El senador provincial y referente del “Movimiento Arraigo” Francisco “Paco” Durañona dialogó con TODO PROVINCIAL Radio sobre la discusión en torno al grupo Vicentin y las distintas alternativas para avanzar con su estatización.
“Es indiscutible lo correctísima que es la decisión del presidente de intervenir en la empresa, teniendo en cuenta el desastre que hicieron las autoridades de Vicentin en alianza con el gobierno de Macri. Hubo préstamos millonarios desde entidades estatales sin ningún tipo de garantías, con evasión fiscal probada con triangulaciones para sacar esos fondos afuera de Argentina. Además fueron el principal aportante de Cambiemos cuando ya estaban en cesación de pagos”, aseguró Durañona.
“Pero además se debe garantizar la continuidad de una empresa que estaba inclinada al vaciamiento, dejando a los trabajadores y a muchos productores colgados. Todo esto avala el rumbo que decidió darle Alberto Fernández a la necesidad de avanzar en la alternativa más correcta para que el Estado cobre sus créditos y quedarse con el 100% del capital accionario”, remarcó el senador provincial.
Sobre la mejor manera de concretar una estatización, Durañona opinó: “Vengo planteando desde enero que lo mejor sería competir en el marco del cram-down, un proceso previsto en la ley concursal que abre la posibilidad a que acreedores y terceros hagan sus propuestas. Esto no haría ruido y sería un proceso expropiatorio cumpliendo con los parámetros que establece la ley concursal vigente sin quitarle a terceros de hacer una propuesta mejor. Si el Estado tiene voluntad verdadera no habrá nadie que pueda competirle”.
Sobre la propuesta del gobernador santafesino Omar Perotti, el senador bonaerense expresó: “No fue presentada en forma clara todavía. Sólo se sabe de una nueva presentación pidiendo la intervención de la empresa. A una empresa concursada no se le puede remover el directorio porque sería como quitarle su derecho de defensa en el marco del concurso. Lo que si puede hacer el Estado es intervenir la empresa para garantizar su continuidad y sólo se puede hacer si hay un proyecto de ley de declaración de utilidad pública donde se inicie un proceso expropiatorio. Pero todavía no hay ningún proyecto”.
Y advirtió: “No me sorprendió el fallo del juez de Reconquista y no veo porque debería cambiar de opinión con un nuevo pedido de intervención siendo que la situación sigue igual, no hay proyecto de declaración de utilidad pública y no se ha definido el camino para que el Estado participe dentro de la sociedad”.
El banderazo por Vicentin
Sobre las manifestaciones contra la expropiación de la empresa que tuvieron lugar el fin de semana, el ex intendente de San Antonio de Areco reflexionó: “Todos tienen el derecho a reclamar, la verdad no me escandaliza. Hace 200 años que Argentina está en un vaivén de discusiones entre sectores concentrados y sectores productivos, unitarios y federales, civilización o barbarie como planteó Sarmiento”.
“Cuando el Estado con un gobierno peronista interviene en el meollo del negocio de esos sectores concentrados y los agronegocios es lógico que haya una reacción de estas características. Pero no hay que darle mayor trascendencia de la que tiene”, analizó.
Con respeto a las declaraciones de dirigentes opositores que lo presentan como un nuevo capítulo de la resistencia que generó la resolución 125 de pretendió instalar las retenciones móviles en 2008, el creador del “Movimiento Arraigo” opinó: “Esto no puede terminar en una 125 porque se está discutiendo la situación de una empresa cuya administración roza lo criminal, cuyas autoridades casi fueron candidatos del macrismo y que realizaron un vaciamiento liso y llano para sacar recursos afuera del país cuando vieron que el gobierno de Macri terminaba”.
“Con la 125 se estaba discutiendo una redistribución de recursos en general, algo que apoyo y reivindico. Pero hay un abismo entre los intereses de una empresa particular que hizo semejante desfalco en 2019 y la posición que en ese momento de los productores que pensaban que el Estado se quería quedar con parte de su esfuerzo”, agregó.
“Hay muchos productores y trabajadores relacionados con Vicentin que apoyan la decisión de Alberto Fernández. Esto está muy lejos de ser un reclamo popular que tome dimensión. Lo que no podemos hacer nosotros es dudar ni titubear y una vez que se tome la decisión avanzar de la manera que corresponde”, aseveró Durañona.
El Estado debe intervenir en áreas estratégicas
“En el Siglo XXI en Argentina hay dos sectores fundamentales en los que el Estado debe tener una participación fundamental. Uno es en materia de energía y el otro la generación y exportación de alimentos”, consideró el dirigente peronista.
Y señaló: “Son dos áreas estratégicas en las que Argentina tiene mucho para decir frente a otros países en el mundo que no tienen esas posibilidad ni por cerca”.
“Vicentin no es la única herramienta que tiene el Estado argentino para participar de la producción de alimentos y la agro exportación. Pero dadas las circunstancias resulta imprescindible que el Estado garantice el cobro de su crédito por que el Banco Nación prestó más de 350 millones de dólares, además de los créditos que tiene la AFIP por la evasión fiscal y otras entidades públicas financieras”, concluyó Durañona.