Gremios
El SOEMLP y la FESIMUBO rechazan el acuerdo y recurren al Ministerio de Trabajo por la reapertura de paritarias en La Plata
En conferencia de prensa el titular del gremio local y dirigentes de la Federación de municipales informaron sobre una nueva denuncia contra el intendente Julio Garro por “no respetar la libertad sindical”. Sobre el acuerdo cerrado con “gremios amigos”, Hernández sostuvo que es “paupérrimo porque se aplicará sobre salarios deprimidos” y que se selló por una necesidad política de “tapar otros temas”, en referencia al escrito presentado hoy por el intendente.
Esta tarde se llevó a cabo en la sede del SEMLP una conferencia a cargo del titular del gremio Gustavo Hernández junto al Secretario de Negociación Colectiva de la FESIMUBO, Gustavo Seva y el abogado de la Federación, Ricardo Bradley, en la que informaron sobre una nueva denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la provincia contra el intendente de la Plata, frente “la violación del artículo 52 de la ley 14.656”, y solicitando la “inmediata y urgente intervención de la Ministra Mara Ruiz Malec”.
En ese marco Hernández, expresó que el intendente convocó a una serie de reuniones para discutir salarios “a gremios afines, cuando somos tres los sindicatos que tenemos representatividad de los trabajadores municipales”. “El intendente desoye y se sienta a arreglar salario con quien cree que le va a hacer una propuesta más acorde a sus necesidades pero no a la de los trabajadores”, dijo.
En tanto, sobre el acuerdo cerrado esta tarde en tres tramos del 47%, Hernández manifestó que “es insuficiente y engañoso”. “Respecto al 47%, que publicaron, consideramos que es insuficiente ya que se adeuda un 20% del año pasado y que la base para discutir la paritaria tendría que haber incluido ese faltante”, dijo.
“Más que hablar del 47% de aumento hay que hablar de los números que representa ya que se va a pagar en varias cuotas y cada una representa muy poco a nivel de poder adquisitivo”, remarcó.
“El primer pago va a ser de un 16% que para un salario municipal promedio de $25000 representan $3500. Y si el aumento fuera en una sola cuota representaría $11750 quedando el salario en $36750. Teniendo en cuenta que el salario mínimo vital y móvil aumento un 45% y para fines del 2022 va a estar en $46000, estaríamos lejos de alcanzar ese mínimo y ni hablar de poder acceder a una canasta básica que ya supera los $72000”, fundamentó.
En esa línea se expresó también el dirigente de la FESIMUBO, Gustavo Seva, quien sostuvo que a nivel federativo el planteo no pasa por los “porcentajes” dado el marcado deterioro salarial del sector, y que la discusión debe pasar “por un sinceramiento salarial”, más aún en la capital provincial donde “el salario promedio es de 25 mil pesos, es decir muy por debajo de la línea de indigencia”. “Si se aplican porcentajes sobre sueldos muy deprimidos el resultado es un aumento deprimido también”, completó.
Asimismo, Seva destacó que el ámbito paritario es para discutir condiciones de trabajo además de las cuestiones salariales: “Es una herramienta fundamental para abordar toda la problemática y para eso hay que sentarse con los interlocutores válidos y el SOEMLP tiene legalidad y legitimidad para hacerlo”.
En tanto ratificó el apoyo de la Federación: “Nuestro secretario general Rubén cholo García dio pleno apoyo a todas las decisiones que tomen nuestros dirigentes del SOEMLP. La federación va a movilizar cuando ellos lo dispongan para que de una vez por todas esta situación en la plata se normalice”.
En cuanto a este nuevo proceso disciplinario iniciado contra el intendente, por ignorar la Ley de Paritarias y Negociación Colectiva del sector, impulsada paródicamente por la FESIMUBO, el abogado Ricardo Bradley manifestó que “Garro no tiene prurito tanto en desobedecer una orden judicial como una normativa vigente” y que la cartera laboral “tiene facultades para intervenir”.
“Garro está acostumbrado a moverse en una legalidad aparente continuamente, el 60% de los trabajadores están en planta transitoria, el 10% es planta política transitoria, queda un 30% de planta permanente”. “Meses atrás hubo un conflicto importante con los trabajadores cooperativos, el planteo de estos trabajadores era la negativa a pasar a planta transitoria del municipio, iban a cobrar menos salario de lo que venían cobrando, estamos hablando de un pobre que desprecia al pobre. Tiene beneficios sociales, que ellos no aun así se negaban por la paupérrima situación salarial”, graficó.
“La ley consagra la estabilidad y es muy taxativa con respecto a la forma de incorporación del personal. Prohíbe concretamente a los municipios incorporar en planta transitoria al personal que haga tareas habituales. Es decir está incumpliendo nuevamente la ley porque tiene la mayoría en planta transitoria cuando debería estar el 100 por ciento”, completó Seva.
“Lo lamentable de todo esto es que siempre va a terminar repercutiendo, no en el patrimonio de Julio Garro que hace y deshace, sino que va a recaer en los contribuyentes como ya ha sucedido en anteriores ocasiones. Recuerden que venimos de una sanción por desoír este tipo de convocatoria. Estamos hablando de 15 millones de pesos que lo termina pagando el contribuyente por el capricho de un intendente que no quiere respetar la libertad sindical”, remarcó Bradley en referencia a la multa aplicada anteriormente también por desobediencia.
Para finalizar Gustavo Hernández no descartó medidas gremiales en el corto plazo, y expresó que el acuerdo sellado hoy con los gremios afines a la comuna obedece a “una urgencia política de tapar un tema con otro”. Esto en referencia al escrito presentado hoy por el mandatario ante el juez Ernesto Kreplak en el marco de la investigación judicial sobre el presunto armado político contra sindicalistas. “Solamente por una necesidad política se da un porcentaje que puede sonar rimbombante pero resulta que no termina de beneficiar al trabajador en la realidad”, concluyó.
Una histórica planta industrial de Belén de Escobar cerrará sus puertas después de más de 50 años de actividad. Se trata de DIN S.A., una empresa dedicada a la fabricación de estructuras metálicas que llegó a producir alrededor de 1.000 toneladas mensuales y participó en más de 600 obras en Argentina y otros países.
La decisión fue comunicada en el marco de una reorganización de las operaciones del Grupo GOVAN, al que DIN se incorporó en junio de 2024. En aquel momento, la empresa había presentado su incorporación como una nueva etapa, asociada a la renovación de su imagen, su evolución y su compromiso con la ingeniería metálica.
Dos años después, el grupo decidió discontinuar las actividades de DIN en Escobar y concentrar sus recursos en otras operaciones.
Según explicaron desde GOVAN, DIN había sido adquirida con la expectativa de desarrollar nuevos proyectos, principalmente vinculados al sector minero. Sin embargo, esos emprendimientos no alcanzaron los niveles de actividad previstos y la compañía resolvió avanzar con su paralización.
Como parte del proceso, el grupo señaló que buscó reubicar a la mayor cantidad posible de trabajadores en otras plantas y empresas de GOVAN. Quienes no pudieron ser trasladados accedieron a acuerdos de retiro voluntario.
“Todo el proceso se está llevando adelante de manera ordenada y consensuada, con el objetivo de acompañar a cada trabajador y reducir al mínimo el impacto de la decisión”, señalaron desde la compañía.
El cierre se produce en un escenario de preocupación por la actividad industrial argentina, con distintos sectores afectados por la caída de la demanda y las dificultades para sostener los niveles de producción.
DIN S.A: una fábrica con más de 600 obras
DIN fue fundada en 1970 y durante más de cinco décadas desarrolló estructuras metálicas para grandes proyectos industriales y de infraestructura.
Entre sus trabajos destacados aparecen la Central Termoeléctrica Genelba, la Terminal B de Aeropuertos Argentina 2000 y el hangar de Aerolíneas Argentinas en Ezeiza. También participó en obras vinculadas a proyectos como Pascua-Lama y Veladero, entre otros emprendimientos de gran escala.
La planta de Escobar llegó a alcanzar una capacidad de producción cercana a las 1.000 toneladas de estructuras metálicas por mes, pero finalmente dejará de funcionar.
El cierre generó tristeza entre quienes trabajaron durante años en la fábrica. Uno de ellos, Alex Morales, ingresó hace una década y compartió una extensa despedida en la que puso el foco en el impacto que tiene la pérdida de un lugar de trabajo más allá de los números de una empresa.
“Hoy se cierra una puerta. Pero detrás de esa puerta quedan más de 50 años de historia”, escribió.
Morales recordó que DIN fue su primer trabajo y que ingresó “con la hoja en blanco”, para luego aprender un oficio y construir allí vínculos que trascendieron el ámbito laboral.
“Le pueden poner el nombre que quieran. ‘Retiro voluntario’, ‘reestructuración’, ‘reorganización’. Pero cuando no hay trabajo y la única opción es aceptar e irse, de voluntario tiene muy poco”, expresó.
El trabajador también cuestionó la situación de una industria que durante décadas tuvo capacidad para desarrollar grandes obras.
“Tenemos trabajadores que saben hacer. Tenemos gente que sabe producir. Tenemos una empresa que demostró durante décadas que puede hacerlo. Entonces, ¿qué nos está faltando?”, planteó.
Y dejó una reflexión sobre el impacto que tiene el cierre de una planta sobre quienes trabajan en ella: “Porque detrás de cada persona que se va hay una familia. Hay cuentas. Hay proyectos. Hay hijos. Hay años de experiencia”.
Después de más de medio siglo, la actividad de DIN en Escobar llega así a su fin, mientras parte de sus trabajadores será reubicada y otros dejarán la empresa mediante acuerdos de retiro.
La crisis desatada en la planta de Cargill de Arribeños, partido de General Arenales, podría escalar a nivel provincial. El Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina (SIUNFLETRA) anunció que profundizará las medidas gremiales y convocará a asambleas permanentes en todos los puertos de la provincia de Buenos Aires, luego de que la empresa decidiera reanudar sus operaciones sin resolver el conflicto que ya supera los 63 días.
La decisión del gremio se conoció tras la reciente intervención de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC) por parte de la Inspección General de Justicia (IGJ), que desplazó a toda su comisión directiva y designó un nuevo interventor.
Desde el sindicato señalaron que la conducción desplazada de la CATAC, encabezada por Ramón Jatip y Sergio Larovere, mantenía una relación directa con la Unión de Transportistas de Arribeños (UTA), organización señalada por los camioneros en el origen del conflicto.
«Ante la inminente reanudación de las actividades de la planta Cargill de Arribeños, donde se originó el conflicto que lleva 63 días, este sindicato intensificará las medidas gremiales de acción directa, que se traducirán en asambleas permanentes en la totalidad de los puertos de la provincia de Buenos Aires«, advirtió la organización en un comunicado.
El gremio aseguró que las medidas se mantendrán hasta que las nuevas autoridades de la CATAC convoquen a una mesa de diálogo que permita encontrar una solución definitiva.
Un conflicto que comenzó por presuntas comisiones ilegales
La disputa comenzó a principios de julio cuando un grupo de aproximadamente 30 fleteros independientes denunció el supuesto cobro de una comisión del 3% en negro para acceder a los viajes de carga desde la planta de Cargill.
Según los transportistas, la operatoria estaba vinculada a un intermediario que no prestaba un servicio efectivo y exigía ese porcentaje sobre cada flete.
Tras realizar las denuncias, los camioneros sostienen que fueron desplazados de la operatoria y reemplazados por otros transportistas.
Desde la conducción nacional de la CATAC siempre rechazaron esas acusaciones y aseguraron que los fleteros abandonaron voluntariamente el sistema de trabajo.
La intervención de CATAC suma tensión
La reciente resolución de la IGJ, que intervino la CATAC y removió a su conducción, reavivó el conflicto.
Para el Sindicato de Fleteros, la decisión del organismo nacional refuerza la necesidad de revisar lo ocurrido en Arribeños y avanzar en una instancia de negociación antes de que Cargill normalice completamente su actividad.
Mientras tanto, la empresa anunció que retomará las operaciones de la planta, aunque el conflicto con los transportistas continúa sin resolverse.
Si las medidas gremiales se concretan, el conflicto podría dejar de afectar únicamente a General Arenales y extenderse a la actividad portuaria de toda la provincia de Buenos Aires.
