Gremios
Acampe de Municipales en Zapala: El intendente despidió a trabajadores de planta y ahora ofrece contratos temporales por “caridad”
Carlos Koopmann de Movimiento Popular Neuquino y hermano del vice gobernador despidió al poco tiempo de asumir a 48 trabajadores con más de 20 años de empleo precario para la comuna. Habían pasado a planta permanente en junio con el aval de la Junta de Calificaciones, pero el intendente ahora les ofrece volver a la precarización. Los trabajadores mantienen las medidas de fuerza mientras que una de las damnificadas permanece encadenada frente al palacio municipal.
En diálogo con Todo Provincial, el Secretario Adjunto de la Asociación de Trabajadores Municipales de Zapala, José Luis Saddi, explicó cómo se originó el conflicto gremial hace unos 25 días, cuando el intendente Carlos Koopmann, de Movimiento Popular Neuquino, a través de una resolución dio marcha atrás con los pases a planta que se habían concretado en el mes de junio con el aval de la Junta de Promociones.
En total fueron 48 personas que después de haber transcurrido una jornada normal de trabajo, comenzaron a recibir las notificaciones de despido a partir del 25 de enero último. En ese contexto, Saddi explicó que se trata de un grupo de personas que lleva entre 4 y 22 años de relación laboral con la comuna siempre en el marco de las diversas formas de precarización: “Monotributistas, beneficiarios del Plan Trabajar y de la ley provincial 2128”, norma sancionada en 2010 como “Fondo Complementario de Asistencia Ocupacional», para complementar los programas de empleo del gobierno de aquel momento.
Saddi expresó que en ese marco de precarización y de inestabilidad laboral, los despedidos desempeñaban diferentes tareas dentro de la municipalidad como electricistas, serenos, personal de diversidad, defensa del consumidor, y que, como dijo, “el año pasado tuvieron la oportunidad de pasar a planta como empleados públicos”.
Esto se dio luego de que la Junta de Calificaciones, órgano integrado por representantes del Ejecutivo, del Concejo Deliberante y de los gremios, avalara los pases a planta. Luego se dio el recambio de gobierno a través del cual el Movimiento Popular Neuquino recuperó el Ejecutivo local después de ocho años de la mano de Carlos Koopmann.
Fue precisamente en clima de campaña cuando el ahora intendente “prometía una ciudad más equitativa y agradecía el apoyo de los municipales”, según una nota publicada en el medio local imneuquén.com, pero lo cierto es que al poco de asumir inició el embate contra aquellos empleados que después de tantos años habían alcanzado la estabilidad laboral. Lo hace a través de una resolución aduciendo, como explicó Saddi, que “no habían sido publicados en el boletín oficial” y que “dentro ese grupo de personas había punteros políticos”.
“También aducen desde el municipio que no rindieron el Concurso de Ingreso, que en realidad en los 35 años que tiene en vigencia el Estatuto solamente se hicieron tres. Por otra parte y teniendo en cuenta que en 10 años hubo al menos 10 resoluciones de este tipo por parte de la Junta, que involucran a 350 trabajadores, creemos que estos trabajadores también que podrían ser despedidos bajo el mismo argumento”, alertó Saddi y agregó: “Acá lo inédito es el despido sin causa y sin sumario”.
En cuanto al reclamo, el dirigente manifestó que tras conocerse la nueva resolución el sábado 25 de enero, los damnificados a través del gremio pidieron una entrevista con el mandatario. Fueron recibidos por el Sub secretario de Gobierno quien les ratifica la medida dispuesta por el Ejecutivo y les ofrece “a algunas de esas personas contratos por seis meses”, es decir volver a la inestabilidad y precarización laboral. Para el gremio la propuesta se encuentra revestida de “violencia institucional” por lo que se da inicio a una serie de medidas de fuerza en reclamo de la restitución: “Ahí empezó un proceso de lucha con manifestación y movilización al frente de la explanada municipal y el lunes siguiente comenzamos con un acampe, olla popular y asamblea permanente”, detalló.
Paralelamente, narro que una de las damnificadas, Gabriela Pérez, resolvió además encadenarse frente a la comuna. “Estamos a 25 días del inicio de la lucha con tres semanas encadenados y el intendente no da la cara, hubo intentos de mediación que no se concretaron”, agregó Saddi.
Sumado a esto, y teniendo en cuenta que los despidos se dieron sobre finales de enero, el dirigente denunció que aplicaron recortes en los pagos que llegaron además retrasados: “A eso se le suma que los compañeros tenían que cobrar el día cinco, se los liquidaron una semana después y no el sueldo completo, solo una parte aduciendo que lo hacían por caridad porque en realidad tenían contrato hasta el 31 de diciembre, cuando en realidad estaban en planta permanente. Tenían un contrato hasta el 31 de diciembre pero antes de que finalice ese contrato pasaron a planta permanente”, explicó.
Interrumpido el diálogo por parte de la comuna es que el gremio local resolvió interponer una medida cautelar administrativa: “No la contestaron, entonces iniciamos una cautelar judicial que en este momento está en proceso de evaluación”, añadió. No obstante, y como la necesidad tiene cara de hereje el Ejecutivo apuesta al desgaste del reclamo. Al momento ya son 23 las personas que aceptaron los contratos por seis meses, mientras que una de las trabajadoras desistió de seguir peticionando, por lo que ahora son 24 personas que llevan adelante el reclamo y aguardan que la justicia local se expida. En ese sentido Saddi expresó: “pedimos que mientras se resuelva la cuestión de fondo los compañeros vuelvan a sus lugares de trabajo”.
Una histórica planta industrial de Belén de Escobar cerrará sus puertas después de más de 50 años de actividad. Se trata de DIN S.A., una empresa dedicada a la fabricación de estructuras metálicas que llegó a producir alrededor de 1.000 toneladas mensuales y participó en más de 600 obras en Argentina y otros países.
La decisión fue comunicada en el marco de una reorganización de las operaciones del Grupo GOVAN, al que DIN se incorporó en junio de 2024. En aquel momento, la empresa había presentado su incorporación como una nueva etapa, asociada a la renovación de su imagen, su evolución y su compromiso con la ingeniería metálica.
Dos años después, el grupo decidió discontinuar las actividades de DIN en Escobar y concentrar sus recursos en otras operaciones.
Según explicaron desde GOVAN, DIN había sido adquirida con la expectativa de desarrollar nuevos proyectos, principalmente vinculados al sector minero. Sin embargo, esos emprendimientos no alcanzaron los niveles de actividad previstos y la compañía resolvió avanzar con su paralización.
Como parte del proceso, el grupo señaló que buscó reubicar a la mayor cantidad posible de trabajadores en otras plantas y empresas de GOVAN. Quienes no pudieron ser trasladados accedieron a acuerdos de retiro voluntario.
“Todo el proceso se está llevando adelante de manera ordenada y consensuada, con el objetivo de acompañar a cada trabajador y reducir al mínimo el impacto de la decisión”, señalaron desde la compañía.
El cierre se produce en un escenario de preocupación por la actividad industrial argentina, con distintos sectores afectados por la caída de la demanda y las dificultades para sostener los niveles de producción.
DIN S.A: una fábrica con más de 600 obras
DIN fue fundada en 1970 y durante más de cinco décadas desarrolló estructuras metálicas para grandes proyectos industriales y de infraestructura.
Entre sus trabajos destacados aparecen la Central Termoeléctrica Genelba, la Terminal B de Aeropuertos Argentina 2000 y el hangar de Aerolíneas Argentinas en Ezeiza. También participó en obras vinculadas a proyectos como Pascua-Lama y Veladero, entre otros emprendimientos de gran escala.
La planta de Escobar llegó a alcanzar una capacidad de producción cercana a las 1.000 toneladas de estructuras metálicas por mes, pero finalmente dejará de funcionar.
El cierre generó tristeza entre quienes trabajaron durante años en la fábrica. Uno de ellos, Alex Morales, ingresó hace una década y compartió una extensa despedida en la que puso el foco en el impacto que tiene la pérdida de un lugar de trabajo más allá de los números de una empresa.
“Hoy se cierra una puerta. Pero detrás de esa puerta quedan más de 50 años de historia”, escribió.
Morales recordó que DIN fue su primer trabajo y que ingresó “con la hoja en blanco”, para luego aprender un oficio y construir allí vínculos que trascendieron el ámbito laboral.
“Le pueden poner el nombre que quieran. ‘Retiro voluntario’, ‘reestructuración’, ‘reorganización’. Pero cuando no hay trabajo y la única opción es aceptar e irse, de voluntario tiene muy poco”, expresó.
El trabajador también cuestionó la situación de una industria que durante décadas tuvo capacidad para desarrollar grandes obras.
“Tenemos trabajadores que saben hacer. Tenemos gente que sabe producir. Tenemos una empresa que demostró durante décadas que puede hacerlo. Entonces, ¿qué nos está faltando?”, planteó.
Y dejó una reflexión sobre el impacto que tiene el cierre de una planta sobre quienes trabajan en ella: “Porque detrás de cada persona que se va hay una familia. Hay cuentas. Hay proyectos. Hay hijos. Hay años de experiencia”.
Después de más de medio siglo, la actividad de DIN en Escobar llega así a su fin, mientras parte de sus trabajadores será reubicada y otros dejarán la empresa mediante acuerdos de retiro.
La crisis desatada en la planta de Cargill de Arribeños, partido de General Arenales, podría escalar a nivel provincial. El Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina (SIUNFLETRA) anunció que profundizará las medidas gremiales y convocará a asambleas permanentes en todos los puertos de la provincia de Buenos Aires, luego de que la empresa decidiera reanudar sus operaciones sin resolver el conflicto que ya supera los 63 días.
La decisión del gremio se conoció tras la reciente intervención de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC) por parte de la Inspección General de Justicia (IGJ), que desplazó a toda su comisión directiva y designó un nuevo interventor.
Desde el sindicato señalaron que la conducción desplazada de la CATAC, encabezada por Ramón Jatip y Sergio Larovere, mantenía una relación directa con la Unión de Transportistas de Arribeños (UTA), organización señalada por los camioneros en el origen del conflicto.
«Ante la inminente reanudación de las actividades de la planta Cargill de Arribeños, donde se originó el conflicto que lleva 63 días, este sindicato intensificará las medidas gremiales de acción directa, que se traducirán en asambleas permanentes en la totalidad de los puertos de la provincia de Buenos Aires«, advirtió la organización en un comunicado.
El gremio aseguró que las medidas se mantendrán hasta que las nuevas autoridades de la CATAC convoquen a una mesa de diálogo que permita encontrar una solución definitiva.
Un conflicto que comenzó por presuntas comisiones ilegales
La disputa comenzó a principios de julio cuando un grupo de aproximadamente 30 fleteros independientes denunció el supuesto cobro de una comisión del 3% en negro para acceder a los viajes de carga desde la planta de Cargill.
Según los transportistas, la operatoria estaba vinculada a un intermediario que no prestaba un servicio efectivo y exigía ese porcentaje sobre cada flete.
Tras realizar las denuncias, los camioneros sostienen que fueron desplazados de la operatoria y reemplazados por otros transportistas.
Desde la conducción nacional de la CATAC siempre rechazaron esas acusaciones y aseguraron que los fleteros abandonaron voluntariamente el sistema de trabajo.
La intervención de CATAC suma tensión
La reciente resolución de la IGJ, que intervino la CATAC y removió a su conducción, reavivó el conflicto.
Para el Sindicato de Fleteros, la decisión del organismo nacional refuerza la necesidad de revisar lo ocurrido en Arribeños y avanzar en una instancia de negociación antes de que Cargill normalice completamente su actividad.
Mientras tanto, la empresa anunció que retomará las operaciones de la planta, aunque el conflicto con los transportistas continúa sin resolverse.
Si las medidas gremiales se concretan, el conflicto podría dejar de afectar únicamente a General Arenales y extenderse a la actividad portuaria de toda la provincia de Buenos Aires.
