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La Legislatura bonaerense aprobó el Presupuesto 2022 y la Ley Impositiva

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La Legislatura bonaerense aprobó esta madrugada el proyecto de Presupuesto y ley Fiscal 2022 para la provincia, en el marco de un acuerdo político previo entre el Frente de Todos y Juntos.

El proyecto contempla un gasto total para el año próximo de $ 3,1 billones y un pedido de nuevo endeudamiento de algo más de $90.000 millones- y la Ley Impositiva, que prevé un aumento de los impuestos patrimoniales del 35% promedio para la mayoría de los contribuyentes.

La propuesta plantea un déficit primario de $48.800 millones y uno financiero de $133 mil millones, lo que genera una necesidad de pedir autorizaciones de endeudamiento por un total de $120.000 millones.

Según se explicó desde el gobierno de Axel Kicillof, el proyecto enviado por el Gobierno a la Legislatura busca “potenciar una reactivación económica y productiva con inclusión social y continuar el programa de obra pública de una escala sin precedente”.

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Infraestructura y vivienda

Así, prevé inversiones en infraestructura y vivienda por $260.609 millones, lo que implica el 8,4% del presupuesto total.

Incluye obras de vialidad destinadas a inversión y mantenimiento en rutas y caminos rurales, planes de rehabilitación y ensanche de calzadas, pavimentación de caminos productivos, obras de Iluminación, señalamiento y de seguridad vial; obras de vivienda, de agua y cloacas; proyectos de energía y obras de hidráulica.

Por estas horas se discute la posibilidad de incluir en la propuesta un Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) para que las comunas dispongan de ciertos recursos para la realización de obras que rondaría entre los 18 y los 20 mil millones de pesos.

Producción, el empleo y la inclusión social

Otro punto tiene que ver con la promoción de la producción, el empleo y la inclusión social, con una inversión que ascenderá a $123.079 millones, lo que implica un incremento de 57% real respecto al año 2019.

Una de las políticas fundamentales en ese sentido es el Servicio Alimentario Escolar, que tendrá la inversión más elevada en términos reales en la historia reciente del programa, con $51.575 millones. En términos presupuestarios, implica una mejora del 118% en términos reales frente a los niveles de 2019.

Se prevé un gasto de $35.333 millones para el área educativa, con $10.907 millones para el programa Escuelas a la Obra, $5.485 millones para fortalecimiento edilicio de jardines y $6.621 millones en tecnología educativa. Además se contemplan, entre otros programas, $11.000 millones en programa integral ATR de acompañamiento de las trayectorias educativas; y la creación de la Escuela Provincial de Formación de Equipos de Supervisión y Dirección.

Seguridad

En cuanto a la inversión en seguridad, el proyecto de presupuesto contempla reforzar la inversión para contar con más policías, mejor equipamiento e infraestructura, para lo cual se destinarán $47.233 millones, lo que implica una mejora del 10,2% en términos reales interanuales y del 199,6% respecto al ejecutado en 2019.

Se destacan $20.013 millones para el Fortalecimiento del equipamiento de seguridad; $16.362 millones para Formación policial; $3.200 millones para puesta en valor de dependencias policiales; y $7.000 millones para el Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad.

Ley Impositiva

A la vez, en la doble sesión de diputados y senadores, se aprobó el proyecto de Ley Impositiva 2022 que, de acuerdo con el Gobierno bonaerense, “busca llevar alivio fiscal” a los contribuyentes y está diseñada “sobre la base de la recuperación económica”.

Al igual que en 2021, continúa con la premisa de dotar de mayor progresividad a la estructura tributaria, evitando aumentar la carga sobre la mayoría de las y los habitantes de la Provincia y haciendo hincapié en la solidaridad de los sectores con mayor capacidad contributiva.

Los Ingresos Brutos no tendrán ningún “cambio en el régimen de alícuotas”, y “se contempla ampliar universo de empresas que cuentan con alícuotas reducidas”, a través del incremento del “101 por ciento del máximo de facturación”.

– Inmobiliario Urbano Edificado: se establecen topes de crecimiento del gravamen respecto del año anterior, los cuales son ascendentes a mayor patrimonio. De este modo, casi el 90 por ciento de los contribuyentes tienen aumentos menores al 35.

– Inmobiliario Urbano Baldío: se reconstruyen los límites de la tabla de alícuotas con el objetivo de no incrementar la presión tributaria (igual alícuota implícita).

– Inmobiliario Rural: se establece el mismo escalonamiento progresivo que en el Edificado. De esta forma, la mayoría de los contribuyentes tienen un incremento inferior al 35 por ciento.

– Impuesto Automotor: se disponen topes de crecimiento del Impuesto que son ascendentes a mayor valor. De esta forma, la mayoría de los dominios abonarán un incremento igual o menor al 35 por ciento.

– Impuesto de Sellos: se adopta la misma política impositiva que la vigente durante el año 2021, manteniéndose las alícuotas vigentes.

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Fernando Gray pidió que ABSA compita por la compra de AySA

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tanque de Aysa

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, solicitó al gobernador Axel Kicillof que la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) participe como oferente en la licitación para la venta del 90% del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), en el marco del proceso de privatización impulsado por el Gobierno nacional.

El jefe comunal advirtió que, de concretarse la privatización, existe el riesgo de que se reduzcan las inversiones destinadas a ampliar las redes de agua potable y cloacas, priorizando únicamente el mantenimiento de la infraestructura existente.

“Me preocupa que, en caso de privatizarse AySA, no se realicen las obras necesarias para ampliar la cobertura y garantizar el acceso al agua potable y las cloacas a todos los bonaerenses, teniendo en cuenta que las principales inversiones históricamente fueron realizadas por el Estado nacional. Esteban Echeverría todavía necesita infraestructura para acompañar su crecimiento y mejorar las condiciones de vida de miles de familias”, expresó Gray.

Actualmente, AySA brinda el servicio de agua potable a más de 11,4 millones de personas y el de desagües cloacales a más de 9,6 millones en un área de concesión que abarca 26 municipios bonaerenses y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según la presentación elevada por el intendente al Gobierno provincial, el plan de inversiones previsto para los primeros diez años de la futura concesión pone el foco en el mantenimiento y la renovación de las instalaciones existentes, relegando la expansión de las redes.

Además, Gray advierte que las principales obras estructurales quedarían postergadas para etapas posteriores y que la universalización del servicio no figura entre los objetivos previstos durante los 30 años de concesión.

El intendente remarcó que esta situación impactaría especialmente en municipios como Esteban Echeverría, donde aún existen sectores que requieren la extensión de las redes de agua y cloacas para acompañar el crecimiento urbano y mejorar la calidad de vida de la población.

Frente a ese escenario, el intendente propuso que ABSA participe en la licitación como oferente, con el objetivo de que la Provincia tenga un rol activo en la gestión de un servicio considerado estratégico.

En ese sentido, planteó que la presencia de la empresa provincial permitiría priorizar la planificación de nuevas obras, ampliar la cobertura y avanzar hacia la universalización del acceso al agua potable y al saneamiento en los municipios bonaerenses.

Por ese motivo, Gray solicitó formalmente al gobernador Axel Kicillof que instruya al directorio de ABSA para que se presente en el proceso licitatorio impulsado por el Gobierno nacional.

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Kicillof apunta a una agenda del conocimiento, trabajo y producción de cara al 2027

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Es un espacio de articulación entre la Provincia y el ecosistema del conocimiento, destinado a fortalecer la innovación, el desarrollo productivo y el empleo de calidad en el sector.

El gobernador Axel Kicillof encabezó este martes la presentación del nuevo Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC), un espacio destinado al diseño de políticas públicas para fortalecer la innovación, el desarrollo productivo y el empleo de calidad. Fue en el municipio de Vicente López, junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y el presidente del COPEC e intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk.

En ese marco, Kicillof afirmó: «La economía del conocimiento es una rama de enorme relevancia dentro de la matriz productiva bonaerense: este es un sector estratégico que, aun en medio de las dificultades económicas que atravesamos, sigue invirtiendo en el país y generando empleo de calidad”. “Con la creación de este Consejo apuntamos a consolidar una agenda de desarrollo y a promover un espacio permanente de articulación y consenso que reúna las voces del sector privado, el sistema científico, las universidades y los trabajadores», añadió.

«En un contexto de inmensos cambios tecnológicos en todo el mundo, aquí tenemos un Gobierno nacional que está desfinanciando áreas enteras vinculadas a la ciencia y la tecnología: estamos perdiendo capacidades construidas durante muchos años y sufriendo día a día la fuga de cerebros”, sostuvo el Gobernador, y agregó: “Están provocando un daño inédito: cortar recursos para la investigación, maltratar a los investigadores y abandonar la ciencia inflige un daño incalculable al futuro de la Argentina».

El COPEC funciona como un espacio permanente de articulación entre el Estado provincial y el ecosistema del conocimiento, con el fin de diseñar una agenda estratégica de políticas públicas que fortalezcan al sector. Del mismo, participan más de 500 representantes de organismos de Ciencia y Tecnología, de empresas, de universidades, de cámaras y asociaciones empresarias, de sindicatos y de municipios bonaerenses.

Por su parte, Costa sostuvo: “Este nuevo ámbito nuclea a los diversos actores de la Economía del Conocimiento, para que juntos podamos pensar, implementar e impulsar al sector”. “Responde a la necesidad de contar con un ámbito de escucha, de búsqueda de puntos en común, porque a partir de propuestas, debates y el diseño de políticas públicas, nuestra sociedad podrá aprovechar las oportunidades y enfrentar los desafíos que impone esta revolución tecnológica que vive el mundo”, añadió.

La economía del conocimiento representa una de las mayores oportunidades de desarrollo económico para la Argentina y la provincia de Buenos Aires. Comprende áreas como la biotecnología, nanotecnología e ingeniería genética; software y servicios informáticos; industria aeroespacial y satelital; e inteligencia artificial y robótica, entre otras.

En tanto, Sujarchuk subrayó: “Este Consejo es una gran novedad en un país donde falta diálogo: por decisión de nuestro Gobernador, sentamos en una misma mesa a grandes empresas, pymes bonaerenses, universidades, científicos, municipios y especialistas para debatir el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías”. “Desde la provincia de Buenos Aires caminamos hacia el futuro con políticas de Estado que desarrollen y potencien a la economía del conocimiento”, agregó.

Por último, Kicillof remarcó: «El COPEC nace en la provincia bajo la premisa de que gobernar es crear trabajo: en los países que son protagonistas de la revolución tecnológica actual se ve una intervención crucial del Estado para planificar y acompañar a quienes están dispuestos a invertir”. “Nuestro país merece un lugar estratégico y protagónico, y no lo va a alcanzar si destruye sus universidades y su entramado científico y tecnológico: el único camino al desarrollo es con más ciencia, producción y soberanía”, concluyó.

Durante la jornada, expusieron el presidente Polo IT La Plata, Gastón Menvielle; la rectora de la Universidad Nacional de Quilmes, Alejandra Zinni; y su par de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Greco; la presidenta de Bedson S.A, Alicia Romero de Colusi; el presidente de ARGENCON, Sebastián Mocorrea; el CEO de Crux Aerospace, Pablo Hollar; y el director ejecutivo de la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT), Pablo Wisznia.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; de Salud, Nicolás Kreplak; los subsecretarios de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar y de Ciencia, Tecnología e Innovación, Federico Agüero; sus pares de Industria y Pymes, Mariela Bembi; de Gobierno Digital, Sandra D’Agostino; de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo de la Jefatura de Asesores, Ayelén Borda; y de Políticas Culturales, Victoria Onetto; el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Roberto Salvarezza. Además, el senador Germán Lago; los diputados provinciales Mariano Cascallares y Diego Nanni; los intendentes de Florencio Varela, Andrés Watson; de La Matanza, Fernando Espinoza; de San Martín, Fernando Moreira; de Ituzaingó, Pablo Descalzo; de General Alvarado, Sebastián Ianantuony; los dirigentes Jorge Ferraresi y Alberto Descalzo.

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ARBA ayuda a combatir el contrabando en Salta: estiman pérdidas fiscales por US$2.000 millones al año

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La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) y el Gobierno de Salta avanzaron en un acuerdo de cooperación para fortalecer el control del transporte de mercaderías y combatir el contrabando. El titular del organismo bonaerense, Cristian Girard, advirtió que el comercio ilegal provoca pérdidas tributarias por unos 2 mil millones de dólares anuales y afecta a la producción y el empleo argentino.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, y el ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, encabezaron una serie de jornadas de trabajo destinadas a profundizar el convenio de cooperación entre ambas provincias para intercambiar información, compartir tecnología y fortalecer las tareas de fiscalización tributaria.

Como parte de las actividades, los funcionarios recorrieron el puesto de control de Salvador Mazza, ubicado sobre la Ruta Nacional 34 en la frontera con Bolivia, y sobrevolaron la zona limítrofe hasta Aguas Blancas, sobre el río Bermejo, para conocer el funcionamiento de los operativos destinados a combatir el ingreso ilegal de mercaderías.

Girard: “El contrabando provoca pérdidas por US$2.000 millones”

Durante la visita, el titular de ARBA destacó la inversión realizada por Salta para fortalecer los controles fronterizos y remarcó la necesidad de coordinar acciones entre las provincias.

«A partir de un convenio de colaboración que tenemos para fiscalizar el transporte de mercaderías, vinimos a conocer este nuevo puesto de control fronterizo, una inversión importante que hizo la provincia de Salta para atacar la problemática del contrabando, que provoca una pérdida de recursos fiscales, pero que también tiene un impacto negativo sobre la producción y el empleo argentino», afirmó.

Girard aseguró que el fenómeno viene creciendo en los últimos años y sostuvo que la articulación entre jurisdicciones resulta clave para enfrentarlo.

«El contrabando genera una pérdida de recursos tributarios del orden de los 2.000 millones de dólares en Argentina. En estos últimos años viene creciendo de manera alarmante. Por eso es fundamental que las provincias colaboremos y cooperemos en la gestión para fortalecer las capacidades de fiscalización y, de esa manera, no solo mejorar la recaudación, sino también defender el trabajo y la producción nacional», señaló.

Intercambio de tecnología y controles

El convenio entre ambas provincias contempla la transferencia de conocimientos técnicos y la implementación de herramientas utilizadas por ARBA para el seguimiento del transporte de mercaderías.

Entre ellas se encuentra el Código de Operaciones de Traslado (COT), un sistema que permite informar y controlar el movimiento de bienes dentro de la provincia de Buenos Aires y entre las jurisdicciones adheridas, facilitando la trazabilidad de las cargas y la detección de maniobras de evasión fiscal.

Girard resaltó además «el interés de la provincia de Salta por conocer y aprovechar la experiencia, el conocimiento y la tecnología que tiene ARBA».

«Vamos a sostener estas acciones de transferencia y colaboración, que nos permitan seguir mejorando y construyendo una red federal de control de mercadería en tránsito», afirmó.

Cooperación entre provincias

Por su parte, el ministro salteño Roberto Dib Ashur destacó la importancia del trabajo conjunto entre las administraciones tributarias provinciales.

«Estamos muy agradecidos con el equipo de ARBA y con Cristian Girard por la visita que hicieron a la provincia de Salta. Es muy importante para nosotros la cooperación federal, el intercambio de experiencias, compartir conocimientos y entender que la Argentina puede trabajar junta», expresó.

Además, sostuvo que «la cooperación entre las jurisdicciones es un objetivo fundamental» para potenciar el desarrollo económico del país.

La recorrida también incluyó el proyecto del futuro puesto de control El Potrero, en Colonia Santa Rosa, que recibirá el transporte de mercaderías proveniente de Orán.

Actualmente, además de Salta, ARBA mantiene convenios de cooperación en materia de control tributario con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Catamarca, Tierra del Fuego y Jujuy.

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