El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentó en la jornada del miércoles ante los tribunales federales de La Plata una denuncia penal contra Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, por «delitos de tráfico de influencias» e «incumplimiento de los deberes de funcionario público».
Se trata de una nueva denuncia vinculada a la filtración de chats atribuidos al funcionario porteño en uso de licencia y al colaborador del presidente del máximo tribunal en los que se hacen referencias a pleitos judiciales en los que se vieron enfrentados los intereses del Gobierno nacional con los del Gobierno porteño y los del oficialismo a nivel nacional con los de la oposición.
Según un comunicado difundido por el gobierno bonaerense, Kicillof señaló en su presentación que la provincia de Buenos Aires «es históricamente la más perjudicada por el esquema de coparticipación, situación que ahora se ve agravada por una decisión no solo injusta e ilegal de la Corte Suprema».
La denuncia recayó en el juzgado a cargo del juez federal Alejo Ramos Padilla, quien de inmediato dispuso «efectuar una amplia certificación a fin de evaluar posibles conexidades y/o la existencia de causas con idéntico objeto procesal» y refirió que es «de púbico conocimiento» que existen al menos otras tres denuncias vinculadas con el mismo hecho.
El juez federal de La Plata dispuso además que, después de llevada a cabo la certificación, se corra vista al Ministerio Público Fiscal «a fin de que se expida sobre qué juzgado debe intervenir en las presentes actuaciones, teniendo en consideración las reglas de competencia en razón de la materia, territorio y conexidad».
En la denuncia, Kicillof remarcó que el fallo de la Corte que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en su disputa con Nación por la cuestión de los recursos coparticipables habría sido producto «del tráfico de influencias de funcionarios de la Corte Suprema y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
Kicillof presentó una denuncia penal: qué dice la denuncia
En la denuncia, el gobierno provincial sostuvo que «en los chats publicados en distintos medios de prensa entre Robles y D’Alessandro consta que entre ambos existió una coordinación y un asesoramiento directo desde la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hacia funcionarios del Gobierno de la Ciudad respecto de cómo proceder en el caso del Consejo de la Magistratura, conforme a lo que se señalará posteriormente».
Entre otras cuestiones, la presentación también hace referencia al cumpleaños del fiscal de la Ciudad, Juan Ignacio Mahiques, al que los funcionarios denunciados arribaron juntos.
También en la denuncia se pidió que sea allanado «el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA, a los fines que proceda a la localización de toda documentación o instrumento que sea pertinente y de interés para la presente causa», y el secuestro de teléfonos móviles «personales y/o corporativos de los denunciados», a los fines de «proceder a sus pericias respectivas que permitan reconstruir la información y la vinculación que en la presente denuncia se formula».
En ese tono, fue requerido que se investigue a los denunciados por la «probable comisión de los delitos tipificados en los artículos 248, 256 y 256 bis del Código Penal».
En el marco de la presentación, desde el Ejecutivo bonaerense precisaron que «las provincias nunca fueron escuchadas por la Corte Suprema pese a los reiterados pedidos presentados en tiempo y forma», y agregaron que «hoy el Congreso de la Nación tramita el juicio político contra la Corte por varias conductas opuestas a lo que dicta la Constitución Nacional».
«Los hechos denunciados hoy deben ser investigados por fiscales y jueces que sean verdaderamente independientes. Se debe impedir este arreglo político completamente ilegal. A nosotros nos corresponde defender el federalismo y a la provincia de Buenos Aires«, se puntualizó desde el gobierno bonaerense.