.
“Es un proyecto de extranjerización del territorio. No es casualidad que quieran tratarlo en medio del Mundial: tienen que hacerlo cuando la sociedad está mirando para otro lado. Nosotros insistimos con nuestro rechazo porque a la Argentina hay que defenderla en todas las canchas”, afirmó.
El proyecto no se limita únicamente a la cuestión de las tierras rurales. También modifica el régimen de expropiaciones, restringiendo el concepto de utilidad pública y elevando las indemnizaciones, lo que, según sus detractores, dificultaría que futuros gobiernos recuperen activos estratégicos como ocurrió con la expropiación de YPF en 2012.
Además, incorpora la posibilidad de realizar desalojos de manera más rápida al habilitar que un juez ordene la restitución inmediata de un inmueble sin esperar una sentencia definitiva y modifica la Ley de Manejo del Fuego al eliminar las restricciones para cambiar el destino de las tierras incendiadas, una medida cuestionada por organizaciones ambientalistas por favorecer la especulación inmobiliaria.
La discusión también reabre un debate que lleva más de una década. La Ley de Tierras fue sancionada en 2011 para limitar la concentración extranjera sobre territorios considerados estratégicos. En 2016, el gobierno de Mauricio Macri flexibilizó varios de sus controles mediante el Decreto 820/2016 y, posteriormente, el DNU 70/2023 firmado por Javier Milei dispuso su derogación. Sin embargo, esa medida quedó suspendida provisoriamente por un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.
Ahora, el oficialismo busca darle respaldo legislativo definitivo a esa política mediante una ley que, de obtener media sanción este jueves, pasará a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento.
