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Según un estudio de Delito y Xenofobia: solo el 3% de los detenidos en la provincia son extranjeros

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Ante declaraciones referidas a los extranjeros y sus vínculos con el delito, el Defensor del Pueblo Adjunto, Walter Martello, destacó que “los números oficiales indican que, en promedio, solo el 3% de los detenidos no son de nacionalidad argentina y ese indicador se reduce al 1% en lo que refiere al fuero penal juvenil bonaerense”.

“Las estadísticas sobre las personas detenidas extranjeras se vienen manteniendo constantes desde hace varios años en la Provincia, con lo cual no hay ningún dato empírico que indique que se han incrementado los delitos cometidos por ciudadanos/nas de otros países. El último relevamiento realizado por la Procuración bonaerense muestra que en algunos departamentos judiciales, como Trenque Lauquen y Necochea, el 100% de los presos son de nacionalidad argentina”, explicó Martello.

Por otra parte, el Defensor del Pueblo Adjunto remarcó que al profundizar el análisis de quienes están privados de su libertad dentro del fuero penal juvenil (16 y 17 años de edad) aparece que prácticamente no hay jóvenes extranjeros privados de su libertad en varias regiones de la Provincia. Ello sucede, según se desprende de los datos del Registro de los Procesos del Niño del año 2017, en los departamentos judiciales de Junín, Mar del Plata, Mercedes, Moreno, Necochea, Pergamino, San Nicolás y Trenque Lauquén.

Martello, que está a cargo del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría, remarcó que “en la Argentina existe, desde hace muchos años, un marco normativo, que incluye un criterio probatorio estricto, que le otorga facultades a las autoridades de la Dirección de Migraciones para evitar el ingreso al país de personas en conflicto con la ley o para expulsar a quienes no tienen la documentación en regla”.

El Defensor del Pueblo Adjunto calificó como “absolutamente regresivas” las últimas declaraciones de funcionarios y legisladores nacionales respecto a la promoción de una política migratoria diferenciada y selectiva que clasifica a los migrantes en dos grupos: los “buenos”, que pueden regularizarse, y los “malos”, a quienes les corresponde la expulsión.

“Tal mirada pone a las personas extranjeras bajo una sospecha permanente. Se busca asociar la migración con la delincuencia, sobre un diagnóstico que está basado en datos que, en el mejor de los casos, están distorsionados y descontextualizados. Pareciera que en este año electoral, se busca generar una suerte de efecto regional incentivando la estigmatización de las personas migrantes”.

Martello destacó que la políticas migratorias, inspiradas en la xenofobia, podrían derivar en una “situación de discriminación institucional”, violando lo que el propio Estado argentino se comprometió a cumplir cuando adhirió, junto a 160 naciones, al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Dicho pacto se estructura en torno a 23 grandes objetivos y, entre esas metas, establece que se debe usar la detención de migrantes sólo como última opción.

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Provincia constituye una “Mesa de Defensa de la Base Aeronaval Punta Indio” y pide audiencia con Presti

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Base Aeronaval Punta Indio

El Gobierno bonaerense expresó su rechazó a la decisión de Nación de reducir las actividades de la Base Aeronaval Punta Indio y mudar las escuadrillas de vigilancia marítima y la escuela de aviación a la base Comandante Espora de Bahía Blanca.

La Base Aeronaval Punta Indio es la principal fuente de empleo en el municipio. La drástica reducción de sus actividades planteada por el Gobierno nacional afecta a 185 trabajadores civiles y 300 militares que, según se informó, van a ser trasladados, lo cual significa un golpe de magnitud para la economía y la historia de la comunidad local que perdería así una institución que forma parte de su identidad.

El Gobierno de la Provincia expresó su preocupación y su rechazo frente a esta medida, así como su acompañamiento al municipio y su iniciativa de constituir una Mesa de Defensa de la Base Aeronaval Punta Indio, con la participación del personal civil y militar de la Base, representantes de los bloques del Honorable Concejo Deliberante local, autoridades municipales, sindicatos, instituciones y organizaciones de la comunidad.

Asimismo, el Gobierno de la Provincia le reclama al ministro de Defensa, Carlos Presti, que responda positivamente a los pedidos de audiencia que le fueron enviados desde el municipio de Punta Indio.

El Gobierno de la Provincia reafirma la importancia de mantener la Base Aeronaval Punta Indio en su plena capacidad operativa, a fin de sostener puestos de trabajo que son vitales para la comunidad local y conservar una institución que es parte de la historia de esta región bonaerense.

Las medidas anunciadas por las FFAA en la Base Punta Indio

  • – Retiro definitivo de los Dassault Super Etendard y Dassault Super Etendard Modernisé y pase a reserva de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque.
  • – La Base Aeronaval Punta Indio será reducida a la condición de estación aeronaval.
  • – Tanto la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima como la Escuela de Aviación Naval abandonarán Punta Indio y serán reasignadas a la Base Aeronaval Comandante Espora pasando a ocupar los hangares 4 y 6 de la misma.
  • – El Arsenal Aeronaval Comandante Espora absorberá personal y medios pertenecientes al Taller Aeronaval Punta Indio pasando a denominarse Taller Aeronaval Comandante Espora.

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Kicillof va con todo contra Mercado Pago y otras fintech por “hostigar” a los endeudados

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Axel Kicillof y Augusto Costa

En el marco del explosivo crecimiento del endeudamiento y la morosidad de las familias, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, anunciaron este jueves medidas para proteger a los usuarios de billeteras virtuales ante una serie de denuncias por abusos e incumplimientos a la ley de Defensa del Consumidor. Podrían aplicarles multas millonarias.

En la Sala de Conferencias, el Gobernador señaló: “En nuestro país hay una situación de gravedad extraordinaria: no solo el 60% de la población adulta está endeudada, sino que cerca de 6 millones de personas se encuentran en situación de mora y no pueden pagar las deudas que contrajeron”.

Y agregó: “Son millones de personas que no pueden pagar la deuda que tomaron para cubrir gastos mínimos y para sobrevivir. Esto requiere una respuesta y debe ser nacional, porque la potestad regulatoria sobre las instituciones que dan crédito es nacional. No es un problema individual y entre privados, hay que abordar esto con la gravedad que merece, y el Gobierno nacional no hace nada. Vamos a tomar algunas decisiones en los ámbitos limitados en los que la Provincia tiene posibilidad de actuar”.

“En este contexto tan complejo, el sector de las billeteras virtuales ya no solo opera como un medio de pago, sino que coloca fondos y otorga créditos sin las regulaciones macroprudenciales que rigen para otras entidades con el objetivo de evitar crisis sistémicas”, subrayó el Gobernador.

Y explicó: “Lamentablemente, el Gobierno nacional no está haciendo nada ante la angustia y la desesperación de millones de argentinos. No se puede culpar a las personas que se endeudaron para cubrir gastos básicos: en la Provincia tomamos las decisiones que están dentro de nuestro margen de actuación para defender a las familias”.

Provincia apunta contra las billeteras virtuales por hostigamiento

Por su parte, Costa sostuvo: “Solo en el primer semestre de este año, la Dirección de Defensa del Consumidor recibió 2.240 denuncias contra las empresas Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay,  Brubank y Cencosud por incumplimientos a la normativa de defensa del consumidor, acoso y hostigamiento”.

Según denuncias públicas, algunas billeteras virtuales aplica un sistema de cobranza que, según los testimonios, traspasa todos los límites de la privacidad al contactar a familiares, amigos e incluso empleadores de los deudores para ejercer presión social y forzar el pago de créditos atrasados.

“Frente a ello, abrimos un expediente de investigación y estamos solicitando que las firmas informen detalladamente los criterios con los que se imponen las tasas de interés y cuál es la composición real del costo financiero total”, explicó.

“Las acciones ya están en curso, por lo que las fintech involucradas deberán presentar sus descargos: en caso de demostrarse, la normativa estipula multas de hasta $1.883 millones y la obligación de revertir los incumplimientos”, sostuvo el Ministro.

Y concluyó: “El Gobierno bonaerense va a contramano de lo que está haciendo la Nación: mientras ellos abandonan y generan las condiciones para que esta problemática se expanda, nosotros utilizamos todas las herramientas que están a nuestro alcance para estar cerca de las familias que se encuentran en esta situación vulnerable y para evitar que continúen los abusos”.

Estuvieron presentes el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; la subsecretaria de Industria y Pymes, Mariela Bembi.

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Fernando Gray pidió que ABSA compita por la compra de AySA

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tanque de Aysa

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, solicitó al gobernador Axel Kicillof que la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) participe como oferente en la licitación para la venta del 90% del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), en el marco del proceso de privatización impulsado por el Gobierno nacional.

El jefe comunal advirtió que, de concretarse la privatización, existe el riesgo de que se reduzcan las inversiones destinadas a ampliar las redes de agua potable y cloacas, priorizando únicamente el mantenimiento de la infraestructura existente.

“Me preocupa que, en caso de privatizarse AySA, no se realicen las obras necesarias para ampliar la cobertura y garantizar el acceso al agua potable y las cloacas a todos los bonaerenses, teniendo en cuenta que las principales inversiones históricamente fueron realizadas por el Estado nacional. Esteban Echeverría todavía necesita infraestructura para acompañar su crecimiento y mejorar las condiciones de vida de miles de familias”, expresó Gray.

Actualmente, AySA brinda el servicio de agua potable a más de 11,4 millones de personas y el de desagües cloacales a más de 9,6 millones en un área de concesión que abarca 26 municipios bonaerenses y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según la presentación elevada por el intendente al Gobierno provincial, el plan de inversiones previsto para los primeros diez años de la futura concesión pone el foco en el mantenimiento y la renovación de las instalaciones existentes, relegando la expansión de las redes.

Además, Gray advierte que las principales obras estructurales quedarían postergadas para etapas posteriores y que la universalización del servicio no figura entre los objetivos previstos durante los 30 años de concesión.

El intendente remarcó que esta situación impactaría especialmente en municipios como Esteban Echeverría, donde aún existen sectores que requieren la extensión de las redes de agua y cloacas para acompañar el crecimiento urbano y mejorar la calidad de vida de la población.

Frente a ese escenario, el intendente propuso que ABSA participe en la licitación como oferente, con el objetivo de que la Provincia tenga un rol activo en la gestión de un servicio considerado estratégico.

En ese sentido, planteó que la presencia de la empresa provincial permitiría priorizar la planificación de nuevas obras, ampliar la cobertura y avanzar hacia la universalización del acceso al agua potable y al saneamiento en los municipios bonaerenses.

Por ese motivo, Gray solicitó formalmente al gobernador Axel Kicillof que instruya al directorio de ABSA para que se presente en el proceso licitatorio impulsado por el Gobierno nacional.

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