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“No queremos una pandemia de cesantías”, dijo el titular de FESIMUBO tras decreto de Galli que habilita despidos en Olavarría
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Rubén cholo García cuestionó el decreto de emergencia 962/20 del intendente del PRO y no descartó recurrir a la acción penal. La denuncia ya fue radicada ante el Ministerio de Trabajo de la provincia. “No es legal ni ético”, dijo.
El intendente Ezequiel Galli viene de firmar el Decreto 962/20 de Emergencia Económica, Administrativa y Financiera de la Municipalidad de Olavarría en el marco de una crisis financiera acentuada por la proliferación de la pandemia por coronavirus en nuestro país. La respuesta de los municipales nucleados en la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) no se hizo esperar y este mismo lunes presentaron la denuncia formal ante el Ministerio de Trabajo de la provincia solicitando la intervención de Ruiz Malec, ya que el recorte pasa principalmente por el personal municipal.
De esta manera apuntan contra el artículo 5to del Decreto del intendente que “dispone la reducción de la planta temporaria, destajista, eventual e, incluso, la planta permanente” y que desde la FESIMUBO interpretan como una “franca violación a la Ley. 14.656, la Constitución de la Provincia y la Constitución Nacional”.
“Galli, lo primero que hizo fue achicar por los que menos tienen que son los trabajadores municipales, por eso pedimos la intervención del ministerio de Trabajo, por los prejuicios que puede ocasionar esta medida, máxime en el estado de emergencia declarada como consecuencia de la pandemia del COVID 19”, dijo García al tiempo que recordó que “hoy los trabajadores de la comuna le están poniendo el pecho a esta pandemia, trabajando al servicio de la comunidad y no siempre en las mejores condiciones”.
En ese marco el titular de la FESIMUBO ratificó que la organización se encuentra en “estado de Alerta” y no descartó la acción penal contra el primer mandatario. En tanto recordó el mensaje presidencial emitido este domingo contra los despidos arbitrarios: “Nos llama la atención que este intendente saque un decreto que va en contra de lo que se viene acordando a nivel nacional con la oposición de contener a la gente y sobre todo a los que menos tienen”, destacó.
En esa línea García también llamó al raciocinio a los intendentes que hoy están preocupados por el descenso de la recaudación y que también prevén recortes: “Los trabajadores municipales somos uno de los eslabones más delgados de esta cadena laboral nacional y no vamos a permitir que nos despidan trabajadores ni que nos reduzcan los salarios”, afirmó el también representante de los trabajadores del sector a nivel nacional desde la CTM.
En tanto recordó que actualmente, y sobre todo en el conurbano bonaerense, “son muy pocos los trabajadores municipales que alcanzan a cubrir la canasta básica”. Son muy pocos los que la superan y me parece que reducir los salarios que hoy están al límite de la pobreza es condenarlos al hambre, y más en esta situación donde los municipales estamos poniendo el hombro y el pecho a la pandemia desde diversos sectores, como la salud, los controles en las rutas, en acción social, porque con nuestro trabajo cubrimos todos los espectros y me parece que no es legal ni ético echar trabajadores con el pretexto de que no les llega la coparticipación”, dijo. “Me parece una situación delicada y vamos a accionar con toda la fuerza que tenemos”, completó.
Por otra parte y consultado sobre un eventual llamado a una mesa de diálogo multisectorial para enfrentar la crisis socioeconómica que hoy se ve acentuada por el avance del COVID 19, García expresó “que aún no fueron convocados por el gobierno provincial”.
“Sería muy importante que nos convoquen y nos escuchen porque no queremos que se haga una pandemia de cesantías con este pretexto”, resaltó y agregó: “Nosotros estamos en todos los estamentos del muncipios y sabemos cómo se maneja y a qué se destina la plata, sería bueno que nos escuchen”. “Creo que hoy se pasan la pelota unos a otros pero todos sabemos que cuando las vacas son gordas no se ven en los salarios de los trabajadores”, concluyó.
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Gremios
Después de 50 años cierra DIN S.A., histórica fábrica de estructuras metálicas de Escobar
Published
3 días atráson
11 septiembre, 2026
Una histórica planta industrial de Belén de Escobar cerrará sus puertas después de más de 50 años de actividad. Se trata de DIN S.A., una empresa dedicada a la fabricación de estructuras metálicas que llegó a producir alrededor de 1.000 toneladas mensuales y participó en más de 600 obras en Argentina y otros países.
La decisión fue comunicada en el marco de una reorganización de las operaciones del Grupo GOVAN, al que DIN se incorporó en junio de 2024. En aquel momento, la empresa había presentado su incorporación como una nueva etapa, asociada a la renovación de su imagen, su evolución y su compromiso con la ingeniería metálica.

Dos años después, el grupo decidió discontinuar las actividades de DIN en Escobar y concentrar sus recursos en otras operaciones.
Según explicaron desde GOVAN, DIN había sido adquirida con la expectativa de desarrollar nuevos proyectos, principalmente vinculados al sector minero. Sin embargo, esos emprendimientos no alcanzaron los niveles de actividad previstos y la compañía resolvió avanzar con su paralización.
Como parte del proceso, el grupo señaló que buscó reubicar a la mayor cantidad posible de trabajadores en otras plantas y empresas de GOVAN. Quienes no pudieron ser trasladados accedieron a acuerdos de retiro voluntario.
“Todo el proceso se está llevando adelante de manera ordenada y consensuada, con el objetivo de acompañar a cada trabajador y reducir al mínimo el impacto de la decisión”, señalaron desde la compañía.
El cierre se produce en un escenario de preocupación por la actividad industrial argentina, con distintos sectores afectados por la caída de la demanda y las dificultades para sostener los niveles de producción.

DIN S.A: una fábrica con más de 600 obras
DIN fue fundada en 1970 y durante más de cinco décadas desarrolló estructuras metálicas para grandes proyectos industriales y de infraestructura.
Entre sus trabajos destacados aparecen la Central Termoeléctrica Genelba, la Terminal B de Aeropuertos Argentina 2000 y el hangar de Aerolíneas Argentinas en Ezeiza. También participó en obras vinculadas a proyectos como Pascua-Lama y Veladero, entre otros emprendimientos de gran escala.
La planta de Escobar llegó a alcanzar una capacidad de producción cercana a las 1.000 toneladas de estructuras metálicas por mes, pero finalmente dejará de funcionar.
El cierre generó tristeza entre quienes trabajaron durante años en la fábrica. Uno de ellos, Alex Morales, ingresó hace una década y compartió una extensa despedida en la que puso el foco en el impacto que tiene la pérdida de un lugar de trabajo más allá de los números de una empresa.
“Hoy se cierra una puerta. Pero detrás de esa puerta quedan más de 50 años de historia”, escribió.
Morales recordó que DIN fue su primer trabajo y que ingresó “con la hoja en blanco”, para luego aprender un oficio y construir allí vínculos que trascendieron el ámbito laboral.
“Le pueden poner el nombre que quieran. ‘Retiro voluntario’, ‘reestructuración’, ‘reorganización’. Pero cuando no hay trabajo y la única opción es aceptar e irse, de voluntario tiene muy poco”, expresó.
El trabajador también cuestionó la situación de una industria que durante décadas tuvo capacidad para desarrollar grandes obras.
“Tenemos trabajadores que saben hacer. Tenemos gente que sabe producir. Tenemos una empresa que demostró durante décadas que puede hacerlo. Entonces, ¿qué nos está faltando?”, planteó.
Y dejó una reflexión sobre el impacto que tiene el cierre de una planta sobre quienes trabajan en ella: “Porque detrás de cada persona que se va hay una familia. Hay cuentas. Hay proyectos. Hay hijos. Hay años de experiencia”.
Después de más de medio siglo, la actividad de DIN en Escobar llega así a su fin, mientras parte de sus trabajadores será reubicada y otros dejarán la empresa mediante acuerdos de retiro.
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Gremios
Granja Tres Arroyos: sindicatos marcharon y reclamaron a Nación una intervención urgente
Published
4 días atráson
10 septiembre, 2026
La crisis de Granja Tres Arroyos volvió a generar una fuerte movilización sindical. La Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA), junto a UATRE, la Federación de la Carne y la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA), marchó este jueves hacia la Secretaría de Trabajo de la Nación para reclamar una intervención del Gobierno ante la situación que atraviesa la empresa y el riesgo sobre miles de puestos de trabajo.
La movilización reunió a delegaciones sindicales de distintos puntos del país, con una importante presencia de trabajadores de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Chaco, provincias donde la empresa tiene establecimientos afectados por la crisis.
Durante la jornada, representantes de las organizaciones gremiales fueron recibidos por funcionarios de la Secretaría de Trabajo. En el encuentro reclamaron que el Estado nacional intervenga para encontrar una salida al conflicto y evitar que continúen los despidos y el deterioro de las condiciones laborales.
“El Gobierno debe asumir la responsabilidad por las políticas que está llevando adelante”, afirmó el secretario general de la FTIA, Héctor Morcillo, durante la protesta. Y advirtió: “Si el Gobierno no interviene en este conflicto, el futuro es negro”.
El dirigente sostuvo que la situación de Granja Tres Arroyos no puede ser considerada simplemente como un conflicto entre una empresa y sus trabajadores.
“Tenemos claro que la herramienta que nos queda es la solidaridad en estos tiempos críticos que estamos viviendo”, planteó Morcillo, quien también cuestionó el manejo de la crisis por parte de la conducción de la compañía.
Para el titular de la FTIA, el escenario que atraviesa la empresa está relacionado con el rumbo de la economía nacional.
“Este grave problema es consecuencia de un modelo económico que desindustrializa, abre las importaciones y desconoce lo que le pasa a los trabajadores”, sostuvo.
En ese sentido, Morcillo vinculó la situación de Granja Tres Arroyos con otros procesos de pérdida de empleo registrados en distintos sectores de la industria.
“No podemos naturalizar que haya 7 mil familias con riesgo de quedar en la calle ni que 27 mil trabajadores textiles hayan perdido su fuente de trabajo. No podemos naturalizar que FATE haya cerrado y que las miles de fábricas y los 400 mil trabajadores registrados que han perdido su empleo sean cuestiones cotidianas. No vamos a esperar mansamente que algo derrame”, afirmó.
Los sindicatos reclaman una mesa con todos los sectores
Frente a la gravedad del escenario, las cuatro organizaciones gremiales reclamaron la convocatoria a una mesa de trabajo conjunta para discutir el futuro de Granja Tres Arroyos.
La propuesta contempla la participación del Estado nacional, la empresa, los sindicatos y la Cámara Empresaria, pero también de los gobernadores e intendentes de las localidades donde funcionan plantas de la compañía.
“Queremos una mesa que incluya al Estado nacional, la empresa, los sindicatos, la Cámara Empresaria, los gobernadores de todas las provincias donde se encuentran emplazadas las plantas de Granja Tres Arroyos, los intendentes, las fuerzas vivas y todos los actores vinculados con la actividad”, señaló Morcillo.
El reclamo sindical apunta a evitar nuevos despidos, recuperar los puestos de trabajo perdidos, regularizar los salarios que se encuentran atrasados y avanzar hacia la reactivación de las plantas industriales.
La movilización se produjo en un contexto de creciente preocupación entre los trabajadores de la empresa, que tiene una presencia histórica en la industria alimentaria argentina y genera empleo directo e indirecto en distintas provincias.
Morcillo llamó a mantener la organización gremial frente al escenario económico y laboral.
“Convocamos a todas y todos los compañeros a seguir movilizados, organizados y resistiendo estas políticas de ajuste y destrucción de la industria. Vamos a salir a la calle todas las veces que sea necesario”, concluyó.
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Gremios
Fleteros amenaza con bloquear los puertos bonaerenses por un conflicto en Cargill Arribeños
Published
5 días atráson
9 septiembre, 2026
La crisis desatada en la planta de Cargill de Arribeños, partido de General Arenales, podría escalar a nivel provincial. El Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina (SIUNFLETRA) anunció que profundizará las medidas gremiales y convocará a asambleas permanentes en todos los puertos de la provincia de Buenos Aires, luego de que la empresa decidiera reanudar sus operaciones sin resolver el conflicto que ya supera los 63 días.
La decisión del gremio se conoció tras la reciente intervención de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC) por parte de la Inspección General de Justicia (IGJ), que desplazó a toda su comisión directiva y designó un nuevo interventor.
Desde el sindicato señalaron que la conducción desplazada de la CATAC, encabezada por Ramón Jatip y Sergio Larovere, mantenía una relación directa con la Unión de Transportistas de Arribeños (UTA), organización señalada por los camioneros en el origen del conflicto.

«Ante la inminente reanudación de las actividades de la planta Cargill de Arribeños, donde se originó el conflicto que lleva 63 días, este sindicato intensificará las medidas gremiales de acción directa, que se traducirán en asambleas permanentes en la totalidad de los puertos de la provincia de Buenos Aires«, advirtió la organización en un comunicado.
El gremio aseguró que las medidas se mantendrán hasta que las nuevas autoridades de la CATAC convoquen a una mesa de diálogo que permita encontrar una solución definitiva.
Un conflicto que comenzó por presuntas comisiones ilegales
La disputa comenzó a principios de julio cuando un grupo de aproximadamente 30 fleteros independientes denunció el supuesto cobro de una comisión del 3% en negro para acceder a los viajes de carga desde la planta de Cargill.
Según los transportistas, la operatoria estaba vinculada a un intermediario que no prestaba un servicio efectivo y exigía ese porcentaje sobre cada flete.
Tras realizar las denuncias, los camioneros sostienen que fueron desplazados de la operatoria y reemplazados por otros transportistas.
Desde la conducción nacional de la CATAC siempre rechazaron esas acusaciones y aseguraron que los fleteros abandonaron voluntariamente el sistema de trabajo.

La intervención de CATAC suma tensión
La reciente resolución de la IGJ, que intervino la CATAC y removió a su conducción, reavivó el conflicto.
Para el Sindicato de Fleteros, la decisión del organismo nacional refuerza la necesidad de revisar lo ocurrido en Arribeños y avanzar en una instancia de negociación antes de que Cargill normalice completamente su actividad.
Mientras tanto, la empresa anunció que retomará las operaciones de la planta, aunque el conflicto con los transportistas continúa sin resolverse.
Si las medidas gremiales se concretan, el conflicto podría dejar de afectar únicamente a General Arenales y extenderse a la actividad portuaria de toda la provincia de Buenos Aires.
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