FESIMUBO denuncia un intento ilegal de la CICOP para quedarse con trabajadores municipales en Olavarría
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Un pequeño grupo de médicos del Hospital Municipal de Olavarría presentó un recurso de amparo ante un tribunal de trabajo para evitar el descuento del 1,5 de la cuota solidaria que se efectúa a todos los trabajadores municipales. El Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría (STMO – FESIMUBO) denunció que la iniciativa apoyada por CICOP viola distintas leyes laborales y confía en un fallo favorable.
En diálogo con TODO PROVINCIAL, el secretario General Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría (STMO – FESIMUBO), José Salvador Stuppia, señaló: “No tiene ningún sentido. Es un grupo minúsculo y sectario de médicos que en vez de ir al Ministerio de Trabajo fueron al Tribunal de Trabajo que en realidad no tiene incumbencia porque esta es una cuestión de encuadramiento sindical. La mayoría de los médicos están muy satisfechos con pertenecer a nuestro gremio».
“Son un grupo de médicos del hospital municipal no quieren pagar la cuota solidaria por usufructo del convenio colectivo. Hay una gran ignorancia en materia de derecho laboral y no conocen a la Ley 14.656 que fue sancionada gracias a la movilización de los sindicatos que integran Fesimubo”, aseguró.
La Ley 14.656 fue sancionada en enero de 2016 y es el Régimen Marco de Empleo Municipal que regula relaciones laborales en todos los distritos de la Provincia. En Olavarría el convenio colectivo de trabajo rige desde el 2017.
“Se armó un grupo de amigos que no quieren que les descuenten el 1,5% por el usufructo del convenio diciendo que no los representamos a pesar de que fue nuestro gremio el que negoció los aumentos salariales, lo mismo que la antigüedad del 4%, las sumas en negro que pasaron al básico y las vacaciones en días hábiles”, remarcó Stuppia y agregó: «Son un montón de logros que se fueron encadenando en 10 años de gestión y que han cambiado la vida de todas y todos los trabajadores municipales».
Y agregó: “Dicen que tienen un régimen distinto al resto de los trabajadores municipales cuando en realidad dentro del municipio conviven diferentes sectores con distintas regímenes y carga horaria. Para nosotros los profesionales son también los abogados, los contadores, los ingenieros y tantos otros. Pero ellos quieren hacer pasar como que los médicos son los únicos profesionales discriminando al resto de los trabajadores municipales”.
Este grupo de médicos recurrieron al Tribunal de Trabajo apoyados por la CICOP. “Esta asociación no tiene ninguna injerencia en los hospitales municipales donde hay dirigentes gremiales que están a la altura de las circunstancias como es el caso de Olavarría donde el sindicato se pone siempre al frente de todos los reclamos de los municipales”, consideró el titular del STMO.
telam 19/07/2017 Buenos Aires: El Sindicato de Trabajadores Municipales montó una carpa frente al Palacio San Martín de la Municipalidad de Olavarría, en reclamo de ‘una oferta superadora de aumento salarial en paritarias’ y ante la ‘crítica’ situación que atraviesa el hospital público, informaron fuentes del gremio. Foto: Gentileza Luis Molina Verti/telam/lap
Y acusó: “La CICOP lo único que quiere es llevar agua para su molino pero no tiene ningún sustento legal para actuar dentro de la órbita municipal acá en Olavarría”.
Por esta presentación judicial, el 13 de febrero se hizo una audiencia. Los abogados de FESIMUBO expusieron argumentos para rechazar la iniciativa de los médicos. Los jueces todavía no se expidieron.
“Se respondió en forma contundente, siempre dentro de los parámetros de las leyes laborales que ellos desconocen. Pretenden avasallar los derechos de la ley de convenio colectivo y la 23.551 que establece que donde existe un gremio de primer grado no puede haber otro en la misma actividad. Si no a los abogados se les ocurre y arman una asociación aparte y el muchacho que maneja el camión se va con camioneros. Sería una anarquía total y por eso la ley es muy sabia y específica”, remarcó el dirigente sindical.
Y disparó: “Siempre hay intentos malintencionados, individualistas y oportunistas que tratan ir contra los intereses de las mayorías”.
En la misma línea, Stuppia aseguró: “A la CICOP jamás le importó los trabajadores municipales. La 14.656 fue una lucha de muchos años de FESIMUBO. Nosotros estuvimos días afuera de la Legislatura para impedir un intento de Vidal de voltear esta ley que tanto nos costó conseguir. La CICOP desconoce toda esta historia”.
Leandro Cambareri, secretario general de la Asociación del Personal del INTA (APINTA) de Balcarce, alertó sobre un proceso de desmantelamiento del INTA que, según señaló, se viene acelerando con la aplicación del último DNU del Gobierno nacional. Además de despidos, retiros voluntarios y cierre de agencias, se avanza también con la posible venta de tierras experimentales.
“Estamos resistiendo por medios gremiales, políticos y judiciales”, sostuvo Cambareri en una entrevista con Todo Provincial Radio. Denunció que ya se perdió personal por jubilaciones que no se cubrieron y ahora se espera una nueva tanda de retiros voluntarios, lo que dejaría a la institución “seriamente debilitada”.
La situación en Balcarce y el sudeste bonaerense
En la unidad de INTA Balcarce trabajan 270 personas y funcionan 10 agencias de extensión en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Según explicó Cambareri, el proceso de vaciamiento comenzó desde el inicio del gobierno de Javier Milei, con la no reposición de cargos, reducción de personal técnico e investigadores, y ahora el posible cierre de agencias.
Una de las mayores preocupaciones gira en torno a la venta de tierras experimentales. En el caso de Balcarce, trascendió que de las 2.430 hectáreas actuales, el gobierno nacional pondría en venta 1.980, dejando apenas 450 en uso. “No es oficial, pero todo lo que se rumorea, después se termina cumpliendo”, afirmó Cambareri.
Un recorte nacional con impacto federal
El secretario gremial indicó que, a nivel nacional, el INTA cuenta con 101.500 hectáreas destinadas a investigación. De ese total, el gobierno buscaría vender unas 47.500 hectáreas como parte de su política de “hacer caja” a pedido de organismos internacionales. “Ya comenzaron con la venta de inmuebles, como el de calle Servando en Palermo”, advirtió.
Además, está previsto el cierre de 41 agencias de extensión. Aunque en febrero el presidente del INTA había propuesto cerrar las 299 agencias existentes y despedir a 1.300 trabajadores, esa iniciativa no prosperó, pero podría reactivarse bajo el nuevo marco del DNU que otorga superpoderes al titular del organismo, ahora dependiente del Ministerio de Economía.
Qué hace el INTA y por qué su desguace afecta a todos
“El INTA investiga y transfiere conocimiento”, resumió Cambareri. La institución realiza desarrollos en cereales, ganadería, producción forestal, agricultura familiar y más, con un enfoque federal y territorial. Sus avances están presentes en cada producto de la mesa de los argentinos.
Pero además cumple un rol fundamental en la asistencia técnica a pequeños productores, que muchas veces dependen exclusivamente del INTA para poder seguir produciendo. “Esos productores están totalmente desprotegidos hoy”, afirmó.
“En cada alimento hay desarrollo tecnológico del INTA. Y romper esto llevará años reconstruirlo”, advirtió el dirigente sindical, quien denunció también un “ataque ideológico al sistema científico y a los empleados públicos”.
Movilización y estrategia política
Cambareri confirmó que este jueves APINTA participará de una movilización en Buenos Aires junto a trabajadores del INTI, Senasa y otros organismos afectados por el DNU. También acompañarán la exposición del secretario general de APINTA nacional, Mario Romero, en la Comisión de Agricultura de Diputados.
“Estamos hablando con diputados nacionales y con gobernadores que apoyan al INTA, para que frenen este decreto nefasto”, dijo, y adelantó que también se analizan acciones judiciales, ya que el INTA fue creado por ley y el DNU podría estar violando esa normativa.
Este jueves desde las 11 de la mañana, trabajadores y trabajadoras del Astillero Río Santiago realizaran un corte en la bajada de la autopista Buenos Aires–La Plata en avenida 520 para exigir un aumento salarial de emergencia. Piden que la provincia lo financie con algún tributo especial a grandes contribuyentes.
La medida fue votada en asamblea el pasado 8 de julio como parte de un plan de lucha que ya tuvo una importante expresión el 23 de junio, cuando los operarios marcharon desde la fábrica hasta el Ministerio de Economía bonaerense para visibilizar sus demandas.
“Sabemos lo delicada que es la situación económica de la provincia, pero también sabemos que se pueden tocar los intereses de los 250 mayores contribuyentes para que así los trabajadores tengamos un aumento de emergencia que nos ayude a paliar las heladeras vacías y los bolsillos flacos”, expresaron desde el cuerpo de delegados.
Durante la jornada del jueves, los trabajadores buscarán articular acciones con otros sectores en lucha y una delegación participará en la movilización convocada por los trabajadores del Hospital Garrahan, en un gesto de unidad y solidaridad con la salud pública.
Desde el gremio señalaron que si bien en la última reunión técnica se logró avanzar con pases a planta permanente, reconocimiento de insalubridad en cinco sectores y mejoras salariales puntuales, los aumentos de entre 15.000 y 30.000 pesos fueron considerados «insuficientes frente a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo».
“Estamos lejos del salario neto de $1.800.000 que necesitamos para una vida digna”, señalaron. El ARS cuenta con 2600 trabajadores.
Los trabajadores recordaron también que el 25 de junio participaron de una jornada nacional convocada por el Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, que culminó con una masiva movilización al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
“La unidad y la movilización son nuestras herramientas para defender nuestros puestos de trabajo, nuestros salarios y la soberanía de la industria naval argentina”, concluyeron.
La planta de Toyota en Zárate frenó por completo su actividad productiva y no volverá a operar hasta el 29 de julio. Lo que en un principio se presentó como una breve interrupción por vacaciones de invierno, terminó extendiéndose y generando incertidumbre entre los trabajadores, no solo por la duración del parate, sino por sus consecuencias laborales y económicas.
La empresa justificó la medida por “la implementación de nuevas tecnologías y procesos de automatización”, pero anunció además un régimen especial de liquidación de haberes. Quienes no sean convocados para tareas específicas o capacitaciones recibirán solo el 79% del salario bruto, lo que representa una caída de entre $500.000 y $700.000 por operario, según estimaciones del gremio SMATA.
El panorama se agrava con el sostenido recorte de personal, que ya dejó más de 700 despidos desde la asunción de Javier Milei como presidente. Desde el sindicato advierten que la modalidad elegida por la empresa elude los procedimientos formales: molinetes bloqueados, avisos por WhatsApp o llamados para no presentarse a trabajar se convirtieron en parte del nuevo protocolo empresarial para comunicar las cesantías.
“De los 70 delegados que tenía SMATA, hoy quedan solo 7”, denuncian desde la representación gremial. Una reducción que, para los trabajadores, no es casual. Aseguran que los despidos tienen una clara motivación antisindical, y que la estrategia apunta a debilitar las estructuras internas del gremio. “Van despidiendo. Primero a los delegados, después a sus colaboradores y ahora buscan empleados con algún vínculo con los exdelegados”, señalaron desde la planta.
La situación marca un cambio radical frente a aquel modelo que alguna vez fue destacado como ejemplo de modernización con participación gremial. En otro tiempo, los operarios votaban en asamblea la reorganización de sus francos para optimizar tiempos y recursos, en acuerdos consensuados con la empresa.
“El modelo Toyota no debe convertirse en una excusa para desregular. La modernización debe preservar los derechos fundamentales”, advirtió el exministro de Trabajo bonaerense Oscar Cuartango, en un contexto donde el avance de la automatización parece ir acompañado de pérdida de derechos laborales y vaciamiento sindical.
El receso invernal, lejos de ser una pausa técnica, expone un escenario de conflicto latente. Muchos trabajadores temen que, al retornar a la actividad, se produzca una nueva tanda de despidos. El temor crece en una planta donde la incertidumbre ya se convirtió en parte del ambiente cotidiano.
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