Los trabajadores de la estación de peaje de Hinojo, sobre la Ruta Nacional 226, fueron notificados de que dejarán de cumplir funciones el próximo 30 de junio, en el marco del proceso de privatización impulsado por el Gobierno nacional sobre los corredores viales.

Según relataron operarios afectados, alrededor de 70 empleados de distintas áreas fueron alcanzados por la medida y deberán abandonar sus puestos cuando finalice la concesión actual. A partir del 1 de julio, la traza pasará a manos privadas.

“El 30 de este mes nos vamos todos para nuestras casas”, expresó uno de los trabajadores consultados por el medio Verte TV, quien explicó que meses atrás recibieron una propuesta de indemnización que debían aceptar sin posibilidad de negociación.

Los empleados desempeñan tareas como operadores viales, personal de balanza, cajeros, supervisores, técnicos y trabajadores de maestranza. La mayoría de los trabajadores vive en Olavarría y las localidades de Hinojo y Colonia Hinojo.

A partir del 1 de julio cambiará la concesión del corredor Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur que incluye el Peaje de Hinojo y las estaciones de cobro ubicadas sobre la traza hacia Mar del Plata. La operación quedará en manos del consorcio integrado por Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA, en remplazo de Corredores Viales.

Los trabajadores explicaron que aún desconocen qué sucederá con la estación de peaje una vez concretado el traspaso de la concesión.

“Ni siquiera sabemos qué va a pasar después del 30. Suponemos que van a levantar las barreras y no tenemos idea por cuánto tiempo será”, comentó uno de los operarios.

Otro trabajador indicó que la nueva empresa concesionaria evaluará qué personal podría reincorporar, aunque advirtió que la creciente automatización del sistema reduce la necesidad de mano de obra.

“Nos mandaron un acuerdo y todos tuvimos que decir que sí porque era lo único que nos quedaba. A partir del 1 de julio el peaje queda en manos de la nueva empresa y veremos a quién llama y a quién no”, manifestó.

La privatización de Corredores Viales

La situación se enmarca en el proceso dispuesto por el Decreto 97/2025, mediante el cual el presidente Javier Milei avanzó con la privatización total de Corredores Viales S.A. bajo el sistema de concesión de obra pública por peaje.

Dentro de ese esquema se encuentra el denominado Corredor Atlántico, que comprende más de 400 kilómetros y conecta distintas ciudades bonaerenses, incluyendo el tramo de la Ruta 226 donde funciona el peaje de Hinojo.

Sin embargo, este podrían ser los primeros de una ola de despidos en los distintos peajes ya que si bien la intención es instalar muchas más cabinas de cobro, una cada 90 kilómetros aproximadamente, las mismas funcionarían bajo el sistema «free flow», con pórticos con cámaras láser y sensores que leen automáticamente la patente y el dispositivo TelePASE.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió avanzar con descuentos salariales para los docentes que se plegaron a los recientes paros convocados por la agrupación Suteba Multicolor y la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (AMBA), al considerar las inasistencias como faltas sin justificación.

Según pudo averiguar Todo Provincial, la decisión impactará en la liquidación de haberes correspondiente al mes de junio, que será abonada el próximo 5 de julio. Las ausencias registradas durante las jornadas de protesta serán cargadas bajo los códigos administrativos correspondientes a faltas injustificadas, lo que derivará en el descuento de los días no trabajados.

La medida alcanzará a quienes participaron de los paros impulsados por distintos sectores docentes durante junio.

La agrupación Suteba Multicolor, espacio opositor a la conducción provincial del sindicato, convocó a una huelga el 18 de junio en el marco de una Jornada Nacional de Lucha promovida por sectores sindicales combativos.

Por su parte, la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires realizó una movilización a la Gobernación el 17 de junio y convocó a un paro para el día siguiente. Además, durante el mismo mes había impulsado medidas de fuerza los días 3 y 11 de junio.

Desde la Dirección General de Cultura y Educación sostienen que esta asociación cuenta únicamente con inscripción gremial simple y que no posee personería gremial, condición que, según la interpretación oficial, le impediría convocar legalmente a una medida de fuerza de alcance provincial.

La discusión se enmarca en una controversia jurídica de larga data. Mientras el derecho de huelga está garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales otorga atribuciones específicas a las organizaciones con personería gremial. Esa tensión normativa genera una zona de debate respecto de la legitimidad de algunas convocatorias sindicales.

En el caso de Suteba Multicolor, se trata de una corriente interna opositora a la conducción provincial del sindicato, actualmente en manos de la agrupación Celeste. El espacio tiene representación en seccionales como Bahía Blanca, La Matanza, Tigre y Marcos Paz, y está vinculado políticamente a sectores de izquierda.

Las medidas de fuerza impulsadas por estos sectores tampoco cuentan con el respaldo de los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense. En distintas oportunidades, dirigentes sindicales de la conducción provincial cuestionaron este tipo de convocatorias por considerar que no representan la posición mayoritaria de los trabajadores de la educación.

La reestructuración global anunciada por la multinacional Dow comenzó a impactar de lleno en Bahía Blanca. Según informó la Unión de Jerárquicos Petroquímicos (UJPe), en los últimos días fueron despedidos entre 60 y 70 trabajadores de la compañía, en el marco de un plan de ajuste internacional que contempla más de 4.000 desvinculaciones en todo el mundo.

El secretario general del gremio, Claudio Murúa, expresó su preocupación por la situación y aseguró que se trata de una cantidad significativa de puestos de trabajo perdidos.

“Es una noticia que como agrupación gremial nos tiene muy preocupados, porque es un número importante de familias que se quedan sin trabajo. Aunque la información que manejamos es extraoficial, el número de personas despedidas ronda entre 60 y 70 trabajadores, afectando distintos rubros y departamentos dentro de la compañía”, señaló a FM Urbana 93.9.

Además, advirtió sobre el contexto laboral actual y los cambios normativos que, según consideró, facilitan las desvinculaciones.

“Es claro que la reforma laboral flexibiliza la posibilidad de desvincular trabajadores, y más aún aquellos con antigüedad al cambiar el cálculo. Hoy es mucho más barato desvincular a un trabajador que antes”, afirmó.

Trabajadores con décadas de experiencia entre los despedidos de Dow Argentina

Murúa remarcó que entre los afectados hay empleados con una extensa trayectoria dentro de la empresa.

“Estamos hablando de gente con 30 o hasta 40 años de experiencia en la planta, gente con toda una vida y conocimiento en la organización. No sé qué va a pasar con el plantel de trabajadores de la empresa, y no me consta que vayan a contratar gente nueva para reemplazar a los despedidos”, sostuvo.

El dirigente también manifestó su preocupación por una eventual sobrecarga laboral para quienes permanezcan en sus puestos. “Si avanzan con la reestructuración, lo más probable es que los trabajadores que hoy se desempeñan allí caigan en el politrabajo”, advirtió.

Según trascendió, la empresa también habría impulsado retiros voluntarios y los primeros despidos se concentraron en trabajadores mayores de 35 años. La situación genera incertidumbre debido a las dificultades para reinsertarse laboralmente en el actual contexto económico, especialmente entre personas con mayor edad.

La empresa ratificó la continuidad de sus operaciones

Murúa señaló además la contradicción que observan desde el gremio entre los despidos y las versiones sobre futuras inversiones en el complejo petroquímico bahiense.

“La empresa Dow manifiesta que esto se trata de una reestructuración del modelo productivo a nivel mundial, tratándose de una multinacional. Pero a la vez también circulan versiones de una importante proyección de inversiones en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca; son situaciones disímiles que no entendemos. Por un lado parece que quieren mejorar su presencia en la ciudad, y por el otro dejan a gente sin trabajo”, cuestionó.

Dow es uno de los principales grupos químicos y petroquímicos del país. En Argentina emplea a unas 3.800 personas entre trabajadores directos y contratistas, y abastece con insumos a múltiples sectores industriales.

Su principal centro productivo se encuentra en Bahía Blanca, donde opera un complejo industrial de 1.200 hectáreas que transforma gas natural proveniente de Vaca Muerta en productos químicos esenciales para distintas cadenas productivas. Allí produce unas 650.000 toneladas anuales de polietileno, el plástico más utilizado a nivel mundial.

Ante la repercusión de los despidos, la empresa emitió un comunicado en el que señaló que se encuentra atravesando “un proceso de transformación integral y radical de su modelo operativo”.

No obstante, aclaró que “el complejo productivo de Dow en Bahía Blanca continúa operando y sigue siendo una operación estratégica para el crecimiento de la compañía en el país”.